Casado fulminó a Manes: “En el ámbito médico estaba mal visto por vendehumo”
La vicegobernadora de Mendoza criticó al diputado nacional por sus intervenciones en la apertura de sesiones ordinarias. Julio Cobos defendió a Manes y repudió los dichos de Casado.
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La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
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Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los empresarios Claudio y Marcelo Tortul describió presuntas maniobras de pago de coimas para asegurar y mejorar contratos de seguridad con Enersa (Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima) y mencionó al ex gobernador entrerriano y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, a su entorno más cercano y al senador electo Adán Bahl.
Los mensajes que la Justicia recuperó de los celulares de los empresarios de apellido Tortul, directivos de la filial argentina de Securitas, formaron parte central de la causa federal que investigó el pago de coimas para quedarse con contratos con el Estado y que se tramitó en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En el caso de Entre Ríos, el foco estuvo puesto en Enersa, la empresa estatal eléctrica de la provincia.
De esos teléfonos surgieron más de 25 mil páginas de conversaciones entre 2016 y 2024, en las que el nombre del ex gobernador peronista y actual diputado nacional Gustavo Bordet apareció 98 veces. En las conversaciones se habló de pagos que llegarían hasta el exgobernador y se mencionó también al entonces vicegobernador y luego intendente de Paraná, Adán Bahl, quien recientemente fue electo senador nacional del PJ electo por Entre Ríos.
Entre los interlocutores que, según los chats, funcionaron como vínculo indirecto entre los empresarios y los burócratas aparecieron dos nombres. Uno se identificó con claridad: José Gervasio Laporte, mencionado como “el negro” en las conversaciones. En uno de los mensajes, incluso, figura una foto en la que Claudio Tortul y Laporte comparten un café en un bar de un hotel de la costanera de Paraná. El otro nombre apareció como “Hugo”, quien podría ser Hugo Ballay, ex ministro de Economía durante las dos gestiones de Bordet y ex presidente de Enersa, aunque esa identificación no está confirmada y su apellido no figura en los chats ni en el expediente, según remarcaron desde su entorno.
En la causa, “El Negro” fue José Gervasio Laporte, histórico secretario Legal y Técnico de la Gobernación de las gestiones peronistas de Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, y síndico de Enersa. Su función resultó estratégica: cuidaba la firma de los gobernadores en todos los actos administrativos. Laporte falleció hace más de 5 años, en julio de 2020, pero en los mensajes previos a su muerte ocupó un rol clave en el vínculo entre los Tortul y el poder político. “Le voy a encarar a Christian. Xq aumente enersa pirq bajo epe. Huntar a christian y bordet o el negro. Porque es grande li q vamos armar. Y q le den acuerdo entre el y el negro o bordet”, escribieron los hermanos en una de las conversaciones.
En marzo de 2017 los chats registraron una nueva reunión con Laporte. “Ayer Estuvimos cn el negro. Le pedi li ascienda. Y me dijo q si. Depende de el. Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2. Cn ginzalez parec se pudrio bastante. El negro no sabia como ahradecer. Estamos para pedir li q querramos”, dice una de las conversaciones que apuntan a un aumento del contrato con la empresa estatal eléctrica.
Un año después, los mensajes se refirieron de manera explícita a un porcentaje de sobornos vinculado a los pagos. “El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidio el 50 le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”, consignó Claudio Tortul en otro chat. En noviembre de 2019, y siempre según las conversaciones incorporadas al expediente, se detalló incluso el reparto de una suma millonaria. “Te paso maso en 5 numeros como quedaria los 10 palos y pico de ENERSA. Los politicos el fronting nosotros. 4000000( bordet / Negro / Gonz / Charly / Cis / Marcelo M / Aldana / Ramiro / Daniel / Vos / yo ) Participacioned en Grone . Mas 200 lucas para mi ( gastos obra social hoteles etc )”, escribió.
