18 abril, 2025

Una ‘influencer’ libertaria denunció a “El Dipy” por ABUSO SEXUAL y EXTORSIÓN

El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
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El pasado martes diez de septiembre, autoridades de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 22 de CABA, a cargo de la Dra. Mariela Paola De Mincis, escucharon la acusación de una mujer de 35 años identificada por sus iniciales, M.C.A., quien denunció por abuso sexual a David Adrián Martínez, conocido popularmente como “El Dipy”.

– Primer página de la declaración testimonial

DATA24.COM.AR accedió a la declaración testimonial de M.C.A. El documento de 12 páginas detalla tres situaciones de abuso que habrían ocurrido entre marzo y mayo de este año por parte del cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza hacia una militante del espacio que goza de relativa popularidad en sus redes sociales.

Allí, la ‘influencer’ exhibe fotos junto a figuras claves del oficialismo libertario y alfiles clave del entorno del presidente Javier Milei, como lo son la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el escritor Agustín Laje y los comunicadores Mariano Pérez y “Franfijap” (apodo de Franco Iván Jeremías Antunes Puchol), a quienes llama “amigos”. Incluso compartió espacios de streamings libertarios con personalidades ya olvidadas por el movimiento, como es el caso de Eugenia Rolón, pareja de Iñaki Gutiérrez, el responsable del TikTok de Milei.

¿QUÉ DICE LA DENUNCIA?

La mujer relata que conoció personalmente a El Dipy el 25 de octubre del año pasado. El cantante llegó a ella a través de las redes sociales, conectados por la militancia para La Libertad Avanza, y la invitó a un bar de la calle Ayacucho, en San Martín, provincia de Buenos Aires, donde tocaba como DJ.

La denunciante señala que Martínez aprovechó su situación de vulnerabilidad económica para ejercer control sobre ella. Según el testimonio, el cantante le prometió un cargo en el Estado bajo la órbita del gobierno de Javier Milei, indicando que “la ayudaría” una vez que este asumiera. Sin embargo, esta promesa nunca se materializó y, según relata, se utilizó como una herramienta de presión para que accediera a los encuentros.

A lo largo de su testimonio, la mujer describe cómo el acusado utilizaba amenazas y su supuesta influencia para intimidarla. En varias ocasiones, Martínez habría mencionado tener armas en su casa y afirmó que podía lastimarla si contaba lo sucedido.

En relación con aquella noche en el bar de San Martín, la mujer dio a entender que El Dipy habría puesto alguna droga en unos tragos que le ofreció. Así lo relata la presunta víctima: “Él estaba en el VIP con amigos y al acercarme me invitó a tomar tragos de Fernet. No tomé mucho. En un momento, me preguntó si quería tomar pastillas y le dije que no. Se puso muy insistente, pero no accedí. Sin perjuicio de no haber consumido tanto alcohol, me empecé a sentir mareada y le dije al aludido que me iba a mi casa. No sé si en alguno de los tragos que me trajo le puso algo, porque la verdad es que no me suele  causar ese efecto de mareo el Fernet”.

Terminada esa noche, ambos se dirigieron a la casa de Dipy, situada en Villa del Parque y tuvieron relaciones sexuales. “Creo que el acto fue consentido, pero como no recuerdo lo que sucedió en detalle, por lo tanto no lo puedo asegurar, como dije estaba muy mareada. En ese preciso momento no me quedé con una mala sensación de lo que pasó, porque hasta entonces, él me trataba bien”, aclara la denunciante.

Luego de ese encuentro, el cantante y la ‘influencier’ libertaria siguieron en contacto a través de WhatsApp y establecieron una suerte de vínculo: “Todavía me trataba bien y me sentía cómoda cuando nos veíamos”, señaló la víctima.

La situación cambió drásticamente un mes después, cuando la denunciante comenzó a percibir “aspectos de su actitud que me parecieron violentos, precisamente, a partir del día que Milei ganó las elecciones”, el 19 de noviembre de 2023. Ese día, la mujer celebraba junto a sus compañeros la victoria del libertario sobre el kirchnerista Sergio Massa en el búnker de La Libertad Avanza, ubicado en el Hotel Libertador.

En la declaración relata que, esa noche de júbilo, El Dipy comenzó a llamarla por celular “con mucha insistencia, a pesar de que no lo atendía. Después, me empezaron a llegar mensajes de él preguntándome por qué no le respondía y me decía que me fuera del bunker para encontrarnos. No respondí porque quería seguir festejando con mis amigos”.

