Grabois amenazó a Milei: “Quiero que se caiga el Gobierno”
El piquetero ultrakirchnerista fogueó un golpe contra la administración libertaria y comparó la actual situación con lo ocurrido en 2001, previo a la caída de De la Rúa.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Juan Grabois, agitador social y referente del partido Frente Patria Grande, ha realizado recientemente varias declaraciones contundentes respecto a supuestos intentos de desestabilización o llevar adelante “un golpe” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Sus pronunciamientos en una entrevista al medio Somos Gelatina, han generado controversia en el escenario político, excusándose de que “todavía pensar es legal”.
“Quiero que se caiga el gobierno y quiero que Milei no sea más presidente”, afirmó Grabois, remarcando sostener esa postura.
El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria enfatizó la necesidad de utilizar herramientas institucionales para interrumpir el mandato presidencial, mencionando “el juicio político, la lucha popular por la renuncia”, recordando que “eso ha pasado en la historia argentina”.
“Nuestro pueblo sacó al incompetente de De la Rúa y a la asesina de Patricia Bullrich”, sostuvo, en una dura acusación contra la actual ministra de Seguridad.
Grabois destacó, asimismo, la tensión generada por la politización de ciertos espacios y por la influencia de la política partidaria en la toma de decisiones. Recordó sus propias experiencias y la evolución de su rol dentro del movimiento sindical.
“La resistencia no violenta no implica estar paradito dejando que te peguen… Tenés que estar dispuesto a sacrificar algo”, subrayó Grabois, añadiendo: “Yo cuando era pibe iba recontra al frente y ahora me tocó otro rol, pero yo lo felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo a los jubilados.”
“Es la toma por asalto del poder de los multimillonarios, es el gobierno Elon Musk. Es el anarcocapitalismo, es el capitalismo sin gobierno, sin contralógicas, ni de lo público ni de lo comunitario”, afirmó, utilizando metáforas.
–
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El dirigente propuso una “renovación liberal” en la Legislatura de CABA, con énfasis en bajar los precios de medicamentos y modernizar el sistema de porteño, impulsando la competencia en el sector y reduciendo el gasto público.
En un acto realizado en el Hotel Savoy, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, el farmacéutico y dirigente gremial Marcelo Peretta presentó su candidatura a legislador porteño por el Movimiento Plural, un partido de orientación liberal que se distancia del presidente Javier Milei. Con un marcado énfasis en la situación sanitaria, Peretta expuso sus principales propuestas y trazó un diagnóstico sobre la realidad que afrontan los porteños: “La Ciudad está sucia, insegura y con mala salud.”
Durante la ceremonia, Peretta, conocido por su trayectoria farmacéutica y bioquímica, señaló la urgencia de impulsar políticas que alivien el costo de las prepagas y los medicamentos, productos que, según puntualizó, más incrementaron su precio, muy por encima de la inflación y afectan especialmente a sectores vulnerables como los jubilados.
En referencia a la situación sanitaria porteña, sostuvo: “Los porteños están disconformes con el sistema de salud, con los turnos, las colas y la mala atención. El Ministerio de Salud está ausente en la Ciudad. Hay problemas con los trabajadores de la salud: con los médicos, con los enfermeros, con los psicólogos, con los bioquímicos. Todos están todos a disgusto. Y el vecino no recibe una buena salud.”
Al profundizar en su experiencia como farmacéutico, afirmó: “Hay que bajar el precio de los medicamentos, conozco el oligopolio de los laboratorios y su cartelización. Hay que enfrentarlos; pero no meterse en sus costos sino obligarlos a competir, promover la instalación de nuevos productores. Hay que instalar más laboratorios para que haya alternativas. Hay que abrirse a capitales extranjeros deseosos de instalarse y contratar personal argentino.”
Asimismo, Peretta denunció la influencia de la industria farmacéutica en la política: “Los laboratorios financian las campañas y compran Ministerios y Secretarías para influir en las decisiones. Nos bombardean con continua publicidad de medicamentos en todos los canales por televisión. Promueven la automedicación, la adicción y empobrecen a la gente induciéndola a comprar medicamentos caros, que muchas veces no necesitan. Quiero continuar el trabajo hecho por el doctor Arturo Illia.”