Los chats también dejaron constancia de la intención de los empresarios de establecer una relación más directa con el ex gobernador, sin desplazar a Laporte. “Yo hablaba cn Taincho de que en vez de usar al Negro de interlocutor cn Bordet porq esta todos kos días. Ir directamente nosotros una vez cada tanto y hablar cn el. Ain correrlo al Negro. Ni que se sienta corrido. Porq en un cambio se raya se pelean y quedamos mirando el techo. Y tenemos muchos negocios en el medio”, señaló uno de los mensajes.
En 2019, esa relación apareció ya asociada a pagos concretos. En los chats, uno de los hermanos afirmó:“esa guita se la lleve yo a Bordet” y agregó: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon. Aceito para que paguen toda la factura de junio el dia q facturaron”. Esos intercambios formaron parte de las pericias judiciales que describieron las operaciones ilícitas entre 2016 y 2024.
Tras la muerte de Laporte, las conversaciones comenzaron a mencionar a “Hugo”. “El lunes me contesta Hugo. Habla cn Bordet y me dice. Cree que si” Con todo como lo planteas. 14 / costos / y lo que repartimos. Leestoooo”, escribió Claudio a su hermano Marcelo. En otros mensajes agregó: “Me dijo tbm q lo tuvo que alinear medio fuerte a Caminos cn el ajuste y el presupuesto cn”, “Asi que cree si le da Ok Border”, “Vamos para delante !!!”.
En paralelo, la trayectoria de Hugo Ballay dentro de Enersa y del gobierno provincial quedó detallada. Ballay se desempeñó como presidente de la empresa eléctrica casi dos años, tras ser designado por el entonces gobernador Sergio Urribarri en enero de 2012. En noviembre de 2013 dejó ese lugar para incorporarse al gabinete. Cuando Bordet llegó a la Gobernación, a fines de 2015, Ballay volvió a Enersa como director titular durante la presidencia de Alfredo Muzachiodi. Los chats que describieron las operaciones ilícitas abarcaron un período que fue desde 2016 hasta 2024.
Sin embargo, el entorno de Ballay subrayó que el ex funcionario no tuvo relación con el caso Securitas. Confirmó que conoció a Claudio Tortul, pero precisó que el vínculo no estuvo relacionado con actividades comerciales o políticas, sino sociales: el empresario era presidente del Club Rowing, uno de los más exclusivos de la capital entrerriana, que tiene a más de un socio implicado en este expediente. También remarcaron que el apellido Ballay no figura mencionado ni en los chats ni en la causa.
En el plano personal, tres fuentes cercanas a Bordet, sin relación entre sí y con altas responsabilidades en el gobierno provincial durante el período 2015-2023, confirmaron a Infobae que el actual diputado nacional tuvo con Laporte y Ballay una relación personal de larga data. Ninguna de ellas habló de amistad. El ex gobernador suele remarcar que no tiene amigos en política y que ocupar cargos públicos lo alejó de sus relaciones personales. En el caso de Ballay, la relación fue más marcada: ambos se conocieron de jóvenes en las aulas de la Universidad, son coetáneos y estudiaron para ser contadores, en los años de la vuelta a la democracia y de la primavera alfonsinista.
En el expediente también apareció mencionado Edgardo Kueider, ex senador que ahora está detenido. La jueza Arroyo Salgado no imputó ni a Bordet ni a Ballay, pero sí involucró a Kueider en la causa. Se basó en dos elementos: un mensaje –el único– en el que Claudio Tortul lo mencionó y el hecho de que, cuando era secretario General de la Gobernación, representó al Poder Ejecutivo provincial en asambleas de Enersa.
Las conversaciones recuperadas de los teléfonos de los Tortul alcanzaron también al hoy senador electo Adán Bahl, que encabezó la lista del peronismo en las elecciones legislativas de octubre y quedó segundo. Las referencias se remontaron a su etapa como intendente de Paraná. “Viste lo del hipodromo. Mañana te cuento bien. Y vamos a tener q hacer algo. Ejemplo lotear en terrenos chicos y sacar lo que se pueda. Valoshablar cn Bahl y le decimos eso”, dicen los chats en relación a un negocio inmobiliario. En otro tramo, los hermanos agregaron: “Buen dia. Ayer Bahl se ofrecio apurar el tema de los Algarrobos si necesitabanos. Asi q aprovechemos la volada y aceleremos”. Las expectativas de los empresarios sobre el dirigente quedaron expresadas en otro mensaje, vinculado a las elecciones para la Gobernación de 2023: “Si gana bahl estamos PIPI CUCU !!!”.
