“Nadie te va a creer si me denuncias” | Procesaron a funcionario K por ABUSO SEXUAL que era protegido por el Gobierno

Se trata de Jorge Soloaga, presidente de la Sociedad de Fomento de Cañadón Seco. El funcionario era PROTEGIDO Y APOYADO por el Gobierno de Santa Cruz.
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Se trata del Presidente de la Sociedad de Fomento de la localidad de santacruceña de Cañadón Seco, Jorge “El Negro” Soloaga, del Frente para la Victoria. La denuncia fue realizada el 9 de marzo del año 2020 por una mujer de 27 años, el aberrante hecho ocurrió en 2017.

LA DENUNCIA Y LAS PREUBAS

En el documento judicial se señala que durante julio de 2017, en oportunidad de haber pedido una audiencia con el funcionario para solicitar un terreno fiscal, Soloaga le indicó a la mujer que lo viera a las 19:00 hs en su oficina.

La mujer expresa textualmente en su denuncia que “cuando le comento que hacía rato que estaba presentado mis papeles y quería saber qué estaba pasando, a lo que él me contestó que si quería el terreno tenía que acceder a tener actos sexuales con él y me toco las manos“.

“Yo le puse un alto, me paré y me retiro de la oficina, pero él me siguió y en eso me toca. Después de eso, me mandó mensajes pidiendo que no le contara nada a mi papá ya que tienen una relación de amistad. Me escribió un par de veces más, pero luego yo cambié el número”, agregó la víctima.

“No dejo de pensar en tuis labios y tu hermoso cuerpo”
La denuncia judicial
“Nadie te va a creer si me denuncias. Creí que te gustaban mis halagos”

“Siento que él se burló del dolor de mi familia (fueron despedidas sin ningún tipo de justificación) por lo que estábamos pasando en relación a la enfermedad de mi hermano, porque se apareció en la clínica donde estaba internado mi hermano como si nada hubiera pasado”, dice en otro tramo de la denuncia, señalando que le costó mucho procesar lo ocurrido y a raíz de que Soloaga la intimidó y amenazó y acosó por redes sociales, dejó pasar el tiempo antes de decidirse a denunciarlo.

“Nadie me iba a creer si yo realizaba una denuncia en su contra, que en su momento (en el 2017) si denunciaba en la policía de Cañadón Seco no me iba a tomar la denuncia”, dijo la mujer.

Durante la tarde de ayer, Jorge Soloaga, quedó procesado por el delito de abuso sexual simple (art. 19, primer párrafo y 45 del C.P). La decisión adoptada por el juez de instrucción de Caleta Olivia, Gabriel Nolasco Contreras Agüero, trabó embargo por $250 mil. “Entiendo que los dichos de la víctima son veraces, creíbles y convergen en todo el cuadro probatorio aquí recolectado”, fundamentó el magistrado. Asimismo, se tuvieron en cuenta las pericias realizadas a la víctima, fundamentalmente aquella llevada adelante por el equipo imparcial del Poder Judicial, que estableció el impacto que los hechos denunciados por la víctima, tuvieron sobre ella. Sin embargo (y dicho sea de paso: lamentablemente) el delincuente sexual permanecerá en libertad, dado que se trata de un delito excarcelable.

LA VÍCTIMA “HOY VENDE LOCRO PARA PAGAR UN ABOGADO” Y EN CAÑADÓN SECO LA TRATAN DE “GOLPISTA”

En diálogo con Tiempo FM, Barrionuevo expresó que realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia y que fue cajoneada. “Cuando me reuní pasaron cosas horribles, abusó sexualmente de mí, es el mejor amigo de mi padre, pensé que podría tener algún tipo de ayuda y la verdad que no”, detalló.

“Estoy desempleada hace dos años, con una persecución tremenda en Cañadón Seco, me tratan de golpista, piensan que estoy haciendo esto por política y la verdad no es así”, y añadió: “Yo estoy pidiendo justicia por algo que me pasó, no es chiste, no es broma y no es nada de lo que dicen”.

Además, la víctima se reunió este mes de mayo con la diputada nacional Roxana Reyes, quien a través de su cuenta de Facebook, comentó cómo fue la charla. Tras la denuncia “fue despedida de su trabajo donde tenía 7 años de antigüedad y también despidieron a su mamá de la Comisión de Fomento”.

En tal sentido, la diputada señaló que la joven “no recibió apoyo psicólogo ni legal de la Subsecretaría de las Mujeres ni del Gobierno de Santa Cruz” además de que “hoy hace locreadas para juntar fondos para costear su abogado y el perito de parte sabiendo que lucha contra el poder feudal en una provincia donde todo se tapa”.