El primero de los hechos que se relata en la declaración testimonial habría ocurrido 117 días después de aquellos festejos, el 15 de marzo de 2024. Según consta en el documento judicial, el cantante citó a la víctima en su departamento de Villa del Parque con la excusa de discutir novedades sobre un puesto de trabajo que le había prometido. Ella detalla que se encontraban tomando mates en los sillones del living “hasta que se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar”. Tras el presunto abuso, El Dipy contrató un vehículo de alquiler desde su propio teléfono y le entregó dinero en efectivo para que pague el viaje hasta su casa.

“Al llegar a mi departamento me bañe del asco que me dio la situación. No acudí a ningún centro médico por temor a quedar expuesta públicamente por lo ocurrido y en ese entonces no sabía si podía denunciar lo que me estaba ocurriendo”, relató la mujer tras el primer episodio.

El segundo hecho se dio el 17 de abril de 2024, nuevamente en el departamento del acusado. Presionada por su situación económica y con la esperanza de concretar el trabajo prometido, accedió a la cita. En el lugar, Martínez repitió el patrón: la inmovilizó, ignoró sus negativas y la sometió sexualmente. “Le dije que estaba conociendo a alguien para evitar la situación, pero, lejos de eso, él me contestó que estaba de novio con una chica de Córdoba y que no le importaba. Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales, la penetración fue vaginal y no uso preservativo, a pesar de que se lo pedí (…) Fue todo muy denigrante y me sentí muy angustiada”.

El último episodio tuvo lugar el 16 de mayo de 2024. En esta ocasión, Martínez la forzó a practicarle sexo oral tras insistir, nuevamente, en la promesa de un empleo en el Estado. Así lo desarrolla la víctima: “Fui a su casa, empezamos a charlar en el living, en los sillones, como siempre, y otra vez se tiró encima mío. Le pedí que no lo hiciera, porque tenía puesto un ovulo en mi zona genital. Entonces, me respondió ‘bueno, pero me la podés chupar igual y me forzó a practicarle sexo oral. Se bajó los pantalones y la ropa interior, sacó su miembro y me lo acercó a la cara. A la vez, él me sacó la remera y el corpiño. Después, me tomó de la cabeza y me obligó a practicarle sexo oral. Mientras lo hacía, me repetía ‘dónde querés que te acabe’ y lo hizo ensuciándome el pecho”.

La mujer no pudo precisar los horarios exactos en los que habrían ocurrido los delitos; sin embargo, recordó que “fueron durante el día, ya que era común que él llegara de sus giras y me enviara mensajes aduciendo que tenía novedades del trabajo o que había hablado con alguna persona influyente del gobierno sobre el tema, para que me sintiera obligada a verlo, bajo la amenaza de que si no lo hacía no me daría el puesto”.

Además, afirma tener —utilizando un término aún más contundente, “resguardo”— todos los mensajes intercambiados con El Dipy. En ese sentido, la denunciante ofreció su dispositivo para que se realicen los peritajes correspondientes, así como cualquier otra información requerida por las autoridades judiciales.

AMENAZAS Y “AMIGOS NARCOS”

Un detalle sobre la “relación” entre la denunciante y David Adrián Martínez es que se tornó inquietante desde sus primeros encuentros, según consta en la declaración testimonial a la que accedió este medio. La víctima describió cómo el cantante comenzó a sembrar el temor en ella al presentarle a personas de dudosa reputación y al jactarse de su poder e influencia.

En su declaración, la mujer narró un episodio alarmante ocurrido la primera vez que Martínez la invitó al bar de San Martín (Provincia de Buenos Aires) en octubre de 2023. Aquella noche, además de ofrecerle drogas, “me presentó a un narco. Cuando esta persona se retiró del local, Martínez me aclaró que su conocido era narco”, relató. La situación, lejos de ser casual, dejó a la denunciante con una sensación de inseguridad. “Le respondí que no me presentara a ese tipo de gente. Me dio mucha inseguridad conocerlo, ya que me parecía gente peligrosa”, añadió.