La reacción de Bordet llegó a través de un comunicado público. El ex gobernador aseguró que “no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA”. Tras afimar que “nunca” tuvo “ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tortul ni con los responsables de la empresa Securitas”, señaló que durante su gestión “no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA”. Y remarcó que “Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.
Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.
En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.
“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil
Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.
Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.
-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?
–Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.
El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.
“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.
En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.
E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.
“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.
El gobierno de San Luis estableció esta semana que los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia podrán perder total o parcialmente el beneficio económico del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. La medida se formalizó mediante un decreto que el gobernador Claudio Poggi firmó para modificar la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del mencionado programa.
La nueva normativa estableció que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia. Así, los alumnos que incurran en prácticas de bullying (acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal) ya sea de manera personal o virtual, quedarán alcanzados por un esquema de sanciones que contemplará descuentos importantes en el beneficio económico, la exclusión parcial del programa o la pérdida total de las estampillas acumuladas.
Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, la normativa precisó que los alumnos que incurran en alguna de esas conductas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento del hecho.
– El gobernador de San Luis, Claudio Poggi
En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades, en un mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, el Ministerio de Educación procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta esa fecha y los ‘imputados’ podrían perder hasta 1200 dólares. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.
El decreto incorporó además la obligación de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado no solo con sus compañeros, sino también con docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, a modo de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo.
Encabezada por Guillermo Araujo, la cartera educativa señaló que el programa buscó fomentar el ahorro escolar y propuso convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las escuelas de la provincia de San Luis.
– El ministro de Educación de San Luis, Guillermo Araujo
En diálogo con medios locales, el ministro ahondó en la iniciativa: “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”.
Asimismo, sumó que la intención es concientizar acerca de que el bullying es un flagelo que “no se puede dejar pasar”.
La medida decretada por la provincia “es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias”, consideró el burócrata.
¿Cómo es el programa de ahorro del gobierno de San Luis?
El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” se implementó en San Luis en el año 2011 como un estímulo educativo y una herramienta de concientización del ahorro. Las estampillas funcionaron como un incentivo que los alumnos de escuelas públicas y privadas acumularon a lo largo de la primaria y la secundaria. Cada año, el estudiante que promocionó el grado o curso anterior recibió la estampilla correspondiente y la coleccionó en una libreta. En el nivel primario, cada estampilla tuvo un valor equivalente a u$s50; en el nivel secundario, las estampillas valieron u$s100 de 1º a 6º año y u$s300 en el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logró un ahorro equivalente a u$s1.200, que pudo canjear en pesos para financiar estudios superiores o emprendimientos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su “enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, de modificar la carga del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) mediante la activación de la denominada “quinta cuota”. La entidad que preside Ignacio Kovarsky, integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que el Poder Ejecutivo provincial aplicó, a través del artículo 139 de la Ley Fiscal, un incremento adicional del 25% en el tributo, concretado por la vía de duplicar el valor de la cuarta cuota que los productores rurales ya habían abonado.
CARBAP sostuvo que “esta medida es ilegal e improcedente, al adoptarse sin la aprobación del Presupuesto 2025 ni de una nueva Ley Impositiva”. Para la dirigencia ruralista, el hecho de que el aumento se hubiera instrumentado sobre la base de una Ley Impositiva prorrogada, en paralelo a la discusión del nuevo paquete fiscal bonaerense, evidenció la ausencia de la “legalidad, equidad y racionalidad tributaria” que la entidad demandó explícitamente en su comunicado.
