Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”
Prevista entre el 7 y el 10 de septiembre, la visita quedó en suspenso por la guerra en Gaza. En paralelo, un exjuez federal pidió la detención de Netanyahu por una orden de la CPI.
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El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.
En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.
La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.
Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.
La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.
En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.
La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.
El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.
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La morosidad de las familias en la provincia de Buenos Aires, bajo la administración del gobernador Axel Kicillof, llegó al 11.2% en febrero de 2026, partiendo de apenas 2.9% un año antes. Eso significa que en doce meses el porcentaje de personas que no puede pagar sus deudas se multiplicó casi por cuatro.
Si se suman las deudas con entidades no bancarias (fintech, tarjetas de supermercados, prestamistas digitales), el indicador ya supera el 14%. Para dimensionarlo, un nivel así no se veía desde al menos 2004, y hay que remontarse al colapso de la convertibilidad en los años 90 para encontrar algo comparable.
A nivel nacional, la mora general del sector privado alcanzó el 6.7% en febrero de 2026, y los préstamos personales llegaron al 13.2% de irregularidad. El Conurbano Bonaerense es la zona más golpeada, allí la mora de personas físicas trepó al 18.4% en diciembre de 2025, cuadruplicándose en un año.
El problema tiene varias raíces que se potencian entre sí, la primera sería que las negociaciones salariales no lograron compensar la inflación acumulada desde finales de 2023. Al mismo tiempo, el gobierno del presidente Javier Milei eliminó o redujo subsidios a servicios públicos (luz, gas, agua), lo que encareció fuertemente las tarifas del hogar. La combinación de sueldos rezagados y facturas más caras dejó a muchas familias sin margen para pagar las cuotas de sus créditos.
Entre 2024 y 2025, el stock de préstamos creció un 54% en términos reales. Los bancos relanzaron el crédito al consumo con fuerza, pero —según el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili— en esa primera oleada “se prestó a ciegas, sin saber bien a quién”. Millones de personas accedieron al crédito formal por primera vez o tras años de exclusión, pero muchas sin capacidad real de repago.
Con una inflación que bajó más rápido de lo esperado, las cuotas de préstamos tomados a tasas del 70–80% anual no se “licuaron” con la inflación como los deudores esperaban. En cambio, se volvieron más pesadas en términos reales. A comienzos de 2026, las tasas para préstamos personales seguían en torno al 68% anual, lo que hace muy difícil refinanciar o pagar deudas viejas.
Aunque la economía creció un 11.9% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el empleo formal privado cayó un 2.9%, equivalente a unas 170.000 personas que perdieron su trabajo registrado. Sectores intensivos en mano de obra como textil, construcción y comercio minorista fueron los más afectados.
El fenómeno del “endeudamiento para comer”
Uno de los aspectos más reveladores de la crisis es para qué se usa el crédito. El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), Juan Cuattromo, explicó que “la gente toma financiamiento para gastos del día a día”. Lo confirman los datos, como que el 44.6% de las compras en supermercados se realizan con tarjeta de crédito, cuando en 2023 ese porcentaje era del 35.4%. El uso de tarjeta de crédito en farmacias también creció, mientras que el pago con débito (dinero disponible en cuenta) cayó fuertemente.
— El presidente del BAPRO, Juan Cuattromo
Un informe del Centro de Estudios de la UBA señaló que el consumo masivo “está siendo sostenido parcialmente por mecanismos de endeudamiento, en un contexto de debilitamiento del poder adquisitivo”. En otras palabras, las familias no se endeudan para comprar un electrodoméstico o hacer un viaje, sino para comprar fideos, remedios y artículos de limpieza. Eso vuelve el endeudamiento mucho más frágil, siendo que no hay un activo que respalde la deuda, y la capacidad de pago depende exclusivamente del salario mensual.
La morosidad no afecta a todos por igual y, según el Banco Provincia, el problema golpea con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos. En los créditos inferiores a un millón de pesos, uno de cada cinco presenta atrasos, mientras que en los préstamos superiores a los 10 millones esa proporción desciende a uno de cada diez. Cuattromo señaló además que los trabajadores que perciben hasta cuatro salarios mínimos son quienes registran mayores niveles de irregularidad.
— Análisis de la consultora CML&A, del economista Pablo Curat, en base a datos del BCRA
Entre los jóvenes de 18 a 21 años, la morosidad alcanzó el 40%, cuando un año antes se ubicaba en 26.5%. En tanto, el Conurbano bonaerense exhibe una tasa de mora familiar un 48% más alta que la de la Ciudad de Buenos Aires y un 58% superior a la del interior provincial. En total, cerca de 1.4 millones de bonaerenses se encuentran en una situación de riesgo crediticio medio o alto.
