El candidato de izquierda Yamandú Orsi fue electo presidente de Uruguay
Este domingo, Yamandú Orsi, del Frente Amplio, ganó la segunda vuelta presidencial en Uruguay con el 49% de los votos, derrotando al oficialista Álvaro Delgado. La izquierda vuelve al poder tras su etapa de 2005 a 2020.
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La dupla Yamandú Orsi-Carolina Cosse alcanzó la victoria en estas elecciones, en la que contaron con el respaldo de “Pepe” Mujica, líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) y uno de los dirigentes más populares del país. El presidente electo, nacido en el departamento de Canelones y profesor de historia, anteriormente fue intendente de Canelones, entre 2015 y 2024 cuando renunció para dedicarse a la campaña presidencial.
En esta ocasión el gobierno electo no contará con mayoría parlamentaria. La izquierda cuenta con 16 senadores, pero tiene 48 diputados y necesita 50 para lograr una mayoría que apruebe los proyectos de ley.Por lo tanto el gobierno tendrá que entablar un diálogo con la oposición para lograr pasar las propuestas que tenga para el país oriental.
Desde Cancillería Argentina, alrededor de las 10 de la noche de ayer, se emitió un comunicado felicitando al candidato ganador, y ratificando el compromiso de trabajar con Uruguay para fortalecer la agenda en común y garantizar el bienestar de ambos países.
Por su parte, el presidente electo Orsi dialogó esta mañana con Radio Mitre, y allí dejó en claro que más allá de las diferencias filosóficas que pueden haber con la administración de Milei, la relación entre ambos países se debe construir desde “el sentido común”. “La relación con Argentina tiene que ser muy buena, no tenemos otra chance”, manifestó en este sentido, en donde también destacó la actitud del gobierno argentino actual de permitir el dragado del Río de la Plata para realizar obras en el puerto de Montevideo.
Además, puso como ejemplo las protestas por las plantas de celulosas sobre el río Uruguay, que llevó al corte de los puentes que unen ambos países y numerosas protestas. A pesar de que gobernaban partidos afines ideológicamente, como el Kirchnerismo y el Frente Amplio, las tensiones y disputas estuvieron igual. Este ejemplo pone de manifiesto que la afinidad ideológica no te garantiza que no puedan haber diferencias. Y que sí puede haber diálogo y buena relación entre ambas administraciones a pesar de las discrepancias, en una clara señal de pragmatismo internacional.
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Un gravísimo episodio de violencia escolar sacudió el pasado viernes a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según denunciaron trabajadoras de la institución, la familia de una alumna ingresó de manera violenta al establecimiento, agredió a auxiliares y desató una situación de caos que obligó a encerrar a los alumnos en las aulas para resguardarlos.
El episodio ocurrió por la tarde en el comedor del complejo educativo ubicado en la localidad de Pablo Nogués, que alberga la Escuela Secundaria N° 18, la Escuela Primaria N° 29 y el nivel inicial. De acuerdo con las versiones, la situación se originó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que los docentes separaron. Una vez que se calmó el conflicto, la madre de una de las involucradas se presentó en el colegio y pidió hablar con la directora pero, dijo, no fue atendida.
Ante la falta de respuesta, el grupo familiar pateó el portón del comedor —que separa los distintos niveles y conecta el edificio de primaria con el de secundaria— e irrumpió a los gritos en el espacio donde las trabajadoras preparaban la merienda. Según relataron a los medios locales, las agresiones fueron directas y contundentes: insultos, golpes de puño y líquido caliente arrojado sobre las trabajadoras. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y rociaron a las docentes con el mate cocido que pensaban servirles a los chicos poco antes de que comenzaran a merendar.
Varias trabajadoras sufrieron quemaduras y crisis nerviosas. Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con diversas lesiones. En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas dentro del establecimiento, los agresores les exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, que no entendían el motivo del ataque. Desde la escuela advirtieron que “pudo haber ocurrido una tragedia”, y que si el ataque hubiera ocurrido minutos después, el comedor habría estado lleno de niños.
