Más del 45% de familias teme perder sus ingresos o el empleo

Según un informe, el miedo viene en aumento y afecta en mayor medida a los cuentapropistas.
Crisis Económica
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El miedo a perder el trabajo era antes del 20 de marzo una variable severa del empleo. La pandemia le adosó contundencia, intensidad y más. El 44,9% de los hogares manifestaron en junio un alto temor al desempleo o a quedar sin ingreso alguno. Para el 19,3% ese miedo es moderado mientras que el 35,8% aseveró que todavía lo controla. No se trata de un fenómeno sin influencia en salarios, convenios u otros vectores laborales, ese temor ajusta a su paso a cada trabajador o grupos de actividad.

Estos porcentajes constan en un tramo del relevamiento que realizó el Centro de Economía Regional y Experimental (CERX). Más allá del paper, en esa organización consideran que el 44,9% validado es un piso que se incrementará “día a día”, bajo lo que resta de aislamiento.

En diálogo con BAE Negocios la directora del CERX Victoria Giarrizzo avizoró que incluso, decretado el final del parate, merced a datos duros y variables se vislumbra una “economía de bajo consumo, cuentapropismo y pymes de subsistencia”.

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En mirada a lo que puede definirse en el comportamiento post-pandemia, sobre disposición de salarios, el informe estimó que un 61,8% de trabajadores destinarán fondos para pagar deudas atrasadas, 16,2% a mayor consumo de bienes y servicios y el 5,7% a mejorar la vivienda.

Giarrizzo evaluó que los temores al desempleo no son parte de un “fenómeno hipocondríaco laboral” bajo Covid-19 sino que toman potencia en la corrosión de la pandemia. Que cerca del 50% de quienes conservan empleo teman perderlo es un número que va en aumento.

“Los trabajadores y sus familias perciben que muchas empresas siguen sin abrir y otras apenas ganando para subsistir. Es temor a peder definitivamente ingresos en el sector informal, cuentapropistas y de servicios en general. No es infundada la certeza en cuanto a que se perdió poder de compra y que el consumo no se va a recuperar a buen ritmo aun cuando levanten la cuarentena”, semblanteó.

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No faltó un párrafo para quienes están trabajo bajo mecanismo home office: “Muchos temen no volver al trabajo”. La realidad corrobora ese análisis en una paleta corrosiva: sequía paritaria del mercado, aguinaldos en cuotas y todavía más -y no buenas nuevas- para 2020.

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“La imposibilidad de pagar los aguinaldos es una señal, y trae consigo otra pregunta: hasta dónde el Gobierno seguirá pagando el 50% de los sueldos. Para ese momento la incertidumbre es total. Ni hablar de subas salariales, impensadas en este momento, fíjese que incluso los reclamos no se hacen por el temor a que la respuesta sea un despido”

Para ejemplificar su lectura Giarrizzo apuntó al sector gastronómico, donde los restaurantes abren pero no reciben gente. “Los empleados se preguntan hasta dónde aguantara el comercio; Lo mismo el dueño, no ven recuperación ni siquiera post pandemia”.

Sin necesidad de la repregunta acotó que deslador panorama abarca a las pequeñas y medianas empresas, “porque los ingresos de los dueños en las pymes, son el ingreso familiar”.

El CERX también detalló la deuda total de las familias que creció 4,6% en junio y alcanzó los $1.905.119 millones, afectando a 11,9 millones de hogares (86,5% del total país). Frente a mayo, 163 mil hogares menos pasaron a tener deudas, pero la misma creció en $83.415 millones, remarcan ese volumen de stock adeudado de quienes no pudieron cancelar pasivos.

En promedio cada familia adeuda en junio un 6% más que en mayo. Ese monto no incluye los costos asociados a moras y retrasos, que fueron en incremento en cuarentena. A su vez, la deuda no bancaria promedio por hogar es de $62 mil. El cálculo surge de cruzar los datos del Banco Central con una encuesta en 6770 hogares realizada por CERX del 22 al 25 del corriente mes.

El stock de deuda tiene dos grandes componentes: la “no bancaria” $736.902 millones, 16,1% más que en mayo. Unos 11,9 millones de hogares tenían algún tipo de esas deudas en junio (86,2% de los hogares del país). Y por otro, la deuda “bancaria” que según el BCRA se redujo 1,6% en el mes a $1.168.217 millones a fines de mayo. La principal caída estuvo en créditos prendarios (-5,8%) y tarjetas de crédito (-2%).

*Fuente: BAE Negocios- Luis Autalan


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El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

HUMOR por Argüelles​

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