El riesgo del “efecto trampa” sobre el consumo y la recuperación
El estudio del BAPRO advierte sobre un círculo vicioso que frena la recuperación económica, donde los núcleos parentales endeudados tienen menos dinero disponible para consumir, lo que deprime las ventas, lo que a su vez afecta el empleo y los ingresos. El consumo masivo registró una caída interanual del 3.4% en febrero de 2026, acumulando diez meses consecutivos de retroceso.
El punto más alarmante, es que incluso una eventual mejora salarial podría no traducirse inmediatamente en más consumo. Quienes estén al día con sus deudas o lleguen a tener algo más de margen probablemente destinen ese dinero primero a pagar los atrasos acumulados, antes que a gastar en bienes y servicios. Esto implica que la reactivación de la demanda interna podría demorar mucho más de lo que indican los números macro.
A eso se suma que el crédito nuevo se frenó desde mediados de 2025, los préstamos dejaron de crecer y en marzo de 2026 cayeron un 2.5% mensual, lo que hace más difícil refinanciar deudas existentes.
En esta situación las señales son mixtas. Bausili, declaró en mayo de 2026 que “el sistema se está saneando” y que “lo peor ya pasó”, destacando que los datos de marzo y abril muestran cierta desaceleración en el deterioro. La calificadora Moody’s proyecta una mejora gradual para 2026, especialmente en los segmentos con mejores garantías (como préstamos con descuento de haberes), no obstante, advierte que los deudores de bajos ingresos seguirán vulnerables a cualquier shock en el empleo o el salario.
La Save Europe Act (“Ley para Salvar a Europa”) es una idea de ley política lanzada a fines de mayo de 2026 que busca recolectar firmas de ciudadanos europeos para obligar a la Comisión Europea a debatir y legislar sobre inmigración. Según los organizadores, se superó las 200.000 firmas en su primera semana, y en los días siguientes siguió creciendo hasta las 320.000 reportadas.
“Juntos vamos a salvar Europa, vamos a asegurar estas fronteras y los vamos a enviar de vuelta. Ese es el plan, nuestras demandas son simples y no podíamos hacerlo sin ustedes. Buen trabajo, y vamos a mantener ese número creciendo”, afirma la comentarista conservadora Eva Vlaardingerbroek, celebrando el numero de 250 mil firmas obtenidas.
Aquí está la clave para entender qué peso real tiene esta campaña. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento de democracia participativa de la Unión Europea (UE) que permite a los ciudadanos proponer legislación. El objetivo declarado es llegar al total de respaldo para activar un mecanismo legal de la UE llamado ICE.
Para que adquiera validez jurídica, la iniciativa debe reunir al menos un millón de firmas verificadas de ciudadanos de la UE, distribuidas en no menos de siete Estados miembros y recolectadas dentro de un plazo de doce meses a partir de su registro oficial.
Si se alcanzan estas condiciones, la Comisión Europea está obligada a reunirse con los promotores de la medida y emitir una respuesta formal, aunque no está obligada a adoptar la legislación propuesta. Es decir, el millón de firmas no crea ninguna ley automáticamente, solo fuerza un debate institucional y una respuesta pública de Bruselas.
La iniciativa fue presentada originalmente a fines de mayo de 2026 durante el Remigration Summit realizado en la ciudad de Porto, Portugal, y es impulsada por una coalición de referentes de la derecha radical europea. Su principal rostro público es Eva Vlaardingerbroek, abogada graduada en la Universidad de Utrecht, que cuenta con una amplia influencia en las redes sociales.
Entre los principales ideólogos también se encuentra Martin Michael Sellner, activista austríaco y cofundador del Movimiento Identitario de Austria en 2012. Considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento identitario europeo, en 2024 generó una fuerte controversia al presentar a dirigentes de la Alternative für Deutschland (AfD) alemana un proyecto de “remigración” masiva hacia un supuesto “Estado modelo” en el norte de África.
— Martin Sellner, también conocido como el “hipster” de la extrema derecha en Europa
La propuesta recibió además el respaldo de Viktor Orbán, quien apoyó públicamente la campaña después de que esta superara las 150.000 firmas. Otro de los primeros respaldos políticos llegó desde el Reino Unido, donde el diputado Rupert Lowe, líder del partido Restore Britain, fue el primer legislador en adherir públicamente a la iniciativa.
El proyecto también cosechó apoyos de otros dirigentes de la AfD, entre ellos Alice Weidel, Tino Chrupalla y Björn Höcke, así como de referentes de la derecha nacionalista en Francia, Italia y España, entre ellos Jordan Bardella, Matteo Salvini y dirigentes de Vox.
