Nacho Torres descubrió un fraude multimillonario en cooperativas eléctricas de Chubut

El gobernador de Chubut denunció un sistema de corrupción que involucra a cooperativas eléctricas, abogados y funcionarios, con un perjuicio que podría alcanzar los $160 mil millones.
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En un intento por frenar un sistema corrupto que lleva años perjudicando a los usuarios y al Estado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew. En conferencia de prensa, Torres expuso cómo estas entidades, en coordinación con un estudio de abogados de Mar del Plata, implementaron un mecanismo que les permitía evitar el pago de electricidad a Cammesa, la mayorista nacional de energía. Además, subrayó que esta práctica ilegal afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también al sistema energético nacional.

La denuncia de Torres reveló que las cooperativas utilizaban amparos judiciales emitidos en supuesta connivencia con jueces, lo que les permitía evadir sus obligaciones financieras con Cammesa. “Acá se está robando mucho dinero. Me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada”, declaró Torres. Además, explicó que el convenio firmado por la presidenta de la Cooperativa de Rawson no pasó por el Consejo de Administración, lo que constituye una irregularidad grave que derivará en una denuncia penal.

El esquema no solo afecta a Chubut —donde la deuda de las cooperativas alcanza los 20 mil millones de pesos— sino que también tiene implicancias nacionales, con un perjuicio estimado en 160 mil millones. Cammesa, que enfrenta un déficit acumulado por este tipo de maniobras, está implementando un plan de saneamiento liderado por Mario Cairella. Este plan incluye la reestructuración de deudas con un período de gracia de 12 meses y un plazo de pago de seis años, además de medidas para garantizar que no se acumulen nuevas deudas.

“Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Este tipo de fraudes sistemáticos no solo perjudican las finanzas públicas, sino que también afectan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”, agregó el gobernador.

Torres, en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la ministra Sandra Pettovello, inició los trámites para intervenir las cooperativas de Rawson y Trelew. Estas medidas buscan desarticular una red que, según el gobernador, también podría involucrar a otras entidades en la provincia. La intervención incluye auditorías detalladas y una revisión de los contratos firmados por estas cooperativas en los últimos años, con el objetivo de identificar otras posibles irregularidades.

El mandatario señaló que los responsables de la Cooperativa de Rawson incurrieron en “una maniobra de mala fe” que perjudica a los usuarios y financia un sistema corrupto. “La creatividad de algunos para robar es sorprendente, pero también lo es la estupidez de quienes no dimensionan semejante estafa”, enfatizó. Además, destacó la importancia de garantizar que los pagos de los vecinos se destinen exclusivamente a mejorar los servicios. En este contexto, Torres adelantó que las denuncias penales incluirán nombres específicos y pruebas documentales que respalden las acusaciones.

A nivel nacional, muchas de estas entidades funcionan como “cajas políticas”, según explicó una fuente de la Secretaría de Energía. En Chubut, cooperativas como la de Gaiman son ejemplo de gestión eficiente, pero otras, como las de Puerto Madryn y Sarmiento, están profundamente endeudadas.

El gobernador también planteó la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas incapaces de prestar un servicio adecuado. “No podemos permitir que operen como clubes de amigos sin rendir cuentas”, afirmó Torres. Según el mandatario, esta nueva entidad tendría como objetivo garantizar la provisión de servicios esenciales con mayor transparencia y eficiencia, además de reducir los costos operativos.

La investigación llevó a Cammesa a sospechar de un mecanismo aceitado entre abogados, jueces y funcionarios para defraudar al Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso de la Cooperativa de Villa Gesell, que inició el sistema de amparos que luego se extendió a otras cooperativas. Estas prácticas, según fuentes del sector, contaron con la complicidad de funcionarios que optaron por mirar hacia otro lado.

