Rogelio Frigerio viajará a EE.UU. en busca de inversionistas para el nuevo bono de Entre Ríos
El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.
Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.
El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.
Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente:“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.
El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.
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El jueves de la semana pasada, la Policía del Chubut secuestró ochoteléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas durante una requisa en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concentró en el pabellón N°9 del establecimiento, donde los efectivos hallaron los elementos ocultos en distintas celdas.
El operativo se inscribió en el plan de controles permanentes impulsado por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de las unidades de detención. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la requisa apuntó a desarticular maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales, en particular estafas, amenazas y extorsiones cometidas a través del uso ilegal de dispositivos móviles.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura del Chubut aprobara por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los presos en los establecimientos penitenciarios provinciales.
La normativa quedó alineada con la legislación nacional vigente. Las autoridades de la provincia explicaron que el objetivo central de la ley pasa por proteger la seguridad pública, fortalecer los mecanismos de control en las cárceles y garantizar un régimen de comunicaciones supervisadas que respete los derechos humanos de los internos.
SE TERMINÓ LA JODA EN LAS CÁRCELESMientras algunos defendían privilegios para los presos, nosotros avanzamos con una ley para sacarles los celulares y cortar de raíz las estafas, amenazas y extorsiones que se coordinaban desde adentro de las cárceles.Ayer, en una requisa en… pic.twitter.com/2Hw67TZXQT
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut precisaron que los procedimientos de requisa continuarán de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia.
El kilo de merluza perforó los mil pesos más IVA en muelle, ante la reducción de la oferta. Para quien no conoce el sector, ese número puede parecer una referencia de mercado más. Para quienes capturan, procesan y exportan pescado fresco desde Mar del Plata, es la constatación de un doble punto de quebranto: al barco no le alcanza para cubrir los gastos de un viaje, y a la planta le resulta imposible siquiera llegar al costo de producción.
Ese es el diagnóstico que la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR ALFA) plasmó en un contundente informe técnico que recorre, uno por uno, los frentes abiertos que tiene el sector. La estructura de costos de la flota pesquera argentina está sobredimensionada por una acumulación de impuestos y tasas que la convierten en una carga excesiva e insostenible.
Contribuciones patronales y ART, el Derecho Único de Extracción, los cánones que corresponden a la Subsecretaría de Pesca (se incluye las Cuotas Individuales Transferibles de Captura, los Certificados de Captura Legal y los inspectores de pesca a bordo) los aranceles de SENASA, los Consorcios Portuarios Regionales, la Prefectura Naval Argentina, la Aduana y, como telón de fondo permanente, los derechos de exportación en concepto de retenciones.
Una lista que, leída de corrido, resulta casi kafkiana para un sector que genera divisas genuinas y opera en mercados internacionales donde no tiene ningún poder para fijar precios.
Los expertos del sector ubican, en ese punto, el nudo del problema. Nuestro país no es formador de precios en el mercado pesquero global: los valores los dicta el mercado internacional, y punto. Eso significa que la única palanca real para mejorar la competitividad es reducir los costos operativos y de producción.
La lógica tributaria vigente opera, sin embargo, en sentido exactamente contrario: cada impuesto, cada tasa, cada canon que se agrega a la cadena erosiona un margen que ya de por sí no alcanza. “No pedimos subsidios sino que se eliminen impuestos que asfixian a un sector que no los puede exportar”, sintetizó la cámara en su informe. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en otros rubros de la economía, el sector pesquero no puede trasladar esa presión fiscal al precio final, porque ese precio lo pone el comprador europeo o asiático, no el exportador nacional.
El margen que debería traducirse en ganancia se convierte en mera subsistencia. Las consecuencias concretas de la presión fiscal ya son visibles. Eso se traduce en menores inversiones tecnológicas y, en una mirada que abarca el tiempo, en la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrado, tanto para tripulantes como para personal en tierra.
Aunque ocupen un lugar central en el reclamo, el informe de CAPEAR ALFA elaboró una radiografía que va mucho más allá de las retenciones.
El impuesto a las ganancias, por ejemplo, no solo afecta los márgenes de las empresas sino que impacta directamente en la remuneración de las tripulaciones, un sector sometido a ciclos de alta volatilidad en el que los ingresos variables por marea y los premios a la producción son parte esencial de la ecuación salarial. Cuando esos ingresos quedan atrapados en lo que el propio documento llama una “doble pinza” (ganancias + contribuciones elevadas), el resultado es un sistema que desalienta la productividad y complica las paritarias.
