Terroristas islámicos asesinaron a 17 cristianos en un hospital católico del Congo: “Degollaron a mujeres que estaban amamantando”

Entre 17 y 28 personas, en su mayoría mujeres hospitalizadas y madres lactantes, fueron masacradas por milicianos yihadistas en un hospital que era administrado por monjas.
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Un comando de las Fuerzas Democráticas Aliadas, milicia yihadista de origen ugandés rebautizada por el Califato como Estado Islámico en África Central, atacó en la noche del pasado viernes 14 el hospital católico de Byambwe, en el territorio de Lubero, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, y asesinó a entre 17 y 28 civiles cristianos, según diferentes fuentes locales y eclesiales. La mayoría de las víctimas fueron mujeres que estaban hospitalizadas, muchas en la maternidad y en lactancia.

El administrador local de Lubero, el coronel Alain Kiwewa, explicó a medios internacionales que el ataque tuvo lugar en la aldea de Byambwe cuando los rebeldes irrumpieron en el centro de salud durante la noche. 

En declaraciones recogidas por The Associated Press, el responsable detalló que los extremistas islámicos mataron al menos a 17 personas —once mujeres y seis hombres— y describió la escena dentro del hospital: “Mujeres que estaban amamantando fueron brutalmente asesinadas y encontradas con la garganta cortada en sus camas de hospital”, dijo el coronel. Más tarde, en diálogo con la agencia EFE, Kiwewa precisó que la mayoría de las víctimas estaban hospitalizadas en el centro de salud antes de que llegaran las ADF y las asesinaran. 

“Esto es inaceptable. Condenamos este acto y hacemos un llamado a la población para que coopere con el ejército e informe sobre cualquier actividad sospechosa en la zona”, agregó el coronel, que no facilitó entonces un balance definitivo de víctimas mortales.

Un artículo de Vatican News —el portal de la Santa Sede— dialogó directamente con los testigos de la diócesis de Butembo-Beni. Informaron que los terroristas islámicos entraron en la aldea alrededor de las 22.00 horas del viernes y atacaron un centro de salud diocesano dirigido por las Hermanas de la Presentación, donde “masacraron a pacientes y luego prendieron fuego a todas las instalaciones, matando a varias mujeres en la sala de maternidad”. 

– El Papa León XIV denunció el último ataque contra cristianos en la República Democrática del Congo

“Este es un ataque típico de las ADF”. Las explicaciones surgen del misionero italiano Giovanni Piumatti, sacerdote que sirvió durante más de cincuenta años en la región. Su informe indicó que “quince personas fueron asesinadas en la clínica y otras cinco en los alrededores. Incendiaron todas las instalaciones y veintisiete viviendas cercanas. Antes de destruir todo, saquearon todos los suministros médicos; creo que ese era su objetivo principal. El pánico se extendió por todas partes. El ejército los persiguió, pero, a pesar de sus esfuerzos, los terroristas escaparon. Parecen estar mejor armados y equipados que las fuerzas regulares”.

Mientras las religiosas y los vecinos trataron de rescatar cuerpos entre los escombros, el balance de muertos aumentó. El presidente de la sociedad civil del territorio de Lubero, Mohindo Taufeni, declaró a EFE: “Ya contamos con 28 cuerpos, incluyendo 17 que estaban hospitalizados, pero aún es un número provisional”. 

El padre Piumatti, que ahora reside en Italia pero siguió de cerca la situación en la República Democrática del Congo, profundizó en la crueldad del ataque. “Lo más trágico —más allá del gran número de víctimas inocentes— es la forma en que matan… Degüellan a los civiles, los decapitan; es horrible. Aquí mataron a madres mientras amamantaban a sus bebés. Estas masacres son inimaginables y ocurren casi todas las semanas. Muchas no se reportan”. 

El hospital católico de Byambwe formó parte de la red de dispensarios de la diócesis y estuvo dirigido por las Hermanas de la Presentación. Las religiosas brindaron atención médica básica y asistencia en los partos en una zona remota de Kivu del Norte que careció de hospitales en funcionamiento y donde las comunidades cristianas sostuvieron la vida cotidiana en medio del conflicto. Tras la masacre, las instalaciones quedaron completamente destruidas. El pánico se apoderó de la población y muchos aldeanos huyeron a la selva o a localidades vecinas y no regresaron. Las hermanas continuaron atendiendo a los supervivientes como pudieron, en la calle y entre los restos del centro de salud. Hasta el domingo no se reportaron víctimas entre las religiosas, pero las fuentes de la diócesis advirtieron que muchos recién nacidos pudieron haber sido secuestrados.

