18 abril, 2025

El Mercosur y la Unión Europea acordaron un tratado de libre comercio

Tras la cumbre realizada en Montevideo, donde estuvieron presentes los máximos mandatarios de los estados miembros del Mercado Común del Sur, se anunció que se llegó a un acuerdo con la Unión Europea para firmar un tratado de libre comercio entre ambos bloques.
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En la sexagésima quinta cumbre del Mercosur, realizada en su sede en Montevideo, se reunieron los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, Lula da Silva, de Brasil, Luis Arce, de Bolivia, Santiago Peña, de Paraguay, y Javier Milei, de Argentina. 

A su vez, estuvo presente Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, quien manifestó en sus redes sociales: “Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Esto marca el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países de la Unión Europea. Este acuerdo funcionará para las personas y las empresas. Más empleos. Más opciones. Prosperidad compartida”, expresó en su cuenta de X.

Sin embargo, este acuerdo deberá ser firmado por cada uno de los países que conforman la Unión Europea, para que se haga efectivo el intercambio comercial. En este sentido, von der Leyer expresó que “este acuerdo es una victoria para Europa. 30000 pequeñas empresas europeas ya exportan al Mercosur. Seguirán muchas más. UE-Mercosur refleja nuestros valores y compromiso con la acción climática. Y nuestros estándares de salud y alimentación siguen siendo intocables.” 

Este tratado comercial birregional generará una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo. Se reducirán aranceles, barreras comerciales, y se dinamizará la exportación de bienes entre las empresas de ambos continentes. Esto representa un mercado de más de 700 millones de consumidores y casi el 25% del PBI mundial, con más de U$D 17 billones.

Uno de los países que se opondría a este tratado es Francia, ya que considera que este acuerdo generará perjuicios a los agricultores franceses. Su presidente Emmanuel Macron buscará crear una minoría que bloquee el acuerdo que impida la ratificación del tratado. Por su parte, países como Alemania, España y Portugal, son grandes impulsores de este pacto.

El presidente argentino, Javier Milei, fue nombrado presidente pro-tempore del Mercosur, en reemplazo de Luis Lacalle Pou. En su discurso, fue crítico de los manejos del bloque a lo largo de estos años, “fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global”, expresó. Además, afirmó que el Mercosur “no solo no nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado”. Por este motivo, invitó a los países a que “acepten que este modelo está agotado, y busquemos una nueva fórmula que nos beneficie a todos”.

Milei confirmó que presentará una propuesta para ajustar el arancel común a estándares internacionales, generando mayor competencia en los mercados. Su presidencia buscará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada país pueda comerciar acorde a sus necesidades y conveniencias. En materia de seguridad, se propondrá crear una agencia que persiga a las bandas criminales que operan en la triple frontera y buscan dominar los territorios de los países miembros.

Redacción

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El Gobierno inició negociaciones con EE.UU para mitigar los aranceles impuestos por Trump

El Gobierno argentino comenzó las negociaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles aplicados a las exportaciones argentinas en busca de aliviar el impacto de las políticas comerciales impuestas por Donald Trump. Según declaraciones del canciller Gerardo Werthein, el objetivo es “resolver las diferencias” generadas por los “aranceles extraordinarios” anunciados recientemente.

Durante una reunión celebrada en Washington, el canciller Gerardo Werthein y el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, acordaron revisar los cuestionamientos planteados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en su último informe, que incluye una serie de “asimetrías” en las políticas comerciales entre ambos países. Werthein destacó que “vamos a corregir todos los temas que están en el informe, y nos sentaremos a conversar”, aseguró que se trabajará en conjunto para encontrar soluciones.

Argentina figura en la página 22 del informe del USTR, donde se dedica un extenso análisis de cuatro páginas a detallar las asimetrías existentes entre el país y Estados Unidos en cuanto a aranceles, tasas, prohibiciones y restricciones a las importaciones, barreras aduaneras y derechos de propiedad intelectual.

– Junto a Gerardo Werthein, participó Greer, titular de la USTR

Uno de los puntos clave de la negociación es la posibilidad de reducir o eliminar los aranceles del 10% que actualmente afectan a una parte de las exportaciones argentinas al país norteamericano. En la actualidad, el 54% de las exportaciones de Argentina están gravadas por estos aranceles, aunque el resto se ha visto exento por diversas disposiciones adicionales emitidas por la administración republicana.