— Viktor Orbán es un jurista y político húngaro. Ejerció como primer ministro de Hungría desde 1998 a 2002 y de 2010 a 2026
Esta iniciativa no surge de la nada. La UE lleva años endureciendo su política migratoria desde el centro político. En diciembre de 2025, los países miembros aprobaron la creación de “centros de retorno” fuera del bloque para solicitantes de asilo rechazados, y en marzo de 2026 el Parlamento Europeo ratificó el nuevo reglamento de retornos con apoyo de los bloques conservador y ultraderechista.
¿Qué pide concretamente?
El texto de la Save Europe Act se estructura en torno a cuatro ejes principales. El documento propone una moratoria migratoria que suspendería nuevas vías de inmigración extraeuropea, incluidas las vinculadas a la reunificación familiar, los estudios y determinadas solicitudes de asilo. A su vez plantea incorporar al derecho de la UE una protección explícita de la denominada “identidad etnocultural” de los pueblos europeos.
Otro de sus puntos centrales es la “remigración”, concepto bajo el cual se busca crear un marco europeo para facilitar el retorno, tanto incentivado como involuntario, de inmigrantes en situación irregular, solicitantes de asilo rechazados y personas que sus impulsores consideran una carga cultural o económica. A ello se suma una propuesta de soberanía fronteriza orientada a devolver a los Estados nacionales el control pleno de sus fronteras, en reemplazo del actual sistema de gestión compartida dentro de la UE.
— Una manifestación de 500 personas a favor de la remigración organizada por Martin Sellner en Viena en julio de 2023
El concepto central que moviliza a los firmantes es la llamada “Teoría del Gran Reemplazo”, acuñada por el escritor francés Renaud Camus en 2011. Esta teoría sostiene que la población blanca nativa de Europa estaría siendo reemplazada de manera deliberada por inmigrantes procedentes principalmente de África y de países de mayoría musulmana. De acuerdo sus defensores, detrás de este proceso existiría una supuesta “élite globalista judeomasónica” que impulsaría los flujos migratorios con el objetivo de transformar la composición demográfica del continente y conformar una población más fácil de controlar.
Los demógrafos y politólogos refutan este postulado como pseudociencia. El demógrafo francés Hervé Le Bras demostró que incluso en los escenarios con mayor migración, la población inmigrante y sus hijos nunca superaría el 50% de ningún país europeo. El politólogo neerlandés Cas Mudde la califica de “racista”, basada en la premisa falsa de que la “población no blanca es inferior”. La hipótesis, además, ha servido de inspiración directa para ataques terroristas, como el de Christchurch (2019, 51 muertos) y el de Buffalo (2022, 10 muertos), cuyos perpetradores publicaron manifiestos explícitamente fundamentados en ella.
Lo que los analistas independientes señalan es que la teoría toma datos demográficos reales (bajas tasas de natalidad en Europa, presión migratoria) y los descontextualiza, añadiéndoles una narrativa conspirativa sobre intencionalidad y coordinación que no tiene respaldo empírico.
Diversos académicos han señalado una serie de contradicciones y obstáculos jurídicos que podrían dificultar el avance de la Save Europe Act. Uno de los principales cuestionamientos radica en que invoca como fundamento legal la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque varias de sus propuestas, especialmente las vinculadas a la denominada “remigración” basada en criterios étnicos o culturales, entrarían en conflicto con el principio de no discriminación consagrado tanto en esa Carta como en la Convención Europea de Derechos Humanos.
A ello se suma que, al momento de su lanzamiento, la campaña todavía no había completado el registro oficial como ICE ante la Comisión Europea. En consecuencia, las adhesiones recolectadas a través de la página web de los organizadores carecen de validez legal hasta que se habilite formalmente el procedimiento correspondiente.
Además, la Comisión Europea conserva la facultad de rechazar la propuesta antes de que avance en su tramitación si considera que el contenido de la iniciativa no se encuentra dentro de las competencias sobre las que el organismo tiene capacidad para legislar o actuar.
La intendencia de Morón (Conurbano bonaerense, Provincia de Buenos Aires) atraviesa uno de sus momentos de mayor crisis institucional: acumulando en pocas semanas se acumularon un escándalo de narcotráfico, un pedido formal de interpelación al intendente peronista, Lucas Ghi y sanciones del Tribunal de Cuentas por irregularidades contables millonarias.
Luna Suyai Ortigoza, de 27 años, se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio de Morón. Había ingresado a la gestión local en febrero de 2020 y fue formalmente designada en ese cargo directivo en junio de 2025, mediante un decreto firmado por el propio Ghi. Cumplía una carga horaria de 48 horas semanales y dependía de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad.
La causa se inició en marzo de 2026 a partir de una denuncia anónima por narcomenudeo. La Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, ordenó tareas de campo a la Policía Federal. El resultado fue un operativo de ocho allanamientos simultáneos en “inmuebles utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo, en los partidos de Morón y Merlo”.
