Oscar Parrilli | “A Lázaro Báez lo condenan porque es morocho y amigo de Néstor”
El senador oficialista comparó el caso del condenado por la Ruta del Dinero K con el del hermano del ex presidente Mauricio Macri. "No hay una sola prueba contra Néstor ni a Cristina en esta supuesta evasión impositiva".
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Oscar Parrilli se metió en la noticia del día sobre el final de su intervención en el tratamiento del proyecto con media sanción de Diputados que establece incentivos a la construcción y un nuevo blanqueo de divisas. “Los medios de comunicación están con un día de fiesta por un fallo judicial, cualquiera que sea abogado y lea un poco considera que es una atrocidad”, comenzó.
“Me refiero al fallo que condena a 12 años a Lazaro Baez. ¿Saben cual es la diferencia entre Lázaro Báez y Gianfranco Macri? Que Gianfranco pudo entrar al blanqueo y Lázaro no”, disparó el legislador.
El senador por Neuquén defendió a su líder política y al ex presidente Néstor Kirchner. “¿Se acuerdan que dijeron que habían dicho que Casanello había ido a hablar con Cristina Kirchner? todo mentira. No hay una sola prueba que involucre a nadie de la familia. Ni a Néstor ni a Cristina en esta supuesta evasión impositiva de Lázaro Báez”, consideró.
Y agregó: “Está bien si lo condenaron por evasión, lo que me parece muy mal es la doble vara. Mauricio Macri no tiene solo al hermano beneficiado en la justicia, tiene a Nicky Caputo en el blanqueo, su hermano del alma”.
Para cerrar, el patagónico afirmó sentir tristeza por “la desigualdad absolutamente arbitrariedad, racista, persecutoria” de algunos sectores de la justicia que todavía “siguen haciendo gala de la persecución política”, cerró.
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El hecho, propagado por el presidente Javier Milei, habría generado pérdidas estimadas de unos 100 millones de dólares, en un episodio sin precedentes de engaño piramidal ponzi a nivel mundial que duró seis horas.
Todo comenzó cuando publicó en su cuenta de X el token digital $LIBRA, aclarando que este activo iba a “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, lo que provocó un alza vertiginosa en su valor, alcanzando un máximo de 4,978 dólares, antes de desplomarse un 80% en una hora. En un principio, se especuló con un posible hackeo de su cuenta, pero la diputada libertaria Lilia Lemoine desmintió la teoría y aseguró que “no es un hackeo” la promoción del propio mandatario.
Ante las críticas que empezaron a surgir, el tuit original fue eliminado y reemplazado por uno nuevo en el que explicaba la situación, asegurando estar desvinculado del “supuesto emprendimiento privado”.
– Milei, con Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, la plataforma donde se lanzó $LIBRA
“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme informado al respecto, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado ese tuit)”, afirmó Milei en su mensaje, a lo que añadió: “Las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.
Desde la oposición salieron a reclamar este accionar. La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, replicó que pasó “de autoproclamarse ”líder global” a crypto estafador”.
“¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo presidente. Esa es tu libertad de mercado”, comentó en X, a modo de réplica.
Por su parte, diputados peronistas pidieron un “juicio político” y “armar una comisión” para investigar el caso, ya que se cree que habría quebrantado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras. El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados anunció este sábado su intención de impulsar el pedido tras la controversia desatada.
“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el Presidente de la Nación”, trascendió desde la banca.
El abogado de Milei, Francisco Oneto, salió en su defensa judicial, posteando que él “no configura ningún delito por ausencia de dolo (no hubo intención de hacerlo)” en su cuenta de X.
“Siguiendo estos lineamientos, es obvio que si quisiera delinquir no lo haría dejando todos los dedos pegados”, supo declarar, añadiendo luego que Cristina, “mostró cómo se hace sutilmente”.
Del mismo modo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también respaldó al presidente Javier Milei tras la controversia generada por la promoción y calificó la reacción mediática como “una bomba atómica para intentar bajar de un hondazo” al gobierno, de manera “totalmente desmedida”.
– Javier Milei, en la Casa Rosada, con Hayden Mark Davis, a quien ahora señalan como responsable de $LIBRA
“Es increíble que pidan un juicio político por un tweet. El presidente consideró que ciertos inversores podían beneficiar al país y simplemente lo compartió. Solo quiso mostrar opciones de financiamiento para empresas o emprendedores; cada uno toma su propia decisión”, sostuvo Bullrich, en una nota a la emisora Rivadavia AM 630.
“Es una compañía que ya ha operado en la ciudad de Buenos Aires, no surgió de la nada. Buscan desviarnos del camino, pero no lo lograrán”, afirmó, defendiendo la legitimidad de la empresa involucrada.