Javier Milei sigue firme en su postura de lograr el “arancel cero” para las exportaciones argentinas a través de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para ello, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el propio Werthein son los que lideran las negociaciones con la Casa Blanca, con la esperanza de que el proceso resulte beneficioso para ambas partes.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un documento sobre “Barreras al comercio exterior” mientras pronuncia un discurso sobre aranceles en la Casa Blanca en Washington DC

Las conversaciones podrían extenderse varios meses, dado que la relación entre ambos países abarca no solo cuestiones arancelarias, sino también aspectos geopolíticos y económicos más amplios. Sin embargo, la sintonía ideológica entre los gobiernos de Milei y Trump podría facilitar el avance de estas conversaciones.

Los argumentos técnicos presentados por Werthein a Lutnick y Greer contarán con el respaldo político cuando Milei se reúna con Trump en Mar-a-Lago, siempre y cuando no surjan cambios de último momento. En ese encuentro, el canciller también estará presente, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Como concluyó Werthein, “trabajando juntos, fortaleceremos y expandiremos el comercio entre nuestras dos grandes naciones”.

Redacción

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CORRIENTES | Exintendente condenado por narcotráfico ahora preside el PJ en Itatí

Roger Natividad Terán, exintendente de Itatí y condenado en 2017 por integrar una red narco en la frontera con Paraguay, asumió el 20 de marzo como presidente del Consejo Municipal del Partido Justicialista. Su designación ocurrió una década después de su detención en el Operativo Sapucay, que lo vinculó al crimen organizado.

Tras haber pasar aproximadamente dos años en prisión, Terán acordó un juicio abreviado en el que reconoció su participación en una asociación ilícita, aceptando una condena de tres años que le permitió recuperar la libertad en 2019. Es importante señalar que, aunque la Justicia lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, esta restricción solo estuvo vigente durante el tiempo que duró su condena, lo que legalmente le permitió retomar actividades políticas después de cumplida la pena.

Luego de su liberación en 2019, Terán ya había manifestado su intención de volver a la política, afirmando que fue alentado por “el acompañamiento de los vecinos itateños, que siempre me estuvieron apoyando y creyendo en mi inocencia”. El anuncio de su nombramiento fue realizado a través del sitio oficial del PJ de Corrientes, liderado por la senadora Ana Almirón, aunque la publicación omitió cualquier referencia a su pasado y se tomó sin consultar a las bases militantes.

Su hija, Vanina Soledad Terán, fue electa concejal en 2018, mientras que su hermano Nelson Javier Terán ocupó el mismo cargo a partir de 2020, mandato que concluye este año.

El Operativo Sapucay, desarrollado en 2017, dejó al descubierto una extensa red de narcotráfico que operaba con protección de familiares, funcionarios políticos, judiciales y policiales en Itatí. La investigación, que comenzó en 2014 bajo la dirección del Juzgado Federal N°12 a cargo del juez Sergio Torres, culminó con la detención simultánea de Roger Terán y su viceintendente Fabio Aquino, dejando momentáneamente acéfala a la localidad de aproximadamente 6.000 habitantes, culminando en 37 órdenes de detención y la incautación de 40 vehículos, tres embarcaciones y dos camiones.

– Terán había sido condenado en 2017 por una asociación ilícita vinculada al narcotráfico

Entre los imputados figuraban el entonces comisario, Diego “Negro” Ocampo Alvarenga, un sargento de la Policía Federal, un comandante de Gendarmería y un agente de Prefectura. Durante el juicio, se comprobó que Ocampo Alvarenga era uno de los “aliados clave”, brindando protección directa a la organización, permitiendo el tráfico de droga sin interferencias de las fuerzas nacionales.

Las pericias revelaron que Terán facilitaba el traslado de hasta 700 kilos de marihuana desde Paraguay a través del río Paraná en embarcaciones que demoraban apenas cuatro minutos en completar el cruce. La organización estaba liderada por Carlos “Cachito” Bareiro, en alianza con el jefe narco Federico “Morenita” Marín, quien, tras su captura en 2018, logró fugarse en febrero de 2023 y murió en un enfrentamiento con Gendarmería en agosto del mismo año. Se estima que entre 2011 y 2017, la red traficó al menos 18 toneladas de marihuana, con destino a villas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca.

El caso también salpicó al exjuez federal Carlos Soto Dávila, con competencia electoral en Corrientes durante más de dos décadas, quien favoreció con sus fallos a múltiples narcotraficantes hasta ser detenido y procesado en 2018.

Encuestas del Observatorio Político del Nordeste Argentino indican que el 68% de los correntinos consideran que el justicialismo “protege a dirigentes corruptos”, cifra que se eleva al 83% en Itatí. En respuesta a su nombramiento, el bloque de 15 intendentes independientes y el Frente Renovador retiraron su apoyo explícito al PJ en la legislatura provincial, mientras que la Cámara de Comercio de Corrientes congeló sus aportes al partido, exigiendo una “depuración de cuadros directivos” como condición para reactivarlos.

