09 mayo, 2025

SAN LUIS | Detienen a funcionario K que robaba planes sociales

El funcionario del intendente de La Toma era contratado para realizar los trámites de ayudas económicas a personas en situación de vulnerabilidad y se habría quedado con los beneficios.
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El juez Marcelo Bustamante Marone ordenó la detención de Facundo Devia, funcionario de la Municipalidad de La Toma, por estafas reiteradas a personas en situación de vulnerabilidad. Nadie en la localidad de la provincia de San Luis duda de que Ernesto Nader “Pipi” Alí, el intendente, sabía del accionar de su funcionario de extrema confianza.

La función del detenido era ayudar a la gente que necesitara los beneficios a crear cuentas y usuarios para poder acceder a estos, pero Devia se habría aprovechado de la situación y se habría quedado con el dinero.

Según declaraciones del comisario Walter Contreras, la causa judicial comenzó tras 6 denuncias de ciudadanos de La Toma que aseguraron haber sido estafados por el detenido que trabajaba en el área de Desarrollo Social y en el Centro de Asistencia Municipal.

Devia gestionaba los trámites para el acceso a los subsidios para víctimas de violencia de género y desempleados y les solicitaba documentación como fotocopias de DNI y número de CBU.

El funcionario se aprovechaba de la necesidad de la gente y les robaba el dinero de los beneficios.

Con la información recolectada, el ex funcionario creaba en su celular usuarios y contraseñas y así controlaba las cuentas del Banco Nación de cada uno de los beneficiarios y disponía del dinero que se le otorgaba a estas personas a las que decía ayudar.

“Una vez depositado el dinero, se lo transfería a su propia cuenta de la aplicación Mercado Pago para así poder disponer del mismo”, explicó el comisario.

Asimismo, se pudo comprobar que en algunos casos Devia escaneaba el rostro de los beneficiarios, con la excusa de la necesidad de renovar los datos de ANSES, para poder volver a ingresar a sus cuentas y volver a robarles el dinero depositado.

De izq. a der.: el intendente Alí, Belén González Sala y Facundo Devia. La denuncia de Gabriela López alertó a los vecinos.

Una de las vecinas damnificadas, Johana Ceratto, declaró a un medio local: “Este señor se llenó los bolsillos mientras yo pasaba hambre y frío; me robaba la plata que era para mis hijos. Esto me dolió mucho”.

Según su relato, le envió un mensaje a Devia pidiéndole una explicación y este la llamó y le confirmó el robo. “Me pidió que no lo denunciara, que no publicara nada en las redes sociales. Yo lo escuché pero la denuncia no la voy a levantar”, argumentó. El funcionario le devolvió el dinero que le había sustraído, “pero no dio la cara, la mandó a la madre”.

Por su parte, el detenido sostuvo: “Cuando la cosa se pone fea te sueltan la mano”. Un amigo suyo contó que “nadie le atendió el teléfono cuando explotó el tema” y el intendente y el ministro le habrían dicho que hablarían en otro momento.

En este sentido, su pareja, la concejal Belén González Sala, intentó despegarse del escándalo a través de una carta pública y renunció a su banca. Antes de asumir en ese cargo se desempeñaba en la misma área que Devia.


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Karin Leiva

Política Nacional, Interior y Economía kleiva@data24.com.ar

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Un año después de la marcha “en defensa” de las universidades, la oposición insiste con el financiamiento

En el primer aniversario de la marcha en defensa de la educación pública, la oposición retoma el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.

Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto a otros legisladores de bloques dialoguistas, presentaron un proyecto de ley que propone la recomposición automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales y de los salarios docentes y no docentes. La iniciativa toma como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y establece una fórmula mixta de actualización para 2025, que incluye el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio oficial para importaciones y las tarifas de servicios públicos.​

Además, el proyecto prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, se propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.​

Por su parte, el diputado Pablo Carro (Unión por la Patria) presentó otra iniciativa con objetivos similares, que instruye al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias del año 2025 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. La propuesta contempla ajustes bimestrales retroactivos al 1 de enero de 2025 y la recomposición de los salarios docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre de 2023, según la inflación acumulada informada por el INDEC.​

Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional, y en la importancia de establecer mecanismos de actualización que eviten la pérdida del poder adquisitivo de las becas estudiantiles.​

Desde la oposición señalaron que el propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, les anticipó a los ministros provinciales que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro” porque contarán con las partidas ejecutadas en el 2024, ante la falta de un Presupuesto 2025.

El proyecto de Tavela y Ferraro cuenta con el respaldo de diputados de distintos bloques, en los que se encuentran Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Nicolás Massot, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi y Pablo Juliano.

En tanto, la iniciativa de Carro lleva las firmas de sus compañeros de bancada Eduardo Valdés, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky y Mónica Macha, entre otros.

Tal como ya advertían el año pasado, en la Casa Rosada mantienen firme la línea: no pasará ningún proyecto que comprometa el equilibrio fiscal. Así, si la oposición logra avanzar con su iniciativa, el final podría repetirse con un nuevo veto del Presidente.