— Luna Suyai Ortigoza, la exfuncionaria de Morón que está prófuga en una investigación por narcotráfico
En la vivienda de Ortigoza, ubicada en la calle Isabel Pardo al 2500 de Castelar, los investigadores secuestraron un ladrillo de cocaína de 480 gramos, una bolsa con otros 70 gramos de la misma sustancia, tres envoltorios adicionales con 15 gramos, una balanza digital y dinero en efectivo.
“Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo”, sostuvo Ghi desvinculándose de Ortigoza “de inmediato” apenas se conoció el resultado del allanamiento y dijo sentirse “profundamente decepcionado”, añadiendo también que la funcionaria estaba “formada y capacitada” para el área de Género y que su cargo “no fue fruto de militancia política”.
Cuando los efectivos fueron a detener a Ortigoza, ya no estaba en el domicilio. La jueza de Garantías Laura Mariel Pinto la imputó por tenencia ilegítima de drogas con fines de comercialización en dosis fraccionadas y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Trascendió que estaría refugiada en la casa de su madre, y sus allegados sostuvieron que planea entregarse “cuando la situación se aclare”, argumentando que las drogas fueron dejadas en su casa por su pareja sin su consentimiento.
En el total de los ocho allanamientos, se incautaron 1,717 kg de cocaína, 241 gramos de marihuana, un revólver calibre .32, municiones, y registros de presuntas operaciones de compra y venta.A su vez fue detenido Norberto Hernán Aliano (42 años) por comercio de estupefacientes, mientras que se ordenó la captura de Ángel Daniel Paz (34 años), identificado como pareja de Ortigoza.
Este escándalo no llegó solo. En febrero de 2026, otra empleada municipal, Karen Yael Cufré, fue detenida como parte de la banda que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez (21 años), quien se suicidó en diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos. Cufré trabajaba en la Central de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad de Morón. La Justicia la identificó como la recaudadora de la banda, que operaba desde penales bonaerenses y utilizaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para extorsionar a las víctimas. El municipio también la cesanteó “de inmediato” al enterarse.
La acumulación de estos dos casos policiales en pocos meses, ambos involucrando a empleadas con funciones sensibles del municipio, es la base sobre la que la oposición fundamenta el pedido de interpelación
El pedido de interpelación
Antes de entrar al fondo de la cuestión, conviene aclarar el mecanismo. Una interpelación es una herramienta del Concejo Deliberante (el “parlamento” municipal) mediante la cual los concejales citan obligatoriamente a un funcionario —en este caso el intendente— para que concurra al recinto y responda preguntas sobre su gestión. No es una sanción en sí misma, pero tiene un enorme peso político porque obliga a dar explicaciones en público y bajo presión parlamentaria.
Ghi pertenece al espacio kirchnerista y el municipio de Morón fue históricamente un bastión de ese espacio político. Luego del escándalo narco, un grupo de concejales de la oposición —La Libertad Avanza, PRO y monobloques— presentó formalmente en el Concejo Deliberante un proyecto para interpelar a Ghi.
— El intendente de Morón, Lucas Ghi junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
Los opositores buscan que el jefe comunal concurra al recinto y explique los argumentos de selección de su personal administrativo, los controles internos y cómo dos empleadas en funciones sensibles pudieron quedar vinculadas a hechos delictivos bajo su gestión.
Cabe mencionar que esta no es la primera vez. En noviembre de 2024,la oposición ya había intentado interpelar a Ghi por la ola de inseguridad en el distrito, pero ese pedido fue rechazado por 12 votos contra 11, en parte gracias a la ausencia inexplicada del concejal opositor Bernardo Magistocchi y al alineamiento inesperado de Adrián Colonna y Daniela Cáceres, ambos ediles del bloque “Nuevo Pro Morón” con el oficialismo.
Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas bonaerense es el organismo encargado del control externo en la provincia de Buenos Aires. Su función es fiscalizar de qué manera los municipios administran y utilizan los fondos públicos.
Cada año, revisa las rendiciones de cuentas presentadas por las comunas y tiene la facultad de aprobarlas, formular observaciones o, como en este caso de detectar irregularidades, aplicar sanciones a los responsables.
En su fallo sobre la rendición de cuentas 2024, el Tribunal detectó que el Municipio de Morón abonó una bonificación no remunerativa por un total de $1.845.954.174.54 sin efectuar los descuentos previsionales que exige la Ley 9.650 de la Provincia de Buenos Aires. Esta ley aclara que deben considerarse sujetas a aportes jubilatorios “toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne, incluidas las no remunerativas”.
En términos simples, se demuestra que el municipio pagó bonos a sus empleados, pero no realizó los descuentos de jubilación y obra social correspondientes sobre ese dinero, lo cual perjudica tanto a los trabajadores (que aportan menos a su futura jubilación) como al sistema previsional (el IPS bonaerense). El Tribunal advirtió que ya había formulado la misma observación en ejercicios anteriores y que los funcionarios podrán ser considerados “directamente responsables” ante futuros perjuicios.