A nivel internacional, los damnificados se estiman por 40 mil según fuentes del Congreso y solo unos muy pocos quienes sacaron rédito, siendo que la moneda virtual de su apogeo, llegó a una capitalización de 4000 millones de dólares. Este fue creado siguiendo la dinámica de las llamadas “memecoins” y desde la empresa, KIP Protocolo, dijeron que Milei, “no estuvo ni está involucrado de ninguna manera”.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles la primera sesión especial del 146° periodo legislativo, bajo la presidencia de GustavoHein. En esta oportunidad, se dio sanción definitiva a los proyectos remitidos en revisión por el Senado, referidos a las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley N° 5.140 de Contabilidad Pública.Además, los legisladores aceptaron la renuncia de Stefanía Cora (Más para Entre Ríos), quien asumirá en el Senado de la Nación.
Durante el transcurso de la sesión, se dio ingreso y se aprobó por mayoría el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (T.O. 2022). La iniciativa fue aprobada aceptando los cambios introducidos por el Senado al texto que había obtenido media sanción de la Cámara baja a fines del año pasado.
Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, argumentó en favor de la iniciativa. “Este proyecto ya lo habíamos tratado el año pasado y la Cámara de Senadores hizo modificaciones con aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funcionarios del Poder Ejecutivo y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se escuchó a algunas ONGs”, describió.
“Es un proyecto para celebrar, ya que el gobernador sabe interpretar lo que la sociedad está demandando, que es la baja de impuestos.Esto, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que buscar el equilibrio fiscal y de todas maneras ir reduciendo la carga impositiva en el sector privado, para tener una provincia más competitiva con la Región Centro y para que las empresas empiecen a generar mayor rentabilidad y empleo genuino”, amplió el legislador.
Carlos Damasco (Fe y Libertad), por su parte, manifestó su desacuerdo con la propuesta legislativa y su voto en contra: “Con la reforma se elimina el beneficio por buen cumplimento y no se lo reemplaza con ningún incentivo para los contribuyentes cumplidores. Esto hace que se desaliente el pago en término de los tributos. Un tema no menor son los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, que no tenían vigencia para el año 2024 y se cobraron igual, por lo cual se debería inducir a la devolución o compensación”.
En tanto, Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), expresó el apoyo del bloque que integra: “Vamos a acompañar el proyecto por el trabajo que hicieron nuestros senadores. Nos hubiera gustado que el tiempo que se dio en el Senado, lo hubiéramos tenido en Diputados el año pasado. Seguimos sin compartir el criterio que sostiene el proyecto al fijar las alícuotas en Ingresos Brutos a los distintos sectores productivos”. Respecto de esto último, dijo que “se le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo”. También hizo referencia a la “omisión involuntaria de haber cobrado un adicional de impuestos, que significa alrededor de 18.000 millones de pesos, sin el debido respaldo legislativo” y agregó: “Se pretendía subsanar ese error con otro error, que era legislar en materia impositiva con retroactividad. No era la manera de solucionarlo. Afortunadamente el Senado ha salvado este error, pero lo que no ha quedado salvado es lo que pagaron de más los entrerrianos. Eso tiene que ser devuelto u otorgado como un crédito fiscal”.
Por su parte, Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), agregó sobre el mismo tema: “Estamos para acompañar porque no se puede dilatar más y hay una incertidumbre en el contribuyente”.
Roque Fleitas (La Libertad Avanza), sostuvo: “Acompañamos porque consideramos que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias para que gestione”. No obstante, aclaró: ”No estamos de acuerdo, en el artículo 17, con incrementar la alícuota a las maquinarias agrícolas, porque el campo es el motor de la producción”.
Por otro lado, tuvo ingreso y se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se incorpora el punto 15 al apartado b), inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 5.140. Con este cambio, se agrega a las contrataciones directas por vía de excepción aquellas que están “destinadas a proveer determinados bienes y /o servicios en zonas de islas del territorio provincial vinculadas a finalidades esenciales del Estado: educación, salud y seguridad”.
El sector agropecuario argentino expresó su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés), que estableció nuevas restricciones a productos asociados a la deforestación.
Las entidades del agro afirmaron que la regulación “afectó nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”.
– “Desde el año 2013 entró en vigor el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). El objetivo es garantizar que la madera y los derivados comercializados en el mercado de la UE procedan de prácticas legales y sostenibles”
El encuentro para debatir la postura argentina se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. El subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, presidió la reunión. Allí, las instituciones agropecuarias entregaron un documento donde detallaron sus argumentos en contra del EUDR y solicitaron que este “no entre en vigencia” o, en su defecto, se contemplaran modificaciones para mitigar el impacto comercial negativo para el país.
