Italia | El Gobierno le QUITARÁ LOS PLANES SOCIALES a quiénes rechacen propuestas laborales
La primera ministra Giorgia Meloni potencia la cultura del trabajo en el país europeo.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabeza un intento de profunda reforma del “Reddito di cittadinanza” (renta de ciudadanía), uno de los planes sociales más abarcativos del país que se ha transformado en blanco de su política desde su llegada al Gobierno.
“Para los que pueden trabajar, la solución no puede ser la Renta de Ciudadanía”, había dicho Meloni en su discurso programático ante el Parlamento italiano. Y su intención es cumplir con su promesa, aunque no dejará de encontrar resistencias. Según publican los medios, la misma no se suprimirá, pero habrá un mayor endurecimiento: se renovará por períodos cada vez más cortos y no será vitalicia, el cheque disminuirá a medida que pase el tiempo y quiénes rechacen una sola oferta de trabajo la perderán para siempre.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni
Estos cambios resumen las novedades presentadas por el subsecretario de Trabajo, Claudio Durigon (miembro de la Lega), en las que está trabajando el Gobierno y que fueron detalladas en una entrevista a Corriere della sera. En la actualidad, los beneficiarios de la renta de ciudadanía pueden disponer del subsidio hasta que encuentren un empleo. Por lo tanto, la primera intervención real podría ser sobre la duración: ya no un subsidio ilimitado, sino con una duración máxima.
“La subvención no puede ser vitalicia”, dijo Durigon. “Hay que fijar un plazo más allá del cual no se puede ir, un poco como con el Naspi”, dijo en referencia al subsidio de desempleo que actualmente dura 18 meses. Tras ello, el beneficiario que aún no haya encontrado trabajo sea suspendido y se inicie un curso de 6 meses de políticas activas de empleo, que incluirá, por ejemplo, cursos de formación adaptados a su perfil y a las demandas de las empresas.
El subsecretario de Trabajo, Claudio Durigon
En el caso de las políticas activas, se implicará más a las agencias privadas y se reforzarán los incentivos para quienes consigan colocar a los demandantes de empleo. Durante estos 6 meses, el beneficiario recibirá apoyo financiero a través del Fondo Social Europeo. Si tras la formación sigue sin incorporarse al mercado laboral, este será suspendido, al término de los cuales podrá volver a solicitar la prestación, pero con un recorte del 25 por ciento del subsidio y una duración reducida de 12 meses. Durante el cual debe continuar la formación.
De este modo, se calcula que será posible ahorrar “cuando sea plenamente operativo, es decir, al final del proceso, al menos 3 mil millones” de euros sobre un gasto de unos 8 mil millones anuales. “Pero ya de entrada, con la suspensión y el recorte del 25 por ciento de la subvención, unos 1200 millones de euros, sin contar el ahorro con los controles”.
Oficinas de empleo en Italia
Un dinero que, según Durigon, podría utilizarse “para reforzar las intervenciones hacia los verdaderos pobres y luego introducir la Cuota 41, es decir, la posibilidad de jubilarse tras 41 años de trabajo”.
Según análisis políticos locales, no será fácil poner en práctica el ajuste anunciado por la primera ministra, que asegura querer reformar la Renta “garantizando un subsidio digno a los que realmente no pueden trabajar y, en algunos casos, mejorándolo (pensemos en los discapacitados)”.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
El Consejo Nacional de Política Energética de Brasil (CNPE) aprobó el pasado 1 de abril una resolución que establece que todo el biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil debe provenir únicamente de unidades de producción autorizadas por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). La medida, impulsada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, impidió de hecho la importación de biodiésel argentino para cumplir con el mandato de mezcla obligatoria, que se ubica actualmente en el 15%.