El temor de la víctima se profundizó a medida que Martínez mostraba conductas cada vez más intimidatorias. La denunciante afirmó que el acusado solía alardear de poseer armas y utilizar amenazas para obtener lo que quería. “Me amenazaba diciéndome que, si le contaba a alguien sobre el trabajo que me ofrecía, me iba a matar”, explicó. Además, agregó que Dipy reiteraba frases como “no hay nada más peligroso que un negro con poder” y que “estaba enfierrado, en referencia a las armas que aseguraba tener en su domicilio. Aunque nunca le mostró un arma, estas palabras lograron infundir un profundo miedo.

Martínez también relataba episodios en los que, según sus propias palabras, utilizó la intimidación para alcanzar sus objetivos. “Me contaba anécdotas sobre ocasiones en las que amenazaba gente para obtener cosas que quería. Me empecé a sentir muy insegura”, detalló M.C.A en su testimonio.

Con el paso de los meses, esta sensación de inseguridad se tornó insoportable y fue clave para que la denunciante decidiera romper el silencio y presentar la denuncia: “Siento miedo, incomodidad y vergüenza por las situaciones que atravesé. Me da mucho miedo que me pueda suceder algo malo porque Martínez es una persona muy violenta en su trato y por lo que me contó, es su modalidad amenazar a los demás para conseguir cosas. El me decía que si llegaba a contar algo de lo que sucedía me mataba. Lo repetía siempre (…) Realmente siento mucho temor y necesito una custodia que esté conmigo todo el tiempo, no únicamente en mi domicilio, porque —por trabajo— viajo constantemente de provincia a capital en la actualidad y temo que me suceda algo en cuanto el imputado conozca lo denunciado”.

Redacción

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Vicentin confirmó el cierre de sus dos plantas en Santa Fe: más de mil trabajadores en vilo

La crisis que afecta a Vicentin alcanzó este sábado un nuevo hito: el directorio decidió frenar la actividad industrial y cerrar sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, Santa Fe, bajo el argumento de que no pueden pagar los salarios de sus más de mil trabajadores ni contratos que permiten sostener la operación.

En un comunicado, la empresa informó que se vieron obligados a proceder con el cierre de todas las plantas en operación. Y que la decisión fue tomada con el argumento de proteger los activos existentes ante un escenario financiero calificado como asfixiante en el que no hay respuestas de los inversores estratégicos.

El mensaje da cuenta de una crisis de grandes magnitudes que azota a la empresa de alimentos. Los salarios de marzo aún no fueron abonados y no hay garantías de que puedan ser cubiertos en los plazos legales. En paralelo, los contratos mediante los cuales Vicentin industrializaba granos ajenos, que eran la base de sus operaciones al dejar de trabajar con mercadería propia, se encuentran paralizados.

Esta semana tuvo lugar un último intento, por vía judicial para convocar a los grandes inversores (ACA y BungeViterra) para reactivar los contratos, pero nadie se presentó a la audiencia.

JUGADA PARA EJERCER PRESIÓN: ALTO COSTO PARA LOS TRABAJADORES

En el sector agroindustrial, se cree que la decisión tomada por Vicentin implica un ejercicio de presión sobre los inversores de la compañía y la Justicia de Santa Fe, que no homologó el acuerdo concursal con más del 70% de los acreedores. En ese sentido, el cierre de las plantas representaría una apuesta para empujar a que la Justicia y los inversores tomen decisiones clave que den liquidez a la empresa. La Corte Suprema de la Nación podría convertirse en el próximo escenario del expediente.

El costo del movimiento efectuado por Vicentin es alto, ya que, con el cierre de sus dos plantas, más de mil trabajadores directos así como 3 mil empleos indirectos quedaron afectados. Al respecto, el gremio de los aceiteros, uno de los más poderosos del país ya que producen mercancías indispensables en múltiples rubros, se encuentra en estado de alerta ante esta situación y podría tomar medidas de fuerza para defender a los obreros afectados por los cierres.

DEUDAS Y EXDIRECTIVOS EN PRISIÓN:

A la falta de liquidez para operar de la empresa se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría derivar en la interrupción del suministro eléctrico en una de sus plantas. La deuda en cuestión asciende a más de 400 millones de pesos.

El frente judicial aparece tormentoso, por su parte, con la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado mayor a 600 millones de dólares. Todo a partir de una maniobra que habría incluido falsificación de balances, simulación de operaciones y desvío sistemático de fondos, incluso en un momento posterior a que la empresa estuviera en concurso.


*Fuente: Agencias

Redacción

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Frigerio anuló 770 “contratos truchos” y exigió recuperar los millones de pesos robados por la corrupción peronista

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.

