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La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
*Fuente: LPO –
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La agenda política de Provincia de Buenos Aires parece no estar avocada a la difícil situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que está dejando desprotegidos a más de 2 millones de bonaerenses y a lo que el gobernador Axel Kicillof hace oídos sordos: “la problemática se agravó en vez de darle solución a estas personas que están padeciendo la mala gestión del director Homero Giles a través del gobernador“, dijo el concejal de General Pueyrredon, Cristian Beneito.
“Para el gobernador, la solución fue inventar unos policonsultorios, que lo único que hacen es que tengan que alquilar lugares nuevos y poner más personal. Eso es para ñoquis de un movimiento, de un sector, y no para darle solución real a lo que están necesitando los vecinos tanto de Mar del Plata y Batán, como en la provincia de Buenos Aires. Este problema no es solamente que está pasando en Mar del Plata donde tenemos más de 100.000 afiliados a IOMA, los cuales padecen la mala gestión del gobernador. A nivel provincial estamos hablando de 2 millones de bonaerenses. Solamente en La Plata son 600.000 los afectados por el tema IOMA. Es un tema preocupante”, agregó el edil.
Los ejemplos sobran y lo están padeciendo afiliados principalmente pero los profesionales también: “el otro día tuve una reunión con docentes autoconvocados por el tema IOMA, y tienen problemas para hacerse una diálisis hasta, por ejemplo, una internación. En la clínica Belgrano, habían dicho que el convenio ya estaba subsanado y hace 15 días se cayó nuevamente por falta de pago. Estas personas siguen quedando la deriva, te tenés que internar y vale $2 millones diario. Es una locura lo que está pasando y no hay quien le pone la cola al chancho”.
IOMA no es una mancha en un buen sistema de salud, sino que es un muestra más del desinterés del gobernador como pasa con el Interzonal: “el hospital está en estado deplorable porque también hace más de 30 años que no le ponen 1 peso. En los últimos cuatro años del gobierno, lo último que hacen es pintarlo por afuera. Sigue teniendo los mismos problemas de infraestructura que son severos y graves. Desde que no andan los ascensores y tienen que llevar por camillas a los pacientes hasta problemas edilicios de gravedad. Ni hablar de los insumos”.
Homero Giles, presidente del IOMA
Como si eso fuera poco, a los afiliados les siguen descontando dinero todos los meses que el gobernador luego utiliza para lo que quiere: “el problema que tenemos acá es que los afiliados están obligados a estar con IOMA, no pueden elegir otro obra social. El gobernador saca de la caja de IOMA, decide en que lo gasta y luego dice qué partida presupuestaria va para IOMA”, recordó.
Tras la epidemia que azotó al país el verano pasado y la dificultad de los usuarios para conseguir repelentes, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles pidió implementar políticas públicas que permitan frenar el avance del mosquito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, el legislador se pronunció en sus redes sociales. “¿Y si nos anticipamos esta vez? Estamos en época invernal y es por eso que de dengue se habla poco. Pero lejos estamos de haber solucionado el problema”, comenzó diciendo y precisó que “algunos informes indican que en lo que va de 2024 ya hubo más de 25 mil afectados. Esto triplica lo registrado en 2022/2023 y es más de 8 veces lo que se registró en 2019/2020”.
“Y es lógico. Porque el dengue, sabemos, es algo que vino para quedarse. La cuestión es qué hacemos con eso. Santa Fe, sin ir más lejos, anunció la compra de más de 160 mil vacunas. Córdoba otras 150 mil y más de 60 mil tests”, remarcó Casielles.
Al mismo tiempo que advirtió que “sin embargo, en nuestra Ciudad, que tiene particularidades que la hacen sumamente vulnerable a la proliferación de mosquitos y al desarrollo de la enfermedad, todavía estamos esperando novedades. ¿Qué se va a hacer en cuanto a infraestructura hospitalaria para afrontar lo que se viene? ¿Qué se va a hacer en cuánto a vacunación?”.
“Estamos en agosto y parece que falta mucho, pero la epidemia está a la vuelta de la esquina. ¿No es esta una prioridad?”, sentenció el diputado libertario.
