Gustavo Pulti y su figura de “hombre gris K” en la política marplatense
El ex intendente y referente de Acción Marplatense (AM) se encuentra jugando cerca del Frente de Todos (FdT).
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La política en la ciudad de Mar del Plata ha comenzado a tomar revuelo en los últimos años, más aún durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro, fiel representante del oficialismo en Juntos. Del otro costado, Todos con las concejales Marina Santoro y Virginia Sívori a la cabeza, apadrinadas por la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, y el director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart.
En ese sentido, hay otros bloques más o menos grises, como son los casos de Creciendo Juntos y Acción Marplatense (AM), en donde el primero ya ha marcado su cercanía con el kirchnerismo en más de una ocasión. Con los ediles Alejandro Ángel Carrancio y Nicolás Lauría, quienes anteriormente fueron parte de la gestión, solo juegan de opositores explícitos.
El ex intendente Gustavo Pulti se mostró en las últimas elecciones con Florencio Randazzo desde la coalición Vamos con Vos
Ahora bien, el caso de AM es particular, porque no siguen una ideología y, mucho menos, se demuestran como un espacio que siga una línea de decisiones. Ya que, van hacia el mejor postor. En sintonía con sus concejales Paula Cristina Mantero y Horacio Daniel Taccone, apadrinados por el ex intendente Gustavo Pulti.
De tal manera, se deja sumamente claro que el espacio vecinalista juega un rol importante de 2 votos para poder sacar adelante proyectos desde el Poder Legislativo local, a tal punto de que el Concejo Deliberante es una exposición de la “rosca” municipal hacia el 2023.
@GustavoPulti se reunió con Parrilli y Máximo Kirchner Encabezará lista de Senadores y habrá Boleta única K en #mdp https://t.co/3xHh0hSggx pic.twitter.com/zZworZydiE
Tomando como eje ello, uno no sabe qué papel jugará entonces Pulti, ya que se entiende que en soledad no le queda mucho tiempo de vida en la política. Porque “La Grieta” entre Juntos y Todos se ha hecho cada vez mayor y no deja lugar para terceras fuerzas, amén de los libertarios.
Por lo tanto, es posible que Acción Marplatense emigre hacia nuevas fronteras, pero muchos indican que en cercanía ideológica podría aterrizar en Todos con la posibilidad de una interna. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con la práctica política, su posicionamiento es Juntos, yendo en unidad de lista.
El ex jefe comunal Gustavo Pulti se mostró muy cercano, por mucho tiempo, a la actual vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner
Vale recalcar que en las elecciones últimas del Partido Justicialista (PJ), sus hombres de confianza fueron parte del armado opositor al kirchnerismo que comandó la directora de ANSeS. A su vez, en la visita del ex presidente Eduardo Duhalde que no tuvo presencia K en “La Feliz”, él si dijo presente.
Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que uno no puede definir de qué lado se encuentra la balanza, por los juegos (desesperados o no) por parte de Gustavo Pulti. Uno lo puede tomar como mensajes que lo dejen en solitario con una lista, o bien ser parte de una unidad plena de Juntos con Montenegro a la cabeza.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El discurso oficial del Gobierno de Javier Milei se construyó sobre una premisa innegociable: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y “el que las hace, las paga”, con un combate sin cuartel contra la corrupción de la “casta”. Sin embargo, cuando la denuncia surge desde las entrañas de las Fuerzas que el propio Presidente prometió reivindicar, la respuesta no es la investigación, sino el castigo.
El cabo Miguel Ángel Montiel no es un teórico de la política; es un efectivo que, tras nueve años de servicio, decidió encadenarse a metros de la oficina presidencial para exponer una red de “planillas fantasma” y desvío de fondos en la Superintendencia de Transporte de la PFA. Lo hizo a cara descubierta, con su uniforme y la honestidad de quien ya no tiene nada que perder.
