Gustavo Pulti y su figura de “hombre gris K” en la política marplatense
El ex intendente y referente de Acción Marplatense (AM) se encuentra jugando cerca del Frente de Todos (FdT).
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La política en la ciudad de Mar del Plata ha comenzado a tomar revuelo en los últimos años, más aún durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro, fiel representante del oficialismo en Juntos. Del otro costado, Todos con las concejales Marina Santoro y Virginia Sívori a la cabeza, apadrinadas por la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Fernanda Raverta, y el director de Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart.
En ese sentido, hay otros bloques más o menos grises, como son los casos de Creciendo Juntos y Acción Marplatense (AM), en donde el primero ya ha marcado su cercanía con el kirchnerismo en más de una ocasión. Con los ediles Alejandro Ángel Carrancio y Nicolás Lauría, quienes anteriormente fueron parte de la gestión, solo juegan de opositores explícitos.
El ex intendente Gustavo Pulti se mostró en las últimas elecciones con Florencio Randazzo desde la coalición Vamos con Vos
Ahora bien, el caso de AM es particular, porque no siguen una ideología y, mucho menos, se demuestran como un espacio que siga una línea de decisiones. Ya que, van hacia el mejor postor. En sintonía con sus concejales Paula Cristina Mantero y Horacio Daniel Taccone, apadrinados por el ex intendente Gustavo Pulti.
De tal manera, se deja sumamente claro que el espacio vecinalista juega un rol importante de 2 votos para poder sacar adelante proyectos desde el Poder Legislativo local, a tal punto de que el Concejo Deliberante es una exposición de la “rosca” municipal hacia el 2023.
@GustavoPulti se reunió con Parrilli y Máximo Kirchner Encabezará lista de Senadores y habrá Boleta única K en #mdp https://t.co/3xHh0hSggx pic.twitter.com/zZworZydiE
Tomando como eje ello, uno no sabe qué papel jugará entonces Pulti, ya que se entiende que en soledad no le queda mucho tiempo de vida en la política. Porque “La Grieta” entre Juntos y Todos se ha hecho cada vez mayor y no deja lugar para terceras fuerzas, amén de los libertarios.
Por lo tanto, es posible que Acción Marplatense emigre hacia nuevas fronteras, pero muchos indican que en cercanía ideológica podría aterrizar en Todos con la posibilidad de una interna. Mientras tanto, en lo que tiene que ver con la práctica política, su posicionamiento es Juntos, yendo en unidad de lista.
El ex jefe comunal Gustavo Pulti se mostró muy cercano, por mucho tiempo, a la actual vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner
Vale recalcar que en las elecciones últimas del Partido Justicialista (PJ), sus hombres de confianza fueron parte del armado opositor al kirchnerismo que comandó la directora de ANSeS. A su vez, en la visita del ex presidente Eduardo Duhalde que no tuvo presencia K en “La Feliz”, él si dijo presente.
Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que uno no puede definir de qué lado se encuentra la balanza, por los juegos (desesperados o no) por parte de Gustavo Pulti. Uno lo puede tomar como mensajes que lo dejen en solitario con una lista, o bien ser parte de una unidad plena de Juntos con Montenegro a la cabeza.
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Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
El núcleo de este escándalo no reside sólo en una disputa de cargos, sino en la institucionalización de una práctica que el liberalismo denunció como el punto más bajo del autoritarismo estatal: el armado de listas negras. Lo que comenzó como una supuesta reunión de diálogo con la base militante terminaría en un empadronamiento de “traidores” con nombre, apellido y DNI, listados que hoy serían utilizados como munición para amedrentar a quienes cuestionan la gestión de Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires.
Para entender cómo el movimiento que llegó para romper las cadenas terminó construyendo sus propios cepos digitales, es necesario desarmar el entramado de amenazas y judicialización que hoy fractura al oficialismo. Pero para comprender la magnitud de este “lawfare” interno, hay que empezar por el principio y ponerle nombre a los ejecutores de la vigilancia.
Martín Menem, Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich.
