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En el marco de otra semana de “planchada” en la arena política local, el intendente platense Julio Garro continuó con su agenda de gestión. Motorizando reuniones con distintos sectores de la vida social platense, al tiempo que avanza con su “operativo reelección” con vistas a quedarse un nuevo período al frente del Palacio Municipal.
En ese aspecto, una de las flamantes agrupaciones puntales del proyecto del alcalde de Propuesta Republicana (PRO) es “La Garra”, creada por la diputada bonaerense y ex funcionaria del Ejecutivo Julieta Quintero Chasman, que viene realizando un trabajo territorial importante con vistas a lo que vendrá.
Publicación oficial de la agrupación “La Garra” en Instagram
En ese marco, tuvo buen eco en el sector gastronómico la decisión comunal de prorrogar hasta marzo del 2023 los permisos para que los comercios del rubro puedan instalar decks en la vía pública, un tema que había generado polémicas.
La solución estiró los tiempos de remoción de esas estructuras hasta el 26 de marzo. Los permisos fueron otorgados de forma excepcional durante la pandemia para permitir que los comerciantes pudieran continuar trabajando al aire libre y manteniendo el distanciamiento social.
Los decks terminaron siendo una innovación para los sectores gastronómicos de La Plata
El Concejo en piloto automático
En el plano legislativo, el cuerpo deliberante transita días de poca actividad, un síntoma de la periodicidad quincenal que hace varios meses dejó atrás del tradicional formato de sesionar todos los miércoles, una medida que fue cuestionada por la oposición peronista.
En el bloque oficialista de Juntos por el Cambio (que conduce el radical Diego Rovella) lo único importante en la agenda de acá a fin de año es el tratamiento del Presupuesto 2023. El variopinto bloque del FdT, que comanda Yanina Lamberti, no tiene más que la idea de “cada uno a juego particular”.
El intendente platense Julio Garro se encuentra con el camino libre a una reelección
Esa postura se ve reflejada mayormente en espacios que no responden al núcleo duro del cristinismo, como los que representan, por citar dos casos, el ex juez Luis Arias (que viene criticando al Ejecutivo por “no recaudar el impuesto a la plusvalía en desarrollos urbanísticos”), o el bruerismo residual, representado por el ex diputado bonaerense y concejal Guillermo Escudero, último precandidato a intendente del espacio.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio inicio al Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, un proyecto destinado a intervenir el 100% de las rutas provinciales en un plazo de 24 meses. El acto de apertura tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 20, en el departamento Gualeguaychú, donde comenzaron las primeras tareas de bacheo.
“Esto marca el fin de años de abandono. Hemos trabajado intensamente para llegar a este día y aunque contamos con recursos limitados, empezamos a ejecutar las obras que siempre debieron realizarse”, expresó Frigerio, quien firmó el acta de inicio de las obras correspondientes al Grupo 1 del plan.
La primera etapa incluye la reparación de rutas clave en ocho departamentos: Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. Entre las rutas a intervenir se encuentran la N° 11, N° 16, N° 20, N° 26, N° 45 y N° 51, totalizando 469 kilómetros de obras.
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. El Grupo 2 abarcará rutas de Concordia, Colón, San Salvador y otras localidades, mientras que el Grupo 3 y 4 cubrirán accesos y caminos regionales en diferentes zonas de la provincia. “Mañana firmaré en Concordia los convenios para el tramo dos y en un mes más haremos lo propio con el tramo tres”, adelantó Frigerio.
El gobernador enfatizó que esta iniciativa fue posible gracias a una política de austeridad y recorte de privilegios. “Nunca en la historia de la provincia un gobierno tuvo tan pocos recursos como este año. Sin embargo, hemos trabajado con transparencia y eficiencia, logrando destinar fondos a la obra pública que antes se perdían en los bolsillos de los vivos”, señaló, aludiendo a las irregularidades de gestiones previas.
Frigerio subrayó la importancia de las rutas para el desarrollo económico de Entre Ríos. “Estos caminos son fundamentales para nuestra producción y la seguridad vial. El estado calamitoso de las rutas ha sido una preocupación constante de los entrerrianos, y estamos aquí para cambiar eso”, afirmó.
El mandatario también destacó los esfuerzos realizados para reactivar obras paralizadas y saldar deudas de la provincia. “Encontramos un panorama desolador. Negociamos 30 mil millones de pesos en deudas y desneutralizamos la mayoría de las obras. Ahora estamos en condiciones de avanzar”, explicó.
Si bien Frigerio evitó entrar en detalles sobre otros desafíos como infraestructura educativa y sanitaria, cerró con una promesa: “El próximo año, el 100% de las rutas provinciales estarán intervenidas. Vamos a demostrar que la obra pública es un motor clave para el bienestar de los vecinos”.