La Cámara Federal de Mar del Plata revirtió recientemente un fallo que favorecía a estas cooperativas y ordenó que paguen las deudas acumuladas, estimadas en más de 160 mil millones de pesos. Este fallo representa un avance crucial para recuperar los fondos evadidos y frenar las prácticas corruptas. Además, Cammesa implementará nuevas políticas de monitoreo para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, detalló las acciones emprendidas por la provincia: “Desde la asunción del gobernador Torres, hemos trabajado en una estrategia para normalizar las entidades cooperativas, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo provincial y el Inaes. Este es un paso crucial para garantizar la transparencia y la calidad del servicio”.

Torres aseguró que seguirá adelante con las denuncias penales y las intervenciones necesarias para garantizar la transparencia en el sistema de servicios públicos. “Nuestra decisión es ir a fondo para que nadie se robe más plata y los usuarios tengan el servicio que merecen”, concluyó el gobernador. Además, se prevé la implementación de un plan de modernización para las cooperativas intervenidas, con énfasis en la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura existente. “No solo se trata de corregir errores del pasado, sino de construir un sistema que sea sostenible en el futuro”, subrayó Torres.

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Caputo y Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.

El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.

La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.

El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.

Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.

En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.

Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.

Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.

Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.

Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.

El “Pollo” Sobrero se reunió con Villarruel y le advirtió sobre un “inminente colapso” del sistema ferroviario

La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.

La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.

Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.

Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.

La advertencia de masacre

Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situación límite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.

La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo tras la declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado

Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.

22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.

El frente legislativo y la presión al Ejecutivo

La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.

Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.

Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.

Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.

*Por Augusto Grinner

Desbarataron una red tucumana que compraba armas a nombre de un muerto para abastecer al crimen organizado en Chile

Una investigación federal destapó un mecanismo de “lavado de legalidad”. Una armería ubicada en calle Chacabuco al 100 en San Miguel de Tucumán no solo vendía armas, sino que funcionaba como tapadera jurídica para el tráfico ilegal de armamento a ciudadanos chilenos.

“En algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”, detalla el dictamen del expediente judicial.

Tres empleados del supuesto local —identificados en los registros judiciales solo por iniciales— captaban a personas que contaban con habilitación legal para comprar armas (llamados legítimos usuarios), les pagaban para que figuraran como compradores en los papeles, y luego retiraban las armas inmediatamente para desviarlas al circuito clandestino.

El esquema se organizaba en cuatro etapas. Primero, se captaba a prestanombres, es decir, personas habilitadas ante el organismo regulador —el Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) o la propia ANMAC— que aceptaban registrar las compras a su nombre, muchas de ellas de bajos recursos y pagadas por ceder sus datos.

Luego se concretaba una compra aparentemente legítima en la armería, con toda la documentación que la presentaba como una operación legal ante los organismos de control. Inmediatamente después, un intermediario retiraba el armamento y lo desviaba hacia el circuito ilegal, donde era entregado a transportistas clandestinos. Finalmente, las armas eran trasladadas hacia Mendoza y cruzadas a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.

Una irregularidad llamativa detectada en la investigación, fue que una de las armas estaba registrada a nombre de una persona que ya había fallecido varios años antes de la operación — una señal clara de que el sistema de control fue deliberadamente manipulado.

Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional realizó un control rutinario sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de Aguilares, Tucumán. Allí detectaron a dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria (20 años, con antecedentes por robo y hurto) y Francisco Eduardo Cáceres Castillo (35 años, con antecedentes por microtráfico)— transportando entre sus ropas y equipajes ocho pistolas calibre 9 mm, 13 cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos tenían como destino final Chile y fueron procesados con prisión preventiva.

El análisis forense de esos teléfonos fue el hilo del que se tiró, ya que los mensajes y contactos permitieron reconstruir toda la red tucumana que había abastecido a los dos detenidos en su red criminal transnacional.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a ocho personas involucradas directamente en los hechos sin prisión preventiva, lo que implica que enfrentan cargos formales pero permanecen en libertad con restricciones. Entre los imputados se encuentran S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. como prestanombres, N.A.F. y R.R.F. como intermediarios, y G.E.D. como comercializador clandestino.