Las ADF, milicia de origen ugandés con bases en Kivu del Norte y en la vecina provincia de Ituri, operaron durante años a lo largo de la frontera con Uganda y atacaron de forma recurrente a la población civil. 

Grupos armados locales y organismos internacionales atribuyeron a esta estructura, que juró lealtad al autodenominado Estado Islámico, numerosas matanzas de cristianos en aldeas, carreteras y campos de cultivo, además de la destrucción de templos y la quema de viviendas. “Atacan indiscriminadamente: en las carreteras, en las aldeas, en los campos mientras la gente trabaja. Además de matar, secuestran a niños y jóvenes para adoctrinarlos. A menudo actúan bajo la influencia de drogas, y también drogan a los cautivos que secuestran”, describió el sacerdote Piumatti.

– Fachada de una iglesia alcanzada por un proyectil de artillería tras los enfrentamientos en Goma, República Democrática del Congo, el 30 de enero de 2025

En agosto, terroristas de las ADF mataron al menos a 52 personas durante varios ataques en la misma semana, según la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo. Las autoridades ugandesas acusaron al grupo de organizar ataques dentro de su territorio, incluidos dos atentados suicidas en Kampala en noviembre de 2021 y asesinatos por parte de motoristas armados contra altos funcionarios. 

Tras aquellos atentados, los ejércitos de la República Democrática del Congo y Uganda iniciaron una operación militar conjunta en suelo congoleño para eliminar a las ADF, pero los ataques no cesaron y el este del país siguió sumido — lo está desde 1998— en un conflicto alimentado por múltiples milicias rebeldes y por el propio Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU.

– Los ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tuvieron como objetivo los territorios de Beni y Lubero, en la provincia oriental de Kivu del Norte, entre el 9 y el 16 de agosto

Vatican News recordó que los autores del ataque de Byambwe pertenecieron al mismo entramado terrorista que, el 27 de julio, irrumpió en una iglesia cristiana en la localidad de Komanda, en la provincia de Ituri, durante un servicio religioso. Armados con machetes y rifles, los milicianos mataron allí a decenas de cristianos reunidos en oración. 

Piumatti también denunció el “vergonzoso silencio” de la comunidad internacional y la complicidad de determinados intereses económicos en el sostenimiento de la violencia. Explicó que Kivu es rico en yacimientos minerales; por ello considera que “estos grupos islamistas reciben respaldo. Las ADF son las más feroces, pero no son las únicas a las que se les suministran armas y dinero para mantener el flujo comercial. Estos conflictos sirven a intereses comerciales, y el silencio del mundo es profundamente preocupante”.

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Milicias yihadistas islámicas asesinan a 35 cristianos por día en Nigeria

En una entrevista exclusiva que el medio Breitbart News publicó con un abogado del Cinturón Medio (Middle Belt) de Nigeria que usó el seudónimo “Jabez Musa” para proteger su identidad y la de su familia, describió que los ataques de milicias yihadistas, en su mayoría identificadas con la etnia fulani, son una “ocurrencia diaria” contra fieles cristianos.

“Los asesinatos no han cesado. Ocurren en masa, a veces son solo unos pocos individuos, esa es la situación aquí”, afirmó Musa.

— Testigos presenciales informan del uso de drones, un mayor número de atacantes y asaltos simultáneos contra varias comunidades

En la semana previa a la nota, mataron al hijo de un pastor, y aseguró que la matanza no cesa en estados como Plateau, Benue, Nasarawa, Kaduna del sur y Taraba. Según su relato, las comunidades cristianas sufren secuestros para pedir rescate, destrucción e incendio de aldeas, y el despojo sistemático de tierras ancestrales por parte de estas milicias islamicas armadas.

El “Middle Belt” es la franja central de Nigeria donde el norte de mayoría musulmana se encuentra con el sur de mayoría cristiana, y es allí donde se concentra la violencia contra comunidades agrícolas cristianas. Los estados más golpeados —Plateau, Benue, Kaduna, Nasarawa y Taraba— han registrado ataques casi semanales durante 2026. Solo entre mayo y julio, la asociación juvenil Berom Youth Moulders documentó al menos 121 muertes en localidades de Plateau.

