Jujuy | Otro abrazo simbólico frente al Hospital Soria reclamando salarios dignos
Trabajadores de la salud y de otras áreas del Hospital Soria, protagonizaron un abrazo simbólico exigiendo al gobernador Gerardo Morales salarios dignos.
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Los trabajadores piden un aumento salarial acorde a la inflación y denuncian que desde el gobierno les prometieron una recomposición salarial que no cumplieron.
Imagen de jujuyalmomento.com
Los empleados aseguran que “nuestro reclamo es escuchado por las autoridades, pero ninguna viene a vernos que sucede”. “Las protestas continuarán todos los viernes, hasta tener una respuesta a nuestros reclamos”. Ahora nos unimos todos los trabajadores del hospital sin importar a que gremio pertenezcan. Estamos todos los que formamos parte del personal del servicio de enfermería, terapia intensiva, médicos, economato”, dijo una de las delegadas.
Los reclamos continuaran la próxima semana y analizan profundizar las medidas de protesta si es que no obtienen una respuesta favorable por parte del gobernador.
Los gremios pedirán un aumento salarial del 60% para el 2° semestre del año
La titular de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Yolanda Canchi, aseguró que durante la semana pasada ya hubo un encuentro de la dirigencia del Frente Amplio Gremial, para unificar criterios y en la reanudación de la mesa de negociaciones salariales, pedirán una recomposición salarial del 60%
“Si bien es cierto que el gobierno provincial estaba esperando las paritarias nacionales docentes para tomarla como referencia en la provincia, los gremios lo tomamos como punto de partida para iniciar un nuevo diálogo con el gobierno local, es decir cuánto había otorgado nación para estas paritarias”, sostuvo la sindicalista.
Destacó que además de discutir el aumento salarial, “queremos discutir no solamente en el porcentaje, que obviamente el gobierno va a tirar sobre la mesa, sino también el poder adquisitivo que se ha perdido en todo este tiempo por el tema inflación”.
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La Argentina atraviesa una crisis sanitaria que el poder político prefiere no mirar. Durante 2024, los diagnósticos de sífilis marcaron un récord histórico con más de 36.000 casos reportados, y las proyecciones para 2025 consolidaron un aumento de la tasa de incidencia de hasta el 26% respecto al año anterior. El epicentro de esta explosión es el segmento joven de entre 15 y 29 años, que hoy representa la gran mayoría de los nuevos diagnósticos.
Este fenómeno no es aislado. El 98% de las nuevas infecciones de VIH registradas tienen como causa exclusiva el sexo sin protección, una tendencia que se replica en el incremento de los casos de gonorrea.
El mapa de la urgencia muestra indicadores críticos en provincias como Córdoba, San Luis, Chaco, Jujuy, Mendoza y Neuquén, donde los servicios de infectología ya se ven superados por la demanda de tratamientos. La falta de una barrera física se volvió la norma, y el sistema sanitario hoy se limita a contabilizar infectados en lugar de prevenir nuevos contagios.
El factor aborto y la banalización del riesgo
Desde la legalización del aborto en diciembre de 2020, se ha consolidado un fenómeno de relajación en los cuidados preventivos. Para vastos sectores de la juventud, especialmente en contextos de baja instrucción, la legalidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha pasado a funcionar como una red de contenciónque desplazó el histórico temor al embarazo no deseado, eliminando el que solía ser el principal incentivo para el uso del preservativo. El riesgo de una paternidad no planificada se percibe hoy como un problema con “solución gratuita” garantizada por el Estado, lo que deja a las ETS fuera del radar de preocupaciones inmediatas.
