13 mayo, 2025

Fernando Espinoza y una insólita contradicción en su pericia psicológica

La reaparición pública de Fernando Espinoza portando un paquete de cigarrillos en la mano, tras haber declarado ante la Justicia que dejó el hábito hace quince años, evidencia las contradicciones y privilegios que lo rodean en una causa por abuso sexual marcada por dilaciones.
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La causa por abuso sexual que enfrenta el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sigue sumando episodios de indignación. En el marco del juicio, plagado de dilaciones y maniobras políticas, se reveló un sutil pero increíble comportamiento del jefe comunal, quien había asegurado en la pericia judicial que lo investiga por abuso sexual haber dejado de fumar hace quince años. Sin embargo, en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, Espinoza reapareció en escena fumando en público y hasta fue fotografíado portando un paquete de cigarrillos en la mano.

La incongruencia entre sus dichos ante la Justicia y su comportamiento público es sólo un detalle en un caso que escandaliza por su gravedad. Melody Rakauskas, la denunciante, sigue esperando que la Justicia avance en un juicio que parece empantanado por intereses políticos. La figura de Espinoza, acusado de un delito tan aberrante como el abuso sexual, contrasta sobremanera tanto con su libertad para pasearse por actos políticos de alto perfil como por su apoyo a la exvicepresidenta de la Nación.

La situación adquiere una dimensión aún más escandalosa en el contexto de otro caso que sacude la moralina peronista: el del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. Vale recordar que este fue detenido cruzando la frontera con 200 mil dólares sin declarar, y aunque ascendió a su banca de la mano de Unión por la Patria, ahora Cristina intenta desvincularlo de su espacio y asociarlo al gobierno de Javier Milei.

La doble moral exhibida resulta, a todas luces, indignante. Mientras por un lado se repudia el accionar de Milei y se enarbolan banderas de ética y justicia, por el otro se ampara a figuras como Espinoza, cuyo prontuario judicial es una mancha para cualquier fuerza política que lo respalde.

LA PERICIA

En el marco de la causa (CCC 24074/2021), las pericias judiciales revelaron un detallado informe sobre la vida personal y antecedentes de Espinoza. Entre los puntos destacados, se evaluó si presenta trastornos de personalidad, conductas violentas o inmadurez psicosexual. Sin embargo, el dato que ha trascendido y encendido las críticas es su declaración de no haber fumado en quince años, desmentida por su reciente aparición pública.

La pregunta que queda flotando en el aire es cómo una figura con semejantes acusaciones puede seguir caminando libremente y, aún más, representar al municipio más poblado del país con la anuencia de figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La denuncia de Melody Rakauskas no sólo señala un supuesto delito sexual, sino también pone bajo la lupa las estructuras de poder que lo protegen. La Justicia, mientras tanto, parece no estar a la altura de las circunstancias, dejando a la víctima en un estado de vulnerabilidad y al acusado en una posición de privilegio.

El caso de Fernando Espinoza es un reflejo de las contradicciones que carcomen a la política argentina, donde la moral se convierte en una herramienta de conveniencia y los ciudadanos son testigos de un sistema que prioriza los intereses partidarios por sobre la verdad y la justicia.

*Fuente: REALPOLITIK – Santiago Sautel

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Condenaron al exdiputado Germán Kiczka a 14 años de prisión por tenencia y distribución de pedofilia

El exdiputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también fue hallado culpable y recibió una pena de 12 años. Así lo resolvió el Tribunal Penal N°1 de Posadas, en una sentencia que marca un precedente en la lucha contra la explotación sexual infantil.

Durante el juicio, se comprobó que los acusados poseían y compartían un total de 603 archivos digitales con contenido de abuso sexual infantil, además de material vinculado a prácticas zoofílicas. Las pruebas fueron obtenidas a partir de un operativo internacional coordinado por la Child Rescue Coalition y el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (IMEC), que alertaron a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI) en Argentina.

“Se trata de un caso histórico, no solo por el volumen del material incautado, sino porque afecta directamente a una figura del poder político”, declaró el fiscal Martín Alejandro Rau durante su alegato final. Junto al fiscal Antonio Glinka, solicitaron 15 años de prisión para el exdiputado y 12 para su hermano.

Durante el juicio, Germán Kiczka intentó desvincularse de las acusaciones al afirmar: “Soy totalmente inocente. Nunca descargué ni compartí material ilegal. Esta es una persecución política en mi contra”. En contraparte, las pruebas digitales fueron concluyentes, se hallaron archivos incriminatorios en dos computadoras y un pendrive en su poder, uno de ellos identificado con el nombre Fiat.

