El fiscal Carlos Stornelli imputó a cuatro importantes líderes del kirchnerismo tras la auditoría del Gobierno que reportó irregularidades millonarias.
Así lo informó el titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, quien analiza más de 22.500 trámites por un monto que supera los $14.000 millones.
El periodista enfrentó en la justicia al exintendente de Paraná: “No soy ejemplo de nada ni de nadie, pero yo no le robo a los entrerrianos ni uso al Estado para perseguir gente”.
El ministro de Justicia dijo que detectó más de cien resarcimientos irregulares: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan”.
El Tribunal Superior de Justicia de CABA falló en favor del periodista: “Se dio importancia a la libertad de expresión por sobre el poder”, explicó el abogado Marcelo Peña.
Julio Gutiérrez, ministro de Trabajo de Santa Cruz, denunció a autoridades de la exgobernadora, Alicia Kirchner, por un desfalco de $27 millones desde enero a la fecha.
Lejos de su postura keynesiana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha intentado subsistir con ingresos por fuera del amparo del estado. Sin embargo, demostró escasa habilidad para generar dinero en todos los rubros en los que incurrió.
El burócrata está acusado de cometer nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y empleada. La fiscalía sostiene que “existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron”.
Se trata de Gastón Enrique Garriga. Además de trabajar en el pasquín ultra K, el agresor es profesor universitario y tiene un contrato en la Cámara de Diputados. El denunciado practica artes marciales, factor que complica su situación judicial.
El doble procesamiento por evasión impositiva “agravada” lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
La denuncia fue realizada por los propios trabajadores del sector de Prensa de La Rosada que advirtieron los desmanejos por parte del nuevo Presidente.
El juez resolvió suspender el beneficio que tenían los internos por la pandemia y dispuso que, en un plazo no inferior de seis meses, se retiren todos los equipos.