Esta banalización se apoya en el mito del aborto como un trámite exprés y meramente químico. Se ha instalado la idea de que la intervención se reduce a la ingesta de una pastilla, ignorando deliberadamente que el proceso conlleva dolores físicos intensos, riesgos médicos de diversa consideración y la necesidad crítica de controles ecográficos post-intervención. A esto se suma el impacto psicológico que el procedimiento suele acarrear, una dimensión frecuentemente omitida en la comunicación pública. Al final de esta cadena, la joven se encuentra desprotegida frente a infecciones crónicas bajo la falsa premisa de que, si algo falla, el sistema lo resolverá con un procedimiento que creen exento de consecuencias.
El ajuste estúpido: gasto ciego y transferencia de deuda
La parálisis en la distribución de insumos preventivos configura un escenario de ineficiencia fiscal difícil de justificar. Mientras en 2018 el Estado nacional distribuía 55,4 millones de preservativos, la cifra se desplomó a menos de 5 millones en 2024, alcanzando una parálisis total en 2025 con registros de apenas 832 unidades para todo el país y presupuesto cero para nuevas compras.
Este ahorro de corto plazo es, en realidad, un gasto futuro exponencial: el sistema público, que hoy “ahorra” en látex, deberá financiar de por vida los tratamientos para el VIH y las complicaciones derivadas de la sífilis, además de absorber los costos de los procedimientos de aborto legal que la falta de prevención dispara.
Esta política golpea directamente a los sectores más vulnerables, que enfrentan una doble barrera: la económica, al no contar con dinero para adquirir protección de forma privada, y la cultural, ante el retiro de las campañas de concientización. Al caer la distribución gratuita, estas poblaciones se ven empujadas a tener relaciones sin protección, recargando automáticamente la demanda sobre los hospitales públicos que ya operan sin insumos básicos. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado renuncia a la prevención, subsidia indirectamente la enfermedad y termina pagando una factura mucho más alta por la atención de patologías que eran evitables con una inversión mínima.
Mario Lugones, ministro de Saludos de la Nación desde 2024.
Cultura del riesgo y desidia oficial
El escenario se agrava por una transformación en las conductas sociales que el Estado ha decidido ignorar. La masificación de las aplicaciones de citas y la aparición de tendencias como el “barebacking“ (sexo sin protección, por elección) han reconfigurado el mapa del riesgo en un contexto de nula comunicación gubernamental. Sin campañas oficiales que contrarresten la desinformación en redes sociales, el uso del preservativo ha pasado de ser un hábito de salud básica a una opción secundaria, percibida por muchos como una barrera innecesaria frente a infecciones que, gracias a los avances médicos, hoy se consideran erróneamente como simples contratiempos menores.
Esta combinación de factores culturales y negligencia administrativa representa un fracaso sistémico en la gestión de la salud pública. Al retirar los insumos básicos y abandonar la educación sanitaria, el Gobierno no sólo desprotege a una generación, sino que hipoteca el futuro del sistema hospitalario nacional. El ahorro ficticio en prevención hoy se traduce en una condena de gastos crónicos y colapso asistencial mañana, demostrando que la ausencia de política sanitaria es, en última instancia, la forma más costosa de administrar la enfermedad.
El Gobierno de Río Negro otorgó un nuevo permiso de exploración minera a Claudio Alberto Ciccarelli, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial N° 6475 del 19 de marzo de 2026.
El primo de Claudio Ciccarelli, Federico “Fred” Machado, se encuentra detenido en Estados Unidos. Allí enfrenta cargos por presunto narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
El trámite se encuadró en el expediente N° 48.022-M-23, denominado “El Gran Don José”, y comprendió un permiso de exploración de minerales de primera categoría en la zona de Los Menucos, dentro del Departamento 25 de Mayo. El edicto fue difundido por la Secretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, y notificó a los titulares de las tierras alcanzadas por el área de exploración, Domingo Calvo y Gerardo Collinao.
– Fred Machado durante la presentación del libro de José Luis Espert en Viedma. Detrás suyo, a la derecha, asoma Claudio Ciccarelli, su primo, un empresario con negocios mineros
La documentación indicó que el área involucrada se ubicó en la Grilla 4169-II del Catastro Minero, en cercanías de la localidad de Los Menucos, y que la tramitación se realizó conforme a las previsiones del Código de Minería.
Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El Gobierno de Santa Fe detectó, a partir de un trabajo de inteligencia criminal, un presunto plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. La hipótesis se activó luego del hallazgo de un arsenal con armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a integrantes de la banda “Los Menores”, una organización criminal que en los últimos meses fue parcialmente desarticulada en distintos procedimientos, aunque todavía conserva miembros prófugos, capacidad operativa y ramificaciones en distintos puntos del cordón rosarino.
La advertencia quedó plasmada en un informe y fue confirmada públicamente por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. “Los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios”, sostuvo el funcionario. Aunque aclaró que se trabajó sobre una hipótesis y no sobre un hecho consumado, remarcó que el Gobierno decidió activar medidas preventivas específicas en torno al mandatario provincial y al resto de las autoridades potencialmente alcanzadas por la amenaza.
Según el reporte, fechado el 10 de marzo, el grupo criminal analizaba cometer un atentado contra la vida de Pullaro utilizando fusiles de asalto. De acuerdo con la información a la que accedieron medios locales, la motivación de la banda encabezada por Lisandro “Limón” Contreras estaría vinculada al endurecimiento de la política de seguridad impulsada por la gestión santafesina, al refuerzo de los controles penitenciarios, al deterioro de las condiciones de detención para líderes criminales y al avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria de alto perfil conocida como “El Infierno”.
– Lisandro “Limón” Contreras
Cococcioni explicó que la amenaza venía siendo seguida desde hacía meses. “La hipótesis y la versión de que se estaba armando o, por lo menos, que había intenciones serias de realizar algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia y centralmente en la persona del gobernador, venía manejándose desde hace algunos meses”, reconoció. En ese marco, detalló que, una vez recibido el informe, se decidió “elevar los niveles de seguridad y situaciones especiales, entre ellas intentar restringir actividades oficiales y lograr que los traslados del gobernador que se puedan hacer por aire se hagan así, y que los que se hagan por tierra tengan otras características”.
Las medidas preventivas no fueron menores. Entre las recomendaciones del Ministerio de Seguridad figuraron la reducción del nivel de exposición pública del gobernador, el refuerzo de controles en actos oficiales, la revisión integral de los esquemas de custodia y la implementación de dispositivos más estrictos de acceso para evitar filtraciones. También trascendió que el automóvil en el que se traslada Pullaro cuenta con medidas de seguridad extremas, en línea con el nuevo protocolo de resguardo dispuesto tras conocerse el contenido del parte de inteligencia.
Dentro de ese rediseño preventivo también se analizó la conveniencia de modificar rutinas, evitar trayectos previsibles y reforzar el monitoreo previo de las actividades públicas del mandatario. La lógica oficial fue clara: aun cuando la hipótesis no hubiera avanzado hacia una fase ejecutiva comprobable, el solo cruce entre indicios, fuentes coincidentes y hallazgo de armamento justificaba un endurecimiento inmediato del esquema de seguridad.
El hallazgo que dio sustento material a la hipótesis ocurrió en una casa quinta ubicada sobre María Teresa al 700, en Roldán. Allí, durante allanamientos realizados luego de meses de tareas de inteligencia, las fuerzas de seguridad encontraron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según informó el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), Maximiliano Bertolotti, para dar con el armamento se utilizaron detectores de metales y retroexcavadoras, un dato que da cuenta del grado de ocultamiento y de preparación que presentaba el lugar.
Sobre la profundidad del tambor enterrado circularon dos versiones. Una indicó que estaba a cuatro metros bajo tierra, mientras que otra sostuvo que se encontraba a unos 60 centímetros y que incluso podía tratarse de más de un tambor. Más allá de esa diferencia, el punto central fue que el armamento estaba escondido en condiciones que dificultaban su detección y sugerían una logística previa orientada a conservarlo fuera del alcance de controles ordinarios.