En julio, decenas de personas murieron en incursiones simultáneas en Plateau y Benue, incluyendo un bebé de dos meses, mientras que el ejército nigeriano llegó tarde o ni siquiera respondió pese a alertas previas, en donde los mismos soldados han disparado, arrestado y desarmado a guardias civiles frente a sus casas, incluso durante invasiones armadas de las guerrillas islámicas fulani. A fines de julio, un ataque nocturno en la aldea de Naridon (estado de Kaduna) dejó 30 muertos, entre ellos 11 niños, y varios secuestrados, incluyendo un sacerdote católico.

“Queremos que los cristianos de todo el mundo sepan lo que está sucediendo en Nigeria, que estén al tanto de los acontecimientos diarios y que sepan que los cristianos están siendo severamente perseguidos”, destacó Musa, denunciando que “la persecución incluye asesinatos, discriminación en todas sus formas y, además, a los cristianos se les niegan sus derechos en algunos estados musulmanes de Nigeria”.

— Coronel Victor Asuquo se dirige a los pobladores de la aldea de Gwom Ajang, en el distrito de Foron, Barkin Ladi, tras ataques de terroristas islámicos en una incursión nocturna cerca de la frontera entre Plateau y Bauchi

Estos patrones no son hechos aislados, siendo que organizaciones como Intersociety e International Christian Concern llevan un registro casi semanal de matanzas, secuestros y destrucción de cosechas atribuidos a milicias fulani armadas, con picos de decenas de víctimas por incidente. La agencia de ayuda cristiana internacional e interdenominacional, Barnabas Aid estima que, desde 2009, más de 45.000 cristianos han sido asesinados por islamistas en el norte y el Cinturón Medio de Nigeria.

El eje central de la denuncia de Musa —y de organizaciones como Intersociety— es que el gobierno central, encabezado por el presidente Bola Tinubu, actúa con pasividad o incluso complicidad frente a estos ataques. De acuerdo al letrado, funcionarios nigerianos minimizan el carácter religioso de la violencia atribuyéndola al “cambio climático” (por disputas entre agricultores y pastores ante la escasez de tierras) y han invertido en campañas de relaciones públicas para contrarrestar la cobertura internacional del problema.

Tinubu declaró en 2025 que las denuncias de un “genocidio religioso” eran “infundadas”, insistiendo en que ninguna religión está bajo amenaza en el país. En algunos casos, el propio ejército ha pedido a los civiles que se defiendan solos ante la falta de tropas suficientes, como ocurrió en junio en la frontera entre Plateau y Bauchi.

— Sunday Ezekiel, líder juvenil de Gwom Ajang, apunta con una honda luego de haberse enfrentado con ella de terroristas islámicos armados con fusiles de asalto

“Cuando se les llama ‘gamberros’ o ‘bandidos’, entonces la criminalidad no es tan grave”, describió Musa, “pero lo que vemos aquí es que se trata de gente militante que mata”. “Vienen por cientos en sus motocicletas, acompañados de sus cómplices en moto y armados con fusiles AK-47, atacan una aldea o comunidad, matan a sus habitantes y luego toman el control o los matan de nuevo, regresan y vuelven a tomar el control del lugar”, añadió.

Esta denuncia se inserta en una disputa diplomática que escaló fuertemente desde octubre de 2025, cuando el presidente estadounidense Donald Trump redesignó a Nigeria como “País de Preocupación Particular” (CPC, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional, alegando que “el cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria”.

Trump llegó a amenazar con llevar tropas norteamericanas “a las armas” y con cortar toda ayuda si el gobierno nigeriano no protegía a los cristianos, y en diciembre habría ordenado ataques con misiles Tomahawk contra objetivos yihadistas. Además, cifras citadas por legisladores republicanos enumeran a más de 7.000 cristianos que habrían sido asesinados solo en los primeros siete meses de 2025, un promedio de 35 por día.

“Hay pelotones de soldados por todas partes, y en la mayoría de los casos, cuando reciben informes de un ataque, tienen excusas”, subrayó Musa sobre la inoperancia por parte del ejército nigeriano. “Podrían decir que tienen que esperar una orden de la autoridad superior para actuar, y cuando llegan —si es que llegan—, llegan cuando ya se ha producido el ataque y los daños, cuando ha habido muertos. Pero a veces, simplemente no llegan”, agregó.