El gobernador destina casi $50 millones por año a Radio Madres AM 530, mientras áreas críticas como salud, educación y seguridad enfrentan serios recortes. De fondo, el negocio de los intermediadores de la pauta.
En un contexto económico crítico para la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof sigue destinando sumas multimillonarias a pauta publicitaria. En ese marco, se destaca el caso de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Según datos oficiales a los que tuvo acceso el portal REALPOLITIK, la organización percibe un monto mensual de al menos 4.065.600 pesos por publicidad en Radio Madre AM 530, lo que, en términos anuales, se traduce en la impactante cifra de 48.787.200 pesos para una emisora con escasos oyentes.
Esta absurda cifra, que la emisora percibe a través de la cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura por Venir Ltda., corresponde solo a la asignada desde el ejecutivo bonaerense, por lo que no contempla los montos que podría percibir desde otros organismos del gobierno de Axel Kicillof.
Este gasto, que proviene plenamente de las arcas públicas bonaerenses, que se nutre de los impuestos de quienes habitan en territorio provincial, plantea serios interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos en una provincia que enfrenta problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, el déficit en salud y educación, y la inseguridad creciente.
Si bien el apoyo a organismos de derechos humanos es históricamente una política central del oficialismo, el desmesurado monto destinado exclusivamente a la pauta publicitaria en Radio Madre parece carecer de justificación en un escenario de ajuste para otras áreas clave y su nivel de oyentes. Además, este gasto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política comunicacional que favorece a medios y figuras alineadas con el relato K.
Mientras tanto, áreas sensibles de la gestión provincial sufren recortes y ajustes, con eje en los trabajadores de la administración pública. Desde los hospitales sin insumos hasta escuelas con serios problemas de infraestructura, la dirigencia kirchnerista observa con silencio cómplice cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar su calidad de vida terminan en manos de organizaciones y medios vinculados al oficialismo.
El sospechoso rol de las organizaciones intermediarias
Del gasto que la gestión bonaerense realiza en pauta publicitaria, este medio advirtió el día de ayer sobre el rol de organizaciones intermedias con nexos al kirchnerismo. Empresas como Sentidos SA, dirigida por Andrés Bidart y vinculada en los pasillos de la gobernación al kirchnerismo duro, actúan como intermediarias, manejando recursos multimillonarios sin ser medios de comunicación.
En la práctica, estas compañías funcionan como un “pasamanos”, cobrando comisiones mientras distribuyen fondos hacia medios nacionales afines ideológicamente, tales como Página/12, Canal Siete y Crónica, o hacia canales internacionales alejados de los intereses bonaerenses, como A&E, Europa Europa, El Gourmet, Film&Arts, Lifetime, Sony Entertainment Television, Bravo TV, The History Channel o The History Channel 2.
En contraste, hospitales, escuelas y la seguridad provincial enfrentan una crisis estructural, relegados en las prioridades presupuestarias del gobierno. El modelo pone en evidencia el uso de recursos públicos con fines políticos, dejando a los bonaerenses a la deriva mientras se asegura la narrativa favorable al oficialismo.
La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.
La reforma, que fue presentada por el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), establece que cualquier progenitor que adeude dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario será automáticamente restringido de ingresar a los partidos. Esta medida se implementará sin necesidad de la intervención de un juez, simplemente con la verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, se destacó la dimensión de género de la problemática, dado que el 98% de los afectados por la falta de pago son mujeres, y dentro de este grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Parry subrayó que el proyecto también introduce medidas que buscan optimizar el cobro de las deudas alimentarias y proteger los derechos de niños y niñas, quienes son los principales perjudicados por la morosidad.
La iniciativa contempla que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solo verán restringido su acceso a los estadios de fútbol, sino que también se les podrán aplicar otras sanciones, como la responsabilidad solidaria de los empleadores que intenten ocultar dichas deudas.
En cuanto a la implementación de la medida, Del Gaiso explicó que utilizará las mismas herramientas tecnológicas que ya se emplean para controlar el ingreso de barrabravas a los estadios. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad”, sostuvo el legislador. Además, destacó que esta medida representa un “hecho de justicia”, ya que considera que es injusto que un progenitor que no cumple con sus responsabilidades alimentarias tenga la posibilidad de gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol, pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible”, afirmó.
El proyecto de ley también establece que, al momento de ingresar a los estadios, los asistentes deberán presentar su DNI, y si se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta que impedirá su acceso. Esta medida no solo afecta a los padres morosos, sino que también tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre las responsabilidades familiares.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable, se someterá a votación en la próxima sesión de la Legislatura porteña, prevista para el 12 de diciembre. La propuesta ha generado una amplia discusión, pero Del Gaiso se mostró optimista respecto al apoyo que recibirá de diversas fuerzas políticas. Aunque mencionó que podría haber algunas sorpresas, como ya ocurrió en votaciones anteriores, el legislador espera que la medida sea respaldada por la mayoría de los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza (LLA).