El texto presentado también planteó que no hubiera inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de nuevos productos en la norma. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina”, señalaron las entidades, que, en paralelo, se comprometieron a avanzar en esquemas de trazabilidad para evitar posibles pérdidas de mercado, aclarando que esta acción no debe interpretarse como un aval al reglamento.
– Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados
Durante la reunión, los funcionarios argentinos coincidieron en relanzar “negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), declaró: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral”.
En un contexto de cambios legislativos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió postergar por un año la entrada en vigor de la normativa 1115. Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se extendió la fecha original del 30 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026.
Entre otros puntos, la regulación apunta a impedir la comercialización de productos, como soja y carne bovina, que provengan de tierras deforestadas después de 2020.
La nueva versión del texto incluyó la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación, a la que se sumarían las categorías ya existentes de “riesgo bajo”, “estándar” y “alto”. El Parlamento Europeo informó que estos cambios pretendieron “permitir a las empresas adaptarse” y disminuir requisitos en los países clasificados como “sin riesgo”. Sin embargo, la propuesta quedó sujeta a nuevas negociaciones, luego de que el texto regresara a la Comisión de Medioambiente. La Comisión Europea, por su parte, tendrá que finalizar el sistema de evaluación comparativa de cada país antes del 30 de junio de 2025.
Frente a la postergación de la norma, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. Agregó que se trató de “un avance que parecía imposible” tras el trabajo que venían realizando desde hace dos años. A la vez, subrayó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”.
En representación del sector agropecuario participaron la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Finalmente, el gobierno nacional y las entidades del agro acordaron mantener una mesa de trabajo de seguimiento, con el objetivo de sostener el diálogo y las negociaciones en el ámbito local e internacional. “Las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino”, aseguraron en un comunicado, en el que reiteraron el pedido de “no aplicación” del EUDR y el firme reclamo por la defensa de la soberanía nacional y de la competitividad de la producción argentina.
Desde hace décadas, la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de constantes licitaciones, anuncios y presupuestos multimillonarios, pero también de un patrón de fraude sistémico que ha dejado rutas inconclusas, obras mal ejecutadas y una pérdida millonaria de recursos estatales.
Entre los casos más emblemáticos de esta problemática se encuentra el camino Maipú – Labardén, donde la gestión de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Patricia Tombesi durante el gobierno de Daniel Scioli, ejecutó una serie de licitaciones fraudulentas que continúan afectando a los bonaerenses. En este esquema, la gestión de Axel Kicillof pareciera haber continuado el derrotero.
El camino de Maipú – Labardén, la historia se repite
El caso del acceso a la localidad de Labardén desde la ruta 2 es un claro ejemplo del fraude sistemático perpetrado desde la dirección de Vialidad bonaerense. En marzo de 2015, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, junto a Patricia Tombesi y otros funcionarios, anunciaron la licitación de la pavimentación del camino con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
– Choque en ruta 6
Los habitantes de la zona ya habían denunciado incumplimientos previos: en 2011, la provincia había licitado una obra similar sin que se llevara a cabo ninguna mejora significativa. Cuando los vecinos reclamaron, funcionarios de Vialidad argumentaron que los contratos seguían vigentes y que no podían reasignar fondos hasta que no se resolvieran legalmente los compromisos con las empresas contratistas. Mientras tanto, la gestión de Tombesi y Granero realizaba “redeterminaciones de precios” y nuevos préstamos a organismos como el Banco Mundial y el BID, aumentando la carga financiera sobre la provincia sin resultados tangibles.
– De izquierda a derecha: Favio Granero, Patricia Tombesi, Karina Arbia y Maria Inés Tombesi
Para 2017, la falta de pavimentación había provocado varios accidentes y los vecinos seguían exigiendo respuestas. Sin embargo, en 2023, el actual gobernador Axel Kicillof anunció una nueva licitación para asfaltar el mismo camino, con un presupuesto de 4.137 millones de pesos (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Al día de hoy, las obras siguen sin completarse y el camino de Maipú-Labardén permanece en condiciones precarias.
Ruta nacional 6, otra obra incumplida
Lejos de ser una excepción, el caso del camino Maipú – Labardén pareciera uno más de un extenso derrotero. Por caso, en noviembre de 2014, la entonces administradora de Vialidad, Patricia Tombesi, anunció la finalización de una serie de obras en la ruta nacional 6, una vía clave que atraviesa municipios como Zárate y Campana. Según Tombesi, el presupuesto asignado para estas mejoras ascendía a 1.700 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares en ese momento), con el objetivo de renovar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y rehabilitar 500 kilómetros de rutas.