EL APOYO POLÍTICO AL ABUSADOR SEXUAL, JORGE SOLOAGA

Noviembre de 2020 protagonizó un hecho tan indignante como inexplicable: una caravana MULTITUDINARIA apoyó al burócrata denunciado por abuso sexual. La caravana “de más de dos centenares de vehículos” fue organizada por el sindicato de petroleros de Santa Cruz, el Partido Justicialista de la provincia en zona norte y el kirchnerismo bajo el lema “En defensa y apoyo del compañero Soloaga”.

Joven posa junto al funcionario procesado a las afueras de su domicilio tras la multitudinaria caravana

Ocurre que, tres días luego de la denuncia, Soloaga pidió licencia por “prescripción médica” por tiempo indeterminado. Habría presentado un documento en donde “consta está padeciendo una enfermedad oncológica”.

El pedido de licencia de Soloaga

La caravana fue liderada por Miguel Troncoso, presidente de Concejo Deliberante de Caleta Olivia; Pavel Gordillo, candidato a intendente de Caleta Olivia por Claudio Vidal (Secretario General de Petroleros Privados) y Pablo Carrizo, otro delegado de Petroleros.

La organización de esa marcha contó con todo el apoyo político del PJ y FPV de la provincia, el municipio de Caleta Olivia, el sindicato de Petroleros Privados y los medios de comunicación de zona norte, donde Soloaga tiene fuertes vínculos. La difusión de las imágenes, fueron cuidadosamente tomadas desde un dron para mostrar la extensa fila de vehículos, en su mayoría de la familia petrolera, con el fin de impactar a la opinión pública y darle un contexto “de apoyo irrestricto al compañero”.

Desde el dron, así apoyó el Gobierno de Santa Cruz a Jorge Soloaga

Este hecho deja en un IRREMEDIABLE (e incluso tragicómico) offside a gran parte de los medios provinciales, como por ejemplo Voces y Apuntes, La Gaceta Truncandense, Santa Cruz Uno, La Prensa de Santa Cruz, entre otros, los cuales básicamente se consagraron como panfletos al servicio de la casta política de la forma más aberrante: defendiendo a ultranza a una abusador sexual, ahora procesado.

Incluso, frente a la aberrante situación, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, usó el sello de la Municipalidad para enviar un mensaje público institucional, donde dice expresamente: “El intendente Fernando Cotillo, repudia enérgicamente las pintadas discriminatorias aparecidas en Cañadón Seco. Se solidariza con Jorge Soloaga, presidente de la Comisión de Fomento y la comunidad toda, en defensa de las instituciones y cualquier maniobra intimidatoria que atente contra la vida democrática de los pueblos”.

Así apoyó el intendente Fernando Cotillo al abusador sexual

Fuentes de Caleta Olivia consultadas por el medio OPI Santa Cruz señalaron que el intendente no refiere ciertamente una defensa irrestricta del Comisionado de Fomento, por cuanto teme que tras lo sucedido con Jorge Soloaga, aparezcan otras que lo hundan aún más en el fango y se termine de transformar en “un imán de desgracia para los compañeros”, explicaron desde el entorno, refiriéndose a que la mala prensa de las causas, podrían salpicar a quienes lo defienden a capa y espada, como el PJ, Cotillo y Claudio Vidal.

“Voy a exponer lo que me corresponde para demostrar por mi inocencia y aclaro que recién ahora voy a tomar conocimiento formal de los alcances de la acusación porque solo conozco lo que se publicó en medios periodísticos y en ese marco ya hice un rechazo categórico”, puntualizó en su declaración, realizada el pasado 11 de junio.

A su llegada al edificio de tribunales, era aguardado por algo más de doscientas personas referentes del PJ y de la comuna de Cañadón Seco, afiliados al Sindicato Petrolero Santa Cruz y de otros gremios adheridos a la CGT Regional, quienes mostraron pancartas con frases de apoyo.

“Tengo la tranquilidad absoluta que siempre he tenido un comportamiento ejemplar y voy a aplicar mi ejercicio de defensa que me confiere la Ley”, reiteró.