La entidad recordó que la quinta cuota del Inmobiliario Rural bonaerense ya había sido objeto de tensiones a comienzos de año entre la organización y la gestión de Axel Kicillof, dado que la facultad de aplicar o no esa cuota quedaba sujeta a la decisión del Gobierno provincial. La Ley Fiscal sancionada en 2024 habilitó a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a hacer uso de ese mecanismo, vinculado a la “quinta cuota del Inmobiliario Rural 2025”, y el organismo lo ejecutó. A los ojos de los dirigentes rurales, “se trata de un aumento encubierto del 25% sobre los pagos ya realizados a lo largo de este año” por los propietarios de campos bonaerenses.
Junto con el cuestionamiento jurídico y tributario, el documento de CARBAP enfatizó el contexto productivo en el que se adoptó la medida. El título del comunicado sintetizó esa lectura: “Cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, expresó la entidad, al vincular el incremento impositivo con la situación de inundaciones, pérdidas productivas y deterioro de la infraestructura vial rural.
En el comunicado la Confederación describió del siguiente modo el escenario que enfrentaron los productores bonaerenses: “Nunca es buen momento para aumentar los impuestos. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires ya lo hizo en 2024, aun cuando los productores veníamos de tres años de sequía. Y vuelve a hacerlo ahora, sin que el campo haya podido recuperarse, en medio de una de las peores crisis productivas de los últimos años, con millones de hectáreas que permanecen bajo el agua, caminos rurales y rutas intransitables, con miles de familias que luchan día a día contra las pérdidas, el desaliento y la incertidumbre”.
La organización agraria remarcó que la decisión oficial se tomó “en plena emergencia” y añadió que “en lugar de solidarizarse y acompañar a quienes siguen trabajando pese a todo, el Estado decide poner más peso sobre sus espaldas, agravando la asfixia fiscal en plena emergencia”. Para la conducción de CARBAP, el incremento adicional en la quinta cuota se integró a una estructura de tributos crecientes que afectó a un sector que todavía no se había repuesto de la combinación de tres años de sequía y un posterior cuadro de inundaciones extendidas.
De acuerdo con un informe técnico de la Confederación, hasta septiembre se registraban más de 2 millones de hectáreas productivas afectadas por inundaciones entre el centro bonaerense y la totalidad de la Cuenca del Río Salado. Las lluvias de principios de noviembre profundizaron el problema, en especial en municipios de la Cuarta sección electoral como Bragado y Nueve de Julio, donde la presencia de campos anegados, caminos rurales intransitables y dificultades logísticas complejizó aún más la operatoria cotidiana de los establecimientos agropecuarios.
La entidad recordó que el aumento del Inmobiliario Rural en 2024 había superado el 200% establecido en la última Ley Impositiva, debido a la quita de los beneficios de buen contribuyente. Desde la óptica de CARBAP, la combinación de incrementos previos, eliminación de bonificaciones y aplicación de la nueva “quinta cuota” configuró un esquema que reforzó la presión fiscal sobre el campo bonaerense en el mismo momento en que los rindes, las pasturas y las posibilidades de producción se vieron severamente comprometidos por el factor climático.
“Por ello, CARBAP solicita la inmediata marcha atrás de esta medida y convoca a los legisladores bonaerenses a defender la legalidad, la equidad y la racionalidad tributaria”. La entidad reclamó que la discusión del paquete de leyes que el Ejecutivo envió a la Legislatura provincial incorporara la situación de emergencia que afectó a los productores y puso el acento en el rol de diputados y senadores al momento de evaluar el alcance del incremento.
La reacción se produjo luego de que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que prorrogó hasta el 18 de diciembre el vencimiento de la cuota 4 del Impuesto Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario, cuyo plazo original se había fijado para el 12 de noviembre. “La decisión, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, garantiza que quienes estén al día con el fisco mantengan el beneficio de hasta un 10% de descuento por adhesión al débito automático”, indicaron desde el gobierno provincial.
El organismo recaudador explicó que el cambio de fecha respondió a “razones operativas” y que buscó asegurar el correcto proceso de liquidación y la disponibilidad de los medios de pago, de modo tal que todas las personas contribuyentes pudieran cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. ARBA recordó que quienes no registraran deudas, estuvieran adheridos al débito automático y optaran por abonar la última cuota del año conservarían la bonificación de hasta el 10%, un beneficio que el Poder Ejecutivo provincial presentó como incentivo al cumplimiento tributario.