El “lawfare” interno y las amenazas de Seivane
La interna de La Libertad Avanza ha cruzado el límite de la disputa política para adentrarse en el terreno de la persecución penal. El brazo ejecutor de esta táctica es el abogado de Lilia Lemoine, quien actúa bajo su venia, Hernán Emilio Seivane, beneficiario de subsidios por parte del gobierno de Alberto Fernández, como se demuestra en esta investigación.
Además, luego de expresar textualmente “necesitamos más abogados como Hernán”, Lemoine ha admitido que su abogado también representa a la diputada María Celeste Ponce, y a los influencers Lourdes Palavecino, del canal de streaming oficialista Carajo a “Marilongui” (Mariela Marilú Medina), y del canal de streaming oficialista Ánima Digital a “Mate con mote” (Christopher Marchesini), a “En el ojo del poder” (Lucas Apollonio) y a “Herrero Liberal” (Matías Bernal).
El tuit del abogado de Lemoine confirmando las listas negras.
A través de la red social X (ex Twitter), Seivane ha lanzado advertencias explícitas sobre el inicio de denuncias penales contra aquellos integrantes del espacio que manifiesten disidencia frente a las directivas de la dirigencia nacional; aunque luego borró la publicación y se justificó diciendo que “era click bait“. Esta utilización del sistema judicial para inhibir la crítica interna ha sido diseñada para silenciar las voces que cuestionan el armado territorial en la provincia.
Seivane amenazando con incorporar a la causa a una militante disidente y admitiendo sumar críticas provenientes de conversaciones privadas.
La legisladora ex cosplayer no sólo ha respaldado estas acciones, sino que ha validado públicamente laexistencia de un sistema de vigilancia sobre la propia militancia. En diversas intervenciones, la diputada admitió poseer los listadosde quienes, según su óptica, “operan” contra la conducción de Sebastián Pareja. Lo que para la base electoral representaba una fuerza basada en el mérito ideológico y la libertad de expresión, hoy se traduce en un régimen de ultimátums donde la lealtad al armador político se impone bajo la amenaza de la justicia penal.
La diputada nacional Lilia Lemoine junto a Hernan Seivane, su abogado.
La fragilidad de los argumentos para judicializar la política quedó expuesta por el propio Hernán Seivane, quien intentó disfrazar de “asociación ilícita” lo que en realidad son un par de militantes quejándose de su representada. El abogado de la diputada justificó su amenaza de denuncia penal alegando que un grupo de militantes había “organizado un ataque en manada” contra Lemoine.Sin embargo, la captura de pantalla de WhatsApp que él mismo adjuntó como supuesta prueba incriminatoria sólo muestra a un puñado de jóvenes proponiendo redactar un tuit crítico hacia la legisladora. Seivane lo justificó diciendo que estos hechos organizados terminan en que le tiren piedras a Lemoine en su casa.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Este hecho no sólo confirma que lo más “fuerte” que tiene la cúpula para perseguir a su base es la libre expresión de ideas, sino que además constituye una prueba irrefutable de que el oficialismo accede y monitorea conversaciones privadas para alimentar sus listados de persecución. Lo que para el entorno de Lemoine es una “manada”, para cualquier sociedad democrática es el ejercicio básico de la disidencia política en un entorno privado.
Seivane, el abogado de Lemoine que elabora las listas negras.
Del NODIO kirchnerista a las listas negras del mileísmo
La mayor contradicción de este proceso de vigilancia reside en el espejo histórico que refleja. En 2020, el arco liberal y la derecha argentina reaccionaron con unánime rechazo ante la creación del NODIO, el observatorio de la desinformación impulsado por el kirchnerismo que fue denunciado como un esquema de persecución a opositores y una amenaza a la libertad de expresión. Sin embargo, lo que hoy ocurre en las entrañas de La Libertad Avanza guarda una similitud alarmante con aquel organismo de control. La recolección de datos personales de militantes bajo el pretexto de “ordenar el espacio” se ha transformado en un mecanismo de empadronamiento de la disidencia.
Sergio “Tronco” Figliuolo junto a las diputadas Karen Reichardt y Virginia Gallardo, frente a Casa Rosada.