El mismo fallo del Tribunal detectó además otras irregularidades de peso, entre ellas obras paralizadas desde 2023 sin que se acreditara su reanudación ni se ofreciera una justificación formal, anticipos millonarios a contratistas que no fueron recuperados ni respaldados con documentación sobre su destino y una advertencia contable especialmente crítica, ya que el municipio no logró demostrar la existencia real de parte de los fondos declarados en caja, es decir, registró dinero que no pudo ser verificado físicamente.
Como resultado, Ghi fue multado con $410.000, junto a varios funcionarios de su gabinete. Si bien el monto parece bajo para la magnitud de lo observado, el Tribunal advirtió que la situación podría derivar en responsabilidades patrimoniales personales de mayor magnitud si los problemas no se corrigen.
La conducción de Ghi también enfrenta otros focos de tensión simultáneos. En mayo de 2026, trascendió que el municipio realizó una contratación directa de $51 millones para publicidad web a favor de la empresa Ninja Contenidos SRL, dueña del portal Sol Bonaerense, sin licitación pública y bajo el mecanismo de “trámite de excepción”. El cuestionamiento de ellos sería mayor, dado que ese gasto se hizo en medio de una situación de apremio financiero del municipio, con demoras en el pago de salarios y deterioro de servicios públicos.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo este fin de semana una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro que compartió con ministros y autoridades de distintos países iberoamericanos. La reunión marcó el cierre de una intensa gira oficial por Italia, centrada en educación, desarrollo humano y el impacto de la inteligencia artificial.
La audiencia se enmarcó en el encuentro internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, que reunió a funcionarios de la región para debatir los desafíos de los sistemas educativos frente a los cambios tecnológicos y sociales.
El encuentro con el Pontífice se produjo en un momento clave para la relación entre la Argentina y la Santa Sede. En las últimas semanas avanzaron las conversaciones diplomáticas para concretar una visita de León XIV al país, sobre la que Javier Milei aseguró que, “salvo una desgracia”, es “altamente probable” que el Papa viaje a la Argentina en noviembre. “La gestión del canciller Pablo Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina”, sostuvo el mandatario esta semana. De todos modos, fuentes del Ministerio de Capital Humano aclararon que una eventual visita papal no formó parte oficial de las conversaciones que Pettovello mantuvo en Roma y el Vaticano.
AGENDA EDUCATIVA Y LABORAL
Según informó el propio ministerio, el objetivo central del viaje fue fortalecer vínculos internacionales en áreas vinculadas a educación, desarrollo humano, empleo, formación profesional y primera infancia, además de conocer experiencias exitosas que puedan servir de referencia para futuras iniciativas en la Argentina.
La actividad comenzó en Roma con la participación de la ministra en los actos conmemorativos por el 25 de Mayo. Pettovello integró la delegación argentina que realizó una ofrenda floral frente al monumento al general José de San Martín, ubicado en la plaza homónima de la capital italiana.
– La ministra Sandra Pettovello fue recibida por el ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara, con quien visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos
Días después fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, con quien mantuvo una reunión de trabajo para intercambiar experiencias sobre políticas educativas, capacitación profesional y mecanismos de articulación entre educación y empleo. El encuentro permitió analizar los desafíos que enfrentan ambos países frente a la transformación tecnológica y la creciente demanda de perfiles especializados, además de conocer experiencias italianas orientadas a reducir la brecha entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral.
La cuestión educativa ocupó un lugar central durante toda la gira. Pettovello visitó los Centros Provinciales para la Educación de Adultos, instituciones dedicadas a brindar oportunidades de formación a personas que no completaron sus trayectorias educativas tradicionales o que buscan incorporar nuevas herramientas para mejorar sus posibilidades laborales.
– ELIS, un polo educativo impulsado por el Papa Juan XXIII, destinado a promover el crecimiento y la inclusión social de los jóvenes a través del estudio y el trabajo, fomentando el diálogo entre escuelas y empresas a partir de talleres y encuentros
También recorrió el Centro Nazionale di Orientamento ELIS, un polo de formación impulsado originalmente bajo el pontificado del papa Juan XXIII que trabaja desde hace décadas en programas para promover la inclusión social y el crecimiento personal de los jóvenes mediante una estrecha vinculación entre escuelas y empresas. A diferencia de los sistemas tradicionales de enseñanza, ELIS desarrolla programas construidos junto al sector privado, con prácticas concretas, talleres y espacios de inserción laboral que facilitan la transición de los estudiantes hacia el mundo del trabajo. El modelo despertó especial interés porque se basa en la capacitación para el empleo, una de las áreas que el ministerio busca fortalecer desde el inicio de la gestión.
