“Iniciamos esta guerra por presión de Israel y su poderoso lobby” | Renunció el director de Contraterrorismo de Trump

Joseph Kent, exboina verde con 20 años en las Fuerzas Especiales, se convirtió en el primer alto funcionario en renunciar públicamente por el conflicto. Su salida dejó al descubierto una fractura profunda dentro del oficialismo. El presidente, lejos de lamentar la partida, la celebró: "Siempre pensé que era débil en materia de seguridad".
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Estados Unidos sumó un nuevo capítulo de tensión política tras la renuncia de Joseph Kent, quien hasta ahora encabezaba el Centro Nacional de Contraterrorismo. Kent dimitió en señal de protesta contra la ofensiva hacia Irán promovida por la gestión del presidente Donald Trump.

“Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación”, afirmó Kent en un posteo en su perfil oficial de X, implicando directamente que la justificación del gobierno era falsa o exagerada, y agregando: “Está claro que iniciamos esta guerra a causa de la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

Esta sería la primera renuncia pública de un alto funcionario vinculada a este conflicto y deja al descubierto fisuras dentro de la Casa Blanca y del propio movimiento republicano, una división que podría reconfigurar el debate político en Washington.

Kent también advirtió que “no puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán”, subrayando su negativa a apoyar el envío de jóvenes americanos a “luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense”.

– “No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán”. La renuncia de Kent, publicada en su cuenta de X

Tal como indicó el representante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), capitán de navío Tim Hawkins, a la revista Time el 17 de marzo, el número total de combatientes difuntos asciende a al menos 15 y alrededor de 200 lesionados, incluyendo bajas no relacionadas directamente con el combate.

Tres semanas después del inicio del conflicto, el costo humano le dio la razón. En sintonía con cifras de la Cruz Roja, más de 1.000 personas murieron en los primeros días. El Ministerio de Salud de Irán reportó 18.551 heridos. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estima hasta 3.2 millones de desplazados internos dentro de Irán. De igual modo, el fondo de la ONU para la infancia, UNICEF, alerta que en los primeros diez días más de 1.100 niños han resultado ser víctimas fatales o afectados.

La reacción del mandamás norteamericano no fue la de un líder político que lamenta perder a un colaborador. Fue la de alguien que celebró la salida. Desde el Despacho Oval, Trump dijo a los periodistas: “Siempre pensé que era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad. Muy débil”.

Añadió que, al leer la nota de su retiro, “me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido”.

La portavoz, Karoline Leavitt, fue aún más agresiva en sus declaraciones. Publicó un extenso comunicado en X calificando de “insultante y ridícula” la acusación de que Trump actuó bajo influencia israelí, y afirmando que el gobernante contaba con “pruebas sólidas y convincentes” de que Irán planeaba atacar primero a Estados Unidos.

Paralelamente, medios cercanos al oficialismo como Fox News circularon la versión de que Kent era “un conocido filtrador de información” que había sido excluido de las sesiones de inteligencia presidenciales hacía meses, y que la directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, ya planeaba despedirlo antes de que él renunciara.

El jefe antiterrorista y la fractura dentro del MAGA

Lejos de ser un hombre de escritorio, Kent es una figura de peso dentro de la política estadounidense. Su trayectoria incluye 20 años en las Fuerzas Especiales del Ejército, 11 despliegues de combate como Boina Verde y trabajo posterior en la CIA.

Su historia personal agrega una capa de gravedad a su postura. En 2019, su esposa —criptóloga de la Marina— murió en un atentado terrorista en Siria. Es alguien que conoce la guerra desde adentro y que ha pagado un precio personal por ella.

Fue confirmado en su cargo en julio de 2025 con una votación de 52 a 44 en el Senado, y era considerado uno de los mejores cuadros técnicos de la conducción gubernamental. Su cercanía con Tucker Carlson, uno de los arquitectos mediáticos del movimiento “Make America Great Again” (MAGA).

– Joe Kent (derecha) portando su uniforme. (Debajo) La publicación de Donald Trump anunciando su designación, 25 de marzo de 2025

Carlson, el influyente comunicador que fue pieza clave en la construcción del fenómeno Trump, calificó la guerra de “absolutamente repugnante y perversa” y elogió a Kent como “el hombre más valiente que conozco”. Trump respondió echándolo del movimiento: “Tucker no es MAGA. Tucker realmente no es lo suficientemente inteligente como para entenderlo”.

