Si bien resulta real que los incidentes en Jujuy quedaron hilvanados con las elecciones PASO en Chaco, atravesadas por la desaparición y muerte de la joven Cecilia Strzyzowski, nuera del capo de a una organización piquetera (Emerenciano Sena) funcional al gobernador K Jorge Capitanich, en ambos sucesos se han manifestado formas de violencia y planificaciones que apuntan contra la estabilidad del sistema democrático. Esto, sumado a un contexto de crisis económica casi terminal.
A partir de los incidentes en Jujuy, toda la plana kirchnerista salió a confrontar en público. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández tuvieron un intercambio directo con el gobernador jujeño Gerardo Morales, en donde lo responsabilizaron por la escalada de la violencia. Los incidentes en la provincia sirvieron para reponer una vieja fotografía que explica el esquema estratégico de alianzas al que acude el kirchnerismo cuando se siente en estado de debilidad.
Entre las imágenes de este martes en la provincia del norte y aquellas de la Plaza de los Dos Congresos, en diciembre del 2017, cuando el macrismo buscaba modificar la ecuación de tributo jubilatorio, fue fácil descubrir una familiariedad. La violencia, las piedras, los encapuchados, las mochilas cargadas, la confrontación con la Policía, la idea de atacar los edificios institucionales con bombas molotov, formaron parte de la coreografía delirante. Por detrás, estuvo la alianza implícita entre el kirchnerismo y los grupos de la izquierda.
El Frente de Izquierda resultó uno de los motores de las protestas en Jujuy. También, núcleos residuales de la organización piquetera Tupac Amaru. Cuya líder, Milagro Sala, cumple una condena domiciliaria de 13 años, confirmada por la Corte Suprema.
El detonante de los incidentes resultó la aprobación de la reforma constitucional provincial, cuya necesidad fue votada con casi el 50 por ciento cuando en mayo pasado Carlos Sadir, ministro de Hacienda en Jujuy, ganó la Gobernación para reemplazar desde diciembre a Morales. Ese texto tuvo artículos objetados.
2 ligados a los pueblos aborígenes, fueron dados de baja este martes. Otro par, sancionado por los constituyentes, apunta a garantizar el derecho a las protestas pero prohíbe el corte de rutas y de calles. “Criminalización”, denuncian la izquierda y el kirchnerismo.
Tal vez Morales pudo no haber calibrado correctamente los tiempos. Hace 3 semanas y media que existía un legítimo reclamo del gremio docente por mejoras salariales. Marchas diarias que, sin embargo, no obstruyeron la circulación. Hasta que llegó el fin de semana largo que debía culminar con la votación de la reforma constitucional. Desde el viernes la metodología varió. Se interfirieron calles y rutas.
El desorden de este martes resultó absoluto. Con un ataque a la Legislatura. Durante el domingo y lunes las redes se inundaron con denuncias sobre supuestos muertos y desaparecidos. Fue el momento justo en que se hizo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
“Vine a Jujuy porque no podía estar de brazos cruzados frente a los rumores de la existencia de gente detenida y desaparecida”, explicó el funcionario. Hubo más de un centenar de heridos, uno de ellos grave. Pero ni muertos ni desaparecidos. Las organizaciones sociales y kirchneristas fueron las responsables de sembrar las noticias falsas.
Regresando a aquella hipótesis del mal cálculo, el gobernador de Jujuy debió evitar que el conflicto docente se superpusiera con las protestas kirchneristas y de la izquierda para frenar la reforma constitucional que prohíbe expresamente el corte de calles y de rutas. Esos grupos contaron con un estímulo adicional. El despliegue publicitario de Morales: “Lo que no se hizo en el país, se hace en Jujuy”, rezó un spot.
El gobernador enfrentó el desafío en horas cruciales para su destino electoral. ¿Será el costado fuerte de la fórmula que integraría con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta? ¿Algo podrá modificarse después de violentos incidentes?
El capítulo detonó un hecho novedoso en la interna áspera de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, gran adversaria del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también defendió a Morales. Olvidó por un minuto su desagrado por aquella maniobra para sumar a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, a la coalición.
Todas esas serían, sin embargo, especulaciones menores. Los episodios de Jujuy parecieron proyectar, tal vez, postales de la Argentina que vendrá. Mensajes claros y contundentes para el Gobierno futuro. Cualquiera que sea, deberá abordar enormes transformaciones. Sin fantasías de soluciones rápidas o mágicas.