En paralelo a la controversia en torno al Inmobiliario Rural 2025, las autoridades bonaerenses remitieron a la Legislatura el paquete de leyes que incorporó la propuesta de Ley Impositiva 2026. Según el proyecto del Ejecutivo provincial, el Impuesto Inmobiliario, tanto urbano como rural, no tendría aumentos de alícuotas ni de valores fiscales y congelaría los parámetros de cálculo para 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad a los propietarios y productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires.
Un gravísimo episodio de violencia escolar sacudió el pasado viernes a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según denunciaron trabajadoras de la institución, la familia de una alumna ingresó de manera violenta al establecimiento, agredió a auxiliares y desató una situación de caos que obligó a encerrar a los alumnos en las aulas para resguardarlos.
El episodio ocurrió por la tarde en el comedor del complejo educativo ubicado en la localidad de Pablo Nogués, que alberga la Escuela Secundaria N° 18, la Escuela Primaria N° 29 y el nivel inicial. De acuerdo con las versiones, la situación se originó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que los docentes separaron. Una vez que se calmó el conflicto, la madre de una de las involucradas se presentó en el colegio y pidió hablar con la directora pero, dijo, no fue atendida.
Ante la falta de respuesta, el grupo familiar pateó el portón del comedor —que separa los distintos niveles y conecta el edificio de primaria con el de secundaria— e irrumpió a los gritos en el espacio donde las trabajadoras preparaban la merienda. Según relataron a los medios locales, las agresiones fueron directas y contundentes: insultos, golpes de puño y líquido caliente arrojado sobre las trabajadoras. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y rociaron a las docentes con el mate cocido que pensaban servirles a los chicos poco antes de que comenzaran a merendar.
Varias trabajadoras sufrieron quemaduras y crisis nerviosas. Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con diversas lesiones. En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas dentro del establecimiento, los agresores les exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, que no entendían el motivo del ataque. Desde la escuela advirtieron que “pudo haber ocurrido una tragedia”, y que si el ataque hubiera ocurrido minutos después, el comedor habría estado lleno de niños.
El portón del comedor quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizaban para almorzar y merendar, y se registraron otros destrozos en el establecimiento. La disputa se trasladó luego a la plaza ubicada frente al lugar del hecho, donde continuaron las peleas e insultos entre familiares. Patrulleros y ambulancias intervinieron para contener el caos.
Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes sociales. Las trabajadoras de la EP N° 29 difundieron allí su testimonio y expresaron desesperación y agotamiento frente al incremento de episodios violentos en las escuelas bonaerenses.
“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.
A raíz de este ataque, los docentes recordaron que, apenas un día antes, el jueves pasado, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno: “La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, subrayaron.
“Terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó la docente que ofició de vocera de sus colegas.
En el plano institucional, hoy lunes los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la familia agresora tuvo antecedentes. Por este motivo, desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.
La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.
La izquierda nativa no descansa. Sus ocurrencias sorprenden en las redes; la última es una campaña para que ciudadanos argentinos soliciten la “ciudadanía palestina” como gesto de repudio a Israel, a Donald Trump, a Javier Milei y, en general, a todo lo que autopercibe como “extrema derecha mundial”.
Bajo el lema “Yo quiero ser palestino”, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino coordinó una movida que incluyó recolección de formularios en varias provincias, actos frente a cámaras y una puesta en escena cuidadosamente amplificada en redes sociales. Todo desembocó en la elegante casona de Riobamba 981, en Recoleta, la sede de la Embajada en Buenos Aires, donde los organizadores se presentaron para entregar los pedidos de “ciudadanía simbólica”.
Según informó la propia embajada, el encargado de negocios, Riad Al-Halabi, recibió más de 700 solicitudes, reunidas “a lo largo y ancho” del país, en el marco de las actividades por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Para el diplomático, el gesto argentino expresa un “compromiso político y moral que va más allá del simbolismo”.
