Hein y Calleros fortalecen la actividad legislativa para mejorar los caminos rurales en Entre Ríos
La diputada fue optimista sobre la posibilidad de avanzar este año con la aprobación del Régimen de Consorcios Camineros, trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo.
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Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió a la diputada Julia Calleros (bloque Fe y Libertad) para planificar el trabajo legislativo de este año. Fundamentalmente, abordaron la necesidad de avanzar con los proyectos que ofrecen soluciones para la problemática de los caminos rurales, como es el Régimen de Consorcios Camineros.
“Es muy importante planificar con el presidente de la Cámara este 2025, que seguramente será un muy buen año”, destacó la legisladora, quien resaltó que ve muy probable que se avance con su iniciativa, unificada con las de otros diputados, referidas a los consorcios camineros rurales.
“Tenemos una posibilidad muy grande, ya que el 100% del impuesto Inmobiliario Rural va a ir para el mantenimiento de los caminos rurales. Así que arrancamos el año con una muy buena noticia. Durante el año pasado avanzamos mucho y este año vamos a unificar también con las propuestas del Ejecutivo, ya que el gobierno está trabajando en el tema”, comentó.
“Seguramente vamos a poder avanzar y darle respuesta a la gente, que la está necesitando cuanto antes, porque en la infraestructura vial está la producción, la educación, la salud, la seguridad, la industria, como ya lo hemos dicho muchas veces”, expresó.
“Queremos que este año sea muy positivo para todos. En principio, arrancar el año con una charla con el presidente de la Cámara es muy bueno. Vamos a acompañar siempre en todo lo que sea para el bien del ciudadano. La idea es trabajar juntos y en armonía. Seguramente se van a seguir dando nuevas charlas para acompañar desde nuestro espacio”, dijo Calleros.
En cuanto a la tarea que desarrollará durante el año, dijo que junto a su equipo trabaja sobre otros proyectos para presentar e impulsar ante sus pares, vinculados a materias como salud y turismo en beneficio de los ciudadanos entrerrianos. Finalmente, agradeció a Gustavo Hein por “su apertura y contención hacia todos los sectores de la Cámara”.
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En la jornada de ayer, cerca de 200 productores, en medio de reclamos por el bajo precio de la yerba mate, intentaron impedir el paso de camiones de una planta procesadora en la localidad de San Pedro, a 250 kilómetros de Posadas. Lo que generó momentos de tensión entre los manifestantes y los trabajadores de la empresa.
Fue en el kilómetro 1051 de la ruta nacional 14, en el acceso al secadero de la firma Perez Hermanos, momento en el que un camión se dispuso a seguir camino por sobre quienes estaban allí con el propósito de impedir el paso. La medida se tomó con el fin de que no ingrese materia prima para encarecer el precio del producto final, ante el incumplimiento del pago de 459 pesos por el kilo de hoja verde. Intervinieron en el lugar agentes de la Policía de Misiones y la Gendarmería Nacional.
El presidente de la Unión de Agricultores de Misiones, MarceloHacklander, señaló que “el problema comenzó con el decreto 70/23 de Milei, que desreguló el mercado yerbatero”. Este decreto, que eliminó las funciones de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dejó a los actores del sector en la libertad de negociar los precios a lo largo de toda la cadena productiva.
“Hoy, la oferta de los secaderos es de 180 pesos por kilo, que ni siquiera cubre los costos productivos, que rondan los 356 pesos por kilo de hoja verde. Hay gente que quiere seguir trabajando porque tiene necesidades y entrega la mercadería a ese precio”, agregó Hacklander. En este sentido, criticó al gobierno nacional, al que acusó de ignorar el reclamo de los productores: “Se jactan de que el precio del kilo de yerba bajó un 30%, pero eso no es cierto; sigue manteniéndose entre 3.000 y 4.000 pesos”.
Por su parte, Omar Tabaczuk, productor de San Pedro, describió la situación como “una pelea de pobres contra pobres” y se sumó a las quejas por los costos. “Estamos en una situación difícil. Los secaderos nos están pagando por debajo de los costos que fijó el INYM, debajo de una producción. Los costos están muy sometidos. Es una situación complicada la que vivimos los productores, tareferos y prestadores de servicios”, sostuvo.
