Córdoba: cuatro años de cárcel para un ex intendente K que mató a más de 200 perros
La Cámara 8ª del Crimen de Córdoba condenó al exsecretario de Gobierno y ex intendente k de la ciudad de Deán Funes, Germán Darío Facchín por la muerte de perros en el 2013.
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El cargo al ex intendente kirchnerista Germán Darío Facchín, es el de “instigador penalmente responsable de los delitos de daño calificado e infracción a la ley 14346 por malos tratos y actos de crueldad a los animales (ley Sarmiento) ambos en concurso ideal”, recibiendo la pena de cuatro años de cárcel por la muerte de al menos 211 perros.
Además, siete empleados municipales recibieron penas de tres años de prisión preventiva por coautoría. Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas fueron los cómplices de Facchín.
Germán Facchin recibió una condena de 4 años de prisión
El hecho tuvo lugar en la madrugada del 28 de abril de 2013, donde móviles de la comuna repartieron albóndigas de carne mezcladas con un veneno, matando a más de 200 perros durante la mañana. Para colmo de males, algunas personas presentaron síntomas y una niña de siete años fue trasladada a Córdoba para ser atendida con un cuadro grave de envenenamiento.
Al conocer la sentencia, la presidenta de la Protectora de Animales Lilian Lourdes Luna declaró: “Se hizo Justicia. Esperamos nueve años para que esos pobres animales descansen en paz. Esperemos que esto sirva de precedente para que no se vuelvan a cometer estas matanzas”.
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En el 2018, la expareja del concejal tucumano, Romina Dip, denunció a Bruno Romano por “violencia de género”, una simplificación de la carátula para no decir que el funcionario oficialista agredió sexualmente y golpeó a quien era su pareja.
Librándose de la presión por las amenazas, Romina Dip contó en diálogo con DATA24 que “la gota que derramó el vaso” fue cuando la golpeó con su hija en brazos: “Igual me daba miedo, porque me amenazaba con que me iba a denunciar para que me internen en un psiquiatra y me saquen a mi hija. Después terminó haciendo esa denuncia, pero los estudios médicos revelaron lo contrario y no avanzó”, explicó.
Juan Manzur, Bruno Romano y Osvaldo Jaldo
“Después de que denuncié los hechos, desde el espacio (FdT) nunca le exigieron que se tome licencia, nada. Hay mucha impunidad y protección con él”, agregó Dip.
Tras lidiar con el sobreseimiento de su agresor, Dip también denuncia que durante estos cinco años ha tenido varios altercados que, según ella, serían represalias de su ex pareja por la denuncia que ejecutó. “Me han robado en mi negocio, me ha golpeado gente en la calle y también me escracharon muchas veces en redes”, confesó.
Romina Dip, denunciante
“PASÉ DE SER VÍCTIMA A VICTIMARIA”
La causa dio un giro de 180° cuando Romano denunció a Dip por amenazas, según Romina estas presentaciones se realizaron sin pruebas, pero aún así avanzó. “De tener una perimetral que me protegiera de él, él pasó a tener una perimetral para protegerse de mí. Pasé de ser víctima a ser victimaria“, comentó.
EL CONCEJAL DE MANZUR
Romano consiguió plasmar su nombre en la lista del Frente de Todos del 2019, con el apoyo del actual gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con quienes se ha mostrado en eventos oficiales y reuniones informales.
“Cuando yo radiqué la denuncia, Bruno Romano no era concejal, me indignó saber que se postuló sabiendo que estaba procesado. Yo fui a la junta electoral a poner esto en conocimiento, porque tampoco me pasaba los alimentos para mi hija. Allí en la junta deciden bajarlo porque certifican que, aunque no estaba en el padrón de padres deudores, yo tenía todos los papeles para demostrarlo. Pero él presentó un amparo electoral y se permitió que se presente en las elecciones, salió electo y no pudo asumir hasta no resolver la situación. Y de buenas a primeras los jueces le han dicho que podía asumir y todo quedó en la nada“, había expresado a otro medio el año pasado la denunciante.
Ahora, Romano pretende quedarse con la Intendencia, pero para ello deberá desligarse de las graves denuncias de su ex pareja. Dip explica que el sobreseimiento del que se jacta el concejal no es legal. Se trata de una maniobra judicial para continuar garantizando su impunidad y así poder presentarse como precandidato en las elecciones que se aproximan.
“El sobreseimiento no está firme, aún quedan dos instancias de apelación”, informó el representante legal de Dip. Después de más de 4 años de ejecutarse una grave denuncia en contra de su agresor, la víctima teme que su “lucha quede impune”.
El intendente de General Pueyrredón, GuillermoMontenegro, presentará un reclamo contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la cesión de tierras a un grupo de unas 40 personas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la zona de El Marquesado, al sur de Mar del Plata.
