La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabeza un intento de profunda reforma del “Reddito di cittadinanza” (renta de ciudadanía), uno de los planes sociales más abarcativos del país que se ha transformado en blanco de su política desde su llegada al Gobierno.
“Para los que pueden trabajar, la solución no puede ser la Renta de Ciudadanía”, había dicho Meloni en su discurso programático ante el Parlamento italiano. Y su intención es cumplir con su promesa, aunque no dejará de encontrar resistencias. Según publican los medios, la misma no se suprimirá, pero habrá un mayor endurecimiento: se renovará por períodos cada vez más cortos y no será vitalicia, el cheque disminuirá a medida que pase el tiempo y quiénes rechacen una sola oferta de trabajo la perderán para siempre.
Estos cambios resumen las novedades presentadas por el subsecretario de Trabajo, Claudio Durigon (miembro de la Lega), en las que está trabajando el Gobierno y que fueron detalladas en una entrevista a Corriere della sera. En la actualidad, los beneficiarios de la renta de ciudadanía pueden disponer del subsidio hasta que encuentren un empleo. Por lo tanto, la primera intervención real podría ser sobre la duración: ya no un subsidio ilimitado, sino con una duración máxima.
“La subvención no puede ser vitalicia”, dijo Durigon. “Hay que fijar un plazo más allá del cual no se puede ir, un poco como con el Naspi”, dijo en referencia al subsidio de desempleo que actualmente dura 18 meses. Tras ello, el beneficiario que aún no haya encontrado trabajo sea suspendido y se inicie un curso de 6 meses de políticas activas de empleo, que incluirá, por ejemplo, cursos de formación adaptados a su perfil y a las demandas de las empresas.
En el caso de las políticas activas, se implicará más a las agencias privadas y se reforzarán los incentivos para quienes consigan colocar a los demandantes de empleo. Durante estos 6 meses, el beneficiario recibirá apoyo financiero a través del Fondo Social Europeo. Si tras la formación sigue sin incorporarse al mercado laboral, este será suspendido, al término de los cuales podrá volver a solicitar la prestación, pero con un recorte del 25 por ciento del subsidio y una duración reducida de 12 meses. Durante el cual debe continuar la formación.
De este modo, se calcula que será posible ahorrar “cuando sea plenamente operativo, es decir, al final del proceso, al menos 3 mil millones” de euros sobre un gasto de unos 8 mil millones anuales. “Pero ya de entrada, con la suspensión y el recorte del 25 por ciento de la subvención, unos 1200 millones de euros, sin contar el ahorro con los controles”.
Un dinero que, según Durigon, podría utilizarse “para reforzar las intervenciones hacia los verdaderos pobres y luego introducir la Cuota 41, es decir, la posibilidad de jubilarse tras 41 años de trabajo”.
Según análisis políticos locales, no será fácil poner en práctica el ajuste anunciado por la primera ministra, que asegura querer reformar la Renta “garantizando un subsidio digno a los que realmente no pueden trabajar y, en algunos casos, mejorándolo (pensemos en los discapacitados)”.