El candidato por el Movimiento Plural se mostró especialmente crítico con la administración del PRO en la Ciudad: “Ya llevan 18 años en esta Ciudad, que hoy está sucia e insegura porque se escapan los presos.” También reclamó la ampliación de la red de subtes, la reorganización de las bicisendas y la reducción del Estado porteño: “Debe haber menos ministerios y hay que eliminar los comuneros, no cumplen una función necesaria y cobran dos tercios del sueldo de un legislador. Propongo que su función sea asumida por los propios legisladores, designando 4 por cada Comuna que obligatoriamente deban atender las necesidades de los vecinos. No se puede seguir tirando la plata que después no alcanza para la salud.”
Peretta, quien se presenta como un liberal distanciado de Javier Milei, convocó a los votantes a sumarse a su partido: “Quiero salvar al liberalismo, porque si seguimos así la gente va a decir ‘volvamos a lo de antes’, como pasó en 2019.” Además, lanzó duras críticas contra el presidente: “Milei no deja funcionar el mercado, pisa todas las variables. Aplica motosierra a trabajadores, jubilados y pymes, les asegura grandes negocios a los ‘empresaurios’ y usa guillotina con los verdaderos liberales que lo convencieron de dar el paso a la política y lo llevaron a la Casa Rosada. Ya echó a 130 liberales de su gobierno, solo por opinar. Se volvió stalinista.”
En sintonía con sus propuestas de corte productivo, el candidato agregó: “Tenemos que volver a la economía real. De esta se sale produciendo y trabajando, como hace Trump en Estados Unidos”.
Como parte de su lanzamiento, Peretta presentó sus “10 Remedios” para mejorar la calidad de vida en Buenos Aires:
Recuperar la cultura del esfuerzo, la producción y el trabajo.
Respetar, potenciar y respaldar a las fuerzas de seguridad.
Salir de la especulación financiera y volver a la economía real.
Evitar el abuso empresarial y sindical.
Achicar y fortalecer el Estado.
Bajar impuestos y potenciar al sector privado.
Priorizar la nación, la familia, el hogar y la fe.
Frenar la imposición de agendas globales.
Proteger a niños, ancianos, salud y ambiente.
Crear empleo formal y defender el trabajo basado en el hombre, no en la máquina.
“Espero que mis recetas y remedios hagan una Ciudad mejor”, destacó el dirigente al concluir su discurso.
El acto contó con la presencia del diputado Miguel Pichetto y del consultor político Federico González. En tanto, enviaron sus saludos a Peretta figuras como Juan Pagotto, Francisco Poaltroni, Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Domingo Cavallo y Nazareno Echepare.
“Salgo a la calle a hablar con la gente porque los problemas se solucionan metiéndose”, remarcó Peretta, quien busca consolidar su candidatura a legislador porteño con un mensaje de renovación liberal en CABA y propuestas centradas en la salud pública.
El PRO atraviesa momentos de incertidumbre y cambios. En medio de ese clima, el intendente de Viamonte, Facundo Manzoni, emerge como parte de la generación sub-40 que promueve la renovación del partido. Sus convicciones son claras: no quiere alianzas y propone regresar a los valores originales del espacio fundado por Mauricio Macri. Con 31 años, y reconocido como el “intendente gaucho”, Manzoni gobierna un pequeño pueblo de 1867 habitantes en el interior de Córdoba. Desde que asumió, donó la totalidad de sus sueldos a las diversas instituciones sociales del pueblo.
En diálogo con Perfil Córdoba, Manzoni sostuvo que “estamos ante una gran oportunidad para refundar el partido. Es tiempo para purgar el espacio y volver a relanzarlo con caras nuevas y los que fueron dejados de lado. Y para hacer esto hay que ir solos”.
El intendente describe cómo, junto con otros jóvenes dirigentes, comenzó a trabajar en una estrategia que defienda la gestión por encima de las personalidades y que recupere “las banderas originales” del PRO. A ello se suma la necesidad de “incorporar nuevas personalidades y atraer nuevamente a aquellos que habían sido dejados de lado, incluyendo empresarios”, y subraya con fuerza la idea de “no fijar alianzas con otros espacios políticos en las próximas elecciones legislativas”.
Manzoni deja en claro que se considera un vecino involucrado antes que un político de carrera. No se define como político, apenas se lo presenta de esa manera, y se define como un vecino que se involucró para cambiar la realidad de su pueblo: “hoy yo vivo para la política y no de la política’”.
El mandatario comunal también criticó a quienes representan el ‘pasado’ del PRO y de la política provincial y nacional: “Negri es parte del problema y no de la solución. Negri es parte del pasado”. A la misma concepción se ajusta Horacio Rodríguez Larreta, “ya demostró lo que tenía que demostrar y ya tiene que darle lugar a gente nueva. ¿Para qué va a volver? Vi un video que decía que vuelva a la Ciudad. No, ya está, ocho años como Jefe de Gobierno. Ya está, ya fracasó”.