La barrera regulatoria adquiere relevancia en el contexto del vínculo comercial entre ambos países. Si bien la molienda de soja en Brasil creció para ampliar la oferta interna de aceite, el elevado consumo de biodiésel obliga al país a importar aceite de soja desde la Argentina. Según estimaciones de la entidad que agrupa a la industria aceitera brasileña, Abiove, en 2026 Brasil deberá importar 125.000 toneladas de aceite de soja, frente a las 105.000 y 100.000 toneladas importadas en 2025 y 2024 respectivamente.
En la actual coyuntura económica, resultaba factible para Brasil reemplazar esas importaciones de aceite argentino directamente por biodiésel de ese origen. Sin embargo, la normativa aprobada por el CNPE clausuró esa posibilidad. Como alternativa, Brasil instrumentó el uso de materias primas locales para la producción de biodiésel, entre ellas el sebo bovino, el aceite de algodón y el aceite usado de cocina.
El pasado 1 de marzo, según el cronograma establecido, el país tendría que haber incrementado el corte de biodiésel con gasoil al 16%, pero el gobierno de Lula resolvió posponer esa medida por tiempo indefinido. En sentido contrario, la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), que representa los intereses del sector agropecuario, solicitó al Ministerio de Minería y Energía que eleve la mezcla obligatoria al 17%, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno del combustible a precios razonables.
El Comite Olímpico Internacional (COI) aprobó en sesión de su Comité Ejecutivo una nueva política que reserva la categoría femenina olímpica exclusivamente a mujeres biológicas, determinadas mediante una prueba genética del gen SRY.
La medida entrará en vigor en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y tendrá aplicación permanente en todos los eventos organizados bajo el paraguas del COI, tanto en deportes individuales como por equipos.
Esta decisión marca un giro histórico en la política del organismo olímpico e impacta directamente a atletas transgénero y a personas “Differences of Sex Development” (DSD), o con diferencias del desarrollo sexual. Las DSD son condiciones médicas en las que el desarrollo de las características sexuales no sigue el patrón típico de cromosomas XX o XY. Hay alrededor de 40 tipos diferentes, algunos diagnosticados al nacer y otros descubiertos durante la pubertad. El caso más relevante para el deporte es la deficiencia de 5-alfa-reductasa, donde personas con cromosomas XY pueden nacer con genitales ambiguos o femeninos, ser registradas como mujeres, pero experimentar un desarrollo puberal masculino con aumento de testosterona.
La nueva política establece explícitamente que “la elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos o cualquier otro evento del COI está limitada a mujeres biológicas, determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY”.
La normativa establece que cada atleta deberá someterse una sola vez en su carrera a la prueba del gen SRY, y que un resultado negativo habilitará de manera permanente su elegibilidad para competir en la categoría femenina. El examen, que puede realizarse mediante saliva, hisopo bucal o muestra de sangre, fue presentado por el COI como un procedimiento más transparente que otros métodos posibles.
En cambio, quienes arrojen resultado positivo —incluidas mujeres transgénero y atletas con diferencias del desarrollo sexual que impliquen un desarrollo sexual masculino— deberán competir en la categoría masculina o en pruebas mixtas. La regulación contempla excepciones muy acotadas, como algunos casos de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras DSD que no otorguen ventajas vinculadas a la testosterona, y aclara además que no tendrá efecto retroactivo ni alcanzará al deporte recreativo o de base.
¿Qué es el gen SRY y por qué es la clave de esta prueba?
El gen SRY (del inglés Sex-determining Region Y) se ubica en el brazo corto del cromosoma Y y actúa como el “interruptor maestro” del desarrollo sexual masculino. Cuando este gen está presente en un embrión, desencadena la formación de los testículos y la producción de testosterona y otras hormonas masculinas que moldean el cuerpo durante la pubertad.
El COI argumenta que “la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”. Esto significa que, aunque una persona haya realizado una transición de género, su ADN seguirá mostrando el gen SRY si es hombre biológico, independientemente de sus documentos de identidad, tratamientos hormonales o cirugías.
La lógica deportiva detrás de esto es que la pubertad masculina —impulsada por la testosterona— genera diferencias físicas permanentes, como mayor densidad ósea, más masa muscular, mayor capacidad pulmonar y cardiovascular, y mayor eficiencia mecánica del movimiento. Estas ventajas no desaparecen completamente con la supresión hormonal posterior.