El portón del comedor quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizaban para almorzar y merendar, y se registraron otros destrozos en el establecimiento. La disputa se trasladó luego a la plaza ubicada frente al lugar del hecho, donde continuaron las peleas e insultos entre familiares. Patrulleros y ambulancias intervinieron para contener el caos.
Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes sociales. Las trabajadoras de la EP N° 29 difundieron allí su testimonio y expresaron desesperación y agotamiento frente al incremento de episodios violentos en las escuelas bonaerenses.
“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.
A raíz de este ataque, los docentes recordaron que, apenas un día antes, el jueves pasado, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno: “La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, subrayaron.
“Terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó la docente que ofició de vocera de sus colegas.
En el plano institucional, hoy lunes los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la familia agresora tuvo antecedentes. Por este motivo, desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.
La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.
El municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, gobernada por la intendente Mariel Fernández del Partido Justicialista por Unión por la Patria (UxP), aprobó una nueva ordenanza fiscal que establece una tasa municipal denominada “Aviso de Obra”, la cual grava los trabajos de mantenimiento y reparación en viviendas particulares.
La medida fue sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante del año, en el marco del tratamiento del presupuesto municipal y la reforma fiscal prevista para 2026.
Los artículos 224 y 225 de la ordenanza establecen que deberán pagar la tasa quienes realicen revoque, limpieza o pintura de fachadas principales en cualquier hogar, como cambio de revestimientos y soldaduras externas; trabajos en vereda exterior y cerco perimetral; o desmonte y/o relleno de espacios. Resulta particularmente insólito que la medida grave labores de mantenimiento ordinario —y no grandes obras constructivas—, de modo que tareas tan mundanas como pintar el frente de una vivienda o reparar una reja perimetral quedan alcanzadas por la tasa.
Los vecinos expresaron indignación, argumentando que lejos de incentivar el mejoramiento urbanístico, la tasa castiga a quienes desean vivir mejor e invertir en sus propias viviendas. Algunos incluso compararon la medida con el absurdo episodio de Los Simpsons donde el alcalde de Springfield impone impuestos ridículos.
Los empleados municipales reportaban que “hay compañeros que ya no llegan ni a mitad de mes” y demandaban paritarias y bonos extraordinarios. El municipio debe financiar servicios básicos (alumbrado público, infraestructura, seguridad) con recursos limitados.
La diputada Lilia Lemoine de La Libertad Avanza (LLA) calificó la medida como una política de “afanar” a los vecinos y comparó a Moreno con Bolivia, argumentando que Fernández estaba buscando “afear más su municipio” al desincentivar mejoras en las viviendas.
Para entender la medida es crucial conocer la situación financiera de Moreno. El municipio atraviesa una crisis fiscal aguda, caracterizada por una reducción drástica de sus ingresos propios —los recursos tributarios locales han caído en relación con la coparticipación provincial— y por una fuerte dependencia de transferencias provinciales que limita su autonomía fiscal. A esa fragilidad se añadió un ajuste en las transferencias a raíz de las políticas del gobierno nacional del presidente Javier Milei, que ha reducido los fondos hacia provincias y municipios y trasladado la presión fiscal a los gobiernos locales.
Además, la ordenanza fiscal 2026 incorpora un sistema de indexación trimestral de tasas vinculado al IPC —con una estimación aproximada del 10% para enero y del 35% al cierre del primer trimestre—, y esa cláusula de actualización automática agrava aún más la carga tributaria.
El oficialismo argumenta que esta medida simplemente “explicita lo que se cobra” —refiriéndose a derechos de construcción que existen en todos los municipios— y busca “generar exenciones para sectores de menores ingresos”.