Los operativos desplegados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos dejaron un resultado contundente, con el secuestro de más de 20 armas de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos permiten reconstruir el flujo financiero y operativo de la organización, que es lo que la fiscalía utilizará para avanzar hacia un juicio oral.

La megacausa detrás

Lo más importante de entender es que esta causa tucumana no es un caso aislado, sino que es una rama de una investigación de alcance global que tiene su epicentro en Mendoza.

La causa mendocina, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, ya tiene 34 personas camino a juicio oral acusadas de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y, en varios casos, también de narcotráfico. En esa red, Tucumán funcionaba como el nodo de compra y adquisición legal, mientras que Mendoza era el hub de distribución y cruce hacia Chile por el Paso Cristo Redentor.

En paralelo, una causa aún más grande tramita en el Juzgado Federal de Campana, bajo jurisdicción del juez Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich. En abril de 2026, se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias —desde Tucumán hasta Tierra del Fuego— que derivaron en 35 detenidos y el secuestro de 8 ametralladoras, 55 pistolas, 25 escopetas, fusiles, más de 43.000 municiones y hasta una granada. Esta pericia también detectó vínculos con Uruguay, Paraguay y Brasil (incluyendo al Comando Vermelho).

El volumen estimado del problema es impactante, ya que se calculó que entre 2022 y 2024 más de 2.269 armas fueron desviadas del circuito legal hacia el mercado negro nacional e internacional.

El Paso Cristo Redentor se consolidó como el principal punto de cruce del armamento ilegal hacia Chile, donde la demanda proveniente del crimen organizado es alta. Las organizaciones chilenas, con menor acceso a armas de fuego que sus pares en países con marcos legales más laxos, encontraron en Argentina —donde el mercado de armas para uso civil es relativamente accesible— una fuente de abastecimiento estratégica.

La modalidad de los testaferros ante el RENAR/ANMAC se volvió el método predilecto porque explota una debilidad sistémica. Los organismos de control registran la compra inicial como legal, pero no tienen mecanismos robustos para verificar que el arma permanezca en poder del comprador habilitado. El propio sistema de control fue infiltrado y en la megacausa nacional, entre los detenidos figuran exempleados del RENAR que desde adentro facilitaban los trámites y aceleraban los procesos de habilitación.

Torres cruzó al intendente K de Comodoro por frenar la entrega de viviendas del cerro Hermitte: “Deje de jugar con la angustia de las familias”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir quiénes accederán a las viviendas que el gobierno provincial construye para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero pasado. “Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios”, instó el mandatario al jefe comunal, a quien además acusó de encabezar una estafa contra los damnificados.

El planteo llegó a través de un mensaje que Torres difundió en sus redes sociales este sábado. Allí aclaró que ya le había transmitido personalmente el reclamo a Macharashvili, pero que decidió hacerlo público para insistir con un pedido de reunión. “Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó el gobernador.

El eje del reclamo apunta a un cuello de botella administrativo. La provincia se hizo cargo de la construcción y del financiamiento de las casas, pero la nómina de personas beneficiarias depende del municipio. Y esa lista todavía no está. “En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó Torres.

Fuentes del gobierno provincial ratificaron ese plazo y remarcaron que, una vez concluidas las obras, la entrega quedará supeditada a que Comodoro Rivadavia complete el relevamiento definitivo. En la misma línea, subrayaron que los damnificados atraviesan una situación crítica y no pueden quedar a la espera de una definición que no llega.

La acusación más fuerte del gobernador remite al origen mismo de la tragedia. Torres sostuvo que las familias “además fueron estafadas por el municipio”, en referencia a las autorizaciones que las gestiones comunales otorgaron años atrás para construir en un sector que después fue catalogado como de riesgo geológico. En un encuentro previo con los vecinos, el mandatario había sido todavía más categórico: “Lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa”, afirmó, al recordar que existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno. “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto. Eso no puede ni va a volver a ocurrir”, agregó.