La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.

Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.

– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares

Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.

El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.

El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.

En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.

Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.

Redacción

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La fiscalía rechazó la apelación de Cristina Kirchner y respaldó el pedido de agravar la condena

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, emitió su dictamen sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, donde se la condenó por fraude al Estado en un fraude estimado en 85.000 millones de pesos. En su análisis, Villar rechazó la apelación argumentando que los planteos presentados “no son más que reiteraciones” de argumentos ya revisados y desestimados previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación.

Villar sostuvo en su dictamen que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, reforzando la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso. Con esta decisión, respaldó los criterios jurídicos adoptados tanto por el Tribunal Oral Federal como por la Cámara de Casación Penal. En concordancia con el rechazo a los planteos de CFK, también desestimó los recursos presentados por Lázaro Báez y los demás imputados en la causa, quienes insistían en que los procesos licitatorios fueron legales y negaban el perjuicio ocasionado al Estado.

– Mario Villar

El pasado 14 de febrero, la defensa de la exvicepresidente, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la condena. En un documento de aproximadamente 40 páginas, los letrados señalaron supuestas irregularidades en el proceso judicial y cuestionaron la imparcialidad de los jueces, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

Entre los principales argumentos de la defensa, se destaca que la exmandataria no tenía un control directo sobre las obras viales en Santa Cruz, dado que estas fueron aprobadas mediante leyes presupuestarias, licitaciones y supervisadas por organismos descentralizados como Vialidad Nacional. Además, señalaron la incorporación de pruebas que, según ellos, no fueron debidamente exhibidas durante el juicio, y sostuvieron que las adjudicaciones a Lázaro Báez y otros imputados se realizaron dentro del marco legal, sin evidencia de malversación.

Tras el dictamen de Villar, corresponde ahora a la Sala IV de la Cámara de Casación decidir si concede las apelaciones para que los reclamos sean verificados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de rechazo, la defensa de CFK aún podría recurrir con un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte ya intervino indirectamente en la causa en junio de 2022, cuando desestimó los recursos presentados alegando que no se dirigían contra una “sentencia definitiva”.

El Ministerio Público Fiscal, en paralelo, también decidió pronunciarse ante la Cámara de Casación con el objetivo de aumentar la pena impuesta a CFK y que se la condene también como “jefa de una asociación ilícita”. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que el esquema de corrupción en los sobreprecios viales no solo constituía administración fraudulenta, sino que también configuraba una organización destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios vinculados a la “Ruta del dinero K”.

Villar respaldó el pedido y afirmó que la maniobra de desvío de fondos fue ejecutada con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”.

Cabe recordar que el caso se originó a partir de las denuncias del exdirector Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y culminó con el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. En diciembre de 2022, el tribunal condenó a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque la sentencia no está firme mientras continúen los recursos legales. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años al considerar que existía un esquema de corrupción sistematizado y estructurado en torno a la concesión de obras viales con sobreprecios.

Redacción

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Detuvieron a cuatro piqueteros por malversar fondos públicos a través de criptomonedas

Una denuncia anónima en Chaco inició la investigación sobre piqueteros de Capitanich que recibían dinero del Estado provincial a través de sus fundaciones y cooperativas.

Las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco, en coordinación con la Policía Federal, desplegaron un amplio operativo que abarcó 23 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo Resistencia, Charata, Cote-Lai y Fuerte Esperanza. Los procedimientos abarcan zonas urbanas y rurales, además de un campo de aproximadamente 1.000 hectáreas en el área rural chaqueña. Se encontraron vehículos de alta gama, relojes de oro, quinchos y otros bienes de lujo que “no corresponden a sus actividades económicas formales”.

Como resultado de estos allanamientos, se logró la detención de cuatro dirigentes piqueteros, entre ellos Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a diversas fundaciones sociales con acceso a fondos públicos. El operativo estuvo dirigido por el fiscal Patricio Sabadini, quien inició la investigación en la Fiscalía Federal N° 1.

“En virtud de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera color marrón debajo de la puerta de acceso a esta Fiscalía Federal, que daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos”, afirmó Sabadini.