La agenda continuó con una visita a la ITS Academy Digital Lazio, institución especializada en educación superior tecnológica y formación en competencias digitales. El establecimiento trabaja con una metodología basada en el aprendizaje práctico, que combina formación académica con experiencias dentro de empresas, con el objetivo de preparar perfiles capaces de responder a las demandas de una economía cada vez más digitalizada.
ENCUENTROS EN EL VATICANO
La actividad de Pettovello también incluyó una agenda en la Ciudad del Vaticano. Uno de los encuentros más relevantes se produjo con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más importantes de la Santa Sede en materia de promoción humana, asistencia social y desarrollo comunitario, y una figura considerada clave en el esquema de León XIV.
Durante la audiencia conversaron sobre distintas iniciativas del dicasterio y sobre las políticas que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano en áreas vinculadas a educación, empleo, familia y desarrollo social. La ministra entregó al cardenal ejemplares de los balances del primer y segundo año de gestión de su cartera, además de documentación vinculada al denominado Museo de la Corrupción, el proyecto impulsado por el Gobierno para exhibir causas judiciales, irregularidades administrativas, sobreprecios y presuntos mecanismos de corrupción asociados a programas sociales de administraciones anteriores.
– Josef D. Blotz
Pettovello mantuvo además una reunión con Josef D. Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, una de las organizaciones humanitarias más activas a nivel internacional. Durante el encuentro analizaron la situación social argentina y las posibilidades de fortalecer proyectos conjuntos vinculados a asistencia comunitaria, capacitación profesional y cooperación humanitaria. La conversación concluyó con una invitación formal para que la ministra participe de la X Conferencia de las Américas, prevista para octubre de este año, que reunirá a representantes diplomáticos, autoridades internacionales y referentes de organizaciones humanitarias. A su vez, Pettovello invitó a integrantes de la Orden de Malta a visitar la Argentina para conocer el Centro de Formación Capital Humano, una de las iniciativas que impulsa el ministerio para desarrollar programas de capacitación laboral orientados a la inserción en el mercado de trabajo.
CIERRE CON EL PAPA
Tuvo lugar durante el Encuentro de Alto Nivel organizado en conjunto por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Dicasterio para la Cultura y la Educación y la Pontificia Comisión para América Latina. El foro reunió a ministros, funcionarios y especialistas de distintos países para debatir sobre salud mental, educación y nuevas tecnologías. Durante esa actividad, Pettovello mantuvo además una conversación con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, considerado la principal figura de la diplomacia vaticana y uno de los colaboradores más cercanos de León XIV.
Las deliberaciones se orientaron a identificar desafíos comunes frente a fenómenos que atraviesan a los sistemas educativos iberoamericanos, desde los cambios provocados por la inteligencia artificial hasta el impacto creciente de los problemas de salud mental entre niños, adolescentes y jóvenes.
El cierre estuvo a cargo del propio León XIV, quien recibió a los ministros participantes en una audiencia especial. Durante su intervención, el Pontífice reflexionó sobre los desafíos que enfrenta la educación en un contexto de acelerada transformación tecnológica y destacó la necesidad de preservar la dimensión humana frente al avance de las herramientas digitales. También remarcó la importancia de cultivar la vida interior y promover una educación que combine conocimiento, formación ética y desarrollo personal, especialmente en una etapa caracterizada por cambios profundos en la forma de aprender, trabajar y relacionarse.
La audiencia constituyó el punto final de una gira que combinó reuniones diplomáticas, actividades académicas, visitas a centros de formación y encuentros con algunas de las principales autoridades de la Iglesia Católica. Aunque la futura visita papal no integró la agenda formal de Pettovello, el encuentro se produjo en un contexto marcado por el avance de las conversaciones entre la Casa Rosada y el Vaticano para concretar el primer viaje del Pontífice a la Argentina, un escenario que, según reconoció Milei, hoy aparece más cerca que en cualquier otro momento desde la elección del nuevo Papa.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
Bajo la administración de Javier Milei, el Ministerio de Defensa ha trazado una línea de prioridades que hoy arroja un saldo de muerte puertas adentro de los cuarteles. Mientras la gestión actual, encabezada por Carlos Presti, sostiene la millonaria inversión para la adquisición de los cazas F-16 —un proceso iniciado por su antecesor, Luis Petri—, la realidad del personal subalterno es de una indigencia planificada.
La “soberanía” que el Gobierno promociona en redes sociales choca de frente con la miseria salarial y el vaciamiento de la obra social militar, una decadencia que se aceleró durante la etapa de Petri y que hoy Presti administra entre el silencio y la desidia. Para el poder político, en este escenario, el capital humano de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha pasado a ser material de descarte.