El plan habitacional provincial contempla 52 viviendas destinadas a los damnificados, con las primeras unidades previstas para este mes, y una segunda etapa anunciada de otras 50 casas. Torres presentó esos números durante una reunión con las familias, acompañado por el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y otras autoridades del Gabinete provincial. En esa oportunidad, el gobernador aseguró que las situaciones de mayor urgencia tendrán prioridad en las adjudicaciones y fijó una advertencia sobre el modo de encarar la respuesta: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”, afirmó. También se comprometió a sostener un diálogo permanente con los afectados hasta que todos cuenten con una solución definitiva.

El derrumbe que originó todo se produjo a principios de enero, cuando un fuerte movimiento de suelo desplazó parte del cerro Hermitte y colapsó viviendas en la zona. El episodio obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias —unas 300 personas— que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata. Las fracturas estructurales no solo derrumbaron paredes: rompieron cañerías y provocaron fugas masivas de gas, dejaron a la zona sin servicios y volvieron intransitables las calles. Los barrios Sismográfica y Marquesado fueron los más golpeados. Estudios geológicos posteriores determinaron que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de las familias, que debieron dejar sus casas de forma definitiva.

El cruce se inscribe en una etapa de fuerte tensión política entre la Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un enfrentamiento por el acuerdo firmado entre Chubut e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de las áreas maduras de la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial defiende el convenio y sostiene que permitirá recuperar activos estratégicos, desde el Municipio y sectores de la oposición cuestionan el tratamiento del pasivo ambiental y afirman que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.

Cinco rutas estratégicas del sur bonaerense pasaron a manos privadas y sus peajes dejan de aceptar efectivo

Cinco corredores estratégicos que conectan el Área Metropolitana, zonas productivas bonaerenses y destinos del interior pasaron a gestión privada. La concesionaria Corresur asumió la operación de una red de 1.325 kilómetros que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.

El cambio responde a la Red Federal de Concesiones Viales impulsada por el Gobierno nacional para modificar el esquema de operación y mantenimiento. El modelo elimina los subsidios estatales para la gestión cotidiana y obliga a las empresas a asumir el riesgo operativo bajo estándares de seguridad y servicio.

Rutas nacionales Nº3 (izq.), Nº205 (arriba der.) y Nº226 (abajo der.).

El fin del efectivo

Uno de los cambios con mayor impacto para los usuarios será la modernización del sistema de cobro de peajes. Desde el inicio de la concesión, las estaciones de peaje dejarán de aceptar pagos en efectivo de forma definitiva y funcionarán sólo mediante medios electrónicos y automáticos.

La primera etapa del plan abarcará las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los conductores deberán abonar obligatoriamente a través de TelePASE, tarjetas de crédito o débito, con tecnología contactless (sin contacto) o mediante códigos QR vinculados a billeteras virtuales habilitadas.

Cabina de Telepase + pago electrónico (tarjetas, celulares con NFC, etc.).

Inversión y tarifas bajo la lupa

La empresa privada avanzará con un plan de recuperación vial que incluye tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización y reemplazo de elementos de seguridad. Las obras prioritarias comenzarán en sectores de las rutas 205, 226 y 3, con intervenciones previstas inicialmente sobre 431 kilómetros de la traza, sumado a trabajos de mantenimiento en iluminación, semaforización, alcantarillas y puentes.

El Estado nacional continuará fijando las tarifas de los peajes mediante una actualización trimestral basada en los datos de la inflación. En las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, el último ajuste elevó la tarifa para automóviles de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura a $1.300 en horario normal y $1.500 en hora pico, un costo que impactará sobre una red estratégica que conecta el Área Metropolitana con zonas industriales, centros logísticos y destinos turísticos provinciales.