Es importante destacar que Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate, elaborando el 60% de las 500.000 toneladas que se producen en el mundo. Misiones es responsable del 90% de esa producción, mientras que el 10% restante proviene de Corrientes.
Ante la grave crisis, los productores no descartan nuevas medidas de protesta, que incluyen un paro de cosecha y la paralización del transporte de yerba mate, hasta que se revierta la situación y se fije un precio justo. De esta manera, los productores del Litoral insisten en la necesidad de garantizar un precio adecuado para quienes producen la materia prima de esta tradicional infusión nacional.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se reunió este miércoles con la diputada Julia Calleros y las autoridades de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) en la provincia. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle la situación de la entidad y las medidas que se están tomando para atender las necesidades de sus afiliados.
“Venimos hablando de la planificación para este año, de cara a la sesión preparatoria y la asamblea legislativa, y hoy nos enfocamos en el tema salud. Vengo de la ruralidad, me interesa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y sus familias. Por eso me acompañaron la delegada y el subdelegado de Osprera”, comentó Calleros.
La delegada de Osprera en Entre Ríos, Patricia Bardier, recordó que la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, y explicó que, junto a su equipo, están trabajando para resolver diversos problemas prestacionales. “Hablamos con Hein sobre nuestro trabajo para ayudar a los prestadores, para poder hacer un circuito en el que las obras sociales funcionen más normalmente y evaluar futuros aumentos. Fue una reunión muy efectiva”, afirmó.
Durante la audiencia, Hein consultó sobre las principales dificultades que enfrentan los beneficiarios. Al respecto, Bardier manifestó: “En la zona rural hay casos de discapacidad, que se están cubriendo”.
En relación con el acceso a la salud de los 31.000 afiliados que la obra social tiene en la provincia, la delegada señaló: “Se han estado resolviendo muchísimas cuestiones prestacionales y contamos con el apoyo de muchos prestadores que nos dan acceso a planes de pago y reuniones para poder llegar a acuerdos y aumentos”.
La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la atención y mejorar los servicios que la obra social brinda a los trabajadores rurales y sus familias.
Un policía de la Ciudad fue victima de un nuevo ataque en el Conurbano: recibió un disparo en el abdomen cuando intentaron robarle en La Matanza. El hecho fue denunciado por el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Woff, en el marco de una escalada de ataques violentos a agentes de la Policía de la Ciudad en la provincia de Buenos Aires.
El ministro Wolff detalló en las redes sociales que el efectivo baleado se llama Ernesto Andrés Mamani. Fue abordado por delincuentes que quisieron robarle y recibió un disparo por el que se encuentra internado luego de una intervención quirúrgica.
“Como a tantos bonaerenses, a él esta vez quisieron robarle delincuentes en La Matanza. Van 30 enfrentamientos armados de policías de la Ciudad que viven en el Conurbano al entrar o salir de sus casas en lo que va de 2025. Seguimos a disposición y esperando la reunión fallida entre nuestros equipos técnicos de ambos distritos para encontrar soluciones”, sostuvo el funcionario en X, quien agregó: “Qué mas tiene que pasar? Cuántos muertos más? Los problemas existen aunque no hablen de ellos”.
El oficial porteño Mamani fue atacado en la zona de Villa Palito cuando iba a trabajar como agente de la Policía de la Ciudad. El ataque violento sucedió sobre Camino de Cintura y Mendoza, cerca de la Ruta 21. Allí, se produjo un enfrentamiento y Mamani recibió un disparo en el abdomen.
Ahora se encuentra en el Hospital Balestrini de La Matanza, donde fue intervenido en la mañana de ayer martes. Desde el Gobierno porteño comunicaron que, si su estado de salud lo permite, será trasladado con un helicóptero del SAME al Hospital Italiano.
CRECE LA BRONCA ENTRE CIUDAD Y PROVINCIA:
El ataque en cuestión se inscribe en una escalada de hechos violentos que tienen a policías de la Ciudad que viven en el Conurbano bonaerense como víctimas. Se tratan de ataques que vienen registrándose desde el año pasado, lo que contribuyó a deteriorar el vinculo entre los Gobiernos de CABA y la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad pública.