En efecto, el derecho de construcción es un tributo tradicional en municipios argentinos, basado en la valuación de metros cuadrados de edificación. Sin embargo, existe una diferencia crucial, ya que mientras que los derechos de construcción típicamente se aplican a construcciones significativas (nuevas estructuras o ampliaciones substanciales), lo que Moreno está haciendo es cobrar tasas por mantenimiento ordinario, que históricamente estuvieron exentos.
No es la primera vez que se ven intentos de ampliar la base tributaria municipal en Buenos Aires. El municipio de Pilar aprobó recientemente una Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre compras en comercios, lo que provocó una respuesta pública del ministro de Economía Luis Caputo instando a los ciudadanos a “compren en otro lado”.
La Unión Industrial Argentina ha documentado que la ausencia de contraprestación es uno de los principales problemas de las tasas municipales —entre 2021 y 2024, la queja sobre la falta de servicios a cambio subió del 51% al 81%—.
El Tribunal Constitucional de Polonia tomó una decisión histórica, declarando inconstitucional al Partido Comunista Polaco (KPP) y ordenando su ilegalización inmediata. Esta sentencia culmina tras años de intentos legales por prohibir esta organización política, siendo el más reciente promovido por el presidente de la República de Polonia Karol Nawrocki hace apenas semanas.
“No hay cabida en el ordenamiento jurídico polaco para un partido que glorifique a criminales y regímenes comunistas responsables de la muerte de millones de seres humanos, incluidos nuestros compatriotas”, subrayó en el fallo la jueza del Tribunal Constitucional, Krystyna Pawlowicz.
La Constitución polaca contiene una disposición muy particular que muchas democracias occidentales no tienen, ya que explícitamente prohíbe la existencia de agrupaciones políticas basadas en “ideologías totalitarias afines al nazismo, el fascismo y el comunismo”. Esta cláusula constitucional establece que cualquier formación partidaria que se fundamente en métodos totalitarios o que busque un sistema de gobierno totalitario puede ser declarada ilegal.
Específicamente, la Corte citó el artículo 11, que exige que los partidos se fundan “en el principio de igualdad de los ciudadanos” y busquen influir en la política “por medios democráticos”, y el artículo 13, que prohíbe los partidos basados en ideologías totalitarias o que recurran a la violencia para obtener poder.
– Karol Tadeusz Nawrocki es un historiador y político conservador polaco, actual presidente de la República de Polonia
El Tribunal no solo examinó el programa actual del KPP (que intentó reformarse en 2015 eliminando referencias a la revolución comunista), sino que también se analizó su estatuto fundacional de 2002, sus publicaciones, declaraciones públicas y actividades a lo largo de los años. Esto fue decisivo, siendo que sin un programa explícitamente agresivo, se consideró que la propia naturaleza ideológica—su promoción del marxismo-leninismo—constituía una incompatibilidad fundamental con los valores polacos.
La decisión será remitida al tribunal de distrito de Varsovia, encargado del registro de partidos, para ejecutar la ilegalización formal, lo que implicará la cancelación del registro legal del KPP, la prohibición de su participación electoral y la terminación de su financiamiento público.
El KPP cuenta con unos mil afiliados, ningún representante electo, escasa presencia en medios de comunicación y resultados electorales insignificantes. De hecho, ni los propios dirigentes del KPP consideraban necesaria su prohibición. Su presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Beata Karoń, argumentó que su programa “es tan poco atractivo” que simplemente no conseguirían apoyo en las elecciones, por lo que legalizarlo o prohibirlo resultaba igualmente irrelevante.
La razón por la cual el Estado invierte recursos en una medida dirigida a un partido ya débil y marginal remite al complejo panorama judicial que atraviesa Polonia en la actualidad. El Tribunal Constitucional está envuelto en una seria disputa sobre su propia legitimidad. El gobierno actual, liderado por el primer ministro Donald Tusk, no reconoce varios fallos del tribunal porque cuestiona que los jueces que los emiten fueron nombrados de manera irregular durante la anterior administración del partido Ley y Justicia (PiS).