No es la primera vez que el COI recurre a mecanismos de verificación de sexo, aunque la historia de esas prácticas ha sido larga y conflictiva. Entre las décadas de 1960 y 1970, se aplicaban exámenes físicos directos de los genitales de las atletas, un procedimiento que hoy se considera invasivo, humillante y degradante.
Más tarde, en los años 80 y 90, el organismo adoptó la prueba del gen SRY como una alternativa supuestamente más científica, pero terminó abandonándola tras detectar falsos positivos y por su impacto sobre variaciones biológicas naturales en mujeres cisgénero.
Entre 1998 y 2021, el COI dejó de realizar estas verificaciones por sus altos costos, el estrés psicológico que generaban y la complejidad de los casos límite. Finalmente, en 2021, el comité asumió un marco de inclusión y trasladó a las federaciones internacionales la responsabilidad de fijar sus propias reglas para atletas transgénero y con DSD.
La zimbabuense Kirsty Coventry, primera mujer y primera africana en presidir el COI tras asumir en junio de 2025, ya había anticipado antes de su elección una postura crítica respecto de la participación de atletas transgénero en la categoría femenina.
En distintas intervenciones públicas, sostuvo que las mujeres transexuales cuentan con una ventaja física inherente en esas competencias y enmarcó su posición dentro de una agenda orientada a garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en el deporte femenino.
¿Por qué el COI tomó esta decisión ahora?
Varios factores convergieron para empujar al COI hacia esta decisión. La controversia más inmediata fue protagonizada por la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos de París 2024. Khelif —que no es mujer transgénero sino una mujer biológica registrada como tal en su país— había sido descalificada del Mundial de Boxeo de 2023 por la Federación Internacional de Boxeo (IBA) tras una prueba de ADN que supuestamente reveló cromosomas XY.
El COI la dejó competir en París basándose en su documentación válida y su larga trayectoria en eventos femeninos. Su victoria generó un debate global sobre las reglas de género en el deporte olímpico, aunque se trató en realidad de un caso de DSD, no de transgénero.
El COI no tomó esta decisión al azar, sino en un contexto en el que el deporte de élite ya mostraba una tendencia definida hacia mayores restricciones. World Athletics, por ejemplo, prohibió la participación de atletas transgénero en la categoría femenina desde el 31 de marzo de 2023 y más tarde adoptó la prueba del gen SRY en julio de 2025, aplicada luego en el Mundial de Tokio de septiembre de ese año.
Otras federaciones, como las de natación y ciclismo, habían avanzado antes con medidas similares. En ese marco, y tras 18 meses de consultas con expertos médicos, federaciones y atletas, el COI presentó su política como una decisión basada en evidencia científica y guiada por profesionales de la salud.
El COI aclaró que quienes no cumplan con los criterios para la categoría femenina podrán seguir participando en todas las demás categorías que sí cumplan, como la categoría masculina, pruebas mixtas, o competiciones que no clasifiquen a los atletas por sexo.
Sin embargo, esto plantea una situación prácticamente imposible para muchas mujeres transgénero: competir en la categoría masculina no es una opción viable en términos de rendimiento ni de identidad.
Tras casi dos años de investigación, el Ministerio Público Fiscal acusó al exgobernador y a una exministra de encabezar una estructura organizada para entregar tierras públicas a socios y familiares, con beneficios económicos adicionales obtenidos mediante decretos y convenios del Poder Ejecutivo provincial.
La producción local de pasta fluff, un insumo hoy importado y clave para la industria sanitaria, apunta a agregar valor en origen, sustituir compras externas y abrir una nueva escala exportadora para la provincia.
La gira incluyó una delegación de al menos 20 personas, alojamiento en uno de los hoteles más lujosos de Madrid y gastos de pasajes, viáticos y estadía cubiertos en su mayor parte con recursos públicos.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