Marjorie Taylor Greene, exaliada incondicional de Trump, también expresó con furia su negativa a los bombardeos, especialmente tras el ataque a una escuela de niñas iraní. El congresista republicano Thomas Massie destacó que atacar Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, mezclando la postura antibelicista con el escándalo por las vinculaciones de Trump con el magnate pedófilo Jeffrey Epstein.

Asimismo, importantes consultoras y medios estadounidenses registran un clima social predominantemente adverso a la ofensiva, atravesado por dudas sobre la racionalidad estratégica de la intervención, el riesgo de escalada y sus efectos económicos: Más del 50% de los votantes rechaza la guerra con Irán y abre un frente interno para Trump.

Más del 50% de los votantes rechaza la guerra con Irán y abre un frente interno para Trump

Este quiebre tiene una lógica ideológica clara. El lado que más plantea que USA debe priorizar sus propios intereses nacionales por encima de los compromisos internacionales, propio del republicanismo, que Trump mismo construyó en 2016 con la promesa de no meterse en guerras del Medio Oriente, choca ahora frontalmente con la decisión de lanzar una nueva batalla en esa misma región, en lo que muchos de sus propios seguidores ven como una contradicción con los valores fundacionales de su gobierno.

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Alertan por el traspaso silencioso de datos sensibles del Estado argentino a las nubes de Amazon y Google

Expertos en ciberseguridad dudan sobre el uso de distintos organismos del Estado argentino, que estarían ampliando el uso de nubes de Amazon, Google, Microsoft y Oracle para guardar, procesar y respaldar información.

La tendencia comenzó a agravarse en 2024 y se profundizó con el tiempo, sin una política pública clara sobre qué datos estratégicos deben quedar bajo control estatal. Distintos especialistas consultados advirtieron que el problema no es la tecnología, sino la falta de reglas sobre qué información puede salir del Estado y bajo qué condiciones.

— El presidente Javier Milei, durante la reunión con el CEO de Google Sundar Pichai

El vínculo entre el Estado argentino y los hiperescaladores de nube no es nuevo. Ya con anterioridad, en 2017 el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services (AWS) para probar durante un año el alojamiento de bases de datos estatales en sus servidores, a cambio de capacitación para startups y docentes.

Ese acuerdo marcó el inicio de una relación que se fue institucionalizando. En 2019 se emitió un “Nuevo lineamiento para la contratación de servicios en Nube IaaS y PaaS” que buscaba ordenar cómo el Estado nacional debía contratar estos servicios a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Con los años, licitaciones de organismos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe fueron adjudicando contratos de “nube pública Amazon” o “bolsas de crédito” intercambiables entre AWS, Azure y Google Cloud según la necesidad operativa.

— Estación Terrena Benavídez y oficinas de ARSAT

Para 2024, ya en la presidencia del actual mandatario Javier Milei, se sumó un capítulo más polémico. Las negociaciones con Google para adoptar su sistema de inteligencia artificial aplicado a la “reforma del Estado”, inspirado explícitamente en el modelo implementado en El Salvador, donde Google terminó gestionando información sensible y procesos críticos de gobierno.

Más recientemente, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se incorporó la llamada “transferencia transfronteriza de datos”, que habilitaría la circulación de bases de datos comerciales y personales sin las trabas regulatorias actuales, beneficiando a Amazon, Google, Meta y Microsoft.

Según Mariano Goñi, presidente de Integracom y secretario de Tecnología de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no hay pruebas de que las bases centrales de organismos clave como ARCA (exAFIP), RENAPER o ANSES estén íntegramente alojadas en una nube extranjera. No obstante, sí confirma que distintas dependencias utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte técnico.

— Milei junto al CEO de Meta, Mark Zuckerberg el 30 de mayo de 2024 en Palo Alto, California

“El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera”, subrayó Goñi, agregando que “sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte”.

Eso abre la puerta a que información sensible circule, en algún tramo, por servidores privados. Entre esos datos figuran registros tributarios y patrimoniales de contribuyentes, información de identidad, fotografías y datos biométricos, domicilios y movimientos migratorios, prestaciones sociales y registros sanitarios, además de datos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio exterior del país.

Goñi identifica el núcleo del problema, siendo que hasta el momento no existe un mapa público que indique con precisión qué organismos usan estos servicios, qué información almacenan, en qué país reside físicamente y qué pasa con esos datos frente a un conflicto judicial, una filtración de seguridad o el fin de un contrato.