En ese mismo sentido, descarta también al exintendente de Córdoba, Ramón Mestre: “Igual que Larreta, ya está. Yo no soy nadie para jubilar a alguien. Reitero: yo soy un humilde campesino, bastante chuncano, retobado, que digo lo que pienso, por eso estoy acá sentado. Pero bueno, ellos deberán hacer una autocrítica profunda, porque han tenido la posibilidad de generar el cambio por 20/25 años en Córdoba y la gente no los votó”.
Al referirse a quienes se alejaron del partido, Manzoni es categórico: “Y, ya se fueron… son parte del oficialismo provincial”. Y, aunque valora la juventud, insiste en que no se trata de un asunto meramente generacional: “No es solamente con jóvenes. Vamos a buscar perfiles nuevos. Si querés refundar un espacio político, tenés que ir solo. ¿Vamos a ir acompañados nuevamente con el radicalismo, que te van a plagar una lista con Mestre, De Loredo, Juez? De nada te sirve”.
Tampoco considera conveniente acercarse a La Libertad Avanza: “Acá no hay que pensar en una elección de 40 o 50 puntos con las que estábamos acostumbrados. Esto es una patriada, no vas a sacar 40/50 puntos: vas a hacer una elección de un par de puntos, pero con la idea de refundar una un espacio político que sea alternativo”.
Facundo Manzoni emerge como uno de los nuevos rostros renovados del PRO que, alineado con Mauricio Macri, busca una reconstrucción total del partido: volver a los valores originales, sumar caras nuevas y prescindir de alianzas con otras fuerzas. “Es una gran oportunidad para refundar el PRO y para que se vuelva a reencontrar con aquellos principios y valores que gestaron este este espacio político”, reflexiona el intendente. Su mensaje es directo: la etapa de las viejas figuras ha llegado a su fin y es hora de apostar a una renovación profunda, aunque eso signifique correr riesgos electorales y “hacer una patriada” en solitario.
María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
Desde hace décadas, la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de constantes licitaciones, anuncios y presupuestos multimillonarios, pero también de un patrón de fraude sistémico que ha dejado rutas inconclusas, obras mal ejecutadas y una pérdida millonaria de recursos estatales.
Entre los casos más emblemáticos de esta problemática se encuentra el camino Maipú – Labardén, donde la gestión de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Patricia Tombesi durante el gobierno de Daniel Scioli, ejecutó una serie de licitaciones fraudulentas que continúan afectando a los bonaerenses. En este esquema, la gestión de Axel Kicillof pareciera haber continuado el derrotero.
El camino de Maipú – Labardén, la historia se repite
El caso del acceso a la localidad de Labardén desde la ruta 2 es un claro ejemplo del fraude sistemático perpetrado desde la dirección de Vialidad bonaerense. En marzo de 2015, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, junto a Patricia Tombesi y otros funcionarios, anunciaron la licitación de la pavimentación del camino con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
– Choque en ruta 6
Los habitantes de la zona ya habían denunciado incumplimientos previos: en 2011, la provincia había licitado una obra similar sin que se llevara a cabo ninguna mejora significativa. Cuando los vecinos reclamaron, funcionarios de Vialidad argumentaron que los contratos seguían vigentes y que no podían reasignar fondos hasta que no se resolvieran legalmente los compromisos con las empresas contratistas. Mientras tanto, la gestión de Tombesi y Granero realizaba “redeterminaciones de precios” y nuevos préstamos a organismos como el Banco Mundial y el BID, aumentando la carga financiera sobre la provincia sin resultados tangibles.
– De izquierda a derecha: Favio Granero, Patricia Tombesi, Karina Arbia y Maria Inés Tombesi
Para 2017, la falta de pavimentación había provocado varios accidentes y los vecinos seguían exigiendo respuestas. Sin embargo, en 2023, el actual gobernador Axel Kicillof anunció una nueva licitación para asfaltar el mismo camino, con un presupuesto de 4.137 millones de pesos (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Al día de hoy, las obras siguen sin completarse y el camino de Maipú-Labardén permanece en condiciones precarias.
Ruta nacional 6, otra obra incumplida
Lejos de ser una excepción, el caso del camino Maipú – Labardén pareciera uno más de un extenso derrotero. Por caso, en noviembre de 2014, la entonces administradora de Vialidad, Patricia Tombesi, anunció la finalización de una serie de obras en la ruta nacional 6, una vía clave que atraviesa municipios como Zárate y Campana. Según Tombesi, el presupuesto asignado para estas mejoras ascendía a 1.700 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares en ese momento), con el objetivo de renovar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y rehabilitar 500 kilómetros de rutas.