Glinka desestimó de lleno la estrategia defensiva: Nunca hubo persecución política. Hubo una investigación internacional que llegó hasta los Kiczka por rastros concretos. Lo demás es una construcción para intentar eludir la Justicia”.

En tanto, Sebastián Kiczka buscó asumir la responsabilidad total del caso: “Era yo quien utilizaba la computadora Acer. Por enésima vez, quiero pedirle disculpas a mi hermano por meterlo en este embrollo”. Más tarde, justificó su accionar diciendo: No sabía que era ilegal mirar estos videos en Internet. Me puse a tomar cerveza y aproveché la oportunidad para mirar esto porque soy una persona ansiosa. Se estiró la noche, me olvidé de la computadora, estaba convencido que eliminé todo para no dejar rastros, pero dejé el pendrive”. Pese a sus declaraciones, los peritos informáticos confirmaron que los dispositivos estaban configurados con perfiles a nombre de Germán Kiczka, y que ambos participaron activamente en la descarga y distribución del material.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Antonio Yaya, también solicitó que se investigue por falso testimonio al diputado Pedro Puerta y al padre de los acusados, Leonardo Kiczka, por posibles declaraciones engañosas ante la Justicia.

Cabe destacar que la mayoría de las audiencias fueron a puertas cerradas, en resguardo de la identidad y la dignidad de las víctimas, cuyas imágenes circulaban en los dispositivos secuestrados.

Germán Kiczka se desempeñaba como diputado provincial por el partido Activar. Luego de que la Legislatura de Misiones le suspendiera los fueros a fines de agosto del año pasado, se dio a la fuga. Fue localizado días después en un camping de la localidad de Loreto, en la provincia de Corrientes. Finalmente, la Cámara legislativa decidió su expulsión, mediante una resolución aprobada por unanimidad.

Redacción

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Detuvieron a la consejera escolar de LLA de Bahía Blanca por falso testimonio en una denuncia de abuso sexual

Las fuerzas policiales detuvieron el jueves 10 de abril en Bahía Blanca a la consejera escolar de La Libertad Avanza, Fiorella Damiani (27), acusada de “falso testimonio agravado”. En 2017, la funcionaria había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra por “abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas”, delito que prevé penas de 6 a 15 años de prisión. 

Ambos hombres estuvieron detenidos, pero recuperaron la libertad cuando la fiscal Mariana Lara obtuvo videos que, según la investigación, probaban el consentimiento de la relación.

Tras la presentación de esas grabaciones, la justicia avanzó contra Damiani por presuntas mentiras vertidas en su denuncia. El fiscal Mauricio Del Cero confirmó que la imputada “había mentido en al menos tres oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas”. Por ese motivo, solicitó la detención de la consejera escolar y explicó que el cargo de “falso testimonio agravado” contempla penas de 1 a 10 años de prisión: “Se trata de un delito particularmente grave”.

Damiani ejerció su cargo en el Consejo Escolar de Bahía Blanca durante todo este tiempo, sin fueros que la protegieran. Medios locales indicaron que el jueves fue indagada por Del Cero, a lo que la acusada respondió que “siempre dijo la verdad” y sostuvo que a los videos “les faltan partes”. El fiscal le preguntó por qué “si ella dijo que había sido inmovilizada por alguna sustancia y sometida sexualmente a la fuerza eso no se observaba en los videos”.

La supuesta falta de resistencia en las imágenes fue decisiva para el sobreseimiento de los dos hombres. Uno de los acusados señaló ante la justicia: “Sabíamos muy bien lo que hacíamos. Se conversó antes, nosotros acostumbrábamos a hacer tríos, inclusive a filmar. Desde ya que no lo hacíamos viral ni nada, era para tenerlo nosotros documentado”. 

Además, contó que Damiani “se enojó después con mi amigo y se fue” y que “al irse del departamento se llevó mi teléfono celular pensando que se llevaba las pruebas fílmicas”. Sin embargo, los registros se habían guardado en otra plataforma con autenticación y PIN.

Damiani fue asistida inicialmente por la abogada Fernanda Petersen, pero este viernes cambió su representación al penalista Sebastián Martínez. Mientras el caso avanza en los tribunales de Bahía Blanca, la imputada continúa detenida bajo la acusación de “falso testimonio agravado”.

Redacción

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