Cómo fue el macabro plan del clan Sena para matar y ocultar el crimen de Cecilia Strzyzowski

La causa tiene como detenidos a 7 imputados, entre ellos César Sena, pareja de la víctima, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
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Desde el 6 de junio, fecha en que la familia de Cecilia Strzyzowski denunció su desaparición en la Comisaría Tercera de Resistencia (Chaco), se ha intensificado la búsqueda de la joven de 28 años. Aunque la última vez que fue vista con vida fue el 1 de junio, ya han transcurrido 2 semanas desde su desaparición y los investigadores consideran cada vez más probable que haya sido víctima de un femicidio premeditado.

La relación entre Cecilia y César Sena comenzó en diciembre de 2021 a través de la aplicación de citas Tinder. Menos de un año después, el 24 de octubre de 2022, se casaron por civil, aunque la familia de él decidió no asistir al festejo debido a su desaprobación por la diferencia de edad (ella era 10 años mayor) y por haberse conocido en una aplicación de citas.

César Sena, sospechoso y pareja de la víctima.

La pareja tenía planes de mudarse a Ushuaia, motivados en parte por un trabajo que la madre de César había conseguido a través de sus contactos políticos. Sin embargo, para los investigadores, el viaje fue utilizado como un engaño para atraer a Cecilia y posteriormente poner fin a su vida.

Con la ilusión de comenzar una nueva vida en el sur de Argentina, el jueves 1 de junio, Cecilia salió de su casa junto a César para dirigirse a la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Tenían planeado pasar la noche allí y luego viajar en avión desde Corrientes hasta Ushuaia, con una escala en Buenos Aires. Sin embargo, la joven nunca pudo realizar ese viaje.

Cecilia Strzyzowski
La víctima Cecilia Strzyzowski.

César y Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Gustavo Obregón, se pusieron de acuerdo para darle muerte a Cecilia. Le hicieron creer en el viaje y el día que tenía que volar, desapareció. Hubo premeditación”, reveló una fuente judicial a la prensa.

La hipótesis de un plan para asesinar a Cecilia se sustenta en varios elementos que llevaron al Equipo Fiscal Especial a reclasificar el caso como “femicidio agravado por la participación de 2 o más personas“. Por un lado, se tuvieron en cuenta las declaraciones reservadas de testigos que complicaron a los acusados, aunque sus identidades se mantienen en secreto. Por otro lado, el rastreo del teléfono de la víctima apuntó hacia la zona de Campo Rossi, según fuentes del caso.

Cecilia
César Sena junto a su padre Emerenciano Sena.

Además, surgió una contradicción entre el testimonio de César Sena y la geolocalización del teléfono móvil de Cecilia. Él afirmó que después de discutir con ella sobre temas de dinero, ella agarró su billetera y su celular para irse a pie. Sin embargo, los registros muestran que sus teléfonos estuvieron juntos hasta que, el lunes 5 de junio, todos los celulares se apagaron.

Otro punto que refuerza la hipótesis del plan es un video en el que aparecen Fabiana González, asistente del matrimonio Sena, y su esposo Gustavo Obregón discutiendo, luego de que Cecilia ingresara a la casa del clan. En la grabación, se ve a la asesora tomándose la cabeza.

Marcela Acuña
César Sena (medio), junto a sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

Además de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, quiénes están imputados como coautores del homicidio agravado, González y Obregón también están acusados de haber participado en el crimen, siendo ella considerada partícipe necesaria y él como secundario. Se allanó el departamento que este alquilaba en el barrio Villa Centenario, donde se encontró la ropa que supuestamente usó al llegar a la casa del jerarca el 2 de junio.

A pesar de los esfuerzos realizados en la búsqueda del cuerpo de Cecilia, hasta el momento no se han encontrado indicios que conduzcan a su paradero. Tras la declaración de Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena, quien afirmó haber visto a la joven “amordazada, con vida y en el asiento trasero de una camioneta” el 4 de junio, se llevaron a cabo allanamientos en una zona rural de Puerto Tirol. Lamentablemente, no se obtuvieron resultados positivos en esa búsqueda.