Como venimos informando en Data 24 desde hace varios años, la crisis del sistema de salud militar no es una novedad, sino una agonía denunciada de forma sistemática. El reciente portazo de Sergio Maldonado, quien renunció a la presidencia de la flamante OSFA tras apenas un mes en el cargo, terminó de exponer la inviabilidad de una estructura asfixiada por deudas y pujas internas. Su salida, precipitada tras el impacto del caso del suboficial Velázquez, confirma que el cambio de nombre de IOSFA a OSFA no fue más que un maquillaje administrativo que no logró frenar el vaciamiento iniciado bajo Luis Petri. Esta renuncia no hace más que ratificar las advertencias que este portal viene realizando sobre un “limbo sanitario” que hoy deja a miles de familias sin el derecho básico a la atención médica.
Unos sonrientes Javier Milei —a bordo de un F16—, Luis Petri y Karina Milei.
La ola de suicidios que el poder silencia
La crisis de salud mental en las Fuerzas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema que empuja a sus hombres al límite. En los últimos seis meses, una serie de suicidios ha sacudido la estructura de mandos, exponiendo la falta total de contención y la asfixia económica que sufren los cuadros.
El 10 de mayo de 2026, Alejandro David Diarte, de 28 años y perteneciente a la Gendarmería Nacional, fue hallado sin vida tras días de búsqueda en General Acha, La Pampa. Su muerte es el reflejo del aislamiento y la precariedad económica extrema que enfrentan los efectivos destinados en zonas remotas, donde el sueldo no alcanza para sostener el desarraigo.
El descargo de Cinthia Diarte, hermana de Alejandro David Diarte, Gendarmería Nacional.
El 7 de mayo de 2026, Gustavo Daniel Aquino, de 28 años, integrante del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto en su domicilio en Tartagal. Oriundo de Formosa, se quitó la vida en un contexto de soledad y desesperación, tras verse imposibilitado de afrontar los costos básicos de vida lejos de su familia.
Gustavo Daniel Aquino, Gendarmería Nacional Argentina.
En enero de 2026, se registró la muerte de Diego Matías Kalilec, un joven de 21 años perteneciente a la Gendarmería Nacional en Santiago del Estero. Kalilec tomó la decisión fatal agobiado por una situación de vulnerabilidad financiera total, donde el haber mensual resultaba insuficiente para cubrir el alquiler de una vivienda digna y los gastos de subsistencia mínimos.
Diego Matías Kalilec, Gendarmería Nacional Argentina.
El 17 de diciembre de 2025, el atleta y suboficial principal Juan Javier Pereyra, de 48 años y con casi tres décadas de servicio en el Ejército Argentino, fue hallado muerto en el Casino de Suboficiales de Monte Caseros. Pereyra se suicidó acosado por un cuadro de estrés crónico derivado de deudas acumuladas y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros bajo la actual escala salarial de la fuerza.
Juan Javier Pereyra, Ejército Argentino.
Finalmente, el 16 de diciembre de 2025, el soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, miembro del Ejército Argentino, designado en la custodia de la Quinta de Olivos, se quitó la vida en su puesto de guardia. Si bien fue víctima de una red de extorsión carcelaria, su carta de despedida dejó en claro que la falta de recursos para sostener a su familia lo llevó a un estado de desesperación psicológica irreversible.
Rodrigo Andrés Gómez, Ejército Argentino.
El abandono médico y el vaciamiento de la salud militar
El colapso de la obra social no es sólo una crisis de números y déficits acumulados durante las gestiones de Luis Petri y el actual ministro Carlos Presti; es una sentencia de muerte para quienes dependen del sistema de salud estatal. Bajo la gestión de Javier Milei, el derecho a la vida de los uniformados ha quedado supeditado a una administración que prioriza el equilibrio fiscal sobre la provisión de insumos básicos y tratamientos oncológicos para las Fuerzas.
El 1 de mayo de 2026, el suboficial mayor retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en San Juan. Este caso no se encuentra en el apartado anterior ya que la decisión de este jubilado fue el acto final de desesperación ante la interrupción de su tratamiento oncológico; la obra social, en pleno proceso de transición bajo el Decreto 88/2026, cortó las prestaciones por falta de pago a los proveedores, dejando a un veterano de la fuerza sin los medicamentos paliativos que necesitaba para sobrevivir.
Carlos Héctor Velázquez, Ejército Argentino.
El 23 de abril de 2026, falleció el sargento primero de la Gendarmería Nacional, Darío Molina, de 40 años, tras contraer hantavirusen el norte del país. Su muerte expone la negligencia criminal de una conducción que no proveyó los equipos de protección personal mínimos para zonas de riesgo y que, ante la emergencia, se encontró con una red sanitaria militar desmantelada y sin capacidad de respuesta inmediata.
Darío Molina, Gendarmería Nacional.