*Por Augusto Grinner

Vandalizan con grafitis un monumento del Estado de Israel en Neuquén

Durante la madrugada el monumento al Estado de Israel ubicado en la plazoleta homónima, frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, amaneció con pintadas que incluían consignas como “Israel genocida” y otras expresiones contra el Estado israelí.

No fue un hecho aislado, siendo que ya habría sido objeto de vandalizaciones previas, incluyendo episodios registrados en 2010 y otros más recientes. El municipio intervino rápidamente para comenzar las tareas de limpieza, aunque la restauración demandará diferentes trabajos según el material afectado —ladrillo, placas de mármol—.

Carlos Maravankin, presidente del Centro Hebraico de Neuquén, se pronunció públicamente ante los medios y planteó una postura tajante en distintos planos. Sostuvo que el ataque no solo afecta a la comunidad judía neuquina, sino que también implica un perjuicio para toda la sociedad, ya que el repintado y la restauración del espacio deben ser afrontados con fondos públicos. Además, recordó que el modus operandi es una conducta reiterada, con antecedentes similares en el pasado que refuerzan la idea de una agresión persistente contra ese espacio. En ese marco, calificó a los autores como “grupos antisociales” que “no están en condiciones de sostener un diálogo democrático y respetuoso”, y que recurren al daño sobre el espacio público como única forma de expresión.

“Después el arreglo y el repintado lo terminamos pagando todos los vecinos a través de nuestros impuestos”, afirmó Maravankin. “Evidentemente esto refleja la ignorancia de estos antisociales. Primero deberían estudiar qué significa realmente el concepto de ‘genocidio’. Si realmente hubiera existido un genocidio, un pueblo habría desaparecido. Ningún pueblo ha desaparecido en Medio Oriente”, añadió.

— El monumento al Estado de Israel está frente al Concejo Deliberante de Neuquén

A su vez remarcó el componente personal y comunitario del conflicto, al señalar que varios integrantes de la colectividad local tienen familiares y amigos en Israel que atraviesan de manera directa las consecuencias de la guerra. Por último, cuestionó el uso del término “genocidio” para referirse a la situación en Gaza, en un punto que continúa generando una fuerte controversia internacional y donde conviven interpretaciones jurídicas, académicas y políticas profundamente divergentes.

Maravankin destacó que quienes hicieron las pintadas debieron haber usar algún elemento para trepar a las partes altas del monumento, lo que sugiere cierta premeditación, y manifestó su esperanza en que las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante o un domo cercano permitan identificar a los responsables para que reciban las sanciones previstas por la normativa argentina sobre expresiones de odio y discriminación.

La reacción del municipio fue rápida —enviando operarios para la limpieza—, pero la cuestión de fondo es más difícil de resolver que una pintura. La comunidad judía neuquina usa la plazoleta como punto de encuentro y manifestación. En octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, fue el lugar donde se convocaron todas las comunidades a pedir por la paz.

— Cr. David Schlereth junto al intendente capitalino Horacio Quiroga en la reinauguró la plazoleta Estado de Israel en 2017

Este hecho en Neuquén no puede entenderse sin explicar primero el fenómeno preocupante y estadísticamente documentado. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó el 28 de junio de 2026 —casi simultáneamente con el vandalismo— su Informe Anual sobre Antisemitismo en Argentina 2025.

Los datos son elocuentes. En 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo en el país, lo que representa un incremento del 3.78% respecto de los 687 contabilizados en 2024. La cifra equivale a casi dos episodios por día a lo largo de todo el año. En ese mismo período, se denunciaron 48 agresiones antisemitas en la vía pública y en espacios comunes, prácticamente una por semana. El principal escenario de manifestación sigue siendo el ámbito digital, donde se concentró la mitad de los casos, especialmente en plataformas como X, Instagram, TikTok y Telegram.

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