Con esta reforma, el legislador porteño también destacó la importancia de priorizar las necesidades básicas de los hijos sobre los gastos personales de los deudores alimentarios, alineándose con una postura que busca la justicia social y una distribución más equitativa de los recursos en la sociedad.
Durante un acto oficial en Casares, provincia de Buenos Aires, donde se entregaron viviendas y se inauguró la Casa de la Provincia junto a otras obras, Lucas Terra, un joven con discapacidad, fue agredido por miembros de la custodia del gobernador Axel Kicillof. El incidente ocurrió tras un grito de Terra dirigido al mandatario:“Dejá de mentir, dejá de robar”. La acción derivó en que dos efectivos policiales de civil lo tomaran del cuello y le propinaran un golpe de puño mientras lo retiraban del lugar.
– El intendente de Casares, Daniel Stadnik junto al gobernador Kicillof en el acto donde el joven fue agredido
Lucas Terra, quien desde hace años solicita una vivienda adaptada a su situación de discapacidad, narró su experiencia: “Yo estoy hace años anotado para una vivienda. Lo único que le dije (a Kicillof) es: ‘Dejá de mentir, dejá de robar’. Fue ahí que me agarró un gordo del cogote, me pegó una piña. Tengo certificado de discapacidad. Me pegaron, no me dio tiempo a atinar a nada…”, explicó al medio Casares On Line. Terra también agregó que su intención inicial era hablar con el gobernador, saludarlo y tomarse una foto.
Tras el ataque, Terra realizó una denuncia formal contra los guardaespaldas de Kicillof y destacó la intervención de los funcionarios municipales Juan Goreta y Claudio Coronel. “Si no fuera por ellos, no sé qué me podía pasar”, dijo.
El intendente de Casares, Daniel Stadnik, inicialmente declaró desconocer los hechos, pero posteriormente confirmó haber hablado con Goreta y Coronel. Según estos últimos, la custodia del gobernador actuó desconociendo que se trataba de una persona con discapacidad. “Ante esa situación, intercedieron para explicarle [a la custodia] que era un chico especial. Si no fuera por ellos, se lo habrían llevado detenido”, relató Stadnik.
El jefe comunal también lamentó el episodio y expresó su compromiso de seguir ayudando a Terra dentro de las posibilidades del municipio. “Nosotros siempre estamos ayudándolo de una u otra manera porque sabemos de su situación, pero le habíamos dicho que no teníamos casa para entregarle. Tendremos que ver de qué manera podemos ayudarlo”, concluyó Stadnik.
A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.
– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni
El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.
– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo
Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.
– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa
Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.
– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones
Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.
– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales
Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.
– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco
El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.
– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones
La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.
– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio
El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.
*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias
En el primer aniversario del gobierno de La Libertad Avanza, la vicepresidente Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un video que resume su gestión en el Senado. Con apenas una breve mención al presidente Javier Milei, la publicación evidencia la tensa relación entre ambos. “Un año muy intenso de trabajo, construyendo consensos en el Senado, recorriendo las provincias, afianzando el federalismo y trabajando por una Argentina mejor. ¡Todo por Argentina!”, escribió Villarruel junto al audiovisual que destaca momentos clave de su labor.
El video, de poco más de dos minutos, incluye un repaso de actividades como el retiro del busto de Néstor Kirchner del Salón de las Provincias, una decisión que justificó afirmando: “Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios”. También recordó su papel crucial en la aprobación de la Ley Bases, cuando tuvo que desempatar en el Senado, declarando: “Mi voto es positivo, pensando en los argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos”.
La relación entre Villarruel y Milei, que mostró daños desde el inicio de la gestión, se tensó aún más con decisiones como la designación de Patricia Bullrich en el Ministerio de Justicia y Luis Petri en Defensa, áreas que Villarruel consideraba propias. A lo largo del año, también protagonizó episodios polémicos como un conflicto diplomático con Francia, su ausencia en la firma del Pacto de Mayo, y una visita a España en la que se fotografió junto a Isabel Perón, lo que generó malestar en el Ejecutivo.
En una entrevista reciente, Milei fue contundente al referirse a la vicepresidente. Señaló que Villarruel “no tiene injerencia en la toma de decisiones” y que su diálogo con ella es “meramente institucional”. Además, la vinculó al “círculo rojo” y la inclusión en lo que denomina “la casta”. Villarruel, por su parte, continúa marcando un camino independiente dentro del Gobierno, con protagonismo propio y lejos del liderazgo de su compañero de fórmula.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
