El Gobierno oficializó el “dólar agro”. El Decreto 194/2023, publicado en el Boletín Oficial, establece un valor diferencial de $300 para la divisa estadounidense para aquellos que comercializan productos del complejo sojero y las economías regionales. La normativa aplica a las operaciones realizadas hasta el 31 de mayo para los primeros y hasta el 31 de agosto para los segundos.

Se espera que, con esta medida, ingresen unos U$S 9.000 millones, de los cuales U$S 5.000 millones se liquidarían en los próximos 45 días por parte del complejo sojero, mientras que los otros U$S 4.000 millones provendrían de las economías regionales. El ministro de Economía, Sergio Massa, durante el anuncio del Programa de Incremento Exportador (PIE), informó que dicha medida tiene por objetivo “fortalecer la economía y las reservas del país, en momentos de incertidumbre y volatilidad global y local”.

Los exportadores deben cumplir con ciertos requisitos, como haber exportado en los últimos 180 días, mientras que las economías regionales deben participar en el programa oficial de precios, conservar los puestos de trabajo y garantizar el volumen y abastecimiento. Además, se ha publicado el Decreto 193/2023, que dispone medidas paliativas para los productores perjudicados por la sequía, incluyendo la prórroga del vencimiento de pago de impuestos, la deducción en el balance impositivo del impuesto a las ganancias de los beneficios derivados de las ventas de hacienda y la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal.

Es importante destacar que esta normativa llega en un momento complejo para los productores, ya que hasta el momento solo se han liquidado 4,8 millones de toneladas de las 25 toneladas que se esperan cosechar, debido a la feroz sequía que afectó al país en los últimos meses. Por tanto, el Gobierno busca aliviar los efectos de la sequía y alentar la producción y exportación de los productos agropecuarios argentinos.

Críticas del campo

La Federación Agraria Argentina (FAA) convocó una manifestación para el martes frente al Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura en protesta por esta nueva política cambiaria.

El presidente de la FAA, Carlos Achetoni, afirmó que esta política favorece a los acopiadores y exportadores, pero perjudica a aquellos productores con poca soja, ya que aumentan los costos de los insumos. La Confederación de Asociaciones Rurales Argentinas también criticó al gobierno, diciendo que “a la feroz impacto de las inclemencias climáticas, se suma el padecimiento de otra sequía: la sequía de ideas del Gobierno”.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, declaró que “no hemos sido consultados sobre estos anuncios y no hemos participado en ninguna mesa de trabajo”. El presidente de Conagro, Elbio Laucirica, ha indicado que la actividad agropecuaria solo necesita “un único tipo de cambio”.

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), ha declarado que no tiene una opinión sobre el sector agropecuario. Aunque no descarta que Carbap se sume a la movilización de la FAA, sostiene que este tipo de medidas deberían planificarse con más tiempo para ser más efectivas.

Mientras tanto, el jefe de asesores de la Presidencia, Antonio Aracre, cruzó a la Mesa de Enlace y en declaraciones radiales lamentó que “no valoren lo suficiente”. Según él, existe un espíritu corporativo que les impide ver más allá de lo que está sucediendo.