Sin embargo, el propio asesor presidencial de EE.UU. para África, Massad Boulos, cambió de postura. En octubre de 2025, calificó las denuncias de persecución selectiva como “equivocadas”, argumentando que Boko Haram e ISIS-África Occidental matan a más musulmanes que cristianos, pero en julio de 2026 reconoció públicamente que la violencia contra comunidades cristianas en el Cinturón Medio es “intolerable”.

— Donald Trump junto a Massad Boulos, empresario de ascendencia libanesa y asesor principal para asuntos árabes y de Oriente Medio

Analistas de centros como CSIS advierten que, si bien la crisis de seguridad es real y grave, el término “genocidio” tiene una definición legal exigente y que caracterizar el conflicto únicamente como persecución religiosa simplifica causas más complejas como las disputas por tierra y agua, criminalidad armada y colapso del control estatal en zonas rurales. El Vaticano, a través del cardenal Pietro Parolin, también relativizó la etiqueta de “guerra religiosa”, atribuyendo los ataques a causas sociales.

Aún así las víctimas, lamentó Musa, “sufren traumas graves” y necesitan un largo proceso de asistencia para poder reconstruir su vida cotidiana tras sobrevivir al secuestro. Para dimensionar la gravedad de la situación, relató el caso de una familia conocida que permaneció cautiva. Uno de los sobrevivientes le contó que tanto él como su esposa fueron sometidos a abusos sexuales y que, en ocasiones, los hechos ocurrieron frente a sus hijos. “Nos secuestraron, se acuestan con ella cuando les da la gana, a veces mientras los niños miran. Si protesto, me disparan”, detalló el hombre.

“Existe la historia de un niño de siete años que fue secuestrado y, debido a la falta de alimentos en el lugar donde los secuestradores lo mantuvieron cautivo, en el monte, tuvo que comer carne humana para sobrevivir”, señaló Musa.

Otra sobreviviente, una mujer que quedó embarazada durante su cautiverio, sufrió complicaciones al momento del parto. Musa indicó que, ante la ausencia de asistencia médica, otra mujer fue obligada por los militantes a cortar el cordón umbilical con los dientes.

El pedido de las comunidades afectadas

Musa sostuvo además que los cristianos no representan una amenaza para los fulani ni para otros grupos militantes islamistas que operan en Nigeria y remarcó que “en el mejor de los casos, pueden defenderse”. Por ello, reclamó al Gobierno un compromiso efectivo para proteger a las comunidades afectadas y garantizar su seguridad.

“Que los cristianos de todo el mundo oren por los cristianos de Nigeria. La Biblia dice que hay que velar y orar. Además de la oración, la vigilancia implica que los cristianos de otras jurisdicciones insten a sus representantes a presionar al gobierno nigeriano para que actúe y ponga fin a la violencia”, consideró Musa.

De los 36 estados que posee Nigeria, quienes viven en 12 del país están sujetos a la sharia, o ley islámica, en contra de la constitución del Estado. Musa ratificó que a los cristianos se les suele negar la documentación legal para construir iglesias y lugares de culto en estados gobernados por líderes musulmanes, y que sufren otras formas de discriminación incluso cuando no son atacados directamente.

“Lo que queremos, lo que quieren los cristianos y todo nigeriano sensato, es paz, menos ataques o ninguno, ya sea contra cristianos o cualquier otro grupo religioso en Nigeria”, manifestó Musa a la opinión pública.

Asimismo, otras voces del Cinturón Medio piden que el gobierno nigeriano cumpla su deber constitucional de proteger a los civiles, que haya presión internacional concreta (no solo declaratoria) sobre Abuja, y que se reconozca oficialmente el carácter de “limpieza étnica” de los ataques, en lugar de atribuirlos genéricamente a “bandidismo”. En enero de 2026, EE.UU. y Nigeria formaron un Grupo de Trabajo Conjunto para reducir la violencia contra grupos vulnerables, aunque hasta ahora los resultados sobre el terreno han sido nulos, con los ataques documentados que continúan mes tras mes en lo que va del 2026.

El 8 de junio de 2026, expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la situación de mujeres y niñas cristianas en el norte de Nigeria y el Middle Belt. Señalaron que habían recibido informes creíbles de asesinatos, secuestros, violencia sexual, conversiones forzadas y matrimonios forzados, más no intervinieron.