Entre las armas secuestradas aparecieron pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, además de dos fusiles calibre 5.56 y .223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. El detalle del arsenal reforzó la sospecha de que no se estaba frente a un acopio casual ni a una tenencia aislada, sino ante una reserva de alto poder de fuego compatible con operaciones criminales de escala.
En otra requisa, realizada en un departamento del barrio 7 de Septiembre, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares. Ese procedimiento permitió sumar otros elementos de contexto sobre el movimiento económico y comunicacional de la organización, además de conectar distintos puntos de interés dentro de la misma pesquisa.
Los procedimientos se realizaron en Roldán e Ybarlucea con intervención de personal de la Ciope y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Como resultado de esos operativos quedaron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35. El fiscal Ignacio Hueso los acusó de integrar la asociación ilícita cuyo jefe sería Contreras y de ocuparse de la custodia de las armas de fuego de la banda y de negocios inmobiliarios ilícitos. Luego, la jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva por dos años para ambos.
Según la acusación fiscal ambos formaban parte de una estructura con funciones concretas dentro de la organización: custodiar el armamento y sostener maniobras vinculadas con operaciones inmobiliarias ilícitas. Ese encuadre judicial consolidó la idea de que el grupo mantenía una dinámica delictiva estable, con reparto de tareas y capacidad para resguardar recursos estratégicos.
La investigación que derivó en estos allanamientos se alimentó de información recibida por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal a través de tres vías distintas, según trascendió. Un alto funcionario provincial señaló al medio provincial La Capital: “Recibimos los datos y el parte de inteligencia, y trabajamos sobre eso”. Las fuentes que aportaron la ubicación del armamento, su tipo y su posible utilización en un atentado coincidieron, además, con información propia reunida por los organismos de inteligencia santafesinos.
La estructura señalada en el informe se conecta con una trama criminal más amplia. Contreras fue imputado en 2024 por la fiscal Georgina Pairola como jefe de una asociación ilícita. Había sido detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras aparecer mencionado en una investigación vinculada al asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central. En esa causa, la fiscal identificó como organizadores de la asociación ilícita al policía Jonatan Garraza, a Fernando “Colo” Cappelletti y al todavía prófugo Ramiro Escalante.
Ese entramado permite entender por qué el hallazgo en Roldán fue leído por las autoridades como algo más que un procedimiento exitoso contra una banda local. El nombre de Contreras ya aparecía asociado a expedientes de fuerte impacto en Rosario y su zona de influencia, con conexiones entre barras, policías, narcomenudeo, homicidios y estructuras criminales que sobreviven aun después de sucesivas detenciones.
Justamente, uno de los imputados en la causa por las armas halladas en Roldán es Rodrigo Cappelletti, hermano del “Colo” Cappelletti. Esa relación familiar fue uno de los datos que reforzaron, para los investigadores, la continuidad de vínculos entre distintos actores mencionados en expedientes previos y la persistencia de una red con capacidad para recomponerse pese al avance judicial.
Uno de los antecedentes de la pesquisa fue el homicidio de Micaela Soledad Gómez, cometido en mayo de 2023, un caso que permitió detectar conexiones entre la banda de Contreras, la organización conocida como La Mafilia —atribuida al recluso Leandro “Gordo” Vilches, condenado en 2018 como integrante de Los Monos— y la estructura de Pablo Nicolás Camino, otro interno de una cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.
Ese punto resulta clave para comprender la dimensión del problema. La investigación no describe, así, un grupo completamente aislado, sino una red con vasos comunicantes con otras organizaciones de peso en el mapa criminal de la provincia.
La interpelación al ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, terminó este miércoles en un papelón político dentro de la Legislatura chaqueña, cuando diputados de la oposición peronista abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la misma sesión especial que habían impulsado para cuestionarlo.