La reacción del Ejecutivo fue un silencio ensordecedor.Ni Karina Milei, ni la ministra Alejandra Monteoliva, ni la hoy senadora Patricia Bullrich —quien históricamente se embanderó en la defensa de la “familia uniformada”— se dignaron a cruzar la calle para escuchar al denunciante. En lugar de una citación para auditar las cajas negras de la fuerza, Montiel recibió un mensaje mafioso: una “zona liberada” en su domicilio de Burzaco, donde una operación de inteligencia disfrazada de robo le arrebató las pruebas (pendrives, fotos, documentos y su notebook) que sustentaban su denuncia, bajo la vigilancia previa de drones que nadie pudo —o quiso— explicar.
Montiel esposado a las rejas de la Casa Rosada.
Entre el patrullero, el taller y la prohibición
La degradación de las Fuerzas de Seguridad no comenzó ayer, pero bajo la gestión actual ha alcanzado niveles de cinismo inéditos. Montiel confesó recientemente en una entrevista televisiva lo que es un secreto a voces en los pasillos de las comisarías: un sueldo de $850.000 tras casi una década de servicio no alcanza para sostener a una familia. Para poner un plato de comida en la mesa, el cabo debe sacarse el uniforme y ponerse el overol demecánico, realizando “changas” extrasque completen el salario que el Estado le mezquina.
Esta realidad de “policías pluriempleados” choca de frente con una burocracia estatal que parece ensañarse con el eslabón más débil. Mientras el Gobierno se jacta de una filosofía liberal que defiende la libertad de trabajo, a los efectivos se les persigue y prohíbe generar ingresos extra a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Pedidos Ya o Rappi.
Es la cumbre de la humillación: el Estado les otorga salarios por debajo de la línea de pobreza, les quiebra la obra social (dejando a miles de familias sin cobertura médica digna) y, al mismo tiempo, les cierra la puerta a cualquier salida laboral honesta para sobrevivir. A quien se atreve a reclamar por esta miseria planificada, como hizo Montiel el pasado 2 de abril, la institución le responde con la persecución de su propia cúpula, tratándolo como a un delincuente por el solo hecho de querer ganar el dinero que el propio Ministerio de Seguridad no le garantiza.
Montiel junto a una madre y su hijo en la movilización frente al Edificio Centinela.
Danann y el peso de la traición electoral
El sentimiento de desamparo que recorre las filas de la fuerza encontró su voz política en el acto frente al edificio Centinela. Fue Emmanuel Danann quien, con la contundencia que el momento exigía, puso nombre y apellido al malestar de miles de uniformados.
Como señaló Danann en su discurso, este gobiernose embanderó con la defensa de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para ganar votos, asegurando que el apoyo sería total. Sin embargo, en la práctica, la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se mantienen salarios de miseria, sino que se ha permitido el vaciamiento de la obra social (IOSFA / OSPFA), dejando a los efectivos y sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier problema de salud.
La traición es doble porque no sólo es económica, sino moral. El mileísmo, que se jacta de combatir a los “corruptos”, ha decidido amparar a las cúpulas denunciadas mientras utiliza el aparato de inteligencia para perseguir a los que, como Montiel, se atreven a señalar dónde se fuga el dinero. La reivindicación prometida resultó ser un espejismo: el apoyo del Estado hoy no es para el policía que arriesga la vida en la calle, sino para el sistema que garantiza que nada cambie.
Junto a Miguel Montiel, Emmanuel Danann en el discurso que dio el 2 de abril.
Operación de inteligencia y amenazas a la familia
La persecución contra Montiel no sólo es política, es quirúrgica y mafiosa. El ingreso a su domicilio en Burzaco el pasado 12 de febrero no tuvo las características de un robo común. El uso de drones para vigilancia previay la permanencia de los delincuentes dentro de la casa, incluso al notar que se trataba de la vivienda de un policía, delatan una operación de inteligencia. El objetivo fue claro: sustraer una notebook, fotos, dos pendrives y la documentación probatoria de la corrupción denunciada. Si fuera un “robo al voleo”, ¿a qué delincuente puede interesarle robar pendrives, fotos y documentación?
Al cabole habrían mandado a robar las pruebas, pero además le dejaron un mensaje claro: su familia está marcada. El asedio ha escalado hasta las amenazas directas contra su entorno, una táctica de terrorismo institucional para quebrar la voluntad de quien decidió no ser cómplice.