Además de su presidencia comunal en Cañadón Seco, desde hace casi 20 años es Secretario General del SUPE, nucleando a los “ypefianos”, Soloaga es accionista de YPF. Con Soloaga trabaja Juan Quiroga, el hermano del vicegobernador Eugenio Quiroga. En Caleta Olivia arrecian las críticas sobre este hombre que se las ingenió para ser reelecto sistemáticamente “se cree un patrón de estancia – dijo una alta fuente de la justicia en Caleta a citado portal– hay varios casos como estos, pero fueron silenciados por la propia gente. Hay al menos dos chicas que no se animan a denunciarlo” y a continuación otra fuente política lo describió como “soberbio, se cree Perón, tiene un discurso viejo, gastado y Cañadón es su zona de confort. Quiere ser gobernador, pero no le da ni para ser secretario. Éste se quedó en el 45 y como todo el que se perpetúa por años en el cargo, se cree el dueño de todo, incluyendo de la gente de Cañadón Seco”, concluyó la fuente.

“Me encuentro con semejante manifestación de la gente de mi pueblo, por muchas cosas que están sucediendo, con actitudes que no tienen nada que ver con la realidad, que tienen mas vinculación con la infamia, con actitud muy baja de gente que no entiende que la política es abrir los brazos no es cerrarlos”, dijo el político procesado tras la caravana que el Poder organizó en su apoyo, y agregó que la gente “no se va olvidar de la noche a la mañana por más infamia, por más mentiras, por más operaciones mediáticas o políticas, la gente no se olvida”.

A fines de mayo de este año, el consejo local del PJ y funcionarias de la Comisión de Fomento hicieron público su respaldo a Jorge Soloaga: la CGT de Zona Norte, la Agrupación Petrolera Santacruceña, el Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco, el Grupo Peronista Santacruceño, las trabajadoras del Comisionado de Fomento de dicha localidad expresaron su repudio a la “actitud golpista, contrario al Estado de Derecho y a la división de poderes” que mostró la diputada nacional Roxana Reyes.

“Se deben garantizar los derechos de todas las partes, no de una sola. Si se violenta la ley, si se atenta contra las garantías constitucionales, si se busca ensuciar una causa poniendo el peso de la parcialidad sobre una de las partes del expediente, eso es injusticia y va en contra de la búsqueda de verdad. No existe democracia ni República si así sucediera”, señaló un comunicado (quizás el más “moderado” de todos) oficial de la Agrupación Petrolera Santacruceña.

Por otro lado, el consejo directivo de la CGT Zona Norte, manifestó que “diputados provinciales de nuestra provincia intentaron condicionar a la justicia cuando pidieron tratar en la cámara de diputados la destitución del compañero presidente comunal de Cañadón Seco, Jorge Soloaga”.

Por su parte, el Grupo Peronista Santacruceño manifestó insólitamente que “el radicalismo santacruceño busca un nuevo lawfare mediatizando y presionando al poder judicial con un proyecto sin fundamento legal. Los jueces hablan por medio de sus sentencias, no por medio de proyecto legislativos infundados que buscan posicionar figuras políticas de sectores que han sumido al país en una profunda crisis”.

Estas maniobras buscan “intervenir en la vida democrática de nuestro Pueblo”, se dijo desde el Consejo Partidario Local del PJ de Cañadón Seco.

Sin embargo, la declaración “más” indignante la propinó el Comisionado de Fomento de Cañadón Seco: “Nosotras compañeras mujeres funcionarias de la comisión de fomento de Cañadón Seco nos unimos al decir que el Sr Presidente ha sido siempre una persona ejemplar en el trato hacia el género femenino, siempre empoderando al género con una conducta intachable y muy respetuosa. Hablar de los fueros y politizar el tema de la denuncia es de una hipocresía irritante”.

Aproximadamente hace dos semanas, la oposición en Santa Cruz pidió el apartamiento del funcionario pero el bloque del Frente de Todos se opuso argumentando que no había una decisión justicia. “No hay ningún indicio todavía que nos pueda llevar a sacarlo de ese lugar”, alegó la diputada Laura Hindie.

*Fuentes: OPI Santa Cruz, Winfo, Nuevo Día, Tiempo Sur, Ahora Calafate, El Patagónico y TiempoSur


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La Cámara Federal dejó firme el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani por el espionaje ilegal

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa que investigó la recopilación de correos electrónicos privados de políticos, periodistas, dirigentes y miembros de las fuerzas de seguridad.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificaron el fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y cerraron el expediente para todos los imputados.

Además de Macri y de quienes condujeron el área de inteligencia durante su gobierno, el sobreseimiento alcanzó a dos agentes cuya identidad se mantuvo reservada.