Quienes se anotan en esta campaña —señala el comunicado— no solo piden un papel simbólico: dicen “compartir la identidad de un pueblo que lucha desde hace décadas por su libertad, sus derechos nacionales y su autodeterminación”. Por supuesto, no se habla de Hamas ni de terrorismo, ni de las víctimas civiles israelíes; la trama se cuenta en blanco y negro: de un lado, “la resistencia heroica”; del otro, “el genocidio”.
El movimiento de marketing se sostuvo en una serie de reels y videos breves, difundidos principalmente en Instagram, la plataforma del magnate capitalista Mark Zuckerberg, a la que la militancia anticapitalista recurre cada vez que necesita dar su batalla cultural.
En uno de esos materiales, una joven militante de izquierda anuncia con entusiasmo que, “a partir de hoy”, es “oficialmente palestina”, igual que “los más de 200 jóvenes” que habrían completado el formulario en todo el país. La escena continúa con la intervención de Al-Halabi, que delante de la cámara “proclama” como palestinos a los presentes, como si se tratara de una naturalización exprés a fuerza de consignas.
La militante remata invocando un panteón de referencias locales y revolucionarias: Rodolfo Walsh, Diego Maradona, el Che Guevara, Eve de Bonafini y “toda la resistencia palestina”. La consigna final condensa en una rimita: “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Yo quiero ser palestina”.
Otra cara visible de la campaña es Celeste Fierro, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), figura del Frente de Izquierda – Unidad y diputada electa en la Legislatura porteña. En su reel, Fierro presenta la iniciativa como una herramienta más de denuncia del “genocidio” y de apoyo al “pueblo heroico” palestino.
La tercera voz protagonista es la de Marina Hidalgo Robles, trabajadora social, militante socialista, feminista y abolicionista, que articula de manera directa el puente con la política local. En su video, sostiene que el “gobierno sionista y genocida de Netanyahu” cuenta con el apoyo de Trump, Milei y toda la extrema derecha mundial, que —según su lectura— estarían empeñados en “exterminar a todo un pueblo”.
Mientras las cámaras registraban las declaraciones de coyuntura, la embajada elaboraba su propio balance. En su comunicado, subrayó que el pedido de “ciudadanía palestina simbólica” constituye una “declaración clara de rechazo al genocidio continuo” y a los crímenes del Estado ocupante en Cisjordania, incluida Jerusalén, con especial énfasis en los asentamientos y en los ataques de colonos. El texto insiste en que la solidaridad argentina “no es solo una postura simbólica” sino una forma de lucha contra los “intentos de silenciar la verdad”.
Junto al cuerpo diplomático se ubicó el secretario del sindicato del Subte y el Premetro, Jorge “Tano” Pisani, uno de los voceros sindicales de la campaña. Pisani señaló que las imágenes diarias del conflicto lo llevaron, junto con otros gremios y organizaciones sociales, a adoptar la iniciativa como un gesto “ético, humano y político” frente a un supuesto bloqueo mediático.
La nómina de organizaciones presentes da una pista del armado político detrás de la campaña. Entre las adhesiones figuran la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato docente de Córdoba, el sindicato del Subte y el Premetro (SUBTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la red NODAL, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, además de diversos centros culturales, movimientos sociales y agrupaciones universitarias.
Buena parte de quienes impulsan la jugada tienen representación en el Estado, acceso a recursos públicos o presencia institucional en universidades y medios. No es exactamente un elenco marginal.
El veterinario y referente del sector porcino, Guillermo Lloveras, alertó que las bondiolas importadas desde Brasil contienen Ractopamina —un promotor de crecimiento prohibido en 160 países— y que provienen de “sobrestock a punto de vencer”. Denuncia que la decisión del Gobierno de Milei destruye a la producción nacional y abre la puerta a un negocio millonario para un puñado de supermercadistas.
Con el aval de la embajada y el aplauso de gremios, militantes de extrema izquierda presentaron formularios para obtener la ciudadanía y posaron como nuevos “palestinos” desde CABA.
La corte polaca ordenó la inmediata ilegalización del KPP al considerar su ideología incompatible con “los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”.
