El Gobierno canceló un contrato millonario a la ONG de Madres de Plaza de Mayo
Así lo anunció a través de X el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Este acuerdo le asignaba a la ONG el equivalente a $2300 millones en la actualidad.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
–
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
Entrevistada por medios locales, la diputada GabrielaLena (de Juntos por Entre Ríos) se refirió a los temas que se plantea como objetivos para el año 2025, entre los cuales mencionó principalmente dos reformas: a la Ley de Municipios y a la del Consejo de la Magistratura, así como el alivio fiscal anunciado por el gobernador.
“Todavía nos quedaron pendientes algunos temas importantes del año pasado. En Diputados hemos avanzado bastante en reformas que tienen que ver con la institucionalidad en la provincia, en el marco de la comisión que yo presido (Legislación General), y de esto nos quedan dos temas que para mí van a ser el inicio del año legislativo”, indicó la legisladora.
LAS DECLARACIONES DE LENA:
En ese sentido, dijo que uno de esos temas será la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las regulaciones sobre municipios y comunas, en un trabajo conjunto con la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside María Elena Romero.
“Esto va a llevar un tiempo, porque necesita mucho debate. Es un tema sensible, porque afecta directamente a cada uno de los municipios de la provincia, y hay dos proyectos de ley que hay que consensuar”, dijo sobre las propuestas para reformar la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 que comenzaron a ser tratadas en comisiones en 2024 y que pertenecen a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) y Romero.
Por otro lado, mencionó a la reforma electoral como uno de los pasos más importantes de la actividad parlamentaria del 2024. “Si bien hubo muchas leyes importantes que han sido aprobadas, ésta ha sido una de las más importantes”, comentó. “Ojalá este año podamos tener una ley que para mí también es muy importante, que está todavía en el Senado, que es la de Ética Pública y Ficha Limpia”, agregó.
Finalmente, dijo que los diputados están a la espera del ingreso del proyecto de ley anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio sobre “alivio fiscal” a través de la reducción de alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. “Cuando ingrese el proyecto, va a ser seguramente uno de los primeros temas a tratar”, señaló.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
El Ministerio de Salud confirmó la renuncia de la directora del Instituto Nacional del Cáncer (INC), María Verónica Pesce, tras la baja de 56 contratos en ese organismo. La noticia surgió en medio del anuncio oficial de que no se renovarían 1400 contratos en la órbita de Salud y luego de que el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, publicara, el 7 de diciembre de 2024, un informe en su canal de YouTube que expuso el vencimiento de fármacos oncológicos.
Según detallaron fuentes del INC, Pesce presentó su dimisión ayer luego de que el ministerio solicitara 56 bajas en el plantel de ese instituto de funcionarios claves para la gestión de la directora. Los gremios se declararon en estado de alerta y, tras conocer el comunicado, exigieron una reunión con carácter de urgencia con las autoridades de Salud para solicitar que se revisaran uno por uno los casos.
EL INFORME DE EL PRESTO DENUNCIA: Dejaron “PUDRIR” toneladas de medicamentos oncológicos en el Instituto Nacional del Cáncer
En paralelo, la investigación difundida por el periodista Prestofelippo señaló que la funcionaria quedó asociada a la caducidad de un amplio cargamento de morfina y metadona: fármacos usados para tratar dolores intensos de pacientes con cáncer. “Hablaremos hoy de una de esas burócratas que complica aún más la endeble situación del sistema de salud: la kirchnerista María Verónica Pesce, actual directora del Instituto Nacional del Cáncer, quien fuese designada en ese cargo por la exministra de Salud de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, el 17 de diciembre de 2021 a través del Decreto 858/2021 publicado en el Boletín Oficial”.
También el periodista agregó: “Quizás te suene su apellido… María Verónica es familiar directo de Miguel Ángel Pesce, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del Frente de Todos. En concreto, es hija de un primo del funcionario que más se enriqueció durante el infame período Fernández-Fernández”.
El informe incluyó críticas a la gestión: “¿Y cuál es el problema? Como siempre, la gestión… Se venció el 50% de un cuantioso cargamento de morfina y metadona (fármacos utilizados para tratar el dolor intenso causado por el cáncer, cuando otros analgésicos no son suficientes) solicitado el 18 de febrero de 2022. Más o menos la mitad de este cargamento de… MORFINA: Un millón trescientos sesenta y nueve mil quinientos comprimidos ranurados de liberación inmediata de 10 miligramos en blíster de diez comprimidos. METADONA: Seiscientos veinticinco mil trescientos ochenta comprimidos de 5 miligramos en blíster de 10 comprimidos. … yace ‘podrido’ en el Banco de Drogas Oncológicas de la calle Dr. Ramón Carrillo altura 489 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Prestofelippo se apoyó en documentos oficiales donde queda expuesto que se gastó —a plata de hoy— más de ciento ochenta y cinco millones de pesos en medicamentos que terminaron pudiéndose.
Pesce permaneció alrededor de cinco años al frente de la institución. “Nunca me atendió el teléfono y desconozco qué hizo en ese Instituto durante esos años porque solo mandaron un par de gacetillas con poca información”, señalaron fuentes. Al momento, no trascendió el nombre de su reemplazante. La exdirectora del INC dejó su cargo en un escenario marcado por el cuestionamiento a su administración y las tensiones gremiales surgidas por la no renovación de contratos.