El eje de la decisión fue la prueba. Para la Cámara, el material que dio origen a la investigación quedó afectado por fallas en su “preservación, trazabilidad e integridad”, en la misma línea que había resuelto Martínez De Giorgi. Los jueces recordaron que el magistrado de primera instancia descartó por falta de resguardo los dos discos rígidos sobre los que se apoyó todo el expediente, y remarcaron que la querella no logró probar que el contenido de esos soportes “hubiera sido resguardado de modo tal que permitiera garantizar su autenticidad e integridad”.

“No ha logrado sortear el principal escollo que afectó a la prueba que dio origen a la presente causa: la forma en que fue obtenida”, sostuvo el tribunal en la resolución. Los camaristas apuntaron que no accedieron “a documentación alguna que permita inferir la utilización de protocolo o metodología alguna que asegure la integridad de la prueba”.

Cómo llegaron los discos al expediente

La causa se abrió el 26 de mayo de 2020, a partir de una denuncia de Cristina Caamaño, entonces interventora de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández. Según relató, un análisis de rutina sobre los soportes tecnológicos del organismo permitió hallar un disco rígido marca Western Digital en las dependencias de la agencia, con rastros de la conexión de varios pendrives utilizados para almacenar información de inteligencia sobre numerosas personas del ámbito político, periodístico y policial.

Los técnicos recuperaron información que había sido borrada de manera no segura y reconstruyeron con ese material una recolección de correos electrónicos privados obtenida, de acuerdo con la denuncia, sin orden ni autorización judicial. En su presentación la intervención de la AFI habló de una “recolección sistemática de correos electrónicos privados”.

El informe adjunto a la denuncia permitió identificar, mediante el sistema de credenciales, a los dos agentes que habrían accedido al contenido del disco. No fue posible, en cambio, establecer con precisión en qué área de la agencia se produjo ese acceso, porque el personal involucrado rotaba entre distintas dependencias.

Semanas más tarde se sumó una segunda presentación, vinculada a la agrupación política Kolina. Su denunciante afirmó que tomó conocimiento del caso primero por una nota periodística que la incluía entre las víctimas del espionaje ilegal y luego por un informe emitido en el programa “GPS” el 7 de junio de 2020, según el cual la AFI habría infiltrado a “una agente encubierta” dentro de esa agrupación. Ese tramo del expediente no fue apelado por la querella.

Los agujeros que detectaron los peritos: “la imputación queda desprovista de sustento”

Los magistrados detallaron las irregularidades que restaron valor probatorio a los soportes. Uno de los discos llegó cerrado y precintado, pero sin documentación de adquisición ni registro de su trazabilidad; el otro no contaba con una planilla que diera cuenta de su preservación. A eso se sumó un dato que el tribunal consideró determinante: “No se registró ni documentó el lugar en el que fueron hallados los discos rígidos”, una omisión que impidió reconstruir con certeza el origen del material y las condiciones en que fue incautado.

El peritaje oficial concluyó que “resultaba factible adulterar el contenido de un disco rígido, así como las fechas de creación, acceso o modificación” de sus archivos, sin dejar rastro. Los expertos explicaron que alcanza con cambiar el horario del equipo utilizado para alterar la marca temporal de los archivos.

Los peritos determinaron también que los correos electrónicos hallados no ingresaron por la vía natural que prevé el programa Outlook. Los archivos en formato .PST habrían sido modificados en 2017 mediante la incorporación manual de correos desde medios externos, es decir, cargados a mano en la casilla en lugar de recibidos por el sistema.

Otro obstáculo apareció al momento de ponerle nombre y apellido a quienes manipularon los equipos: el acceso al sistema se realizó mediante un usuario genérico llamado “User”, lo que impidió identificar qué personas físicas los operaron. Las conclusiones periciales tampoco lograron establecer si los discos formaban parte de la red informática oficial de la AFI.

Con ese cuadro, el fallo desestimó el argumento de la querella según el cual la extracción del material había cumplido con los protocolos. La Cámara consideró decisivo que “no existe un curso de investigación independiente que permita acreditar los hechos denunciados con prescindencia de los elementos digitales impugnados” y cerró el razonamiento con una fórmula tajante: “Excluida la aptitud probatoria de los discos rígidos, la imputación queda desprovista de sustento”.

Una seguidilla de fallos

La resolución llegó pocos días después de otras dos decisiones de la misma Sala I, que la semana pasada sobreseyó a Macri por la toma del crédito con el Fondo Monetario Internacional y a Javier Milei y a Luis “Toto” Caputo por su declaración jurada de bienes.