No obstante, estas obras comenzaron a sufrir dilaciones y anuncios reiterados de finalización, sin avances concretos. A pesar de las reiteradas inyecciones de fondos y de la supuesta finalización del 60 por ciento de los trabajos, la realidad en la carretera mostraba otra cosa: capas de asfalto provisorias, ausencia de banquinas seguras, mala señalización y tramos enteros donde la ruta se convertía en una sola mano.
– Otro accidente en ruta 6, año 2014
La situación generó una serie de accidentes viales y, más tarde, se agravó con las inundaciones de 2014, que dejaron a Zárate y Campana aisladas debido al desborde de los arroyos cercanos.
La administración de Vialidad bonaerense, bajo el mando de Tombesi, se convirtió en un entramado de intereses familiares. La funcionaria contaba con la asesoría de sus primos María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero, además del escribano Alan Lynch, quienes se involucraron directamente en la gestión de fondos públicos. Posteriormente, estos mismos nombres aparecerían como aportantes a la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.
Reiteración de fraudes
Sin importar el color político, el patrón se repitea a lo largo de la historia provincial: licitaciones anunciadas, presupuestos multimillonarios, obras iniciadas pero nunca finalizadas y nuevas licitaciones que buscan reparar lo que nunca se construyó. Esta dinámica ha costado miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, mientras las condiciones viales siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias.
– Postal de la inundación de Zárate, en el año 2015
A pesar de las numerosas denuncias y de la apertura de causas judiciales, figuras clave en este entramado, como Patricia Tombesi, Favio Lautaro Granero y Alan Lynch, siguen sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el endeudamiento de la provincia sigue en aumento y los mismos problemas estructurales continúan afectando a los bonaerenses.
La falta de transparencia y la impunidad han permitido que este esquema de fraude continúe operando a lo largo de distintas administraciones.
En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
De cara al inicio del 146º período legislativo, que tendrá su apertura con la asamblea legislativa que encabezará el gobernador Rogelio Frigerio, este viernes al mediodía la Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante la sesión preparatoria. En ese marco, los legisladores ratificaron sus autoridades: como presidente continuará el diputado Gustavo Hein (Juntos por Entre Ríos); mientras que a cargo de la vicepresidencia primera seguirá Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos) y de la vicepresidencia segunda Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), quienes juraron en sus cargos.
Además, se informaron oficialmente los presidentes de los bloques políticos: en el caso de Juntos por Entre Ríos, habrá una prórroga de 60 días para la asunción de autoridades –periodo durante el cual continuará Fabián Rogel en su mandato y conducción– y en 20 días se realizará la elección correspondiente. En tanto, Laura Stratta, seguirá al frente del bloque Más para Entre Ríos; Roque Fleitas en La Libertad Avanza y Gladys Liliana Salinas en la bancada unipersonal del Partido Conservador Popular.
Habrá también otros dos monobloques: Julia Calleros en Fe y Libertad y Carlos Damasco, quien hasta ahora integraba el bloque Fe y Libertad, conformará La Libertad Entre Ríos.
La conformación de la Cámara baja para este nuevo periodo de sesiones, con la particularidad de tener cinco minorías, implicará una tarea de diálogo y búsqueda de consensos por parte de la Presidencia, mayor aún a la que ya se produjo durante el primer año de gestión.
Tras ser electo nuevamente presidente, Hein sostuvo: “Agradezco en primer lugar al bloque oficialista, por el acompañamiento y el entendimiento, cosa que a los argentinos nos haría muy bien reforzar. En segundo lugar, al bloque de la primera minoría, por el respeto. Nuestro trabajo en la Cámara está al servicio de los entrerrianos; aprendimos a crecer en nuestras diferencias y eso es un salto de calidad en la política. Esta Cámara tiene la particularidad de tener segundas minorías y también a ellos agradezco porque discutimos sobre ideas y no tomamos nada en términos personales”. Además agradeció a los asesores de todos los diputados y a la secretaria y al prosecretario de la Cámara, Julia Garioni y Lucas Ullúa respectivamente, quienes continúan en sus funciones.
Al término de la sesión, el diputado Marcelo López precisó: “El bloque Juntos por Entre Ríos ha informado que se ha decidido una prórroga de las autoridades existentes por el término de 60 días y eventualmente, si existiera un cambio, se informará oportunamente”.
En la sesión preparatoria, como corresponde, se fijaron los días y horarios de las sesiones ordinarias, la primera de las cuales será el 25 de febrero. Las mismas se realizarán cada 15 días y se llevarán a cabo los martes a las 18 y los miércoles y jueves a las 11.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