El malestar también se hizo sentir en las bases militantes. Dos días antes de la asunción, grupos pertenecientes a la Corriente Peronista por la Transparencia realizaron una protesta en la que quemaron simbólicamente carnets partidarios en reclamo de una auditoría interna. Pese a las controversias, Terán consolidó su regreso.

Redacción

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Torres denunció a un juez por obligar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.

Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.

Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.

“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.

No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.

Redacción

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Marra propuso cobrarle a Kicillof la atención sanitaria a bonaerenses en CABA

El legislador porteño Ramiro Marra confirmó la semana pasada que competiría por fuera de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 18 de mayo y adelantó los principales lineamientos de su nueva campaña. “Que se prepare Kicillof”, arengó el dirigente libertario luego de anunciar que lanzaría una propuesta para cobrarle a la administración de Axel Kicillof el servicio de salud que brindan los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses.

Marra subrayó que “el 40 % de la gente que se atiende en el sistema público de la ciudad viene de la provincia de Buenos Aires” y explicó que su iniciativa consistiría en “pasarle la factura” a la provincia cuando esos pacientes se atendieran en hospitales porteños. “Cuando vienen le pasas la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, resumió el legislador en diálogo con Paulino Rodrígues, en LN+. Según aclaró, no buscó confrontar con LLA ni ser funcional al kirchnerismo o a Pro, sino que quiso “aportar desde su espacio a la consolidación del ideario liberal en la Ciudad”.

Al detallar otras propuestas, Marra hizo hincapié en la importancia de impulsar reformas en materia educativa, entre ellas, un proyecto para transparentar el financiamiento del sistema escolar. “Queremos que haya transparencia en la educación. Saber cuánto recibe cada establecimiento, tanto privado como público. Queremos información y a partir de ella, se van a poder tomar decisiones. Porque sabemos que de los 2500 escuelas que hay la mayoría, hasta los privados, reciben subsidios”, señaló. “Vos mandás a tu hijo a un parroquial que recibe subsidio y no tenés información de cuánto es y pagás un cuota sin saber esto”, advirtió.

El legislador consideró urgente revisar los contenidos de las currículas para incorporar tecnología. “Hay que estar más enfocado en el mundo moderno, la educación siempre llega tarde. Los chicos están más preocupados por ver qué hay en el teléfono que lo que dicta el profesor. Porque lo que dicta el profesor capaz ya está en una alguna inteligencia artificial”, planteó. “Hay que incorporar la tecnología en los colegios”, reclamó.

Marra también recordó su reciente desvinculación del bloque libertario en la Legislatura porteña, aunque afirmó que mantendría su respaldo a las iniciativas del Gobierno. “Acompaño las políticas de este Gobierno porque desde mi salida no cambiaron las políticas. Entonces, ¿por qué cambiaría mi apoyo?”, expresó. Al mismo tiempo, ratificó su respeto personal hacia la figura del presidente Javier Milei y prefirió no dar más detalles sobre su relación con el mandatario: “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, sostuvo días atrás, al explicar que su objetivo principal apuntó a reforzar las propuestas libertarias en la Ciudad.

Redacción

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La Corte Suprema británica desestimó la ideología de género: “Es una victoria para todas las mujeres”

El Tribunal Supremo del Reino Unido emitió el pasado martes, una sentencia trascendental que dictaminó que la definición legal de “mujer” en la legislación británica se basa exclusivamente en el sexo biológico. Este fallo histórico establece claramente que, a efectos de la Ley de Igualdad de 2010, las mujeres transgénero, incluso aquellas con certificados de reconocimiento de género, no entran dentro de la definición legal de “mujer”.

“La decisión unánime de este tribunal es que los términos ‘mujer’ y ‘sexo’ en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico”, afirmaron los cinco magistrados del Tribunal Supremo británico. Esta definición excluye explícitamente a las mujeres transgénero, incluso a aquellas que poseen un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG).

El dictamen, contenido en un documento de 88 folios, puntualiza además que una persona con un CRG en el género femenino no entra dentro de la definición de “mujer”, por lo que la posición legal que mantenía el Gobierno escocés fue declarada “incorrecta”. Es importante destacar que el Tribunal también precisó que su fallo no debe interpretarse como un triunfo para una u otra parte, ya que la Justicia continúa otorgando a las personas transgénero protección contra la discriminación.

– Susan Smith y Marion Calder, cofundadoras del grupo For Women Scotland, realizan declaraciones frente a la Corte Suprema en Londres mientras se espera el fallo sobre su apelación

Los CRG se crearon con la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 y permiten que las personas sean reconocidas legalmente y de forma permanente como del sexo opuesto a su sexo biológico. Para obtener un CRG, una persona debe haber sido diagnosticada con disforia de género por dos médicos y haber vivido en su género adquirido durante al menos dos años.