Emerenciano
Emerenciano Sena, padre de César Sena y líder del clan.

Gustavo Melgarejo, el único de los 7 detenidos que ha brindado su testimonio, y su esposa Griselda Reinoso fueron imputados por el delito de homicidio agravado como partícipes secundarios. César Sena, por su parte, enfrenta cargos de “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por la participación premeditada de 2 o más personas y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género”, siendo considerado coautor del femicidio.

Aunque se habían reportado manchas de sangre de Cecilia en la casa del matrimonio Sena, el Equipo Fiscal Especial desmintió esta información y aclaró que aún no se han obtenido los resultados de las muestras recolectadas en esa vivienda.

Cecilia
Emerenciano Sena junto al gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

Mientras continúa la investigación, durante la noche, vecinos, amigos y familiares de Cecilia se congregaron en la Plaza 25 de Mayo, portando velas, antorchas y pancartas, exigiendo justicia por su desaparición.

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El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles: todos los requisitos

El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.

La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.

Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.

El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.

Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

Los robos violentos en el conurbano aumentaron 500% durante la última década

El informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) revelado recientemente en noviembre de 2025 documenta un fenómeno delictivo sin precedentes en el área metropolitana. Los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registraron un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024. Esta cifra representa no solo un incremento estadístico, sino una transformación radical en el panorama de seguridad deficiente del conurbano bonaerense antes y después que asumió el actual gobernador Axel Kicillof.

Para contextualizar esta magnitud, los números específicos evidencian la gravedad, revelando cómo la tasa pasó de 3.9 hechos cada 100.000 habitantes en 2015 (411 casos) a 26.8 en 2024 (2.917 casos). Es decir, actualmente se registra aproximadamente uno de cada 3.700 habitantes del GBA como víctima de robo violento anualmente. En términos más cotidianos, esto equivale a un robo violento cada 5 minutos en el conurbano.

El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Los datos recopilados por los expertos Guido Brunetti, Nicolás Vergara y Sebastián Martinenco muestran una concentración clara en los municipios del oeste y sur del GBA, con tasas que duplican o triplican los registros nacionales. En 2024, Quilmes registró la tasa más alta con 44.9 hechos por 100.000 habitantes (311 casos), seguida por Esteban Echeverría (42.4), Merlo (41.0), Malvinas Argentinas (37.0) y Lanús (36.5).

Lo alarmante es que once de los 24 municipios del GBA superan en más del doble la tasa nacional de robos violentos, según señaló el abogado, especialista en criminalidad económica y presidente de FININT, Juan Félix Marteau. Algunos municipios experimentaron incrementos especialmente preocupantes, siendo Merlo que acumuló un aumento del 190% en los últimos dos años, mientras que Lanús registró el mayor crecimiento interanual, con un 80% más de hechos respecto al año anterior.

La evolución temporal revela un patrón bien definido. La tendencia ascendente se mantiene desde 2017, con un crecimiento sostenido hasta 2020, cuando la pandemia de COVID-19 generó una caída brusca de la delincuencia. Durante el confinamiento, los robos cayeron aproximadamente 52.5% en términos de denuncias de delitos contra la propiedad. Sin embargo, tras la flexibilización de las restricciones, se produjo una fuerte reactivación delictiva. Entre 2023 y 2024, los robos violentos crecieron un 37%, pasando de 1.839 a 2.917 casos.

El informe de FININT, junto con análisis de seguridad gubernamentales, identifica tres factores centrales que explican la escalada de robos violentos. En primer lugar, la circulación ilícita de armas de fuego es identificada como un detonante crucial para el incremento de la violencia. Estas armas provienen principalmente de robos en dependencias policiales, de la comercialización de armas decomisadas que no fueron destruidas, y del reciclado de arsenales declarados en desuso por las fuerzas policiales. La disponibilidad de armamento aumenta significativamente la capacidad letal de los delincuentes y, consecuentemente, la violencia empleada en los robos.