Declaraciones extremas de ministro israelí: propone matar a 40 personas diarias en Gaza

La Franja de Gaza atraviesa un prolongado conflicto bélico desencadenado tras los atentados terroristas perpetrados por Hamás contra territorio israelí. En medio de las operaciones militares y la creciente tensión humanitaria en el enclave palestino, las posturas de los sectores más radicalizados del espectro político israelí intensifican la presión sobre el gabinete de gobierno.

Dentro de este escenario, las declaraciones de figuras de peso en el Ejecutivo suelen generar ondas expansivas tanto en la política interna de Israel como en el tablero diplomático internacional, donde los aliados occidentales vigilan de cerca el estricto cumplimiento de las normas del derecho humanitario.

Escena cotidiana en Gaza.

Llamado a la matanza

Itamar Ben Gvir, el ultra-sionista ministro de Seguridad Nacional de Israel, desató una fuerte controversia tras asegurar en el podcast “8 de octubre” que las fuerzas de seguridad deberían ejecutar a entre 30 y 40 personas cada noche en la Franja de Gaza. En su intervención, el funcionario no se limitó a quienes representan una amenaza inmediata, sino que profundizó en una postura extrema al afirmar: “Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas”.

Tras la difusión de estos dichos, la Comisión Europea evitó comentar la declaración específica, pero la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, recordó que la Unión Europea mantiene pendiente una propuesta para sancionar al ministro. Hipper reiteró que el bloque espera que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario y garantice la protección de los civiles, recordando que las deliberaciones sobre medidas restrictivas contra individuos son confidenciales y requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros.

Mientras el debate interno en el Consejo de la UE sobre estas sanciones continúa, la retórica del ministro vuelve a poner en tensión la relación entre las posturas del Ejecutivo israelí y la exigencia de cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La gravedad de las declaraciones ha reavivado la presión diplomática sobre el gabinete, exponiendo la distancia entre el discurso de Ben Gvir y el marco de actuación que los organismos internacionales demandan a Israel en medio del conflicto contra el terrorismo de Hamás.

Itamar Ben Gvir.

El historial del funcionario

Itamar Ben Gvir ha construido su trayectoria política sobre posturas ultra-sionistas y discursos de confrontación en Cisjordania y Gaza. Su carrera incluye antecedentes de inhabilitación por incitación al racismo en su juventud y su constante reivindicación del papel de colono, marcando una línea de acción pública caracterizada por la radicalización.

La reiteración de este tipo de declaraciones expone una brecha persistente entre la retórica del titular de Seguridad Nacional y las directrices que el derecho internacional exige al Estado de Israel, alimentando la presión de los aliados occidentales y de los organismos multilaterales sobre el gobierno israelí.

Benjamin Netanyahu junto a Itamar Ben Gvir.

*Por Augusto Grinner

Alertan por el traspaso silencioso de datos sensibles del Estado argentino a las nubes de Amazon y Google

Expertos en ciberseguridad dudan sobre el uso de distintos organismos del Estado argentino, que estarían ampliando el uso de nubes de Amazon, Google, Microsoft y Oracle para guardar, procesar y respaldar información.

La tendencia comenzó a agravarse en 2024 y se profundizó con el tiempo, sin una política pública clara sobre qué datos estratégicos deben quedar bajo control estatal. Distintos especialistas consultados advirtieron que el problema no es la tecnología, sino la falta de reglas sobre qué información puede salir del Estado y bajo qué condiciones.

— El presidente Javier Milei, durante la reunión con el CEO de Google Sundar Pichai

El vínculo entre el Estado argentino y los hiperescaladores de nube no es nuevo. Ya con anterioridad, en 2017 el gobierno del expresidente Mauricio Macri firmó un memorándum de entendimiento con Amazon Web Services (AWS) para probar durante un año el alojamiento de bases de datos estatales en sus servidores, a cambio de capacitación para startups y docentes.

Ese acuerdo marcó el inicio de una relación que se fue institucionalizando. En 2019 se emitió un “Nuevo lineamiento para la contratación de servicios en Nube IaaS y PaaS” que buscaba ordenar cómo el Estado nacional debía contratar estos servicios a través de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT). Con los años, licitaciones de organismos como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Santa Fe fueron adjudicando contratos de “nube pública Amazon” o “bolsas de crédito” intercambiables entre AWS, Azure y Google Cloud según la necesidad operativa.