El alambre por donde ingresaron los delincuentes: cortadoUna de las puertas forzadasLa habitación revuelta, la campera de la PFA a la vista
En paralelo, el asedio continuó en el plano administrativo con una desprolijidad que roza el absurdo. La Subinspector Celia Rejas —como encargada— y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada —como testigos— se presentaron para notificar al denunciante de resoluciones que exponen el apuro de la cúpula por desplazarlo. En un acto de negligencia documental, las actas oficiales registran periodos de “disponibilidad” fechados erróneamente en 2025, un yerro técnico que demuestra cómo se están armando expedientes a contrarreloj para intentar dar un barniz de legalidad a la persecución.
En un video publicado el martes 7 de abril en su Instagram, Montiel dijo: “hoy tuve la agradable visita, e inesperada, de mis camaradas de la comisaría Belgrano Norte, para notificarme. Me hicieron firmar tres actas de notificaciones […] están analizando qué es lo que van a hacer: si me van a echar de la policíao si continúo en servicio pasivo”.
La maniobra final es la más perversa: la patologización del reclamo. Apenas Montiel expuso las cajas negras de la fuerza, el sistema respondió pasándolo a revista de forma inmediata. Ahora que el cabo sumó a su denuncia el reclamo por mejoras salariales y el estado terminal de la obra social, la institución activa el protocolo del silencio: dicen que “está loco”. La revisión de la Junta Médica para evaluar su “aptitud psicofísica” no es un examen de salud, es el mecanismo histórico para declarar “no apto” al que señala la suciedad, buscando quitarle el uniforme y la credencial para silenciar su testimonio mientras el Estado le respira en la nuca a su familia.
Como parte de este desarme simbólico, la cúpula le exigió la entrega inmediata de su uniforme y equipo. Sin embargo, Montiel se negó rotundamente a ceder sus atributos de mando, ya que aún posee estado policial. Sabe que el objetivo… de esta intimación es despojarlo de su identidad policial para que no pueda aparecer uniformado en videos o ante la prensa, intentando restarle peso a su denuncia. A pesar de que ya le han prohibido formalmente presentarse en eventos públicos y medios de comunicación, el cabo resiste: entiende que el uniforme no le pertenece a la cúpula que lo persigue, sino al juramento que ellos mismos traicionaron.
Video subido por Miguel Montiel a sus redes sociales explicando la entrega de notificaciones.
La persecución contra Montiel saltó de la calle a la pantalla de televisión. El miércoles 8 de abril, el cabo se presentó uniformado en el piso de Crónica TV, en una visita gestionada por Emmanuel Danann y Augusto Grinner, para exponer ante todo el país lo que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar. Con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, Montiel adelantó lo que era un secreto a voces: que su expulsión de la fuerza era cuestión de horas.
Su capacidad de anticipación fue milimétrica. Sólo 12 horas después de su aparición televisiva, la cúpula policial envió a su domicilio el acta de defunción de su carrera policial. Al momento de estampar la firma en el acta que pretende silenciarlo, el cabo, retirado del Ejército, dejó un mensaje de puño: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”.
El cementerio de la desidia y el grito de “los buenos”
La crisis que atraviesan las Fuerzas de Seguridad no es sólo administrativa o salarial; es una tragedia humanitaria que se mide en vidas perdidas. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal construido, en parte, sobre el hambre de quienes arriesgan la vida, la realidad en las barriadas del conurbano y el interior del país es desoladora. Los suicidios de tres efectivos policiales en los últimos días—en Temperley, Entre Ríos y Merlo— son el síntoma terminal de un sistema que asfixia al personal, les quiebra la salud mental y les quita la cobertura médica básica.