Las organizaciones vinculadas a los imputados habrían malversado aproximadamente $220.327.655,94 entre los años 2022 y 2023, fondos provenientes principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) funcionando bajo el entonces titular Mauro Andión, quien se lo conoce por “megacorrupción”, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. Según trascendió, $15.000 millones destinados para beneficencia en 2023, fueron mal utilizados o desviados hacia fundaciones privadas sin control adecuado. Más de 400 beneficiarios denunciaron haber sido estafados por dirigentes sociales vinculados al organismo.

Se decomisaron numerosos elementos comprometedores, como armas de fuego de diferentes calibres y municiones, estupefacientes, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de débito vinculadas a planes sociales y sellos de una fundación provincial.

El referente del movimiento La Roca Sólida, Carlos Rolón habría generado sospechas por ostentar bienes incompatibles con su perfil económico, incluyendo una camioneta 4×4 adquirida durante la pandemia. Además, se lo investiga por ofrecer a la venta un galpón que aparentemente habría sido construido con fondos provenientes del IAFEP.

Según el requerimiento fiscal, Torales y su padre José fueron visto por los investigadores yendo “con bolsos cargados a varios domicilios donde realizan operaciones de cambios de divisas de forma ilegal”. Los investigadores determinaron que compraban dólares norteamericanos, para luego con estos dólares ir hasta Paraguay y venderlos por criptomonedas “USDT”. Luego, al regresar, los cambiaban a pesos.

Cáceres, identificado como referente del Movimiento Juan Domingo Perón, figura como monotributista en la categoría “A” (la más baja) ante la AFIP. Paralelamente, ejercía como presidente de las Cooperativas Trabajo Central Progreso Limitada y la Fundación Juan Domingo Perón, y tendría vinculación con la Fundación Rosana Solidaria y Fundación Peronismo Unido.

Durante los años 2021 a 2023, Cáceres mantuvo un empleo formal en la Municipalidad de Resistencia, aunque posteriormente fue sumariado y cesanteado por ausentismo laboral. A pesar de su modesto perfil tributario, se le atribuye la posesión de varios vehículos millonarios, entre ellos una camioneta Dodge Journey SE 2.4 (2011) y una Dodge Ram 1500 5.7 V8 (2013), un Toyota Corolla XEI 1.8 (2016) y un Volkswagen UP de 5 puertas (2015).

Según la investigación, Torales habría llamado la atención de las autoridades por su ostentación patrimonial, evidenciada en numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble que posteriormente habría transferido a su esposa, quien también está imputada en la causa.

Este caso se suma a una serie de indagatorias similares que se han iniciado contra dirigentes de movimientos sociales. En mayo de 2024, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y cooperativas bajo sospecha de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para este fin, lo que ha contribuido a visibilizar estas prácticas.

Redacción

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Detuvieron al “General” Tobar, el barra y sindicalista acusado de liderar un ataque a un hospital de La Plata

Iván Tobar, más conocido en el ámbito sindicalista y de la barrabrava de Estudiantes como “El General”, fue detenido cuando se entregó voluntariamente en las oficinas de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, acompañado por su abogado particular. La orden de arresto había sido emitida por el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de una causa por amenazas agravadas en video, donde se ve a un grupo de hinchas usando máscaras y portando armas de guerra, a lo que se suma la coacción contra funcionarios que data del año 2022.

“Vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo del juez y al que venga”, afirman en la grabación.

Aunque el delito en primera instancia por el cual se lo acusa es técnicamente excarcelable, el juez determinó su detención junto con la de otros seis allegados al gremialista y luego de 22 allanamientos. Según se conoce, la causa está relacionada con la elaboración y difusión de un metraje donde personas armadas y encapuchadas —similar a los grupos terroristas yihadistas— lanzaban amenazas en defensa de Pablo “Pata” Medina, exsecretario general del gremio Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con advertencias explícitas de ser “ajusticiados” jueces y políticos.

La detención de Tobar se da en un momento tenso, seguido de incidentes ocurridos días antes en el Hospital San Roque de Gonnet. El martes 25 de marzo trascendió un violento enfrentamiento entre barras de Estudiantes y Gimnasia que dejó al menos cuatro heridos, entre ellos Cristian “El Volador” Camillieri, jefe de la barra de Gimnasia. A pesar de que Tobar ha intentado desligarse de estos hechos, la investigación a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic sostiene la hipótesis de que el ataque habría sido ejecutado por personas vinculadas a un galpón relacionado que fue alquilado en Punta Lara por el propio dirigente. Sin embargo, es crucial señalar que su actual detención no está directamente vinculada con este episodio violento, sino con la recaudación de la causa previa por “amenazas coactivas agravadas”.