— Estación Terrena Benavídez y oficinas de ARSAT

Para 2024, ya en la presidencia del actual mandatario Javier Milei, se sumó un capítulo más polémico. Las negociaciones con Google para adoptar su sistema de inteligencia artificial aplicado a la “reforma del Estado”, inspirado explícitamente en el modelo implementado en El Salvador, donde Google terminó gestionando información sensible y procesos críticos de gobierno.

Más recientemente, en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos, se incorporó la llamada “transferencia transfronteriza de datos”, que habilitaría la circulación de bases de datos comerciales y personales sin las trabas regulatorias actuales, beneficiando a Amazon, Google, Meta y Microsoft.

Según Mariano Goñi, presidente de Integracom y secretario de Tecnología de Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), no hay pruebas de que las bases centrales de organismos clave como ARCA (exAFIP), RENAPER o ANSES estén íntegramente alojadas en una nube extranjera. No obstante, sí confirma que distintas dependencias utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte técnico.

— Milei junto al CEO de Meta, Mark Zuckerberg el 30 de mayo de 2024 en Palo Alto, California

“El problema principal no parece ser la falta de capacidad estatal, sino la ausencia de una política clara y obligatoria que defina qué datos deben permanecer bajo control estatal y en qué condiciones puede contratarse una nube extranjera”, subrayó Goñi, agregando que “sabemos que distintos organismos utilizan proveedores privados para infraestructura, software, almacenamiento, biometría, respaldo, conectividad y soporte”.

Eso abre la puerta a que información sensible circule, en algún tramo, por servidores privados. Entre esos datos figuran registros tributarios y patrimoniales de contribuyentes, información de identidad, fotografías y datos biométricos, domicilios y movimientos migratorios, prestaciones sociales y registros sanitarios, además de datos vinculados con la producción agropecuaria y el comercio exterior del país.

Goñi identifica el núcleo del problema, siendo que hasta el momento no existe un mapa público que indique con precisión qué organismos usan estos servicios, qué información almacenan, en qué país reside físicamente y qué pasa con esos datos frente a un conflicto judicial, una filtración de seguridad o el fin de un contrato.

— Mariano Goñi

Su propuesta alternativa es aprovechar más el datacenter estatal de ARSAT, que ya ofrece servidores, nube privada, redes seguras y centros de contingencia, para que buena parte de los sistemas —portales públicos, expedientes electrónicos, registros administrativos— quede bajo órbita estatal, reservando la migración gradual solo para los sistemas más complejos como las grandes bases tributarias o la biometría de RENAPER.

El marco legal argentino

Margarita Trovato de la Fundación Vía Libre, pone el acento en un punto técnico-legal crucial, ya que cuando los datos se alojan en servidores fuera del país, dejan de regirse exclusivamente por la ley argentina y quedan sujetos a otras jurisdicciones. Esto tiene consecuencias concretas, porque el Estado pierde capacidad de controlar quién accede a esa información, cómo se auditan sus usos y qué mecanismos existen para exigir responsabilidades ante un incidente.

— Margarita Trovato

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales —vigente desde el año 2000, previa a la masificación de internet— establece criterios para las transferencias internacionales de datos, pero contiene excepciones que debilitan esas garantías, y hoy no existen controles activos ni robustos sobre su cumplimiento.

El problema se agrava porque Estados Unidos, donde residen la mayoría de estos proveedores, carece de una ley federal integral de protección de datos personales, lo que suma incertidumbre jurídica cuando la información argentina queda alcanzada por normativa estadounidense. Proyectos de ley presentados en 2017 y 2019 para declarar los datos del Estado como inalienables, inembargables e imprescriptibles nunca lograron aprobarse.

Trovato también señala el riesgo del “vendor lock-in”, que es cuando un organismo concentra buena parte de sus sistemas en un único proveedor, y después resulta muy costoso migrar por razones de precio, compatibilidad técnica y dependencia acumulada. Denuncia además que no toda la información pública tiene el mismo nivel de sensibilidad, con datos biométricos, por ejemplo, no deberían alojarse en jurisdicciones que no ofrezcan garantías de protección equivalentes a las argentinas.