Irónicamente, entre los jueces que emitieron este fallo está Stanisław Piotrowicz, un exdiputado del PiS que fue fiscal durante la época comunista, incluso durante la ley marcial de los años 80 bajo el general Wojciech Jaruzelski.
El mandatario Nawrocki, quien ganó las elecciones presidenciales de junio de 2025, es del PiS y reactivó personalmente el caso contra el KPP el 6 de noviembre de 2025, enfatizando que sus objetivos son “contrarios al orden legal de Polonia” y que “la ideología comunista atenta contra los valores fundamentales y las tradiciones de la civilización europea y cristiana”. Esta iniciativa formaría parte de la confrontación política más amplia entre el presidente (del PiS) y la gestión de Tusk.
Del Pacto Molotov-Ribbentrop a la Carta Magna
Para entender por qué Polonia tiene una legislación marcadamente anti-comunista, es fundamental comprender su traumática historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Polonia en 1939 bajo el Pacto Molotov-Ribbentrop y sometió a millones de polacos a represión masiva, colectivizaciones forzosas y deportaciones a campos de trabajo en Siberia. Se estima que aproximadamente 1.200.000 polacos fueron deportados entre 1939 y 1941, acusados de ser “enemigos del pueblo”.
Después de 1945, Polonia se convirtió en un estado satélite soviético, sufriendo 44 años de ocupación política y represión bajo regímenes comunistas impuestos por Moscú. A lo largo de este período, los polacos experimentaron décadas de falta de libertades democráticas, políticas y supresión de su identidad nacional. Esta memoria colectiva es profunda y sigue marcando la política contemporánea polaca.
Cuando el bloque comunismo se derrumbó en 1989 con la caída del Muro de Berlín, Polonia adoptó un régimen democrático en su Carta Magna, pero incluyó salvaguardas explícitas contra el regreso de estas ideologíasque consideraban existencialmente amenazantes.
No obstante, Polonia no sería la única en prohibir partidos comunistas. Alemania, por ejemplo, prohibió el Partido Comunista en 1956 (aunque posteriormente fundó otro partido comunista legal en 1968, el DKP). Ucrania prohibió su Partido Comunista en 2015 como parte de sus leyes de “descomunización” tras el conflicto con Rusia. República Checa y Hungría también han tenido legislación restrictiva respecto a símbolos comunistas.
Sin embargo, estas prohibiciones son profundamente controvertidas. Amnistía Internacional cuestionó severamente la prohibición ucraniana de 2015, considerándola “una violación flagrante de la libertad de expresión y asociación” que “sienta un precedente muy peligroso”. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha cuestionado la validez constitucional de tales restricciones en democracias modernas estables, argumentando que carecen de “necesidad social clara, apremiante y específica”.
Lydia Mugambe Ssali, magistrada del Tribunal Superior de Uganda y jueza del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU (IRMCT), fue condenada en el Reino Unido a seis años y cuatro meses de prisión por delitos relacionados con mantener en condiciones de “esclavitud” a una empleada doméstica.
Según el veredicto, mientras cursaba un doctorado en la Universidad de Oxford, Mugambe introdujo en el Reino Unido a una joven compatriota con promesas falsas y la mantuvo trabajando en condiciones de servidumbre sin ningún tipo de remuneración. Además, el tribunal determinó que la acusada participó en una conspiración para silenciar a la víctima usando sus influencias luego de conocerse el hecho.
Antes de su arresto, Mugambe tenía un currículum impresionante que parecía hacerla emblema de justicia e integridad. Era licenciada en Derecho por la Universidad Makerere en Uganda, tenía un máster de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, y fue magistrada de alto rango en Uganda entre 2000 y 2005. Trabajó durante años en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, un organismo de las Naciones Unidas que enjuiciaba crímenes de lesa humanidad, incluyendo genocidio. Fue jueza del Tribunal Superior de Uganda desde 2013 hasta 2020, e incluso sirvió como Inspectora General del Gobierno entre 2020 y 2022.