El 9 de marzo de 2026, el cabo de la Gendarmería Nacional, Mauro Agustín Ponte, de 26 años, murió en un hospital de Orán, Salta, también víctima de hantavirus. Su familia denunció un abandono de persona liso y llano por parte de la fuerza y del Ministerio: Ponte no recibió el suero necesario a tiempo y, según testimonios, el Estado no cubrió la medicación básica de urgencia, obligando a sus allegados a intentar costear de forma particular lo que la obra social ya no garantiza.
Mauro Agustín Ponte, Gendarmería Nacional.
El agujero negro de la caja y el peligro de saber demasiado
Detrás de cada certificado de defunción hay una firma administrativa. La degradación del sistema de salud militar encuentra su justificación técnica en un déficit que ya supera los $300.000 millones. Bajo el Decreto 88/2026, el Gobierno Nacional selló la disolución del IOSFA para dar paso a una transición hacia las nuevas entidades (OSFA y OSFFESEG), pero este limbo legal de 365 días se ha convertido en una trampa mortal: el Estado ha utilizado este periodo para interrumpir pagos a prestadores y farmacias, dejando a miles de afiliados en un vacío prestacional absoluto mientras se decide el destino de los fondos.
En este clima de opacidad y descalabro institucional, se destaca el caso de Matías Esequiel Carballo, de 42 años y Primer Alférez de la Gendarmería Nacional, graduado de la Licenciatura en Tecnologías Digitales, quien falleció el 15 de abril de 2026. A diferencia de los casos anteriores, la muerte de Carballo permanece bajo una densa nebulosa investigativa; como perito especializado en delitos complejos y rastreo de activos en causas de alto impacto, como la de “Adhemar Capital”, su deceso en medio del colapso de las Fuerzas genera sospechas sobre presiones institucionales inconfesables. Su partida no sólo representa una pérdida humana, sino el silenciamiento de un técnico clave en un momento donde la transparencia de las cajas oficiales es más cuestionada que nunca.
Matías Esequiel Carballo, Gendarmería Nacional.
La deuda moral de una soberanía de cartón
La situación descripta no es una fatalidad del destino, sino la consecuencia directa de una hoja de ruta política que ha decididoqué vidas valen y cuáles son prescindibles. Mientras Javier Milei y el ministro Carlos Presti exhibenuna gestión enfocada en el reequipamiento de alto perfil, el capital humano que debe operar ese despliegue se desmorona en la indigencia salarial y el desamparo sanitario. La transición forzada por el Decreto 88/2026 ha demostrado que el ajuste fiscal en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se está pagando con certificados de defunción.
La asfixia presupuestaria ha llegado al extremo de poner en venta el patrimonio histórico de la familia militar.Como se denunció en Data 24, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsa un plan para rematar 44 inmuebles que pertenecían al IOSFA y a las propias Fuerzas, con el objetivo de cubrir parte de la deuda millonaria que hoy paraliza el sistema de salud. La lista de propiedades en revisión incluye activos estratégicos como la sede central del instituto, la Policlínica General Omar Actis y hoteles emblemáticos en Mar del Plata, La Falda y Villa General Belgrano. Esta medida, que implica la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es vista dentro de los cuarteles como un doble agravio: tras el desmantelamiento de la cobertura médica, ahora el Gobierno avanza sobre los bienes construidos con el aporte de generaciones de uniformados, liquidando activos para financiar una crisis que la propia administración no ha sabido resolver.
El Presidente Javier Milei junto al por entonces Ministro de Defensa, Luis Petri.
El Estado argentino, que exige a sus uniformados un juramento de entrega hasta perder la vida, hoy les devuelve la espalda cuando esa vida depende de una quimioterapia o de un gabinete de asistencia psicológica. La decadencia del IOSFA, iniciada bajo la gestión de Luis Petri y profundizada en la actualidad, es el testimonio de un sistema que ha quebrado su contrato más básico con quienes portan el arma de la Nación.
Sin una corrección urgente en las prioridades de gasto y una auditoría real sobre el destino de los fondos de salud, la lista de víctimas seguirá creciendo bajo el silencio cómplice de las oficinas de Defensa. La pregunta que queda flotando en los cuarteles es tan simple como devastadora: ¿quién estará dispuesto a dar la vida por un país que, cuando llega la enfermedad o la angustia, los trata como material de descarte?
El fundador de La Libertad Avanza, “guillotinado” en enero de 2025, reclamó al Presidente “la decisión que corresponde” ante el jefe de Gabinete investigado por enriquecimiento ilícito.
Referentes de la izquierda aliada al kirchnerismo provincial respaldaron la jornada sindical, que se desarrolló en medio de paros y suspensiones de clases.
Impulsada por referentes de la derecha europea y respaldada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la propuesta busca una moratoria migratoria, retornos masivos y mayor control fronterizo, aunque todavía debe completar su registro oficial para tener validez legal en la UE.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