Redacción

info@data24.com.ar

SACUDÓN EN LA CGT: Se baja Daer y empieza la danza de nombres para sucederlo

En una jugada inesperada, Héctor Daer le puso fecha de vencimiento a su ciclo en la CGT. Este martes, durante una reunión a puertas cerradas en Azopardo, avisó que en noviembre no buscará la reelección. Y con ese gesto, pateó el tablero sindical: empieza una nueva etapa con recambio de nombres y alianzas cruzadas.

Hasta ahora, muchos daban por hecho que Daer quería ser el secretario general único, en reemplazo del triunvirato. Pero la sorpresa fue doble: no solo da un paso al costado, sino que ya dejó en puerta el nombre de su sucesor. Se trata de Jorge Sola, actual secretario de Prensa de la CGT y referente del Sindicato del Seguro, apadrinado por Andrés Rodríguez, jefe de UPCN y aliado histórico de Daer.

El anuncio lo hizo antes de una conferencia de prensa y frente a una mesa sindical de peso: estaban Carlos Acuña (estaciones de servicio), Octavio Argüello (Camioneros), Rodríguez, Sergio Romero (UDA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Julio Piumato (judiciales) y su hermano Rodolfo Daer (Alimentación).

Como argumento, habló de un desgaste natural después de tantos años en la conducción, aunque dejó claro que no se va ya mismo: primero quiere “acomodar todo esto”, en alusión a la pelea contra la reforma laboral que busca reinstalar el Gobierno. Una agenda que la CGT piensa resistir con un nuevo paro general, el tercero contra la gestión de Javier Milei.

Lo cierto es que la decisión de Daer llega justo cuando enfrenta elecciones en su gremio, ATSA Buenos Aires, que conduce desde hace 32 años. Todo indica que adelantará los comicios para junio y así evitar el armado de una lista opositora aprovechando la transición en la CGT.

La salida de Daer también reacomoda internas. En los últimos tiempos se había alejado de su perfil dialoguista y endurecido su postura, más cercana a la de Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, hoy críticos del Gobierno. En cambio, dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA) y Armando Cavalieri (Comercio) apuestan aún al pragmatismo y al diálogo con la Casa Rosada. Y en el medio, aparece Luis Barrionuevo (gastronómicos), que alienta una renovación con figuras propias.

Con Daer fuera de juego, la pregunta es quién tomará las riendas. Nadie parece tener hoy el consenso para asumir como líder único, por lo que vuelve a tomar fuerza la idea de una conducción colegiada de tres o cuatro cabezas. Además de Sola, suenan Cristian Jerónimo (vidrio), apoyado por Sasia y Martínez, y Daniel Vila (Carga y Descarga), el hombre de Barrionuevo que le ganó la pulseada a Camioneros por el encuadramiento sindical en Mercado Libre.

Redacción

info@data24.com.ar

Marra propuso reducir la Legislatura a 30 integrantes y suprimir las comunas para bajar impuestos

Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó lo que definió como “la reforma estructural más ambiciosa de la historia porteña”. El proyecto replica, puertas adentro de la Capital, la lógica de ajustes aplicada a nivel nacional: reducir de 60 a 30 el número de legisladores, suprimir las quince comunas y recortar drásticamente los presupuestos de organismos que, según el libertario, “el Gobierno porteño usa para mantener gastos superfluos”.

Marra aseguró que el Consejo Económico y Social (CESBA), el Consejo de Planeamiento Estratégico (COPE), el Ente de Turismo y la Defensoría del Pueblo encabezan un listado de dependencias que “pueden funcionar con la mitad —o menos— de los recursos actuales”. La reducción alcanzaría también al Banco de la Ciudad y a otros entes autárquicos cuyo financiamiento, sostiene, “se paga con impuestos que asfixian al vecino, como el ABL o las patentes”.

“La motosierra funcionó muy bien a nivel nacional. Es momento de traer una aplanadora para hacer la reforma estructural más ambiciosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó, invocando el símbolo con el que el oficialismo libertario promocionó sus recortes en el plano federal. En la misma línea, calificó a las comunas —creadas en 2005 para descentralizar la administración— como “aguantadero para buscas de la política” y anunció su intención de disolverlas. “Basta de comunas; los comuneros no tienen funciones definidas, son buscas que cobran un excelente sueldo”, lanzó.

El esquema propuesto se fundamenta en una premisa: disminuir los cargos políticos y la burocracia para bajar impuestos. Marra insiste en que la mitad de los proyectos que se discuten hoy en la Legislatura “no generan un beneficio real” y que una cámara reducida evitaría “iniciativas irrelevantes” y agilizaría la labor parlamentaria.

Aunque la iniciativa todavía no ingresó formalmente como proyecto de ley, ya encendió el debate puertas adentro de la Legislatura. Voceros del oficialismo porteño señalan que la Ciudad cuenta con mecanismos de control y participación que “no deben desmantelarse sin antes garantizar instancias alternativas de representación”. El bloque libertario, por su parte, sostiene que la recaudación actual “puede alcanzar para mejorar servicios esenciales” si se limita el gasto político.