— Mariano Goñi

Su propuesta alternativa es aprovechar más el datacenter estatal de ARSAT, que ya ofrece servidores, nube privada, redes seguras y centros de contingencia, para que buena parte de los sistemas —portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos— quede bajo órbita estatal, reservando la migración gradual solo para los sistemas más complejos como las grandes bases tributarias o la biometría de RENAPER.

El marco legal argentino

Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre, pone el acento en un punto técnico-legal crucial, ya que cuando los datos se alojan en servidores fuera del país, dejan de regirse exclusivamente por la ley argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones. Esto tiene consecuencias concretas, porque el Estado pierde capacidad de controlar quién accede a esa información, cómo se auditan sus usos y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un incidente.

— Margarita Trovato

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —vigente desde el año 2000, previa a la masificación de internet— establece criterios para las transferencias internacionales de datos, pero contiene excepciones que debilitan esas garantías, y hoy no existen controles activos ni robustos sobre su cumplimiento.

El problema se agrava porque Estados Unidos, donde residen la mayoría de estos proveedores, carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que suma incertidumbre jurídica cuando la información argentina queda alcanzada por normativa estadounidense. Proyectos de ley presentados en 2017 y 2019 para declarar los datos del Estado como inalienables, inembargables e imprescriptibles nunca lograron aprobarse.

Trovato también señala el riesgo del “vendor lock-in”, que es cuando un organismo concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor, y después resulta muy costoso migrar por razones de precio, compatibilidad técnica y dependencia acumulada. Denuncia además que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad, con datos biométricos, por ejemplo, no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrezcan garantías de protección equivalentes a las argentinas.

— Milei y su comitiva junto al CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino

Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Publicas de Derechos Digitales, aportó una mirada geopolítica sobre la infraestructura digital global que está altamente concentrada en un puñado de corporaciones transnacionales, lo que genera pérdida de control estatal sobre la información y expone datos sensibles al posible acceso de terceros, en un contexto donde esas plataformas responden a legislaciones y decisiones políticas de otros países.

“La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales”, sostuvo Camacho.

Este debate no es exclusivo de Argentina. Informes recientes sobre “nube soberana” en la región muestran que el control real ya no depende solo de dónde están físicamente los servidores, sino de quién administra las llaves de cifrado, quién puede auditar los sistemas y qué capacidad conserva el Estado para migrar o recuperar su información si decide cambiar de proveedor. Empresas como AWS sostienen, en cambio, que “la nube es soberana por diseño” porque el cliente —en este caso el Estado— es quien decide dónde alojar sus datos y cómo gestionar sus claves de seguridad.

Una empresa chilena busca abastecer el megaproyecto petrolero que impulsan Gran Bretaña e Israel en Malvinas

Una naviera chilena, Easter Island Line (EIL) —también conocida como Naviera Isla de Pascua, la empresa que normalmente transporta carga a Rapa Nui—, inició conversaciones con la Falkland Islands Development Corporation (organismo británico de promoción económica del archipiélago) para establecer una ruta marítima regular entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.

El objetivo es transportar alimentos, repuestos, equipamiento e insumos logísticos destinados al proyecto petrolero inglés conocido como Sea Lion, uno de los desarrollos hidrocarburíferos más grandes proyectados en el Atlántico Sur. Según trascendió, ya hubo una reunión oficial entre las partes y ambas manifestaron interés en avanzar, aunque todavía no existe contrato firmado ni acuerdo definitivo.

El desarrollo petrolero de Chile en Malvinas requeriría una inversión de US$1.800 millones hasta la primera producción y treparía a US$2.100 millones al finalizar la explotación. En su primera fase, la estimación prevé una producción de 50.000 barriles diarios, con un pico similar, mientras que el primer petróleo se espera para el primer semestre de 2028. El yacimiento tendría unos 170 millones de barriles de crudo técnicamente recuperable y un valor bruto estimado superior a US$10.000 millones. Para el gobierno de Malvinas, las regalías representarían el 9% de lo producido.

Para explicar la medida, hay que entender el plan de Sea Lion, un yacimiento petrolero offshore ubicado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en la Cuenca Norte, descubierto en 2010. La inversión principal está a cargo de Navitas Petroleum (compañía israelí, con 65% de participación y rol de operador) y Rockhopper Exploration (empresa británica, con el 35% restante). La iniciativa tomó su Decisión Final de Inversión (FID) recién el 10 de diciembre de 2025, después de 15 años de demoras, rediseños y escepticismo desde su descubrimiento.