El tribunal se integró con Llorens y con Bertuzzi, quien recibió un nuevo acuerdo del Senado y fue reconfirmado en el cargo. Junto a él llegó el camarista Pablo Yadarola, que integra otra sala y no votó en estos casos.

Con la confirmación total de la decisión de primera instancia la causa por la recolección de correos electrónicos a partir de los discos hallados en la AFI quedó cerrada para Macri, Arribas, Majdalani y el resto de los beneficiados por el sobreseimiento.

Chaco | Piden hasta 15 años para los policías que robaban bloques de cocaína durante una quema

La acusación formal, presentada por la fiscalía Federal de Resistencia, pidió recientemente llevar a juicio a ocho agentes de la Policía del Chaco que habrían integrado una organización criminal para sustraer parte de estupefacientes que debían ser incinerados en una quema judicial en Colonia Benítez.

Los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg sostienen que existió un plan previo para apartar 9,5 kilos de cocaína (valuado en aproximadamente $225 millones) que estaban bajo custodia estatal en ese momento, teniendo como idea ocultarlos en un vehículo oficial y destinarlos luego a su comercialización en el mercado negro.

“Este manejo del procedimiento se observó en los mismos hechos, pues sabían y conocían a la perfección el procedimiento de la quema y destrucción del estupefaciente y aprovecharon el momento oportuno para sustraer la cocaína en presencia incluso de las autoridades judiciales”, sostuvieron los fiscales.

La particular gravedad del caso no radica únicamente en la cantidad de droga. La acusación afirma que quienes debían custodiar, trasladar y destruir cocaína secuestrada habrían utilizado esa misma posición institucional para sustraerla, lo que convierte el episodio paralelamente en un presunto delito de narcotráfico y en una presunta apropiación de bienes confiados a funcionarios públicos.

El hecho, determinado como FRE 10726/2025, habría ocurrido el 18 de diciembre de 2025 mientras se realizaba dicha quema judicial de estupefacientes en el Polígono de Tiro de la Policía del Chaco, en la zona de Colonia Benítez. El procedimiento incluía droga como marihuana incautada en causas federales y contaba con presencia de funcionarios judiciales, autoridades policiales y representantes del Poder Ejecutivo provincial.

La cocaína debía pasar por una mesa de pesaje y luego ser trasladada en cajas hasta una Toyota Hilux policial, identificada como móvil PT-308, para continuar el circuito de destrucción. Según la acusación, un secretario penal del Juzgado Federal N.º 2 observó gestos e intercambios sospechosos entre los uniformados Gustavo Andrés Quizama y Franco Andrés Ramírez, además de la apertura de una puerta trasera del vehículo mientras la caja quedaba momentáneamente fuera de su vista.

El funcionario ordenó que la caja regresara a la balanza. El primer control había indicado 8,700 kilos y el segundo 7,585, una diferencia de 1,115 kilos. Luego de detener y requisar el vehículo se encontraron nueve panes de cocaína ocultos debajo de los asientos y en pertenencias de los policías, con un peso total de 9,490 kilos.

La diferencia inicial de 1,115 kilos no sería contradictoria con el hallazgo total de 9,490. El primer faltante permitió descubrir una maniobra que, de acuerdo con la hipótesis fiscal y la reconstrucción del procedimiento, ya venía acumulando paquetes apartados durante distintos movimientos o viajes.

En la mochila de Néstor Ariel Urne Canteros se encontró un ladrillo de aparente yeso preparado para simular un paquete de droga, mientras que los mensajes recuperados mencionan expresamente la posibilidad de cambiar panes reales por bloques falsos, siendo que el yeso funcionaria como una réplica física, con un bloque de apariencia y peso semejantes al pan de cocaína que se pretendía retirar.

Esto no significa necesariamente que todos los paquetes ya hubieran sido reemplazados con éxito. La evidencia publicada permite afirmar que se halló al menos una réplica y que la Fiscalía interpreta los chats como prueba de planificación, solo será materia del juicio establecer quién la preparó, cómo pensaban emplearla y si llegó a introducirse efectivamente en alguna caja oficial.

Por parte del Ministerio de Seguridad del Chaco, publicó rápidamente un comunicado oficial desligando lo acontecido de la administración del gobernador chaqueño Leandro Zdero, subrayando que la gestión “no encubre” a los delincuentes. “Los hechos aislados no representan a la totalidad de la institución”, al tiempo que reafirmó el objetivo de “recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Lo que muestran los chats

Las comunicaciones entre los efectivos en ese momento en particular son relevantes porque permiten a la Fiscalía intentar probar algo más que una sustracción improvisada. En los intercambios atribuidos a los acusados aparecen referencias anticipadas a “manotear” droga, conseguir un “conector” para colocarla rápidamente, llevar cinta para los paquetes y usar yeso para realizar el cambio.