El caso del diputado nacional de La Libertad Avanza, Sergio “Tronco” Figliuolo, resultaría paradigmático en esta metamorfosis. Quien fuera una figura de confianza para la militancia joven debido a su perfil mediático en Neura, según señala la militancia mileísta en redes sociales, ha sido el encargado de organizar una reunión con el supuesto fin de escuchar las críticassobre la gestión de Sebastián Pareja junto a Lilia Lemoine.
El abogado de Lemoine, Seivane, junto a Ramón “Nene” Vera (izq.) y Sebastián Pareja (der.).
No obstante, los testimonios y capturas de pantalla posteriores revelarían, según la base de La Libertad Avanza, que el encuentro fue una trampa logística para identificar activamente a los focos de resistencia interna. Durante la jornada, se procedió a recolectar nombres, apellidos y números de DNI de los asistentes disconformes, información que luego terminó en manos de la cúpula legislativa para su posterior uso punitivo.
La paradoja es total: las mismas banderas que se alzaron contra el control estatal de la palabra hoy se utilizan para justificar archivos de “traidores” internos.
El obsesivo pasado anti-Milei de Seivane, antes de notar la veta de derecha.
Guerra abierta en X
El conflicto alcanzó su punto de ebullición pública en las redes sociales, donde se produjo un quiebre definitivo en la vanguardia comunicacional del movimiento.El enfrentamiento entre la diputada Lilia Lemoine y Daniel Parisini(alias “Gordo Dan”) simboliza la fractura entre los arquitectos de la narrativa desde la campaña de 2023y la estructura institucional que hoy busca blindar a sus armadores. Parisini —vinculado al asesor presidencial, Santiago Caputo— hizo eco de las denuncias sobre la “limpieza” de militantes propios en la provincia, encontrando como respuesta un ultimátum defensivo de Lemoine hacia la figura de Pareja.
Parte del cruce en redes entre Lemoine y Parisini.
La situación se tornó aún más opaca para la militancia disidente tras el acto oficial en Suipacha. Allí, Karina Milei, flanqueada por Sebastián Pareja y el ex-dirigente del PRO, Diego Santilli(ex vicejefe de gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, apodado “El Siniestro” por el propio Milei), confirmó que uno de los dos sería el candidato a gobernador para el 2027. Esta revelación fue interpretada como la claudicación final ante la “casta amarilla”, desplazando cualquier posibilidad de una opción puramente libertaria en el distrito electoral más grande del país y confirmando que la estructura verticalista prefiere la alianza con el establishment tradicional antes que el sostenimiento de sus bases fundacionales.
Sebastián Pareja, Karina Milei y Diego Santilli.
El factor Pareja y el desplazamiento de la base
La raíz de esta paranoia institucional y la consecuente persecución tiene un nombre propio: Sebastián Pareja. El diputado nacional y armador territorial de la Provincia de Buenos Aires se ha convertido, recientemente, en el epicentro de una crisis de identidad que amenaza con devorar los cimientos de La Libertad Avanza.
Si bien Pareja se encarga del armado bonaerense desde 2022 —y, desde entonces, comenzó a incorporar a “ex” kirchneristas en lugares estratégicos—, las revelaciones sobre su trayectoria política han herido la sensibilidad de la militancia más doctrinaria. Esto ocurrió, en parte, al documentarse sus vínculos estrechos con las estructuras que el movimiento mileísta prometió desmantelar, incluyendo su rol como financista en la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
El registro del aporte de Sebastián Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou.
La ironía de que la mano derecha de Pareja, Ramón “Nene” Vera, cargue con denuncias por irregularidades en la gestión de suministros escolares —específicamente la distribución de alimentos en mal estado en escuelas, como ya explicamos en Data 24— ha generado una fractura simbólica imposible de ignorar.
Para sostener esta estructura cuestionada, la estrategia de Pareja ha consistido en la cooptación sistemática de dirigentes provenientes del kirchnerismo y el peronismo tradicional, bajo una supuesta premisa de “gobernabilidad”. Este proceso ha derivado en el desplazamiento de los cuadros jóvenes que, de manera orgánica y sin recursos públicos, sostuvieron la narrativa del partido en sus inicios.