Montiel, visiblemente afectado por la pérdida de sus pares mientras él mismo resiste el asedio oficial, fue tajante al referirse al agente de la PFA que se quitó la vida: “Quería […] mandarle mis condolencias a los familiares de mi camarada fallecido en el día de ayer, que sepan que no están solos“, frase que no es sólo un pésame, sino además una denuncia contra la soledad a la que el Estado arroja a sus efectivos. El cabo, que hoy debe trabajar como mecánico para subsistir, sintetizó el sentimiento de quienes aún honran el uniforme a pesar de la cúpula:“los de azul son los buenos”.
María Belén Ferreyra Suicidada el 28 de marzoDaniela Giuliana Lezcano Balzer Suicidada el 2 de abrilJuan Antonio Laundolfi Suicidado el 6 de abril
La resistencia del cabo Montiel ha dejado al descubierto la grieta que separa el relato oficial de la cruda realidad de las comisarías: mientras en los despachos gubernamentales se celebran los números macroeconómicos, en la calle los efectivos enfrentan el desamparo de una obra social quebrada, salarios que no cubren la canasta básica y un sistema que, lejos de proteger al honesto, parece diseñado para silenciarlo bajo amenazas y amonestaciones.
El caso de Montiel no es un hecho aislado, sino el espejo de una Fuerza que exige a gritos ser dignificada antes de que el silencio y la desidia se sigan cobrando vidas.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
El Gobierno de Santa Fe detectó, a partir de un trabajo de inteligencia criminal, un presunto plan para atentar contra la vida del gobernador Maximiliano Pullaro. La hipótesis se activó luego del hallazgo de un arsenal con armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a integrantes de la banda “Los Menores”, una organización criminal que en los últimos meses fue parcialmente desarticulada en distintos procedimientos, aunque todavía conserva miembros prófugos, capacidad operativa y ramificaciones en distintos puntos del cordón rosarino.
La advertencia quedó plasmada en un informe y fue confirmada públicamente por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni. “Los atentados iban a ser por parte de algunos integrantes de esa banda contra el gobernador y sobre algunos de sus funcionarios”, sostuvo el funcionario. Aunque aclaró que se trabajó sobre una hipótesis y no sobre un hecho consumado, remarcó que el Gobierno decidió activar medidas preventivas específicas en torno al mandatario provincial y al resto de las autoridades potencialmente alcanzadas por la amenaza.
Según el reporte, fechado el 10 de marzo, el grupo criminal analizaba cometer un atentado contra la vida de Pullaro utilizando fusiles de asalto. De acuerdo con la información a la que accedieron medios locales, la motivación de la banda encabezada por Lisandro “Limón” Contreras estaría vinculada al endurecimiento de la política de seguridad impulsada por la gestión santafesina, al refuerzo de los controles penitenciarios, al deterioro de las condiciones de detención para líderes criminales y al avance en la construcción de la nueva unidad carcelaria de alto perfil conocida como “El Infierno”.
– Lisandro “Limón” Contreras
Cococcioni explicó que la amenaza venía siendo seguida desde hacía meses. “La hipótesis y la versión de que se estaba armando o, por lo menos, que había intenciones serias de realizar algún tipo de atentado a las autoridades institucionales de la provincia y centralmente en la persona del gobernador, venía manejándose desde hace algunos meses”, reconoció. En ese marco, detalló que, una vez recibido el informe, se decidió “elevar los niveles de seguridad y situaciones especiales, entre ellas intentar restringir actividades oficiales y lograr que los traslados del gobernador que se puedan hacer por aire se hagan así, y que los que se hagan por tierra tengan otras características”.
Las medidas preventivas no fueron menores. Entre las recomendaciones del Ministerio de Seguridad figuraron la reducción del nivel de exposición pública del gobernador, el refuerzo de controles en actos oficiales, la revisión integral de los esquemas de custodia y la implementación de dispositivos más estrictos de acceso para evitar filtraciones. También trascendió que el automóvil en el que se traslada Pullaro cuenta con medidas de seguridad extremas, en línea con el nuevo protocolo de resguardo dispuesto tras conocerse el contenido del parte de inteligencia.