De ahí surgió el descubrimiento de un grupo de WhatsApp denominado “Los laaaaaru laaaaaru”, integrado por Juan Nicolás Almirón Núñez, Gastón Ezequiel Villalba, Urne Canteros y otro usuario cuya identidad no pudo ser determinada. Además, se reveló otro titulado “DIV. TRANSPORTE”, integrado por demás policías de esa dependencia policial.

“Indudablemente iban agregando droga en cada viaje y bajando algún paquete”, destacó el juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich.

“Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”, afirmó Francisco Lucas Leonel García, apodado “Black”, en una conversación sobre la posibilidad de “rescatar algo” de cocaína durante la quema. Para la acusación, expresiones como esa, sumadas a la búsqueda de compradores, respaldarían la tesis de que el destino no era consumo personal sino la reinserción de la droga en la venta clandestina.

La Fiscalía solicitó penas de entre ocho y quince años de prisión para los ocho acusados, a quienes atribuyó distintos grados de participación, ya que no identifica a todos bajo la misma conducta ni el mismo grado en el esquema ilícito.

Para Rubén Héctor César Alegre, identificado por los fiscales como presunto organizador de la operación, con conocimiento pleno en el circuito de secuestros y capacidad para seleccionar personal (por su cargo como comisario de la División Operaciones Metropolitana y de la cual depende la Dirección General de Consumos Problemáticos), se pidió una pena de 15 años de prisión. En el caso de Franco Ramírez, señalado por una presunta intervención directa y por haber conducido la camioneta involucrada, la pena solicitada asciende a 12 años.

Gustavo Quizama enfrenta un pedido de 11 años de prisión, acusado de haber participado en la ejecución material del apartamiento de la droga. Para Urne Canteros, también se solicitaron 11 años, por una presunta intervención directa y su vinculación con la réplica de yeso utilizada en el procedimiento.

Almirón Núñez recibió un pedido de 11 años de prisión. La Fiscalía le atribuyó el presunto traslado de un paquete en su mochila y contactos destinados a concretar su salida comercial. Para Gustavo Jesús Acosta, la acusación contempla una pena de ocho años por su presunta participación en el operativo y la custodia del vehículo.

En tanto, Gastón Villalba quedó alcanzado por un pedido de ocho años de prisión. Conforme a la Fiscalía, habría tenido una intervención coordinada en la tenencia y en el apoyo previo, aunque no habría estado presente en el predio al momento en que la droga fue sustraída. En los mensajes, hizo hincapié que Almirón Núñez junto a Urne Canteros, llevasen cinta para trasladar la droga hacia el predio de incineración.

Finalmente, para Francisco García también se solicitaron ocho años de prisión. Los fiscales le atribuyeron una presunta búsqueda de comprador y participación en el destino comercial de la droga, pese a que tampoco habría estado presente en el predio al momento de la sustracción.

Delitos atribuidos

En diciembre de 2025 la investigación inicial comprendía a siete policías y entre ellos figuraba Lucas Exequiel Martínez. La acusación presentada a comienzos de septiembre de 2026, en cambio, se dirige contra ocho personas, excluyendo a Martínez e incorporando a Villalba y García. Lo trascendido no explica con precisión procesal por qué Martínez quedó fuera de este requerimiento, por lo que no corresponde inferir si fue sobreseído, separado para otro trámite o alcanzado por una decisión diferente.

El artículo 5, inciso c, de la Ley 23.737 castiga con 4 a 15 años de prisión a quien tenga, almacene, transporte, distribuya o comercialice estupefacientes con destino ilegítimo.

— César Alegre hizo un llamativo y sospechoso gesto durante la quema judicial

La Fiscalía agrega dos agravantes del artículo 11, que serían la intervención organizada de tres o más personas y la condición de funcionarios públicos encargados de prevenir o perseguir delitos de narcotráfico. La ley ordena en esos supuestos aumentar la escala penal, porque el hecho combina organización y abuso de una función estatal especialmente destinada a combatir la conducta cometida.

Para Alegre se utiliza además la figura de organización de actividades de narcotráfico, prevista en el artículo 7 de la Ley 23.737, cuya escala general es de 8 a 20 años. La pena pedida de 15 años no es el máximo abstracto posible de esa figura, sino la pretensión concreta de los fiscales para este acusado.

