LOS PROPIOS LO RECHAZAN | El sindicato docente de Perú le pide la renuncia a Castillo
Los profesores peruanos le quitaron su apoyo a Pedro Castillo debido al incumplimiento de sus promesas electorales: "No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación".
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Se ha despertado otro descontento hacia el Gobierno de Pedro Castillo, y esta vez desde un gremio docente. El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, anunció que en la Asamblea Nacional de Delegados debatirán pedir la renuncia del mandatario por incumplimiento de promesas al sector. La reunión se realizará entre el 5 y 6 de agosto.
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Sostuvo que en el mensaje presidencial no escucharon que se concrete el primer incremento de sueldo, para que los maestros de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, ganen 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT). “Fue una promesa de aumentar 600 soles cada año para que al término de su Gobierno se llegue a la UIT. Solo dijo que se iba a considerar en la Ley del Presupuesto”, sostuvo.
Desde el SUTEP, como sindicato mayoritario del magisterio peruano, cuestionamos la indiferencia del pdte. @PedroCastilloTe, al omitir nuevamente las grandes demandas para la mejora de la escuela pública en su Mensaje a la Nación. Sigue de espaldas al sector que decía representar. pic.twitter.com/UZnZmHIn4v
El dirigente, además, esperó que se anuncie el aumento a los cesantes y jubilados y que se trabaje para cerrar la brecha infraestructural en el sector que llega a los 110 mil millones de soles. ¡Una locura!
“No ha dispuesto, como prometió, destinar el 6 por ciento del PBI a la educación”, cuestionó Castro a la prensa y mediante las redes sociales. Criticó que Castillo habló de ciencia y tecnología, pero no ha logrado que los colegios tengan Internet.
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El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.
La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.
La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.
Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.
El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.
Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.
Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” en Nigeria con el objetivo de “eliminar a los terroristas islámicos”, y acusó al Gobierno del país africano de “permitir la matanza de cristianos”.
“Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, EE.UU. detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría intervenir en ese ahora desprestigiado país, blandiendo armas, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo esas horribles atrocidades“, escribió Trump en Truth Social.
El mandatario agregó que ordenará al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción”, aseguró que esa posible intervención militar será “rápida, despiadada y dulce, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos”, e instó al Gobierno de Nigeria a “moverse rápido”.
Masacre de cristianos en Nigeria
El mensaje de Trump eleva el tono respecto a otro mensaje que publicó ayer, en el que denunció una “masacre” de cristianos en Nigeria y anunció que lo declaraba “país de especial preocupación”, una designación para naciones “involucradas en graves violaciones de la libertad religiosa”.
El Gobierno de Nigeria, liderado por el presidente Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones de ayer, señalando que “no reflejan la realidad sobre el terreno”, y trasmitió su “compromiso de luchar contra el terrorismo, fortalecer la armonía interreligiosa y proteger la vida y los derechos de todos sus ciudadanos”.
El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).
Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.
Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.
Un promedio de 30 cristianos son asesinados cada día en Nigeria
19.100 iglesias han sido destruidas, más de 1.100 comunidades cristianas han sido desplazadas y más de 600 clérigos cristianos han sido secuestrados, según la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety).
El informe, publicado el 10 de agosto, también afirma que otras 7.899 personas fueron secuestradas por ser cristianas. Según Emeka Umeagbalasi, director de Intersociety, los asesinatos y secuestros son impulsados por unos 22 grupos yihadistas que han establecido la nación de África Occidental como su hogar.
El informe afirma que estos grupos pretenden eliminar a unos 112 millones de cristianos y 13 millones de fieles de religiones tradicionales, especialmente en las regiones sureste y sur-sur.
También señala que la intención principal es erradicar el cristianismo de Nigeria en los próximos 50 años. Esto recordaría a la yihad del siglo XIX liderada por pastores fulani que estableció el Califato de Sokoto, un poderoso estado islámico que controlaba gran parte de lo que hoy es el norte de Nigeria. Hoy en día, el Sultán de Sokoto sigue siendo la máxima autoridad islámica de Nigeria.
Según datos de Intersociety, desde 2009, aproximadamente 185.009 nigerianos han sido asesinados, incluyendo 125.009 cristianos y 60.000 musulmanes liberales.
El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.
El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.
La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.
– Luis “El Negro” Ontiveros
Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.
Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.
Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.
En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.
La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.
También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.
Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.
Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.
Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.
Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.
El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.
Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.
Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista
La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.
El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.
Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor
La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.
Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.
La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.
Censura a gente común, a periodistas y a empleadores
El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.
A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.
El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.
El sacerdote jesuita Manuel María Carreira fue un hombre de ciencia, pero también un provocador en el mejor sentido de la palabra. Doctor en Astrofísica por la Universidad de Georgetown, miembro durante quince años del Observatorio Vaticano y asesor de la NASA, dedicó su vida a demostrar que fe y razón no eran caminos opuestos.
En una entrevista concedida en 2016 al diario El Español, sus palabras sacudieron al mundo religioso y académico: “El Islam es la peor peste que le ha ocurrido a la humanidad en los últimos dos mil años”.
