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En la mañana del sábado, cerca de las 9:30hs, un conductor fue detenido por tres policías que le pidieron $3.000 cambio de dejarlo seguir su camino. Lo insólito en que, tanto el oficial, el subayudante y el subteniente, pensaron que era buena idea recibir un soborno a través de Mercado Pago, donde queda registro de los datos personales.
Tras efectuar el pago, la víctima siguió su camino y dio aviso a la diputada nacional Prospato, quien además es la esposa del ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni.
El mensaje que relató los hechos:
“Hola compañera Agustina, sé que no estás para estas cosas. Mira, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de la Policía Bonaerense” comentaba, y agregó: “No es mi costumbre ‘chapear’ y no lo hice,peroson tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él”, relataba el hombre.
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento de lo sucedido y ordenaron la desafectación de los tres implicados. “Se abrió un sumario y se está investigando el hecho y la actuación de los efectivos”, dijeron.
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La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados de Entre Ríos profundizó este martes el debate en torno al proyecto de reforma de la Ley Nº 11.003 del Consejo de la Magistratura, iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo. En esta ocasión, legisladores recibieron a dos representantes de la sociedad civil que forman parte del organismo encargado de la selección de jueces, fiscales y defensores en la provincia.
La presidenta de la comisión, la diputada Gabriela Lena, detalló al concluir la reunión: “Hoy recibimos a los dos representantes de la sociedad civil en el Consejo de la Magistratura, quienes nos dieron su opinión respecto del proyecto de ley”. Se trata de María Paula Armándola (Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos) y Matías Daniel Chiosso (Asociación Civil Vida y Esperanza), quienes compartieron su perspectiva sobre la propuesta legislativa.
Lena enfatizó la relevancia del órgano a reformar: “Es importante explicar la importancia que el Consejo de la Magistratura tiene para la vida institucional de la provincia. Es el organismo que la constitución establece para el nombramiento de los jueces, fiscales y defensores en Entre Ríos, lo cual se hace en base al mérito, a través concursos de oposición y antecedentes”.
Y agregó: “Esto hace que los funcionarios judiciales tengan independencia para poder investigar, defender o sancionar y juzgar, sin intervención del poder político y de quien sea el gobierno de turno”.
En relación con la participación de los invitados de la sociedad civil, la legisladora recordó: “Una pata del Consejo de la Magistratura es la sociedad civil, que no tiene absolutamente nada que ver con la temática del Derecho, pero que sí tiene una mirada de la Justicia, como vecino”.
A partir de los aportes de los consejeros y del intercambio entre los diputados de diferentes bloques, la comisión trabajará en la redacción final del proyecto. “Intentaremos arribar a un texto consensuado la semana que viene y, si es posible, ingresarlo en la próxima sesión”, indicó Lena.
La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo, busca introducir modificaciones en la normativa vigente con el propósito de agilizar la realización de concursos para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial, además de incluir otras reformas destinadas a optimizar el funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura. Se espera que el dictamen final se dé a conocer en las próximas semanas, con miras a su eventual tratamiento legislativo.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.
Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.
La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.
Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.
A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.
A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.
La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
La Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones, el 6 de enero, el proyecto que propuso demoler parcialmente y ampliar el estadio Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007. La iniciativa fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, quien controla el recinto a través de DF Entertainment, en el marco de una concesión de 40 años. El plan incluyó elevar la capacidad de 8.400 a 13.000 espectadores —o incluso 14.030, según una carta de intención— y generó controversia debido a que la normativa vigente prohíbe modificaciones estructurales en bienes protegidos.
La resolución se firmó en apenas dos meses, un plazo inusualmente corto para este tipo de trámites y en pleno receso de verano. Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la falta de transparencia del proceso y solicitaron sin éxito acceso a la documentación oficial. Según dichas entidades, la modernización del estadio sería posible sin transgredir la normativa patrimonial.
El proceso estuvo encabezado por Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por el vocal Juan Vacas, quien además se desempeñó como subsecretario de Paisaje Urbano en el gobierno de Jorge Macri. Este doble rol llamó la atención, especialmente porque la administración porteña había rechazado inicialmente la viabilidad de las reformas. Finkelstein, por su parte, pagó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión del estadio y debe abonar un canon anual del mismo monto.
La historia del Luna Park tomó un giro decisivo en 2013, cuando, tras la muerte de Ernestina Devecchi —viuda de Tito Lectoure—, el estadio pasó a manos de la Iglesia Católica al quedar como única heredera. El 23 de octubre pasado, la sociedad propietaria del recinto, Stadium Luna Park SA, firmó una carta de intención para concesionar el estadio por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20, a Live Nation Entertainment y DF Entertainment. El acuerdo contempló la construcción de un edificio independiente dentro del perímetro actual y la elevación del techo en cuatro metros para alojar nuevas gradas. También consideró la restauración de fachadas y la reconfiguración de los accesos, lo que generó reparos por la posible alteración de las icónicas entradas del estadio.
El Luna Park ocupó un lugar central en la cultura argentina: allí fue velado Carlos Gardel, se realizó el mayor acto nazi en Latinoamérica, se conocieron Juan Domingo y Eva Perón, se disputaron históricas peleas de boxeo y se llevaron a cabo recitales memorables. Además, albergó el último acto político de Néstor Kirchner y la presentación del último libro de Javier Milei. Pese a su protección patrimonial, la Comisión Nacional de Monumentos avaló avanzar con las modificaciones, y ahora la última palabra recayó en el Gobierno de la Ciudad y en el papa Francisco, ya que el recinto pertenece a la Iglesia Católica.
La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