En un contexto de ajuste nacional y tensión fiscal, la propuesta de Marra invita a reabrir la discusión sobre el tamaño del Estado capitalino. El candidato confía en que su “aplanadora” sumará adhesiones entre los contribuyentes que sienten el peso de la carga impositiva. Quedará por ver si el resto del arco político acompaña un recorte que, de concretarse, modificaría de raíz la arquitectura institucional de Buenos Aires.

Redacción

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Caso $Libra | Maniobras cruzadas, internas en la UCR y pulseada con Martín Menem 

La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.

Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.

A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.

Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.

Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.

Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.

Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).

El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.

Redacción

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El Gobierno rescindió un contrato millonario con la obra social rural y apunta contra la conducción sindical

La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) resolvió cancelar un convenio que desde 2007 mantenía con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), destinado a operar alrededor de 500 bocas de expendio en todo el país. La decisión se tomó luego de considerar que el sistema era ineficiente, carecía de controles adecuados y representaba un gasto mensual de cerca de $700 millones.

El contrato en cuestión habilitaba un esquema presencial de entrega de vales médicos a través de oficinas gestionadas por el sindicato. Según el interventor de OSPRERA, Marcelo Petroni, ese mecanismo era “obsoleto, opaco y costoso”, y su finalización permitirá destinar los fondos directamente a mejorar la atención médica de los más de 760.000 afiliados rurales.

– Marcelo Petroni

La intervención fue ordenada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023 con el objetivo de sanear la obra social. En los primeros informes de auditoría se detectaron irregularidades administrativas y financieras graves: una deuda cercana a los $100.000 millones y un déficit mensual de más de $4.000 millones. El informe también señaló sospechas de fraude, desvío de fondos y falta de trazabilidad en la gestión anterior.

Los resultados de la auditoría fueron presentados a la Justicia. Desde hace meses, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, investiga al secretario general de UATRE, José Voytenco, quien fue embargado y tiene sus cuentas bancarias inhibidas por presunto lavado de activos y manejo irregular de fondos sindicales.

Voytenco, opositor al Gobierno, rechazó los señalamientos y calificó la intervención como una operación política. Desde el sindicato alegaron que, durante los casi 60 días en que recuperaron el control de OSPRERA en 2023, habían logrado implementar mejoras en la gestión. Sin embargo, el Gobierno volvió a intervenir la obra social poco después.

Petroni aclaró que la rescisión del contrato no afectará a los trabajadores de planta de OSPRERA, quienes continuarán en sus puestos. El nuevo modelo de atención incluirá telemedicina, atención personalizada mediante call center y entrega digital de vales a través de las delegaciones oficiales, con control y trazabilidad directa por parte de la obra social.

Este esquema descentralizado busca garantizar una atención médica más equitativa, moderna y eficiente, eliminando la dependencia de intermediarios sindicales. “Lejos de ser un recorte, es una transformación que apunta a una mayor transparencia y mejor acceso para los afiliados”, sostuvo el interventor.

En paralelo, el Gobierno también pidió judicialmente la intervención del sindicato UATRE por supuestas irregularidades en su congreso general ordinario realizado en noviembre de 2023, donde se aprobó la memoria y balance y se reafirmó el liderazgo de Voytenco. La medida fue impulsada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.No obstante, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el pedido del Gobierno. En su fallo, los jueces Carlos Pose, Gabriela Vázquez y Manuel Diez Selva destacaron que la justicia no puede intervenir en conflictos internos entre afiliados y dirigentes, en resguardo de la autonomía sindical.

Redacción

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La UBA usa sus redes sociales para promocionar a la candidata de Martín Lousteau

A un año de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 23 de abril de 2024 -que reunió a estudiantes, docentes y autoridades en defensa de la universidad pública-, la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una fuerte controversia: la institución utiliza sus redes sociales para hacer campaña a favor de Lucille “Lula” Levy, actual candidata a legisladora porteña por el espacio Evolución.

Levy, consejera superior de la UBA, expresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y referente estudiantil en la facultad de Ciencias Económicas, es impulsada políticamente por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y vicerrector de la UBA, respectivamente. En ese marco, diversos posteos recientes publicados desde las cuentas oficiales de la universidad (especialmente en X, Instagram y Facebook) despertaron sospechas respecto a un alineamiento institucional con su campaña electoral.

Los mensajes difundidos por la UBA en las últimas semanas -bajo la consigna “Cuidemos lo que nos sirve”- combinan un tono reivindicativo en defensa de la universidad pública con referencias explícitas a figuras como Levy, quien aparece destacada como emblema de la lucha presupuestaria y la defensa del sistema universitario. Si bien los contenidos no mencionan directamente su candidatura, la cercanía temporal con el proceso electoral y la insistencia con la que se visibiliza su figura generaron críticas por parte de sectores que reclaman una clara separación entre el rol institucional y el partidario.

Además de su visibilidad en redes, Levy percibe un salario mensual de aproximadamente 900 mil pesos de la UBA. La información alimenta aún más las críticas sobre el uso de recursos públicos para apuntalar una campaña electoral desde el interior mismo de la estructura universitaria.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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