Hace unos días hubo un intento de acercamiento entre Waldo Wolff y su par de Provincia, Javier Alonso, con miras a elaborar un plan coordinado para dotar de mayor seguridad a los municipios peligrosos del Conurbano y así evitar más ataques a policías porteños. Sin embargo, el encuentro terminó con acusaciones políticas a un lado y otro de las posiciones en conflicto.
El legislador porteño Eugenio Casielles presentó oficialmente su nuevo espacio político Transformación, durante un acto en la ciudad de Mendoza ante más de 200 personas. El lanzamiento se produjo en medio de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional a raíz del escándalo con $LIBRA.
En su discurso, el dirigente se refirió con dureza a la gestión presidencial y a la polémica por las memecoins, señalando: “Sáquenle Twitter y que se encargue de las políticas públicas”. El reclamo hacia el Ejecutivo también incluyó un pedido expreso para que “den la cara”.
“Siempre la máxima autoridad es el responsable, pero es una cadena, el entorno del presidente es nefasto”, sostuvo Casielles, aludiendo directamente al jefe de Estado. Asimismo, agregó críticas por lo que considera un desvío de las responsabilidades presidenciales: “Tiene que dejar de lado su rol privado una vez que asume el rol de presidente”.
El legislador hizo hincapié en las consecuencias de las decisiones gubernamentales para la población: “Lo que debiese preocupar realmente es el destino de los 45 millones de argentinos que vivirán por años las consecuencias de ese sistema de toma de decisión”.
EL POSTEO DE CASIELLES:
Durante su visita a distintos departamentos de la provincia, como San Rafael y Guaymallén, Casielles conversó con empresarios y productores locales. Allí manifestó su desacuerdo con la falta de respuestas oficiales, enfatizando: “Se tienen que ocupar de las políticas publicas, los mendicinos viven preocupados, ¿Dónde está el gobierno?”.
SOBRE $LIBRAEn estas horas se han dicho muchas cosas. Y probablemente sigamos hablando de esto varios días más. En mi caso, quisiera apuntar a tres cuestiones, apelando a la prudencia que demanda el caso:En primer lugar, es absolutamente necesario saber qué pasó realmente,…
En contraposición a otras voces políticas, el dirigente apuntó contra los extremos: “Tenemos de un lado al kirchnerismo pidiendo juicio político y por el otro Milei culpando a la casta. En el medio, los argentinos”. Además, señaló responsabilidades en el círculo cercano al mandatario, cuestionando el rol del vocero oficial: “Adorni debería haber salido a hablar y dar la cara, ese es el rol del vocero”.
El legislador anticipó que continuará recorriendo el país para sumar adhesiones y reforzar su propuesta de gobierno de cara al futuro panorama electoral.
El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignacióndel país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.
La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.
Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.
Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.
La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.
Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.
En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.
El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.
Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.
El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú realizó, este jueves a las 10:30, una sesión extraordinaria presidida por la Dra. Julieta Carrazza. Participaron los ediles de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, María José Carro, Juan Pablo Castillo, Benito Bacigalupo y Jorge Roko; de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez; y de Más para Entre Ríos, Delfina Herlax, Emiliano Zapata, Jorge Maradey y María Sira Ghisi.
Durante la sesión ingresó un proyecto presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos para disminuir la alícuota por el cobro de instalación de soporte de sistemas de telecomunicaciones. La iniciativa buscó “mejorar la conectividad en la ciudad”, permitir el acceso a mayor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet a la población en general y atraer inversiones para fomentar el emprendimiento y la productividad.
Asimismo, se presentó otro proyecto que modificó artículos de la Ordenanza 12.418/2020. Entre los cambios figuró el Nº 22, que establecía el Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones. A partir de la propuesta, se anexó la obligación de que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Operadores de Comunicaciones Móviles y empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial presentaran a la Dirección de Rentas una Declaración Jurada detallando las estructuras existentes, su localización, metros de altura y la cantidad de metros lineales de tendido. Además, se dispuso que adjuntaran un informe emitido por un profesional competente sobre el control y el mantenimiento estructural periódico, el cual sería supervisado por el Municipio.