El segundo lugar, está el consumo de sustancias y el narcotráfico. Conforme a las encuestas del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires, el 63% de los encuestados identificó la drogadicción y el narcomenudeo como la segunda causa principal de inseguridad, apenas por debajo de la pobreza y marginalidad. No obstante, FININT advierte que no existe necesariamente una relación directa entre la presencia del narcotráfico y la violencia expresada en robos. Ambos fenómenos pueden evolucionar de manera divergente, ya que el narcotráfico opera frecuentemente de forma silenciosa, fuera del radar de las políticas de seguridad, mientras que los robos violentos se concentran territorialmente en municipios específicos.

Finalmente, el último factor son los problemas institucionales en la Policía Bonaerense. La fuerza tiene 100.000 efectivos pero enfrenta cuestionamientos significativos sobre su funcionamiento, capacitación y reformas internas. Fuentes de seguridad advierten que la falta de reformas profundas y la persistencia de problemas internos afectan la capacidad de respuesta ante el delito.

La ola delictiva actual se caracteriza porque no hay más delincuentes, sino que son los mismos pero cometen más delito. Las principales modalidades incluyen entraderas (robos a viviendas), implicando inteligencia previa sobre las viviendas. En el conurbano, los delincuentes rompen puertas, en Capital Federal, trepan en altura. El horario principal es entre las 8 y las 21 horas, cuando los propietarios no están en casa.

Los robos de celulares representa una de las modalidades más preocupantes, con estimaciones de 10.000 arrebatos diarios en la Ciudad de Buenos Aires y 5.000 en el conurbano. El Robo de autopartes y vehículos, donde los delincuentes se llevan ruedas, patentes y estéreos. Esta modalidad cobró especial relevancia en 2024, pues registró 128.477 robos totales en la provincia, con crecimiento del 18% respecto a 2023.

“La provincia está en una de las mejores situaciones de tasa de homicidios de la historia”, afirmó en su momento Kicillof, durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno dada en mayo, en La Plata, donde buscó ligar la problemática por falta de inversión estatal.

EL INFORME COMPLETO

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Un aspecto crucial del informe, y que revela la complejidad de la actualidad delictiva, es que mientras los robos violentos explotan sin precedentes, los homicidios dolosos muestran una baja sostenida. La tasa nacional de homicidios pasó de 6.6 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 3.8 en 2024, una caída del 42%. En el GBA, descendió de 8.0 a 5.6 en el mismo período, con 607 víctimas en 2024 frente a 857 en 2015.

De acuerdo con la encuesta del OPSA, la percepción de inseguridad alcanza 6.3 puntos en CABA, pero sube a 8.1 en el GBA Oeste y 7.9 en el GBA Sur, en una escala de 1 (‘muy seguro’) a 10 (‘muy inseguro’). A su vez, existe un problema significativo de cifras negras (delitos no denunciados). Según FININT, cuando un agresor se apodera ilegítimamente de un bien mediante violencia, las víctimas no siempre denuncian, incluso en casos de lesiones. Esto genera un importante subregistro en las estadísticas criminales. Estudios sugieren que los datos oficiales de robos representan solo una fracción de los hechos reales.

El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

Chubut eliminó los fueros de políticos, jueces y sindicalistas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, promulgó una enmienda constitucional que convierte a la provincia en la primera jurisdicción de Argentina sin fueros de ningún tipo. Esta decisión fue avalada por el 63.61% de los votantes en un referéndum vinculante realizado el 26 de octubre.

Los fueros (también llamados inmunidades especiales) son protecciones legales otorgadas a ciertos funcionarios públicos, magistrados, legisladores y, en algunos casos, dirigentes sindicales.