La jornada se desarrolló en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentó para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), pero la exposición quedó trunca cuando la propia oposición dejó caer la sesión.
Desde el oficialismo remarcaron que el funcionario asistió en tiempo y forma y que se mostró dispuesto a responder todos los planteos. “Venía respondiendo todo y dio precisiones técnicas sobre cada uno de los puntos planteados, pero la oposición decidió no quedarse para continuar”.
El episodio más tenso se produjo cuando el diputado opositor Santiago Pérez Pons se acercó hasta el lugar donde se encontraba el ministro y le dejó sobre la mesa un cartel con la consigna: “Devuelvan el Fondo Estímulo”. La escena escaló rápidamente cuando el legislador oficialista Iván Gyoker se levantó de su banca, tomó el cartel y lo arrojó al piso, en medio de gritos cruzados dentro del recinto, en una postal del desorden que dominó la sesión.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la sesión. Durante su exposición, Dudik buscó explicar el funcionamiento del FEP, su composición y los motivos de la readecuación impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizó una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudación del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
Según indicó, hasta diciembre el fondo alcanzó cerca de $1.000 millones mensuales y permitió que algunos trabajadores percibieran ingresos totales superiores a $2,5 millones, entre salario y adicional. También explicó que el FEP se distribuyó entre unos 570 empleados y afirmó que, tras advertencias de Hacienda, se detectaron irregularidades en su financiamiento. Señaló que se utilizaban conceptos que no corresponden, como los Fondos de Bosques, que calificó como intangibles, y aportes del convenio de corresponsabilidad gremial que se transfieren a Nación.
Dudik sostuvo que tomó decisiones en base a dictámenes de organismos de contralor del Poder Ejecutivo. “Yo tomé decisiones en base a dictámenes de los organismos de contralor del Poder Ejecutivo, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Hay un informe contundente de la Contaduría donde me indicaban la necesidad de readecuar los conceptos para calcular el fondo”, afirmó.
El funcionario alcanzó a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesión se frustrara. Luego cuestionó con dureza a la oposición por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma línea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisión de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chaco”.
Desde el bloque oficialista apuntaron directamente contra Pérez Pons, a quien responsabilizaron por la fallida convocatoria. “Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”. Además, cuestionaron la contradicción del bloque opositor: “Piden informes, reclaman transparencia y después no van a trabajar. Le mienten al vecino de la provincia”.
Cuando la sesión ya se encaminaba al colapso, reapareció la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, que reclamó a la oposición que volviera a ocupar sus bancas para sostener el número. “¿Dónde están los 16? Siéntense los 16 y van a tener quórum conmigo. Ustedes pidieron la interpelación”.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una Cámara dividida en partes iguales, la interpelación se dio por finalizada en medio del desorden.
El médico Abel Albino, titular de la Fundación Conin, advirtió a medios locales que el único hospital para niños desnutridos del país, ubicado en el departamento mendocino de Las Heras, cerró hace seis meses por falta de financiamiento. El establecimiento, diseñado para la internación y recuperación de pacientes, quedó sin actividad pese a que funcionó como un centro de referencia nacional en el tratamiento de la desnutrición infantil.
“Es una pena. Cerró porque no puedo pagar los sueldos”, explicó Albino. También destacó el nivel de atención que alcanzó el centro: “Trabaja tan buena gente y tan correctamente trabajan que prácticamente no tenemos mortalidad”.
Albino atribuyó la crisis al atraso en los aportes públicos. “Estoy contratado por el Estado, pero el Estado no me actualiza hace más de cuatro años”, sostuvo, y precisó: “me está aportando el Estado 7% de lo que yo gasto para recuperar. Si no me ayuda la comunidad, no puedo seguir”. En la misma línea, cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Nos tratan muy bien… pero no nos llevan el apunte”.