Su fallo más célebre fue en 2017, cuando condenó al Hospital Nacional Mulago por la negligencia en la desaparición de un bebé recién nacido. Este fallo fue aclamado internacionalmente como un hito en la protección de sectores vulnerables, y la sentencia de 85 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 24.000 dólares) fue considerada revolucionaria. También fue académica del Instituto de Derechos Humanos de Columbia University y miembro del Centro de Derechos Humanos de Oxford. En mayo de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas la nombró jueza del Mecanismo Residual Internacional para los Tribunales Penales, el organismo que mantiene las funciones de los tribunales para crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Sin embargo, mientras mantenía esta impecable fachada profesional, Mugambe ejecutaba un plan deliberado y sofisticado para traficar y esclavizar a una joven ugandesa. El esquema funcionó con la colaboración de John Leonard Mugerwa, exvicecomisionado ugandés en el Reino Unido, que tenía estatus de inmunidad diplomática. Mugerwa emitió un certificado de patrocinio falsificado que presentaba a la víctima como empleada doméstica privada en su residencia oficial londinense, con un falso salario prometido de 1.200 libras mensuales. Este fue un esquema sistematizado, ya que tanto Mugambe y Mugerwa sabían que la mujer trabajaría en condiciones de servidumbre, aprovechando un sistema de visas para trabajadores domésticos que es notoriamente vulnerable al abuso.
Una vez que la víctima llegó al Aeropuerto de Heathrow, Mugambe la recogió personalmente. Lo que vino después fue una pesadilla; le confiscó el pasaporte y el teléfono, la aisló completamente y la obligó a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche cada día, haciendo labores domésticas y cuidando a los hijos de Mugambe. La joven no recibió ningún salario. Mugambe también le impedía que consiguiera un empleo remunerado estable, manteniendo su dependencia total.
La víctima vivió en lo que describió como “miedo casi constante”. La joven sabía que Mugambe era una figura de gran poder en Uganda, lo que creaba una asimetría de poder casi absoluta. Durante la investigación inicial de la policía, Mugambe llegó incluso a amenazar a la víctima con quemar sus documentos y reportarla como inmigrante ilegal, intensificando su control psicológico.
Lo más inquietante es que hoy, tras la condena de Mugambe, la víctima no se atreve a regresar a Uganda por temor a represalias. En su declaración escrita al tribunal, expresó su terror de que nunca más verá a su madre debido a la influencia que Mugambe aún mantiene en su país.
El tribunal concluyó que esos actos no fueron incidentes aislados sino la materialización de delitos tipificados bajo la ley de esclavitud moderna. Entre ellos, facilitar el viaje con intención de explotación, provocar una vulneración de las normas migratorias, obligar a un individuo a realizar trabajo forzado y conspirar para intimidar a testigos. La sentencia impuesta sentenció cómo la acusada “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima y de su propia condición social.”
Lo que probablemente más impactó fue que Mugambe nunca mostró ningún remordimiento durante el proceso. El juez David Foxton, al sentenciar, destacó su profunda tristeza al reconocer los logros profesionales de Mugambe, pero subrayando que ella “se aprovechó de su estatus de la manera más agraviante”. Además, Mugambe intentó culpabilizar a la víctima por lo sucedido e incluso cuando fue arrestada por oficiales del Valle del Támesis en febrero de 2023, Mugambe fue grabada diciendo: “Soy jueza en mi país, tengo incluso inmunidad. No soy una criminal”. Las Naciones Unidas posteriormente revocaron su inmunidad diplomática para permitir que los procedimientos legales avanzaran.