Los vecinos de la zona detectaron que el grupo se había asentado en un campo de 140 hectáreas que pertenece al Estado Nacional y que había sido cedido por la AABE, que preside Eduardo Albanese.
Ante esta situación, Montenegro denunció públicamente lo sucedido y afirmó que se trata de un “atropello” por parte de la organización piquetera y política que llevó a cabo la ocupación, con el apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos.
Por su parte, Juan Grabois, líder del MTE, negó haber motorizado el hecho pero lo apoyó y acusó al intendente de Mar del Plata de querer usar el lugar para un emprendimiento inmobiliario. Montenegro respondió que “ni siquiera saben inventar mentiras que tengan algún tipo de coherencia y así lograr engañar a la gente. Esas personas las trajo una organización piquetera y política con apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos, que es el AABE. Por eso decidimos presentar denuncias penales por lo que consideramos un atropello”.
Este no es el primer caso de intento de ocupación de terrenos en la zona: en el último tiempo hubo tres situaciones similares a la actual. En dos de ellas, la justicia ordenó el desalojo correspondiente, mientras que en la tercera se encuentra en proceso de resolución.
Montenegro afirmó que hará “lo imposible” para que la ocupación no se lleve a cabo, y agregó que“por más que sea un acto administrativo, no puede ser tomado a la ligera. No puedo entregar un edificio del Municipio a un grupo de personas porque a mí se me ocurre”.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, este martes, confirmar la condena a Lázaro Báez y a otros 17 imputados en la causa de la Ruta del dinero K. Al ex dueño de la constructora se le redujo la condena de 12 a 10 años y sus hijas quedaron absueltas bajo un argumento de género.
“Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal de Comodoro Py.
Lázaro Báez junto a su hija, Luciana
En una dividida decisión, el fallo incluyó que el tribunal consideró que la obra pública que recibió el dueño de Austral Construcción no fue el delito precedente para que el empresario llevara adelante las maniobra millonarias de lavado de dinero: 55 millones de dólares. Lo que parece contradecir la reciente condena de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, señalada por desviar obras públicas a precios inflados a la constructora de Lázaro Báez. En ese debate, tanto Báez como Kirchner fueron condenados a 6 años de prisión.
Las sorpresas llegaron cuando los camaristas Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Javier Carbajo revisaron dicha sentencia y desvincularon de la corrupción en la vía pública como delito precedente del lavado, lo que daña directamente el origen del dinero que terminó en cuentas de los hijos de Báez en paraísos fiscales.
Melina Báez, hija de Lázaro
Puntualmente, sobre las absoluciones de Melina Soledad Báez y Luciana Sabrina Báez, Casación consideró -por voto mayoritario- que debían ser desligadas de la causa porque “sus respectivos pronunciamientos condenatorios se dictaron sin perspectiva de género, en particular, al momento de efectuar la valoración probatoria de los elementos recabados en su contra y de evaluar el contexto familiar al momento de los hechos”.
En ese marco, se remarcó que su padre Lázaro Báez, les adjudicó un rol menor por su “condición de mujer”. Un rol marginal que tenía como fin cuidar el espacio doméstico dentro de la familia, pero sin injerencia en la actividad empresarial, según el análisis de los camaristas que intentaron plantear una situación de género y señalar a Báez como machista.
A Lázaro Báez, finalmente, se le redujo la condena de 12 a 10 años
Por ello, Casación concluyó que las nombradas no tuvieron ninguna intervención real con la maniobra ilícita y dictaminaron las condenas: Lázaro Antonio Báez 10 años; Martín Antonio Báez 6 años y 6 meses; Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín 6 años; Julio Enrique Mendoza 5 años; Jorge Leonardo Fariña 3 años y 6 meses, quien obtuvo una reducción de pena por sus aportes como arrepentido; Juan Alberto De Rasis; Gustavo Fernández; Fabián Virgilio Rossi; Eduardo Guillermo Castro 4 años y 6 meses.
En tanto Federico Elaskar; Claudio Fernando Bustos; Alejandro Ons Costa; Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez serán 3 años de ejecución en suspenso y a Walter Feliciano Zanzot le aguardan 2 años y seis meses de pena.
Además de las condenas, a todos los mencionados y a las empresas Austral Construcciones S.A. (ACSA) y Top Air S.A., se los multó por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones que realizaban, de U$D 109.600.000 a U$D 328.800.000. También se confirmó un decomiso de activos por el equivalente a 65 millones de dólares.
La Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza aprobó un proyecto de ley que establece que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos, después de que la iniciativa del oficialismo haya acumulado 30 votos a favor, ocho negativos, seis abstenciones y cuatro ausencias. Los legisladores también manifestaron su preocupación por el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) respecto al conflicto en la provincia.
La resolución presentada por el titular del Bloque de Diputados del PRO en Mendoza, Gustavo Cairo, repudia el Decreto Nacional 805/21 que establece la suspensión de los desalojos y la desocupación de tierras en disputa e instruyó al INAI para realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las áreas ocupadas por las comunidades indígenas. El texto aprobado durante la sesión establece que, en base a aportes científicos e históricos,“los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.