Tras meses de desgastes y cuestionamientos, Eduardo Serenellini renunció este martes a su cargo de secretario de Prensa de Javier Milei. El funcionario, que resistió como pudo durante largos meses en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada, era duramente cuestionado por la secretaria general Karina Milei desde que se enteró que había habilitado el pago de pauta a medios de comunicación en los que trabajó y se dedicaba a promover decisiones favorables con otras empresas, según las versiones que daban en la cúpula libertaria.
El ahora ex funcionario no tenía el respaldo ni de la hermana del presidente ni de Santiago Caputo, los dos integrantes del Triángulo de Hierro junto al líder libertario. Además arrastraba una interna feroz con Manuel Adorni, el portavoz de Milei.
Pero pese a eso se mantuvo en su cargo de manera insólita durante más de un año. Su estadía en la Rosada le generó enfrentamientos a Milei con el campo y tuvo su capítulo más polémico cuando quedó envuelto en una situación delicada por la aparición de una agencia de publicidad privada cursando pauta oficial, como reveló el sitio La Política Online
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en la Casa Rosada a los jefes de bloques parlamentarios considerados dialoguistas, entre ellos Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR) y Oscar Zago (MID), para acordar el esquema de trabajo en torno a los siete proyectos que el Ejecutivo envió a las sesiones extraordinarias. Al encuentro, que duró poco más de una hora, también asistieron Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) fue invitado pero decidió no participar.
En declaraciones posteriores a la reunión, Ritondo sostuvo que para su espacio “hay algunos que piensan que se tienen que eliminar y otros suspender” las PASO. Ya en referencia a la postura general del PRO, afirmó: “Las PASO muchas veces se convierten más en un problema que una solución”.El diputado agregó que en la reforma electoral “no solo son las PASO, sino el financiamiento de los partidos políticos, porcentaje de los partidos, con lo cual no solo es el tema de la designación de candidatos”.
Durante el encuentro, Francos explicó que el Gobierno pretendía dividir en dos sesiones el tratamiento de los temas propuestos. Los representantes de La Libertad Avanza pidieron tiempo para reunir voluntades en torno a los puntos más polémicos y sugirieron que el 4 y 5 de febrero se convoque a las primeras reuniones de comisión (Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales), mientras que el 6 se realizaría el primer debate en el recinto. Se acordó, en principio, avanzar de esta manera.
Ritondo también remarcó que el PRO quería debatir otros proyectos “claves” para ellos, como la reforma del Código Procesal Penal sobre reiterancia y el Juicio en Ausencia. En paralelo, mencionó que analizarían con especialistas el proyecto para reformar la ley de Ganancias sobre quebrantos impositivos. A su vez, se refirió a los posibles cambios en el partido amarillo y negó movimientos significativos hacia el oficialismo:“No hay fugas del PRO a LLA. Valenzuela ya estaba ido. Montenegro no. Hablo con los intendentes y no hay fugas. Unirse con LLA es otra discusión, en provincia de Buenos Aires creo que es necesario ir juntos para ganarle al kirchnerismo”.
Al salir de la Casa de Gobierno, Ritondo confirmó que el bloque respaldaría el proyecto de Ficha Limpia impulsado por el Ejecutivo: “Absolutamente, sin ningún reparo. Lospennato se reunió en diciembre, recibió el borrador, nos informó que está bien. Se agregaron una cuestión de los años electorales y que no sea solo para cargos legislativos sino también ejecutivos”. Consultado sobre la posibilidad de que Mauricio Macri fuera candidato a senador, respondió: “Depende de él”.
En cuanto a la intención de eliminar o suspender las primarias, el oficialismo informó que necesita alcanzar 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Hasta ahora, el PRO y un sector de la UCR estarían a favor de suspender las PASO este año y analizar a futuro una reforma más profunda. “El tema PASO y el financiamiento de partidos políticos son temas que llevamos para debatir con el bloque. Compartimos mucho esta idea del gobierno, pero hay que darle forma, porque modifica la vida política y es un tema que necesita y requiere de consenso”, había expresado Ritondo más temprano. Agregó que la estrategia oficial se centraría en buscar mayores consensos la semana siguiente, antes de convocar a la sesión del 6.
Francos, por su parte, explicó la urgencia del Ejecutivo: “Somos una minoría parlamentaria muy marcada como espacio político, con lo cual necesitamos de acuerdos con los bloques como lo hemos hecho para sacar leyes importantes, particularmente la ley Bases”. Según señaló, buscaba “analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento de los temas, ver si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos y posibilidades de mayoría y en cuáles no”.
El Gobierno también adelantó que planeaba convocar a senadores aliados para una reunión similar, con el propósito de garantizar el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, la llamada ley antimafia -que cuenta con media sanción de Diputados e impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, y la eventual eliminación de las PASO en caso de contar con los votos necesarios. Entre los posibles invitados figuraban Eduardo Alejandro Vischi (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Juan Carlos Romero y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), además de otros legisladores del interbloque Provincias Unidas.
Las reuniones se enmarcaron en las sesiones extraordinarias, que comenzaron formalmente y se prolongarían hasta el 21 de febrero. El objetivo oficial fue tratar en el Congreso una serie de proyectos, entre ellos la reforma política, la normativa sobre reiterancia, el régimen de quebrantos impositivos y Ficha Limpia. El Ejecutivo estimó que el gasto en las PASO asciende a unos 150 millones de dólares.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