Un relevamiento de Synopsis expuso que la nominación del juez federal ArielLijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuesta por el presidente Javier Milei, generó rechazo significativo. Las encuestas realizadas por la consultora (realizada entre el 8 y el 14 de agosto) reflejan que la mayoría de los encuestados desaprueba la candidatura de Lijo, reflejando desconfianza hacia su figura en un contexto de tensión política y judicial.
Los datos revelados indican que, entre las personas informadas sobre el tema, un 80,4% rechaza la postulación de Lijo para el máximo tribunal del país, mientras que solo un 19,6% la aprueba. Este nivel de desaprobación es particularmente notable en comparación con una encuesta previa —realizada en abril— donde el rechazo alcanzaba el 75% entre quienes conocían la propuesta.
Desde la consultora afirman que este dato sugiere que la controversia en torno a Lijo aumentó a medida que más personas se enteran de su nominación.
Entre la totalidad de los encuestados (considerando tanto a aquellos que están informados como a los que no) el rechazo se sitúa en un 50,4%, mientras que un 37,3% de los consultados admitió no estar al tanto de la situación o no conocer al magistrado.
La encuesta también examinó cómo varía la opinión sobre Lijo según la preferencia política de los encuestados, especialmente entre quienes votaron en las elecciones de 2023. Los votantes de Javier Milei, por ejemplo, son los más inclinados a apoyar la nominación, con un 48,9% a favor. En contraste, solo el 13,9% de los votantes de Patricia Bullrich aprueba a Lijo, mientras que el rechazo entre los seguidores de Sergio Massa es casi unánime, alcanzando un 98,2%.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.
El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.
“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana
Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.
La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación.“Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.
La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
El Gobierno nacional otorgó una suma fija para todo el personal de las fuerzas de seguridad y de la Armada en actividad. El bono será de $60.000 y alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, a aquellos con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); al personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Todos ellos dependientes del Ministerio de Seguridad.
Esta suma fija que será “remunerativa, excepcional, por única vez y de percepción única por persona” también le corresponderá al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, como así también a los oficiales de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tal como se establece, el bono se cobrará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre.
“El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con los créditos que se asigne a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”, establece los Decretos 781/2024 y 778/2024, publicados en Boletín Oficial.
REFUERZO EN LOS SALARIOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: LOS MOTIVOS
Con respecto a las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo explicó que el propósito de otorgar esta suma es “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”.
A su vez, indicaron que “esta medida tiende a garantizar la igualdad del personal antes mencionado, en relación con las actualizaciones acordadas para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.
Por otro lado, el decreto que establece el pago de la suma fija a las Fuerzas Armadas plantea que, “para garantizar el camino de recuperación económica, el Gobierno nacional considera necesario mejorar los ingresos de los trabajadores con el fin de mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla el personal involucrado en esta medida”.
NUEVO CAMBIO EN EL COBRO DE LOS SALARIOS DE LAS FFAA
La medida se hizo efectiva dos días después de que el Gobierno publicara un DNU que mejora el tiempo de cobro de los aumentos salariales en las Fuerzas Armadas, puesto que, anteriormente, los uniformados percibían los incrementos con un mes de demora en relación con el resto de los estatales.
Con la firma del total de los ministros del Gabinete nacional, y tras una gestión del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la Ley N° 11.672 complementaria de Presupuesto para permitir que las FFAA puedan percibir los aumentos en el mismo mes en el que son otorgados al resto de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una “demanda histórica” del personal castrense, según señalaron fuentes oficiales.
El Decreto 775/2024, publicado el viernes en el Boletín Oficial, reemplazó el artículo 86 de la Ley N° 11.672, que regula los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva en el Estado nacional. El texto incluye un agregado que extiende estas retribuciones a los militares, con el fin de equiparar la situación con el personal civil de las FFAA que ya gozan de este derecho.
Con la legislación anterior, según explicaron desde el Gobierno, el personal militar cobraba sus aumentos con un mes de demora respecto al resto de los empleados estatales. Esto generaba un perjuicio económico y una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