El segundo eje es el peculado. El artículo 261 del Código Penal sanciona con 2 a 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario que sustrae caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le fue confiada por razón del cargo; el “efecto” sería la cocaína secuestrada y puesta bajo custodia estatal para su destrucción.

Villalba y García no son acusados de peculado porque, para la presentación, no estaban físicamente en el predio en el momento de la sustracción. Sí se les atribuye coautoría en la tenencia de droga con finalidad comercial, basada en la presunta coordinación previa y posterior del destino del cargamento.

— Muestra fotográfica de siete de los ocho efectivos detenidos e imputados de la Policía de la Provincia del Chaco

La Ley 23.737 dispone que, antes de destruir droga, debe practicarse una pericia para determinar naturaleza, calidad y cantidad, conservando muestras para el proceso. También exige que la destrucción se realice en un acto público, con presencia del juez o secretario, dos testigos y autoridades invitadas, y que todo quede documentado en un acta. En este caso, esos mecanismos funcionaron parcialmente, porque quedó expuesta una vulnerabilidad grave.

El control judicial no permite confirmar con exactitud la identidad de los dos testigos exigidos por la ley ni exhiben el acta completa, pero se especula que estuvo encabezado originalmente por juez federal a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Resistencia, Ricardo Mianovich y el secretario penal Martín Innocente, sumado a las autoridades invitadas identificadas como Hugo Matkovich y el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; la presunta maniobra se habría realizado a pocos metros de él, del ministro y del juez federal.

Exfiscal de Rosario reconoció que desviaba dinero judicial para sostener su adicción al juego

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe investiga al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho por el presunto vaciamiento de fondos depositados en cuentas judiciales. Ríos Artacho fue jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario entre 2017 y 2024, cargo del que renunció el 25 de junio de 2024 tras enfrentarse a sanciones internas.

Según la acusación fiscal, durante casi siete años –de 2017 a julio de 2024– habría autorizado extracciones irregulares de dinero destinado a fianzas, cauciones y secuestros judiciales, montos que serían utilizados en sus “apuestas personales”.

El monto desviado asciende en total a entre $245 y $425 millones. Por estos hechos, los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani imputaron a Ríos Artacho como jefe de una asociación ilícita, y le atribuyen delitos de peculado, fraude a la administración pública y falsedad ideológica.

“Tengo problemas de juego que arrastro con altibajos desde hace años. Renuncié a mi cargo de fiscal en 2024 por eso. Ofrezco a la Fiscalía que está formulando estos cargos en mi contra toda mi colaboración. Y también una reparación del daño. Pido disculpas a todas las personas que confiaron en mí en especial a mi familia a la que defraudé. Mis padres no me criaron para esto”, afirmó el propio Ríos Artacho ante la Justicia.

Hijo de un prestigioso exjuez penal de Santa Fe, Ríos Artacho era considerado un funcionario especializado en causas complejas. En 2024 se lo suspendió tras conocerse que permitió irregularmente la entrega de un Mercedes incautado a un comisario (amigo suyo), y poco después dejó su cargo. Su caso emergió cuando los propios colegas del MPA detectaron anomalías en una cuenta judicial y derivaron la causa a la Unidad Especial de Funcionarios Públicos que dirige Spelta.

De acuerdo a la investigación aún en curso, las maniobras ocurrieron de modo sistemático entre 2017 y 2024. En agosto de 2026 la Policía Federal realizó 15 allanamientos en Rosario y Córdoba, deteniendo a Ríos Artacho y a ocho sospechosos más. En esos operativos se secuestraron documentos, teléfonos y dinero en efectivo. La audiencia de formulación de cargos se realizó recién en septiembre de 2026, donde Ríos Artacho fue formalmente imputado. Actualmente el juicio está en trámite (y la Fiscalía pidió prisión preventiva para él y otros acusados).

Para los fiscales, Ríos Artacho usaba su cargo para manejar cuentas judiciales como propias. Con su firma autorizaba oficios a bancos permitiendo transferencias o retiros de dinero que correspondía a fianzas, cauciones o secuestros de causas penales. Esas extracciones no iban a las víctimas o al Estado, sino que terminaban siendo tomadas por Ríos Artacho o sus colaboradores.