Dentro de ese rediseño preventivo también se analizó la conveniencia de modificar rutinas, evitar trayectos previsibles y reforzar el monitoreo previo de las actividades públicas del mandatario. La lógica oficial fue clara: aun cuando la hipótesis no hubiera avanzado hacia una fase ejecutiva comprobable, el solo cruce entre indicios, fuentes coincidentes y hallazgo de armamento justificaba un endurecimiento inmediato del esquema de seguridad.
El hallazgo que dio sustento material a la hipótesis ocurrió en una casa quinta ubicada sobre María Teresa al 700, en Roldán. Allí, durante allanamientos realizados luego de meses de tareas de inteligencia, las fuerzas de seguridad encontraron armas de gran calibre ocultas bajo tierra. Según informó el jefe de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), Maximiliano Bertolotti, para dar con el armamento se utilizaron detectores de metales y retroexcavadoras, un dato que da cuenta del grado de ocultamiento y de preparación que presentaba el lugar.
Sobre la profundidad del tambor enterrado circularon dos versiones. Una indicó que estaba a cuatro metros bajo tierra, mientras que otra sostuvo que se encontraba a unos 60 centímetros y que incluso podía tratarse de más de un tambor. Más allá de esa diferencia, el punto central fue que el armamento estaba escondido en condiciones que dificultaban su detección y sugerían una logística previa orientada a conservarlo fuera del alcance de controles ordinarios.
Entre las armas secuestradas aparecieron pistolas 9 milímetros y calibre 40 de marcas como Glock, CZ y Tanfoglio, además de dos fusiles calibre 5.56 y .223 de fabricación china y norteamericana, escopetas y otras armas largas. El detalle del arsenal reforzó la sospecha de que no se estaba frente a un acopio casual ni a una tenencia aislada, sino ante una reserva de alto poder de fuego compatible con operaciones criminales de escala.
En otra requisa, realizada en un departamento del barrio 7 de Septiembre, los investigadores incautaron varios teléfonos celulares, más de 10 millones de pesos y 550 dólares. Ese procedimiento permitió sumar otros elementos de contexto sobre el movimiento económico y comunicacional de la organización, además de conectar distintos puntos de interés dentro de la misma pesquisa.
Los procedimientos se realizaron en Roldán e Ybarlucea con intervención de personal de la Ciope y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE). Como resultado de esos operativos quedaron imputados Rodrigo Gabriel Cappelletti, de 27 años, y Lautaro Noriega, de 35. El fiscal Ignacio Hueso los acusó de integrar la asociación ilícita cuyo jefe sería Contreras y de ocuparse de la custodia de las armas de fuego de la banda y de negocios inmobiliarios ilícitos. Luego, la jueza Melania Carrara dictó prisión preventiva por dos años para ambos.
Según la acusación fiscal ambos formaban parte de una estructura con funciones concretas dentro de la organización: custodiar el armamento y sostener maniobras vinculadas con operaciones inmobiliarias ilícitas. Ese encuadre judicial consolidó la idea de que el grupo mantenía una dinámica delictiva estable, con reparto de tareas y capacidad para resguardar recursos estratégicos.
La investigación que derivó en estos allanamientos se alimentó de información recibida por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal a través de tres vías distintas, según trascendió. Un alto funcionario provincial señaló al medio provincial La Capital: “Recibimos los datos y el parte de inteligencia, y trabajamos sobre eso”. Las fuentes que aportaron la ubicación del armamento, su tipo y su posible utilización en un atentado coincidieron, además, con información propia reunida por los organismos de inteligencia santafesinos.
La estructura señalada en el informe se conecta con una trama criminal más amplia. Contreras fue imputado en 2024 por la fiscal Georgina Pairola como jefe de una asociación ilícita. Había sido detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, tras aparecer mencionado en una investigación vinculada al asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central. En esa causa, la fiscal identificó como organizadores de la asociación ilícita al policía Jonatan Garraza, a Fernando “Colo” Cappelletti y al todavía prófugo Ramiro Escalante.
Ese entramado permite entender por qué el hallazgo en Roldán fue leído por las autoridades como algo más que un procedimiento exitoso contra una banda local. El nombre de Contreras ya aparecía asociado a expedientes de fuerte impacto en Rosario y su zona de influencia, con conexiones entre barras, policías, narcomenudeo, homicidios y estructuras criminales que sobreviven aun después de sucesivas detenciones.