No obstante, estas obras comenzaron a sufrir dilaciones y anuncios reiterados de finalización, sin avances concretos. A pesar de las reiteradas inyecciones de fondos y de la supuesta finalización del 60 por ciento de los trabajos, la realidad en la carretera mostraba otra cosa: capas de asfalto provisorias, ausencia de banquinas seguras, mala señalización y tramos enteros donde la ruta se convertía en una sola mano.
– Otro accidente en ruta 6, año 2014
La situación generó una serie de accidentes viales y, más tarde, se agravó con las inundaciones de 2014, que dejaron a Zárate y Campana aisladas debido al desborde de los arroyos cercanos.
La administración de Vialidad bonaerense, bajo el mando de Tombesi, se convirtió en un entramado de intereses familiares. La funcionaria contaba con la asesoría de sus primos María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero, además del escribano Alan Lynch, quienes se involucraron directamente en la gestión de fondos públicos. Posteriormente, estos mismos nombres aparecerían como aportantes a la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.
Reiteración de fraudes
Sin importar el color político, el patrón se repitea a lo largo de la historia provincial: licitaciones anunciadas, presupuestos multimillonarios, obras iniciadas pero nunca finalizadas y nuevas licitaciones que buscan reparar lo que nunca se construyó. Esta dinámica ha costado miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, mientras las condiciones viales siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias.
– Postal de la inundación de Zárate, en el año 2015
A pesar de las numerosas denuncias y de la apertura de causas judiciales, figuras clave en este entramado, como Patricia Tombesi, Favio Lautaro Granero y Alan Lynch, siguen sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el endeudamiento de la provincia sigue en aumento y los mismos problemas estructurales continúan afectando a los bonaerenses.
La falta de transparencia y la impunidad han permitido que este esquema de fraude continúe operando a lo largo de distintas administraciones.
Después de las tensas manifestaciones en defensa de los jubilados y posterior represión policial en las afueras del Congreso, surgió un caso que puso en evidencia las diferencias internas en el PRO: el incidente que involucró al fotógrafo Pablo Grillo, que fue gravemente herido mientras cubría la protesta.
Grillo, que se encontraba en su labor profesional, recibió un impacto de bala de goma en el rostro. Este incidente generó una gran conmoción, no solo por la gravedad de las heridas, sino también por la actuación policial que fue fuertemente criticada por sectores de la sociedad y por la propia oposición.
Jorge Macri, al referirse al caso, se diferenció de Patricia Bullrich. El jefe de Gobierno porteño se mostró “preocupado” por el estado de salud de Grillo y, en lugar de centrarse en la actuación de la Policía de la Ciudad, cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade: “La liberación de los detenidos es un claro ejemplo de cómo la justicia no está funcionando frente a situaciones de violencia pública” y recalcó: “Si cada uno de los que tienen esta posibilidad de representar a gente, le meten nafta al conflicto, después tenés agresivos que van a buscar en ese tono que se instaló la excusa para elevar la violencia”.
En contraste, Patricia Bullrich, desde su rol como ministra de Seguridad, adoptó un enfoque más centrado en el accionar policial. Se mostró firme en su defensa de la intervención de la policía, aseguró que “la policía actuó de acuerdo a lo que la ley establece para estos casos. Estamos comprometidos con la seguridad pública y con el orden”. Además, al igual que en otras ocasiones, la ministra hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas más estrictas frente a las protestas y las manifestaciones que desembocan en actos de violencia.
Por otro lado, el Jefe de Gobierno volvió a diferenciarse de la ministra, quien aseguró que los responsables intelectuales de los incidentes en la marcha de barras y militantes el pasado miércoles son dos intendentes peronistas: “No veo al kirchnerismo o al peronismo. Yo no creo que ningún espacio político democrático este detrás de ese tipo de violencia, pero en Argentina hace tiempo que tenemos movimientos anarquistas, violentos”.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva movilización convocada para el próximo miércoles. Jorge Macri, informó que el viernes pasado se realizó una reunión con autoridades de Seguridad, convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y anticipó que habrá otra en los próximos días.