Además, la iniciativa expresa el repudio por el Decreto N°850/21 del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga y modifica la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ya que “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”.
La iniciativa también manifiesta preocupación por el procedimiento realizado por el INAI en las resoluciones 36/2023; 42/2023 y 47/2023, ya que se habría omitido la debida participación de la Provincia de Mendoza, los municipios involucrados y terceros con intereses legítimos, así como por los actos posteriores que de estas se deriven.
El diputado nacional por Mendoza, Omar de Marchi, celebró la aprobación del proyecto a través de sus redes sociales al afirmar que “Mendoza no se negocia”. “Hoy a través de un proyecto impulsado por Gustavo Cairo a principios de febrero, la Legislatura Provincial reconoció que los mapuches no son argentinos. Seguiremos defendiendo a Mendoza y esperamos que la justicia responda a nuestra denuncia al INAI”, indicó el legislador opositor.
Un grupo de originarios wichís que se identifica con la Guardia Whasek fue el causante de violentos episodios en la Misión Nueva Pompeya. Sobre esta comunidad, el fiscal federal, Carlos Amad, señaló que detrás de esa bandera se esconde una suerte de fuerza parapolicial que porta armas y realiza controles: “Ellos se autotitulan guardia ambiental, pero están todos uniformados, utilizan autos oficiales, cargan nafta con vales oficiales, hacen controles en las rutas, detienen a personas e incluso se involucran en procedimientos federales”.
En diálogo con Radio Mitre, agregó además que él mismo los imputó por por sedición, tenencia ilegítima de armas y privación ilegítima de la libertad.
El dirigente chaqueño, Lucas Figueras, respondió los interrogantes de este medio sobre la problemática (que es de larga data y esconde trasfondos políticos) que aqueja al norte argentino. La Guardia “se armó más o menos en 2018, 2019 por ahí. Los de Whasek no es joda… están envueltos en polémicos episodios y Capitanich lo que hizo fue, en vez de combatirlos con la ley en su momento, los fue empujando y les dio cierto reconocimiento, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es plena responsabilidad de él”.
La situación económica en Chaco es complicada, “más para los pueblos originarios, que están muy afectados por la pobreza, lamentablemente. Es muy crítica la cuestión, se mueren como lauchas, no tienen para atenderse en hospitales, no hay medicamentos, no hay comida, ni viviendas, nada. Y son usados muchas veces como carne de cañón. Los wichís recibieron muchas promesas que el Gobierno obviamente no cumplió, y bueno, lo de las desapariciones de los jóvenes de la comunidad fueron la gota que rebalsó el vaso”.
Para Figueras, el tema está en que, sumado de la pésima situación en la que viven los wichís, “Capitanich expone a la Policía de Chaco ante un incumplimiento de promesas suyas, por eso se enojan los originarios”.
Organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda cortaron este lunes de manera total el tránsito sobre la avenida Luro a la altura de Mitre, en Mar del Plata, reclamando por el recorte en los planes del Potenciar Trabajo y cuestionando al Gobierno nacional por realizar medidas “de ajuste” por decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Walter Orozco, referente del Polo Obrero en Mar del Plata, sostuvo que la medida de protesta se realiza en 135 ciudades de todo el país, con un acampe por 48 horas. “Le planteamos a Victoria Tolosa Paz una cantidad de reclamos, más allá de las bajas (por el Potenciar Trabajo) y de la reapertura de los programas. Hay una masa de compañeros que no tienen ningún ingreso y se quedaron sin laburo“, sentenció.
FB me recuerda que hace 4 años, cuando los piqueteros bloquearon durante 8 hs los accesos a Mar del Plata, presenté el primer proyecto nacional para quitarles los planes a los piqueteros y su personería gremialSi JpC hubiese acompañado mi proyecto hoy no viviríamos en este caos. pic.twitter.com/mXsKhUHvMm
Por otra parte, el dirigente cuestionó la falta de alimentos que llegan a los merenderos de los sectores más humildes de la ciudad, “que no superan los 8 productos”. En ese contexto, Orozco sostuvo que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, “se muestra como la alumna más firme del FMI mientras los compañeros que están acá están pagando el ajuste”, dijo.
Las organizaciones sociales anticipan cortes de ruta para el 5 de abril y otros fuertes piquetes. “La pelota está del lado del campo del Gobierno, el cual tiene que decidir qué hacer”, manifestó Orozco.
El abogado mediático y candidato a Gobernador de Buenos Aires admitió que asesoró a Juan Martín Rago en la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual.
Negreabas a tu empleada y la quisiste callar con un contrato o un subsidio. Viqui, aunque sea cállate y seguí cobrando como Subsecretaria de coso con Kicilloff https://t.co/0ZOn8pYL1c