Justamente, uno de los imputados en la causa por las armas halladas en Roldán es Rodrigo Cappelletti, hermano del “Colo” Cappelletti. Esa relación familiar fue uno de los datos que reforzaron, para los investigadores, la continuidad de vínculos entre distintos actores mencionados en expedientes previos y la persistencia de una red con capacidad para recomponerse pese al avance judicial.
Uno de los antecedentes de la pesquisa fue el homicidio de Micaela Soledad Gómez, cometido en mayo de 2023, un caso que permitió detectar conexiones entre la banda de Contreras, la organización conocida como La Mafilia —atribuida al recluso Leandro “Gordo” Vilches, condenado en 2018 como integrante de Los Monos— y la estructura de Pablo Nicolás Camino, otro interno de una cárcel federal preso por homicidios y narcotráfico.
Ese punto resulta clave para comprender la dimensión del problema. La investigación no describe, así, un grupo completamente aislado, sino una red con vasos comunicantes con otras organizaciones de peso en el mapa criminal de la provincia.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
Los efectivos del Escuadrón 25 “Jáchal” de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a cuatro ciudadanos chilenos que extraían oro de manera ilegal en la Mina El Zancarrón, ubicada a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes, dentro del territorio de la provincia de San Juan, en las inmediaciones del límite internacional con Chile.
Los detenidos habían ingresado al país a través de un paso clandestino, sin ningún tipo de habilitación migratoria ni permiso minero. Al ser descubiertos, intentaron amenazar a los gendarmes con una carabina calibre .22, pero fueron reducidos rápidamente. La causa fue tomada por la Fiscalía Federal de San Juan, que los imputó por tres delitos distintos.
La investigación se inició cuando el personal policial recibió información de inteligencia sobre la presencia de un grupo de mineros extranjeros operando en una zona inhóspita y sin autorización en la Cordillera del Zancarrón. Al verificar el dato sobre el terreno, los gendarmes constataron que los cuatro hombres de nacionalidad extranjera habían cruzado la frontera por fuera de los pasos habilitados.
En el lugar y en la camioneta que utilizaban para transportar el material, se hallaron herramientas de minería como picos, palas y barretas, además de 14 bolsas con roca extraída del interior de la mina, oro en bruto y un arma de fuego.
La Fiscalía Federal de San Juan imputó a los cuatro ciudadanos chilenos por tentativa de contrabando de exportación de oro, delito previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero (arts. 863 y 864), que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión en su forma simple y de cuatro a diez años en caso de agravantes.
Además, fueron acusados por ingreso ilegal al país, en el marco de la Ley 25.871 de Migraciones, que prevé sanciones tanto administrativas como penales, y por tenencia ilegal de arma de fuego, tipificada en el artículo 189 bis del Código Penal, con penas de seis meses a dos años de prisión, que pueden incrementarse si se configura la portación.
El contrabando aduanero se configura cuando se exporta o importa mercadería por lugares no habilitados o sin pasar por el control de la Aduana. En este caso, la extracción de oro en territorio argentino para su posterior traslado a Chile sin declaración ni permiso constituye una tentativa de contrabando de exportación. El Código Aduanero Argentino prevé que el contrabando simple se penaliza con prisión de dos a ocho años, mientras que las figuras agravadas —como la participación de tres o más personas— pueden llegar a diez años.
¿Quiénes son los “pirquineros”?
Los cuatro detenidos responden al perfil de los llamados “pirquineros”, término de origen quechua (del verbo pirca, “minar”) que designa a los mineros artesanales informales que trabajan de forma individual o en pequeños grupos, generalmente en zonas andinas. Esta práctica tiene siglos de historia en los Andes y fue clave en la economía colonial de Chile y Argentina.