Macri explicó que el protocolo de seguridad lo define la Nación, dado que se trata de objetivos federales, y que la Ciudad estará a cargo del tercer cordón de seguridad, como en otras ocasiones. Además, detalló que desde Nación están en preparación “mecanismos distintos” a los empleados en la marcha anterior, con el objetivo de reforzar la seguridad en las estaciones de tren y en áreas federales, tal como le informó su ministro de Seguridad, Horacio Giménez.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expulsó y denunció penalmente a 18 miembros de la Policía Bonaerense que dejaron sus puestos de trabajo en los distritos de Ituzaingó y Tres de Febrero para reclamar mejoras salariales. Las autoridades indicaron que los efectivos fueron acusados de sedición y “echados” de la fuerza tras haberse presentado con patrulleros y uniformes en horario de servicio.
La cartera de Seguridad bonaerense explicó que la legislación prohíbe a las fuerzas de seguridad llevar adelante huelgas o protestas de carácter sindical. En ese sentido, los voceros oficiales señalaron: “Los echamos de la fuerza y denunciamos penalmente por incumplimiento de sus funciones. Están en graves problemas y va a suceder en cada uno que haga o convoque una sublevación. La policía es policía por decisión y saben que no pueden accionar de esta forma. Además, van en contra de la Constitución”.
Los efectivos sancionados quedaron bajo investigación luego de un “sirenazo” registrado el 17 de febrero en la estación de servicio Shell, ubicada en la colectora de Acceso Oeste y Del Prado, en Ituzaingó. Un episodio similar ocurrió en El Palomar, partido de Tres de Febrero, con la participación de siete patrulleros. Según la denuncia, se emplearon móviles oficiales para la protesta y algunos policías concurrieron con uniforme durante su turno laboral. El jefe de la Estación Policial de Ituzaingó, Hernán Humbert, inició una de las causas que tramitan en los tribunales de San Martín, mientras que la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, también intervino en otro expediente.
El conflicto se dio pocos días después de que el gobierno provincial anunciara un nuevo incremento salarial del 9% para los trabajadores estatales, incluido el personal policial. Dicho ajuste comprendió un 7% en febrero y 2% en marzo, además de mejoras en la compensación por uniforme y en los montos del servicio de Policía Adicional (Polad). Aun así, algunos sectores de la fuerza rechazaron la propuesta y reclamaron un aumento del 100%, libre elección de obra social, asistencia psicológica gratuita y mejores condiciones de trabajo.
Las demandas de estos grupos no resultaron novedosas. En septiembre de 2020, alrededor de 1.200 efectivos se sumaron a una protesta que llegó hasta la residencia de Kicillof en La Plata y la Quinta de Olivos. En aquel momento, el ministro de Seguridad era Sergio Berni. Voceros oficiales indicaron: “Cuando detectamos un policía que está fuera de la ley lo echamos. De esa protesta en 2020 fueron echados los 1.200 policías”, amenazaron los funcionarios.
La tensión en la provincia de Buenos Aires coincidió con una serie de episodios violentos que incluyeron asesinatos de policías y ataques de motochorros. Estos hechos desencadenaron acusaciones cruzadas entre Axel Kicillof y el presidente Javier Milei. “Que nos devuelva los $ 700 mil millones que nos robaron el año pasado que estaban destinados a Seguridad”, afirmó Kicillof. Milei respondió: “La provincia es un baño de sangre”, y calificó al gobernador de “inútil”.
A nivel salarial, el nuevo ajuste implicó que un comisario general pasara a ganar $1.425.000 en febrero y $1.452.000 en marzo, mientras que un oficial principal recibió $711.000 en febrero y $724.000 en marzo. Un agente con menor rango percibió $655.000 y $677.000, respectivamente. Sobre estos montos se aplicaron sumas fijas y no remunerativas que incrementaron el sueldo entre un 30 y un 40%, dependiendo del escalafón. Además, los efectivos tienen la posibilidad de acceder al servicio adicional (Polad) o a las llamadas horas “Cores”, que les permiten trabajar en sus días de descanso o cubrir eventos. Dichas tareas se pagan entre $25.000 y $35.000 por evento, o $1.200 por hora extra.
Finalmente, otro grupo de policías bonaerenses inició en las últimas horas una protesta en Puente 12, partido de La Matanza, con amenazas de paro total. Los manifestantes consideraron “insuficiente” el 9% de suba en medio de la “alta inflación” y la compleja situación de inseguridad en la provincia. A pesar de ello, las autoridades reiteraron que las fuerzas de seguridad no pueden abandonar sus puestos ni manifestarse bajo mecanismos que involucren la utilización de recursos oficiales. Los 18 efectivos desafectados en Tres de Febrero e Ituzaingó afrontaron, a raíz de ello, procesos penales y sumarios internos que desembocaron en su expulsión.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