En el espectro político, Kemi Badenoch, dirigente del Partido Conservador británico, calificó el dictamen como “una victoria para todas las mujeres que sufrieron abusos personales o perdieron sus trabajos por decir lo obvio. Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres: no se puede cambiar el sexo biológico”.

Hasta este fallo, existía ambigüedad respecto a si poseer un CRG otorgaba a una persona transgénero todos los derechos y protecciones asociados con el género reconocido en todos los ámbitos legales. Con esta clarificación legal, instituciones como clubes deportivos, escuelas y otros establecimientos que cuentan con espacios diferenciados por sexo (como vestuarios, baños o determinados servicios) ahora tienen directrices más claras sobre cómo aplicar las políticas de acceso y uso.

“Hoy los jueces han dicho lo que siempre creímos: que las mujeres están protegidas (en la ley) por su sexo biológico. El sexo es real y las mujeres pueden ahora sentirse seguras de que los espacios y servicios designados para ellas son efectivamente para mujeres”, declaró al respecto, Susan Smith, cofundadora de la organización “For Women Scotland”.

Figuras públicas como J.K. Rowling, autora de Harry Potter y conocida por sus posiciones en este debate, también expresaron su satisfacción. Rowling escribió en redes sociales: “Fueron necesarias tres extraordinarias y tenaces mujeres escocesas con un ejército detrás de ellas para lograr que este caso fuera escuchado por la Corte Suprema y, al ganar, han protegido los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido”.

Por otro lado, grupos feministas denominados “críticos con el género”, como la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), organismo supervisor de la igualdad en el Reino Unido, ha celebrado el dictamen, afirmando que “un certificado trans no cambia el sexo legal de una persona a efectos de la Ley de Igualdad”.

Redacción

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La fiscalía rechazó la apelación de Cristina Kirchner y respaldó el pedido de agravar la condena

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, emitió su dictamen sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, donde se la condenó por fraude al Estado en un fraude estimado en 85.000 millones de pesos. En su análisis, Villar rechazó la apelación argumentando que los planteos presentados “no son más que reiteraciones” de argumentos ya revisados y desestimados previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación.

Villar sostuvo en su dictamen que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, reforzando la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso. Con esta decisión, respaldó los criterios jurídicos adoptados tanto por el Tribunal Oral Federal como por la Cámara de Casación Penal. En concordancia con el rechazo a los planteos de CFK, también desestimó los recursos presentados por Lázaro Báez y los demás imputados en la causa, quienes insistían en que los procesos licitatorios fueron legales y negaban el perjuicio ocasionado al Estado.

– Mario Villar

El pasado 14 de febrero, la defensa de la exvicepresidente, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la condena. En un documento de aproximadamente 40 páginas, los letrados señalaron supuestas irregularidades en el proceso judicial y cuestionaron la imparcialidad de los jueces, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

Entre los principales argumentos de la defensa, se destaca que la exmandataria no tenía un control directo sobre las obras viales en Santa Cruz, dado que estas fueron aprobadas mediante leyes presupuestarias, licitaciones y supervisadas por organismos descentralizados como Vialidad Nacional. Además, señalaron la incorporación de pruebas que, según ellos, no fueron debidamente exhibidas durante el juicio, y sostuvieron que las adjudicaciones a Lázaro Báez y otros imputados se realizaron dentro del marco legal, sin evidencia de malversación.

Tras el dictamen de Villar, corresponde ahora a la Sala IV de la Cámara de Casación decidir si concede las apelaciones para que los reclamos sean verificados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de rechazo, la defensa de CFK aún podría recurrir con un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte ya intervino indirectamente en la causa en junio de 2022, cuando desestimó los recursos presentados alegando que no se dirigían contra una “sentencia definitiva”.

El Ministerio Público Fiscal, en paralelo, también decidió pronunciarse ante la Cámara de Casación con el objetivo de aumentar la pena impuesta a CFK y que se la condene también como “jefa de una asociación ilícita”. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que el esquema de corrupción en los sobreprecios viales no solo constituía administración fraudulenta, sino que también configuraba una organización destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios vinculados a la “Ruta del dinero K”.

Villar respaldó el pedido y afirmó que la maniobra de desvío de fondos fue ejecutada con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”.

Cabe recordar que el caso se originó a partir de las denuncias del exdirector Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y culminó con el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. En diciembre de 2022, el tribunal condenó a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque la sentencia no está firme mientras continúen los recursos legales. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años al considerar que existía un esquema de corrupción sistematizado y estructurado en torno a la concesión de obras viales con sobreprecios.

Redacción

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