La implementación de las listas negras y las amenazas judiciales aparecen, entonces, como la única herramienta capaz de contener el descontento de una base que ve cómo los espacios de gestión en ANSES, PAMI y ministerios provinciales son ocupados por los mismos actores de la “vieja política” que Milei denunció durante años.
Ramón “Nene” Vera, el candidato de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
Vigilancia orwelliana y el espejo de los regímenes autoritarios
La justificación de Seivane para esta persecución alcanza niveles propios de la ciencia ficción distópica al alegar que estos “hechos organizados” —en referencia a la coordinación de tuits— son el preludio necesario para agresiones físicas, como el lanzamiento de piedras al domicilio de la diputada. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente al “sistema penal” de la conocida novela 1984 de George Orwell donde el cuestionamiento a la infalibilidad de la cúpula ya no se debate, sino que se procesa como un “crimen de pensamiento” que debe ser neutralizado mediante el monitoreo y la amenaza judicial. Esta lógica de criminalización preventiva evoca inevitablemente a la sociedad de Minority Report, donde el sistema penal no castiga hechos consumados, sino que persigue el “pre-crimen”, sancionando a ciudadanos por acciones que todavía no han ocurrido pero que el poder imagina como inevitables.
El abogado de Lemoine justificando la persecución por temor a que las críticas escalen.
Al vincular un mensaje de WhatsApp con un potencial ataque físico, el entorno de Lemoine abandona el derecho penal liberal para abrazar un modelo de castigo basado en la suposición y el miedo, donde cualquier disidencia es etiquetada como una amenaza a la integridad física de la dirigencia con el único fin de justificar la censura previa y el disciplinamiento de la militancia.
Cuando un partido que nació bajo la premisa de la libertad individual recurre a las “listas negras” y al “doxeo” (publicación de datos personales) institucionalizado para disciplinar a sus bases, cruza un punto de no retorno; algo que se ha visto en los años ’70, cuando el diario argentino “El Caudillo” —vinculado a la Triple A— publicaba la información privada de los considerados “enemigos del gobierno”.
Pasado trosko: Seivane junto a Manuela Castañeira, política feminista y troskista.
El riesgo de que La Libertad Avanza implosione bajo el peso de sus propias contradicciones es real; si la cúpula prefiere la vigilancia interna y la cooptación de la vieja política sobre la integridad de su proyecto fundacional, el movimiento continua siendo una cáscara vacía, habitada por los mismos actores que Milei prometió desterrar.
Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
Un grupo de gremios, usuarios y familiares de víctimas de accidentes en carreteras formaron un espacio multisectorial para denunciar que “las rutas nacionales argentinas atraviesan la peor situación de su historia reciente”. La conferencia de prensa se realizó al público en Chacabuco 243, en Ciudad de Buenos Aires.
“No hay mejor manera de mostrar la ineficiencia de un organismo que desfinanciarlo”, lo resumió con una frase el dirigente sindical de Vialidad en Entre Ríos, Raúl Meza.
El espacio que se presentó dió a conocer sus objetivos concretos, como lo sería instalar el tema en la agenda pública y empujar al Estado y al Congreso a tratar la situación como una verdadera emergencia. También busca frenar el vaciamiento de distintos organismos del Estado, entre ellos Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que en los últimos meses también sufrieron recortes.
Además, la convocatoria cuestiona el modelo de concesiones por peaje como única respuesta frente a la crisis y propone medidas “en defensa de la vida”, que van desde la declaración formal de emergencia vial hasta la restitución del presupuesto y del personal.
Según los reclamos, es una decisión política deliberada de desfinanciar y desmantelar el organismo que cuida los caminos del país durante la gestión del presidente Javier Milei, provocando un escenario donde “aumentan los accidentes y las muertes en las rutas”, en un contexto en el que la Red Vial Nacional de por sí “atraviesa una emergencia sin precedentes”.
La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones, entre ellas la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que representa a los trabajadores encargados de construir y mantener las rutas; el Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), que defiende los derechos de quienes transitan por ellas; el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA); la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Jerárquico de la DNV, integrada por ingenieros y técnicos de Vialidad; autoconvocados de la Ruta Nacional 3, vecinos y usuarios que advierten el deterioro de esa traza; familiares de víctimas de accidentes viales y organizaciones como Estrellas Amarillas; además de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y el diputado nacional por la provincia de Mendoza, igualmente representante a la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro.