En el contexto de la frontera entre San Juan y Chile, los pirquineros chilenos se aventuran en territorio argentino buscando aprovechar vetas de oro de alta concentración que se encuentran en la zona del cerro Zancarrón, y que históricamente han sido explotadas. La lógica económica es clara, ya que extraen las rocas mineralizadas en Argentina y las llevan a procesar artesanalmente a Chile, evitando tanto los controles migratorios como los aduaneros de ambos países.
Según fuentes especializadas, un grupo de pirquineros puede llevarse hasta 200 kilos de roca por viaje, de los cuales se pueden extraer alrededor de 500 gramos de oro (unas 17 onzas troy). Con el precio del oro superando los 3.000 dólares la onza en 2026, una sola operación exitosa podría valer más de 50.000 dólares.
La mina El Zancarrón no es un sitio desconocido para las autoridades. Se trata de un yacimiento con historia que ayuda a explicar por qué vuelve a ser escenario de este tipo de hechos. Hasta la década de 1980, una empresa minera operó en el lugar y construyó túneles para la extracción industrial del mineral. Tras el cierre, esas estructuras y los vestigios de la explotación quedaron abandonados, aunque accesibles.
La presencia de una veta de alta concentración de oro convierte al lugar en un punto especialmente atractivo para pirquineros con conocimiento del terreno cordillerano. Además, la zona se encuentra a unos 50 kilómetros de la mina Veladero, uno de los proyectos auríferos más importantes del país, en un área de extrema inaccesibilidad.
La inaccesibilidad del terreno —combinada con los recursos limitados de Gendarmería para patrullar toda la extensión de la Cordillera— hace que este tipo de actividad ilegal se desarrolle de forma relativamente habitual sin ser detectada.
Un problema recurrente en la misma zona
Este no es el primer caso, ni probablemente será el último. La zona del cerro Zancarrón registra antecedentes documentados de intentos de contrabando protagonizados por pirquineros chilenos. Uno de los episodios más relevantes ocurrió en 2021, cuando fuerzas fronterizas detectaron en el lugar a Alfredo Hernán Cáceres Caballero, de 57 años, y a Gustavo Javier Manterola Álvarez, de 44, junto a una tercera persona que logró darse a la fuga. En el sitio habían dejado herramientas de gran porte, entre ellas una pala cargadora, un martillo percutor, una amoladora, un generador eléctrico, barreteras y equipos de oxígeno.
La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento con prisión preventiva por tentativa de contrabando agravado y, posteriormente, el juez del Tribunal Oral Federal Hugo Echegaray los condenó a tres años de prisión efectiva, además de ordenar su expulsión del país con prohibición de reingreso por 15 años. De acuerdo con expertos consultados por medios locales, la presencia de pirquineros chilenos en territorio sanjuanino “es más frecuente de lo que se cree”, aunque rara vez son sorprendidos en plena actividad extractiva.
La provincia de San Juan no es tampoco cualquier provincia en términos mineros. Es la segunda mayor exportadora de minería de Argentina, con más del 22% de todas las exportaciones mineras nacionales (datos de los primeros 10 meses de 2023). Su producción se concentra en la minería metalífera, y el oro es el principal mineral exportado.
Grandes proyectos como Veladero (oro y plata) y el proyectado Josemaría (cobre, oro y plata, con una inversión estimada de 4.100 millones de dólares) convierten a la Cordillera sanjuanina en una de las zonas de mayor valor minero del continente. Este contexto explica por qué incluso pequeñas vetas como la del Zancarrón son suficientemente rentables para justificar el riesgo que corren los pirquineros.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
Tras casi dos años de investigación, el Ministerio Público Fiscal acusó al exgobernador y a una exministra de encabezar una estructura organizada para entregar tierras públicas a socios y familiares, con beneficios económicos adicionales obtenidos mediante decretos y convenios del Poder Ejecutivo provincial.
La producción local de pasta fluff, un insumo hoy importado y clave para la industria sanitaria, apunta a agregar valor en origen, sustituir compras externas y abrir una nueva escala exportadora para la provincia.
La gira incluyó una delegación de al menos 20 personas, alojamiento en uno de los hoteles más lujosos de Madrid y gastos de pasajes, viáticos y estadía cubiertos en su mayor parte con recursos públicos.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