“Si mañana van a tomar medidas contra nuestro líder, acá estamos. Estamos con vos, ‘Pata’”, subraya los enmascarados mientras recargan, refiriéndose al grupo de abogados liderado por Alejandro Esmoris en el Tribunal Federal N° 2 de La Plata.

Su actividad criminal en la UOCRA comenzó formalmente en 2016, estableciendo su base de operaciones en Tolosa, donde forjó una significativa “fortaleza gremial”. A partir de este punto estratégico, Tobar ha impulsado sus aspiraciones de controlar la seccional La Plata de la UOCRA, históricamente dominada por “Pata” Medina y actualmente intervenida. Personas cercanas a su entorno, comentan que el dirigente ha desarrollado una extensa red de asistencia social que incluye ollas populares en diversas localidades como La Plata, Berisso y Ensenada. A su vez, el rol de Secretario General de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas sección La Plata, Tobar ha establecido conexiones en el mundo del fútbol. Su agrupación denominada “Los Leales” llegó a liderar la barra de Estudiantes de La Plata tras enfrentamientos con el liderazgo anterior.

“No le tienen miedo solo los barras, toda La Plata le tiene miedo”, declaró una fuente judicial sobre Tobar.

La piedra angular de los procesos judiciales contra Tobar se originan en agosto de 2021, aunque institucionalmente se radicó en 2022, cuando la Justicia Federal debía decidir si el exlíder de la UOCRA, “Pata” Medina, regresaba a prisión o continuaba bajo arresto domiciliario. Medina, que tenía prohibido participar en actividades gremiales, había encabezado un acto de militantes de la construcción, lo que ponía en riesgo su situación procesal.

En ese contexto, Tobar, quien intentaba quedarse con el control del gremio a toda costa, habría urdido un plan para perjudicar a Medina. La estrategia consistió en la filmación de insultos al juez encargado de definir la situación del sindicalista que dificultase su libertad, esto en concordancia con lo que recopiló la fiscalía en el caso.

Redacción

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Funcionario de Kicillof se negó al test de alcoholemia y terminó sin registro

El funcionario de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, ministro de gobierno de Kicillof, protagonizó un incómodo episodio en plena madrugada del domingo. Fue detenido en un control de alcoholemia sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata y, lejos de colaborar, se negó a realizar el test. La negativa le costó cara: le retuvieron la licencia de conducir y el hecho quedó catalogado como “presunto positivo”.

El funcionario manejaba un Volkswagen Vento gris —patente AA 698 RV— que, casualidad o no, es propiedad del Gobierno de la Provincia. El operativo tuvo lugar en la zona del peaje Dock Sud, partido de Avellaneda.

Según el acta que se labró en el lugar, Bianco no sólo se negó a soplar la pipeta, sino que también habría pedido que no se grabara la escena. Todo un gesto de transparencia.

Alcohol Cero… ¿para todos?

En la provincia de Buenos Aires tiene vigencia la Ley de Alcohol Cero al volante. La norma no distingue entre funcionarios y simples peatones por lo que, negarse al test, equivale a haber dado positivo. Los agentes cumplieron el protocolo: acta, retención del registro, y a seguir viaje. El auto, sin embargo, no fue secuestrado.

Casualmente,  Bianco suspendió su habitual conferencia de prensa de los lunes sin dar explicaciones. Oficialmente se adjudicó la ausencia a una cumbre política nocturna entre Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, en medio de la interna que atraviesa al Frente de Todos. 

El incidente ocurrió apenas unas horas después del anuncio de Kicillof sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales, una decisión que cayó como una bomba dentro del kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense, que hasta hace poco eran aliados, ahora se preparan para medir fuerzas en las urnas.

¿Quién es Carlos Bianco?

Licenciado en Comercio Internacional, profesor universitario y funcionario de carrera, Bianco es el ladero político e ideológico de Kicillof desde hace más de dos décadas. Fue jefe de Gabinete bonaerense y hoy ocupa el cargo de ministro de Gobierno. 

Irónicamente, en 2019, puso su Renault Clío a disposición del entonces candidato a gobernador, en un gesto de campaña que quedó grabado como símbolo de la “humildad militante”. A cinco años de aquel recorrido, el panorama -y el automóvil- es otro.

Redacción

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