Es importante destacar que existían dos tipos de inmunidades distintas. La inmunidad de opinión protegía a los legisladores por las expresiones vertidas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, garantizándoles la libertad de manifestar sus ideas y posiciones políticas sin temor a represalias judiciales. Por otro lado, la inmunidad de arresto y de proceso impedía que los funcionarios fueran detenidos o sometidos a juicio sin una autorización previa del Poder Legislativo, lo que comúnmente se conoce como el “desafuero”.

– El anuncio del gobernador Torres, en mayo de este año

La reforma chubutense eliminó los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial que garantizaban estas inmunidades judiciales y de arresto. Con esto, a partir de su promulgación el pasado 7 de noviembre, ningún funcionario, legislador, magistrado ni dirigente sindical gozan de protecciones especiales que impidan su arresto, allanamiento o proceso penal.

Torres impulsó esta medida bajo el concepto de que “nadie debe estar por encima de la ley”. Su argumentación se centra en que los fueros representan “privilegios injustificados” que crean ciudadanos de primera y segunda clase. Torres enfatizó que la reforma constituye “una muestra concreta de que nadie está por encima de la ley” y describió los fueros como habiendo estado “de la mano de la desidia y la corrupción”.

El lema central de la campaña fue “Chubut sin fueros”, transmitiendo la idea de que eliminar estos privilegios avanzaría hacia mayor transparencia institucional y equidad.

Sin embargo, la reforma mantiene el “fuero de opinión”, la protección que resguarda la libertad de expresión de los representantes electos. Esta distinción es importante porque diferencia entre proteger la capacidad de hablar libremente en funciones públicas —que se mantiene— y proteger a las personas de la acción de la justicia por delitos comunes —que desaparece.

La consecuencia práctica más significativa es que ahora si una condena judicial contra cualquiera de estos funcionarios queda confirmada, puede ejecutarse inmediatamente sin necesidad de un desafuero o autorización legislativa adicional.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judicales de Chubut (AMFJCH) sostuvo que los fueros no son privilegios personales, sino garantías institucionales necesarias para proteger la independencia judicial. Según esta perspectiva, los fueros no protegen a los jueces como individuos, sino que son mecanismos destinados a permitir que el Poder Judicial funcione sin presiones políticas, económicas o mediáticas.

Los magistrados argumentaron que eliminar los fueros “pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial” y explicaron que estos fueros existen desde la antigüedad para proteger a los primeros parlamentarios de reyes todopoderosos. La idea es que sin estas protecciones, un ejecutivo poderoso podría usar la justicia como herramienta de represión contra jueces que toman decisiones que le desagradan.

Líderes gremiales argumentaron que los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que los representantes de trabajadores puedan reclamar y protestar sin miedo a represalias judiciales. Omar Unquén, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, advirtió que la eliminación “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta”.

Un argumento sindical interesante es que varios líderes señalaron que si un sindicalista comete un delito, la justicia ya puede actuar como con cualquier otro ciudadano. En otras palabras, el fuero no protege actos delictivos en flagrancia. La distinción es sutil pero importante, ya que los fueros protegen de represalias por actividades gremiales legítimas, no de investigaciones por delitos comunes.

Lo notable de este cambio es que fue legitimado democráticamente por los ciudadanos. La Legislatura provincial aprobó la reforma constitucional en marzo de 2025, y luego se convocó a un referéndum vinculante donde los chubutenses debían decidir si respaldar o rechazar la medida.

Incluso cuando magistrados presentaron recursos judiciales intentando frenar la consulta, la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habilitó el referéndum, considerando que el proceso se ajustaba a los mecanismos constitucionales vigentes en la provincia. Con más de 280 mil votantes participando, quedó claro que los chubutenses, al menos mayoritariamente, preferían un sistema donde todos fueran iguales ante la ley.

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