— Milei y su comitiva junto al CEO de Apple, Tim Cook, en las oficinas centrales de la empresa en Cupertino

Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Publicas de Derechos Digitales, aportó una mirada geopolítica sobre la infraestructura digital global que está altamente concentrada en un puñado de corporaciones transnacionales, lo que genera pérdida de control estatal sobre la información y expone datos sensibles al posible acceso de terceros, en un contexto donde esas plataformas responden a legislaciones y decisiones políticas de otros países.

“La infraestructura tecnológica necesita una colaboración equilibrada entre actores públicos y privados, pero en nuestra región existe una concentración muy alta en un puñado de empresas transnacionales”, sostuvo Camacho.

Este debate no es exclusivo de Argentina. Informes recientes sobre “nube soberana” en la región muestran que el control real ya no depende solo de dónde están físicamente los servidores, sino de quién administra las llaves de cifrado, quién puede auditar los sistemas y qué capacidad conserva el Estado para migrar o recuperar su información si decide cambiar de proveedor. Empresas como AWS sostienen, en cambio, que “la nube es soberana por diseño” porque el cliente —en este caso el Estado— es quien decide dónde alojar sus datos y cómo gestionar sus claves de seguridad.

“No critiques a Israel”: la condición de Javier Negre para llevar a una activista colombiana a la presidencia

Javier Negre dejó atrás el periodismo convencional en España tras una condena judicial por vulnerar la intimidad de una víctima, episodio que derivó en su despido del diario El Mundo. Lejos de retirarse, reconvirtió su perfil hacia un modelo de negocio que prioriza la monetización de la polarización extrema por sobre cualquier estándar de verificación o ética profesional.

Su desembarco en Argentina se consolidó al adquirir La Derecha Diario, portal fundado por el consultor político Fernando Cerimedo, recientemente noticia a nivel regional por su detención en Bolivia. Negre compró las acciones del portal de noticias para hacerse del control de este aparato de agitación. Así, Negre tomó el relevo de una estructura que funciona con una lógica corporativa propia: el uso de cuentas falsas en las redes sociales, el hostigamiento sistemático a opositores y la venta de acceso a círculos de poder, consolidándose como un operador que busca expandir su influencia mediante agendas que nada tienen que ver con el ejercicio informativo.

Javier Negre junto a Javier Milei.

Quién es Camila Rojas

La denunciante se consolidó en la escena pública como una activista conservadora en Colombia, desde donde ha impulsado causas alineadas con los sectores tradicionales de la derecha regional. Su perfil cobró notoriedad al posicionarse como una voz crítica frente a los equilibrios de poder actuales en su país.

Lejos de sumarse a las estrategias de alianzas incondicionales con actores extranjeros, Rojas adoptó una postura de rechazo frontal ante la injerencia de figuras internacionales en la política local. A través de sus intervenciones públicas, ha cuestionado duramente a quienes pretenden instrumentalizar las banderas ideológicas con fines meramente transaccionales, advirtiendo sobre los riesgos de subordinar la soberanía nacional a intereses ajenos.

Foto de perfil de Camila Rojas.

La denuncia y la moneda de cambio

El conflicto escaló cuando Camila Rojas decidió exponer públicamente las maniobras del operador español. A través de sus redes sociales, la activista publicó un video y tuiteó duras advertencias sobre las verdaderas intenciones detrás de la llegada del entorno de Negre a la región, sintetizando su postura con una frase contundente: “la política exige principios, no mercenarios”.

Lejos de tratarse de un respaldo ideológico genuino, la denuncia puso de relieve que el objetivo de estas redes es fracturar a la oposición local y negociar intereses económicos y políticos ajenos a las necesidades de Colombia. En esa línea, Rojas cuestionó abiertamente la legitimidad de sus interlocutores al señalar que “nadie va a instrumentalizar las banderas de la familia, los niños y la fe, mucho menos personas que jamás han tomado una Biblia en sus manos”.

El video de Rojas revelando la propuesta de Negre.

El punto más álgido de la revelación radica en la contraprestación exigida para estructurar una plataforma electoral con aspiraciones presidenciales. Según lo expuesto, Negre no sólo le garantizaba convertirla en candidata a la presidencia, sino también elevarla como un referente intelectual de peso, equiparable a la figura del politólogo argentino Agustín Laje, presidente de Fundación Faro. Sin embargo, todo este despliegue venía supeditado a una condición geopolítica inflexible: blindar diplomáticamente y cesar toda crítica hacia el Estado de Israel, subordinando cualquier soberanía discursiva a los intereses de la red internacional.

*Por Augusto Grinner

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