El esquema empleaba prestanombres para camuflar el origen de los fondos y con varias personas (Nahuel R., Agostina R., Bruno B., Paola B., Daniel C., Daniel Ballistreri y otros) prestaban sus cuentas bancarias o identidad para que Ríos Artacho pudiera retirar dinero sin figurar él directamente. Incluso, cuando una causa se acercaba a un juicio abreviado o probation, el abogado Emilio Rubén Barcacia (excuñado del fiscal) llevaba dinero en efectivo al banco para “reponer” temporalmente los saldos de las cuentas vaciadas, de modo que el faltante no saltara a la vista al juez.

La ludopatía (trastorno compulsivo por el juego) es un factor clave en la hipótesis de la defensa. Conforme a los acusadores, la adicción de Ríos Artacho fue la “raíz” de su conducta. Los fiscales citan el hecho de que, tras el ingreso en vigor de la ley de autoexclusión en Santa Fe, él y otros indagados frecuentaban casinos de provincias vecinas o de Paraguay para seguir apostando.

En la audiencia judicial Ríos Artacho reconoció parte de las maniobras pero la justificó por su adicción al juego. Ante la jueza afirmó claramente: “Soy ludópata”. Relató que lleva años arrastrando problemas con los casinos (llegó a desplazarse en pandemia hasta Foz de Iguazú en la Triple Frontera para apostar, ya que estaban cerrados en Argentina). Su hábito le generó deudas enormes y dijo que administraba los fondos judiciales “como si fuera mi billetera”.

“Íbamos y volvimos en el día”, subrayó y agregó que era un deudor de nivel cinco ante el BCRA que es identificada como una escala irrecuperable de deuda.

En su descargo pidió disculpas públicas a su familia y al MPA. Asimismo negó que hubiera organizado una banda delictiva, asegurando que fue él quien “arrastró” a otros imputados con sus órdenes. Es decir, admitió el uso ilegal de dinero pero sostuvo que el resto de los acusados actuó por sus instrucciones o por haberle prestado dinero, no como parte de un plan previo establecido.

Ríos Artacho fue de manera controvertida y opaca, quien le habilitó una probation en 2021 al director regional de la exAFIP de Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien como arrepentido reconoció todo tipo de ilicitos fiscales en favor de empresas. La probation fue por hacerse cargo que eran suyos USD$200 mil hallados en una caja de seguridad de Gastón Scarel, hijo de Omar Scarel, presidente del directorio de Vicentin imputado por estafa.

Acusados y defensa

Además de Mariano Ríos Artacho, otras demás personas fueron imputadas en la causa por el presunto desvío de fondos de cuentas judiciales. Entre ellas se encuentran Fabricio Emanuel Romero y Julio Mercado, señalados por la Fiscalía como organizadores de la supuesta estructura junto con el exfiscal. Los investigadores sostienen que ambos mantenían una relación cercana con Ríos Artacho, reflejada en numerosas comunicaciones y transferencias bancarias, y les atribuyen haber participado en la captación de prestanombres y en la distribución del dinero extraído.

En función de la hipótesis fiscal, habría intervenido en la recomposición temporal de los saldos de cuentas judiciales previamente vaciadas mediante depósitos de dinero. Barcacia negó haber conocido el origen y la finalidad de las operaciones y rechazó haber formado parte de una supuesta maniobra delictiva.

Como trascendió, lo más desconcertante es que durante años un fiscal en funciones dispuso en beneficio propio de esos fondos cautelados y nadie lo detectó. Actualmente Ríos Artacho está detenido desde septiembre de 2026, acusado formalmente de varios delitos. En la audiencia de imputación, que duró casi nueve horas, admitió los hechos con salvedades (poniendo el acento en su adicción) y manifestó su voluntad de colaborar con la investigación.

La acusación también alcanzó a Nahuel Riquelme, Agostina Riquelme, Bruno Bergero, Paola B., Daniel Cesaretti y Daniel Ballistreri, a quienes los investigadores atribuyen haber aportado cuentas bancarias o realizado retiros de dinero que posteriormente habría llegado a Ríos Artacho. Las defensas, sin embargo, sostienen que varios de ellos actuaron sin conocer el origen judicial de los fondos y que fueron involucrados a partir de relaciones personales o económicas con el exfiscal.

Uno de los casos mencionados fue el de Ballistreri, cuya defensa aseguró que había prestado $150.000 a Ríos Artacho y que posteriormente recibió la devolución desde una cuenta judicial sin saber de dónde provenía el dinero. Sobre esa base, los abogados de los imputados rechazan la existencia de una organización criminal estable y sostienen que, en distintos casos, sus clientes fueron engañados o actuaron confiando en el exfiscal.

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