El dato más impactante que presentan los gremios es que casi el 75% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.
Para comprender el alcance de este dato, hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional utiliza un Índice de Estado que va de 0 a 10.Los valores del 0 al 5 indican un mal estado de la calzada, entre 5 y 7 se considera un estado regular, y de 7 a 10, un buen estado.
“Antes había crédito externo, pero este gobierno decidió cerrarlos para convertirlos en créditos de libre disponibilidad”, destacó el referente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, ejemplificando con casos como la paralización de obras significativas a nivel nacional como la construcción del segundo puente que conecte la provincia de Chaco con Corrientes.
Un estudio independiente del Instituto Argentina Grande confirma la tendencia, ya que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54.9% en 2022 al 47.5% en 2024, mientras que las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Y eso fue antes de que el deterioro se acelerase aún más en 2025 y 2026.
Hay provincias especialmente golpeadas. En la provincia de Buenos Aires, solo el 36.8% de las rutas nacionales está en buen estado, el 51.7% está directamente en mal estado. En Chaco, Tucumán y Buenos Aires, más de la mitad de las rutas supera el umbral del mal estado.
Para el caso del NEA —la región de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa— el informe de FEPEVINA destaca situaciones críticas, como la Ruta Nacional 121 (que conecta Santo Tomé con Brasil), que presenta “falla estructural completa”, con baches profundos, ahuellamiento severo y pérdida de capacidad portante.
La explicación de fondo es el ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, el presupuesto real de Vialidad Nacional en 2026 es más de 80% inferior al de 2022, mientras que el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% en comparación con 2023. A eso se suma una fuerte reducción de la planta de personal. En diciembre de 2023 el organismo contaba con 5.540 trabajadores, pero entre despidos y retiros voluntarios impulsados desde 2024 la dotación de empleados se redujo de manera drástica, con anuncios de recortes que llegaron a alcanzar a 1.600 agentes.
El deterioro también se refleja en la paralización de las obras en ejecución, sin importar su grado de avance, y en el abandono de tareas básicas de mantenimiento como el bacheo, la señalización, el desmalezado de banquinas y la campaña invernal de conservación. En lugar de resolver los problemas de fondo, sostienen desde el área, solo se realizan bacheos precarios que administran el riesgo de manera temporal. A esto se suma la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse a las rutas.
Conforme a los reclamos gremiales, Vialidad ejecutó apenas la mitad de esos recursos durante 2024 y 2025, motivo por el cual FEPEVINA llegó incluso a presentar una denuncia penal. El proceso, además, provocó la pérdida de personal técnico clave, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, con el consecuente vaciamiento de capacidades técnicas del organismo.
El deterioro físico de las rutas tiene un impacto directo en vidas humanas. En base a FEPEVINA, el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes. La asociación civil Luchemos por la Vida registró 6.248 muertes en calles y rutas durante 2025.
El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) reportó que en 2025 la mortalidad vial subió un 22% respecto a 2024, y que cada muerte por siniestro representó un costo social promedio de USD$38.650. Significativamente, el 25% de las muertes viales del país ocurrieron en la región del NEA (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).
Trabajan con chalecos antibalas vencidos hace más de diez años, en garitas con olores cloacales y roedores, y cumplen recargos de 12 horas sin cobrar. Presentaron una denuncia ante el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.
Tenía 15 años cuando asesinó a Bruno Bussanich en una estación de servicio y la Justicia lo declaró inimputable. Ahora, con 17, lo capturaron junto a otros dos jóvenes en un operativo nocturno en el norte rosarino, esta vez por portación de un arma de guerra.
Detrás de los ataques opera una filial del Estado Islámico que ya acumuló 1.749 víctimas en 2025 y busca erradicar la presencia cristiana en la región. Amnistía Internacional denunció crímenes de guerra y de lesa humanidad, y responsabilizó al “desinterés de la política internacional” por la escalada.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