La operación se organizará por fases. La Fase 1 contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a un buque FPSO (de almacenamiento y procesamiento flotante) reacondicionado, apuntando a extraer 170 millones de barriles con un pico de producción de 50.000 barriles diarios. La Fase 2, prevista unos tres años después del primer petróleo, sumaría 12 pozos adicionales y unos 149 millones de barriles más. En total, el yacimiento tiene recursos brutos estimados en 917 millones de barriles, y hay planes a futuro de expandir hasta cinco fases con 64 pozos en total.

El financiamiento post-FID incluye US$1.000 millones de deuda senior (de los cuales US$350 millones corresponden a Rockhopper) y el resto se cubre con capital conjunto y flujo de caja posterior al inicio de producción. De acuerdo a varios medios británicos, los impuestos y regalías esperadas equivaldrían a unas £80.000 anuales por cada uno de los aproximadamente 3.500 habitantes de las islas, lo que podría triplicar el PBI de Malvinas.

— La producción proyectada de petróleo en miles de barriles diarios en base a datos de Sea Lion entre 2028 y 2052

Chile aparece en esta historia por una razón geográfica. Punta Arenas, en la Patagonia chilena, es el punto continental más cercano y logísticamente más viable para abastecer a las Malvinas, dado que Argentina —por el reclamo de soberanía— no ofrece esa vía. Easter Island Line ya tiene experiencia operando rutas marítimas complejas de abastecimiento (el servicio a Isla de Pascua), lo que la posiciona como candidata natural para este tipo de logística de “última milla” hacia un territorio insular remoto.

Si el acuerdo avanza, Punta Arenas podría convertirse en un nodo logístico estratégico para todo el desarrollo petrolero del Atlántico Sur durante las próximas décadas, ya que contaría con una licencia de extracción de 35 años, prorrogable.

Dimensión geopolítica

Argentina considera que la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de Malvinas es ilegal, ya que las islas forman parte de su reclamo de soberanía y la Cancillería argentina repudió formalmente estas actividades en 2023 por considerarlas realizadas sin autorización de la autoridad competente.

Que una empresa chilena participe —aunque sea en un rol de proveedor logístico privado— ha generado reacciones críticas, con analistas que interpretan el movimiento como una señal de que Chile prioriza sus intereses comerciales por sobre una postura de respaldo diplomático explícito al reclamo soberano argentino.

Expertos en política exterior sostienen que el avance de Sea Lion sin autorización argentina refuerza el control de facto del Reino Unido sobre el territorio en disputa, en momentos en que la política exterior argentina hacia la “cuestión Malvinas” atraviesa cambios de enfoque.

— La plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu de Bluewater tendrá el primer petróleo del yacimiento Sea Lion en 2028

La Cámara de Diputados de la Nación habría elevado una resolución que propone expresar un enérgico rechazo al avance de las operaciones de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa también solicita al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre las acciones diplomáticas, administrativas y jurídicas impulsadas para intentar frenar a Sea Lion, destinado a la extracción de petróleo en aguas próximas a las Islas Malvinas.

Licencias y pesca

La administración de las islas también consolidó uno de los principales pilares económicos del archipiélago al prorrogar por 25 años los derechos de explotación de las principales pesquerías comerciales. La resolución, vigente desde 2023, garantiza la continuidad del régimen de Cuotas Individuales Transferibles (ITQ) hasta 2047.

En ese contexto, al paso del buque militar británico HMS Medway por aguas argentinas, rumbo al estrecho de Magallanes hace algunas semanas, se sumó la detección de otras embarcaciones con bandera de España, Corea del Sur, Taiwán, Vanuatu y China operando en las inmediaciones de Malvinas.

La pesca ilegal se mantiene desde hace décadas como el principal sostén financiero de los isleños, en especial por los ingresos derivados de licencias y cuotas sobre la caza indiscriminada del calamar Loligo, el Illex argentinus, la merluza y la merluza negra.

La adjudicación unilateral de esas licencias no solo vulnera las resoluciones de la ONU, sino además la ley argentina 26.659, que regula la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental. La norma prohíbe realizar esas actividades sin autorización de la Cancillería y prevé sanciones que incluyen la inhabilitación de entre 5 y 20 años para operar en el país.

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