Lo decía sin cálculo ni deseo de escándalo. Su tono era el de quien reflexiona más que el de quien acusa. En esa conversación explicó que su juicio nacía de la observación histórica y cultural: El islam “es totalmente incapaz de establecerse dentro del mundo con respeto a los derechos humanos. O acepta uno su modo de pensar o es un infiel y hay que asesinarlo. Eso es lo que se traduce del modo de actuar, como mínimo, de una porción importante de quienes aceptan el islam.”
Su crítica, más que religiosa, era civilizatoria. Apuntaba a la imposibilidad de integrar una cosmovisión teocrática con las libertades individuales que Occidente había conquistado tras siglos de conflictos y revoluciones.
– Manuel María Carreira, “el científico con sotana”
Carreira hablaba como filósofo y científico, pero también como hombre de fe que veía con alarma el proceso de secularización europea: “Nuestra ética es de base cristiana y el Estado debe tener en cuenta esos principios. Hoy se están borrando las raíces espirituales que dieron sentido a la civilización occidental”. No era una defensa clerical de la Iglesia, sino una advertencia sobre el vaciamiento moral que acompaña a las sociedades sin referencias trascendentes.
Ese diagnóstico se volvió profético. Casi una década después, Europa vive una crisis de identidad que Carreira anticipó con claridad. Según el informe TE-SAT 2024 de Europol, en 2023 se registraron 120 incidentes terroristas dentro de la Unión Europea, de los cuales 98 fueron ataques completados, 9 fracasaron y 13 fueron abortados. Francia, Bélgica y Alemania se mantienen entre los países más afectados por intentos de radicalización yihadista. En paralelo, las tensiones por la inmigración, el debate sobre los límites de la libertad religiosa y la creciente polarización política han erosionado el consenso sobre qué valores sostienen a Europa.
Carreira consideraba que esa pérdida de convicciones era más peligrosa que cualquier fanatismo. “No podemos convertir la fe en elemento político —decía—, pero tampoco pretender que la moral pública flote en el aire, sin raíces. Cuando una civilización deja de creer en algo, deja de defenderse”. Su visión coincidía con la de Benedicto XVI, quien había advertido que “una razón desvinculada de la fe termina devorándose a sí misma”.
Su pensamiento incomodó tanto a progresistas como a conservadores. Defendía la secularización “en la medida en que el Estado no imponga una creencia”, pero rechazaba el laicismo militante que reduce la religión a superstición. Sostenía que “la tradición española —y europea— es cristiana, y negarlo es negar la historia”. También se mostraba crítico con ciertas prácticas islámicas cuando contradecían la igualdad ante la ley: “Si un musulmán quiere tener varias esposas, el Estado debe intervenir, porque tendría consecuencias sociales no aceptables.”
Para Carreira, el islam no era una religión en el sentido teológico que él comprendía desde la filosofía cristiana. “Nació como un cristianismo descafeinado”, explicó en la entrevista. “Quitaban lo que no entendían: la Trinidad, la Encarnación. Hicieron un cristianismo reducido a lo mínimo, pero siempre con el deseo de apartar la idolatría. No tienen una teología propia, sino un modo de pensar elemental que les sirve para andar por casa.” No había en sus palabras odio, sino la convicción —discutible, pero intelectualmente honesta— de que el islam no había producido un modelo de sociedad compatible con la libertad moderna.
Su análisis resuena hoy no solo en Europa. En la Argentina, aun sin conflictos religiosos de aquella magnitud, la secularización avanza de modo sostenido. Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina (CONICET–UNC, 2023), la proporción de personas que se declara “sin religión” pasó del 11,3% en 2008 al 21,8% en 2023, prácticamente el doble en quince años. Más que un dato demográfico, ese desplazamiento expresa un vaciamiento simbólico: la pérdida de referencias morales compartidas, la sustitución de la trascendencia por el consumo y el debilitamiento del vínculo con las instituciones tradicionales
Carreira veía en ese vacío una amenaza mayor que cualquier enemigo externo. Decía que “una sociedad sin sentido trascendente se vuelve incapaz de distinguir el bien del mal”. No se trataba de imponer dogmas, sino de preservar la conciencia de que la libertad necesita un fundamento ético. Su crítica al islam, en el fondo, era una advertencia sobre nosotros mismos: sobre lo que ocurre cuando una cultura deja de creer en algo y entrega su destino al relativismo.
Murió en 2020, convencido de que Europa había comenzado su decadencia espiritual. Sus palabras, reavivadas en redes sociales, vuelven a dividir aguas. Algunos lo consideran un pensador lúcido que vio venir el choque cultural entre Occidente y Oriente; otros, un polemista que traspasó la línea del respeto. Pero su diagnóstico persiste con inquietante actualidad: el conflicto no es solo entre religiones, sino entre una fe que se impone y otra que se disuelve.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” en Nigeria y acusó al Gobierno del país africano de “permitir la matanza de cristianos”.
El cantante sorprendió a sus seguidores con un guiño al periodista en las imágenes de “El Problema Del Amor”, el primer tema tras el regreso de Tan Biónica
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