Según explicó, la falta de giro de fondos impidió cubrir los costos operativos mínimos, el pago de salarios del personal especializado y los insumos necesarios para sostener el funcionamiento del hospital. Esa situación obligó a la fundación a suspender el ingreso de nuevos pacientes críticos, en un contexto en el que, de acuerdo con la información suministrada, estos niños no encontraron en el sistema público de salud una alternativa de la misma complejidad y especificidad.
“Hace seis meses que lo cerré, y hace seis meses que estoy llorando por no tener el hospital, porque sé que es necesario”, insistió Albino. También afirmó: “El hospital funcionaba a pleno pero ahora no puedo pagar los sueldos. Hay chicos con desnutrición que necesitan estar internados. Que este edificio esté vacío es una maldad”.
Tras el cierre, los pacientes dejaron de ser internados y fueron enviados nuevamente a sus hogares. “Los tuvimos que devolver a su casa, con un nudo en la garganta”, señaló Albino. No obstante, aclaró que la asistencia continuó de manera territorial: “Los tratamos en sus casas. Van nuestros médicos y los asisten en sus casas”.
El hospital recibía derivaciones de todo el país, lo que lo consolidó como un dispositivo único en su tipo. Para intentar reabrirlo, Albino planteó un esquema de financiamiento basado en pequeños aportes individuales. “Si yo tuviese 1.500 socios más que me dieran lo que vale una pizza, o medio tanque de nafta, una caja de leche… puedo salir adelante”, afirmó.
La Fundación Conin —Cooperadora para la Nutrición Infantil— nació en Mendoza en 1993, inspirada por el modelo del doctor Fernando Mönckeberg en Chile. Su misión consistió en atacar las causas de la pobreza desde un enfoque integral: no solo se centró en la alimentación, sino también en la educación de la madre y en la transformación del entorno familiar. La organización contó con más de 100 centros en 18 provincias, tuvo una trayectoria que salvó a más de 30.000 niños y desarrolló una metodología científica reconocida internacionalmente.
El material también remarcó la importancia del primer año de vida como la etapa más crítica para el desarrollo cerebral. Según los especialistas citados, si un lactante no recibió los nutrientes esenciales y la estimulación adecuada en esos primeros doce meses, las secuelas neurológicas y físicas solieron resultar irreversibles. En esa línea, la fundación sostuvo un abordaje integral que combinó alimentación, estímulos afectivos y condiciones de higiene.
Albino también alertó sobre la magnitud del problema nutricional que detectaron en territorio. “Cada vez que vamos y hacemos un testeo, porque nos metemos en la comunidad con un camión que tenemos, encontramos 30% de chicos desnutridos, 30% de chicos con sobrepeso… y 30% de chicos normales”, sostuvo. Sobre las consecuencias de la desnutrición, agregó: “La desnutrición genera debilidad mental… la principal riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro”.
En ese marco, reclamó una respuesta conjunta de distintos sectores. “Los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales… y la comunidad toda debemos trabajar juntos como hermanos que somos”, afirmó.
La paralización del hospital se produjo además en un contexto social crítico en Mendoza. Según las mediciones más recientes del INDEC citadas en la información suministrada, la pobreza infantil en el Gran Mendoza afectó a poco menos de la mitad de los chicos menores de 14 años. A eso se sumó la reciente clausura del servicio de maternidad del Hospital Carlos Saporiti de Rivadavia, una medida que generó protestas de profesionales y contribuyentes encabezadas por el intendente Ricardo Manzur. La información aportada también señaló un incremento en los registros de maltrato infantil.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
La provincia buscará que los adultos responsables afronten el costo de cada operativo de seguridad. En apenas cinco días se registraron 158 intervenciones y, en una sola jornada, hubo 78 llamados al 911. “Cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”, advirtieron desde el Ministerio de Justicia.
Un procedimiento conjunto con el municipio de General Pueyrredón terminó con la demolición de más de 170 puestos instalados durante décadas en la Rambla.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