El 2 de mayo de 2025 se pronunció la sentencia final y el pago de más de £12.000 en compensación a la víctima. El Mecanismo Residual de los Tribunales Penales de la ONU suspendió su participación y, posteriormente, retiró formalmente su designación. Por su parte, Mugerwa, fue objeto de investigación, pero el gobierno de Uganda se negó a renunciar a su inmunidad diplomática, lo que impidió que fuese procesado en el Reino Unido.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix habría arrojado un dato contundente, siendo que el 67.5% de los argentinos se pronuncia a favor de que la cuota sindical pase a ser voluntaria, y si se suman quienes se ubican en una posición neutral el consenso social escala al 82,2%. Apenas el 17,8% defiende mantener la obligatoriedad vigente.
Para entender la polémica hay que distinguir dos conceptos que a menudo se confunden y que forman el corazón de la llamada “caja” sindical. La cuota de afiliación es el aporte que paga quien decide asociarse al sindicato para acceder a sus beneficios (por ejemplo campings, turismo, actividades recreativas y asesoría legal), es voluntaria y, por eso, rara vez genera controversia. En cambio la cuota solidaria —el epicentro del conflicto— es un descuento que el sindicato aplica a todos los trabajadores del rubro, aunque no estén afiliados, y suele rondar entre el 1% y el 3% del salario.
Los gremios la justifican argumentando que sus negociaciones paritarias benefician a la totalidad de los empleados, por lo que corresponde que todos contribuyan al financiamiento de esa representación; sus críticos replican que obligar a no afiliados a pagar vulnera la libertad de asociación y redistribuye recursos sin consentimiento individual.
La encuesta revela que la mayoría de la gente siente que este “aporte solidario” funciona en la práctica como un impuesto al trabajo o un “peaje” obligatorio, donde el trabajador ve reducido su salario para financiar una estructura de la que no eligió ser parte y que, según la percepción del 63%, no lo representa.
Tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden de manera clara en que los aportes sindicales deben ser voluntarios. Esta convergencia es extraordinaria en un clima político altamente polarizado, donde casi no existen consensos.
Lo particularmente significativo es que incluso entre votantes peronistas, la base sociológica histórica del sindicalismo, la percepción negativa alcanza el 30,2%. Este dato evidencia que la erosión de legitimidad gremial ha llegado hasta sus propios votantes tradicionales.
Existiría una visión extendida de que los sindicatos operan como estructuras burocráticas encapsuladas desde hace décadas, donde las dirigencias se han renovado muy poco y parecen desconectadas de los problemas reales de los trabajadores.
En algunos casos, como el del sindicato de Camioneros, el aporte solidario equivale al 3% del salario más un 4% adicional sobre el básico, lo que genera ingresos anuales de aproximadamente 206.500 millones de pesos para el gremio. En el sector de transporte pesado, estos descuentos pueden alcanzar más de 800.000 pesos anuales por trabajador.
El rechazo se inscribe en una demanda más general de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El 55% de los encuestados apoya que se actualicen o reemplacen las normas laborales vigentes. Esto sugiere que la población percibe el marco legal laboral como rígido, desactualizado y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas.
El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó en 2025 una serie de cambios que impactan de lleno en el sistema sindical. En marzo se publicó el Decreto 149/2025, que impide que los convenios colectivos establezcan aportes obligatorios destinados a cámaras empresariales o asociaciones sindicales cuando se trate de empleadores o trabajadores no afiliados. Aunque la norma apuntó primero a los aportes patronales, el oficialismo dejó claro que su intención es extender esa misma lógica al financiamiento de los gremios.
A esto se suma la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo planea debatir en las sesiones extraordinarias, un paquete más amplio que contempla la flexibilización de convenios —dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los de rama—, nuevas regulaciones sobre jornadas y bancos de horas, y modificaciones que, según advierten las centrales sindicales, podrían traducirse en la eliminación o una fuerte restricción de las cuotas solidarias.
La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.
Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismologró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.
El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.
Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal. Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.
Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.
Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es unórgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.
La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título “sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.
Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó unadenuncia judicialpara declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