Precisamente en ese terreno, la cámara reconoció una dificultad estructural: “Conformar a los sindicatos en paritarias por inflación en pesos es imposible. Aumentar en pesos equivale a aumentar en dólares, lo que profundiza el desequilibrio.” En la flota fresquera, las paritarias todavía no se cerraron al momento del informe, con las partes convocadas a una audiencia y la flota retenida por una asamblea de los oficiales de máquinas. En los frigoríficos que exportan la producción, la situación es idéntica con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, que sigue negociando bajo los mismos parámetros.
A este escenario se sumó el impacto del precio del barril de petróleo, que golpeó a toda la cadena sin distinción. El combustible y los lubricantes para la flota, el transporte, los cajones, las bachas y las cunitas en las plantas, los paños de red, los cabos y los sunchos. Ningún insumo crítico de la industria escapó al efecto multiplicador del crudo: “Cada variación en el precio internacional del petróleo repercute en toda la cadena productiva, multiplicando los costos y erosionando la rentabilidad” subrayó el documento.
A eso se añadió la demora en la zarpada que el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (nuclea a los oficiales de máquinas de los buques) aplica desde hace cinco días y el proyecto gubernamental de permitir la transferencia de cuota de captura fresquera a la flota congeladora, lo que amenaza con profundizar aún más la presión sobre un segmento ya al límite.
Tampoco ayudaron los plazos que el Estado demora en devolver el IVA a las empresas exportadoras. Según el informe, esos plazos superaron los seis meses, un período que ahoga financieramente a compañías que no pueden sostener operaciones mientras esperan que el fisco les devuelva lo que por derecho les corresponde. La cámara también reclamó la eliminación del IVA al combustible como medida de alivio inmediata.
Pero la presión fiscal no es el único ancla que carga el sector. Citado relevamiento dedicó un capítulo entero a la maraña regulatoria que lo enreda. La normativa REFOCAPEMM (Decreto 572/94) junto con la norma N° 1-2024 (publicada en la Ordenanza N° 3-09 del DPSN Tomo 5) exige dotaciones a bordo que ya no se corresponden con los avances tecnológicos en la construcción de buques modernos, que permiten operar con tripulaciones más reducidas sin afectar ni la seguridad ni el rendimiento.
Prefectura Naval Argentina, lejos de adaptarse a esa realidad, advierten voces autorizadas, intensificó sus requerimientos de personal embarcado y negó las excepciones operativas incluso en casos de buques de baja potencia o tonelaje. El resultado es una contradicción que el propio documento califica de incoherente ya que se termina promoviendo la incorporación de tecnología sin ajustar las normativas, lo que genera una doble carga operativa y financiera para el armador.
A eso se suman las ART. Los valores actuales son elevados en función del riesgo real: no tienen correlato con la siniestralidad efectiva ni contemplan una prevención financiada, y engloban en una única nómina a todo el personal de las empresas sin considerar las particularidades de cada función. Como si fuera poco, organismos como la PNA, SENASA, FONAPE y los distintos Consorcios Regionales Portuarios se convirtieron en múltiples ventanillas que multiplican las demoras y la carga administrativa diaria, con funciones que muchas veces se superponen y costos de cumplimiento que se acumulan sin generar valor.
Frente a este diagnóstico, CAPEAR ALFA presentó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso un conjunto de propuestas concretas. En materia tributaria, la cámara pidió la exención o tasa cero de los derechos de exportación para los productos pesqueros, la suspensión y revisión de las retenciones del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de las tripulaciones, la reducción transitoria de las contribuciones patronales para sostener el empleo formal, y la implementación de un crédito fiscal acelerado para inversiones en seguridad, electrónica y eficiencia energética. Se insistió también en la liberación de la importación de insumos y maquinarias, y en la posibilidad de contratar seguros internacionales con un esquema de ART competitivos.
En el plano regulatorio, la propuesta central es la creación de una Ventanilla Única Pesquera que integre a la PNA, SENASA, FONAPE y los Consorcios Regionales Portuarios en una plataforma digital unificada, con un arancel único consolidado, un calendario previsible y trazabilidad documental. A eso se suma la consolidación de inspecciones y la unificación de los certificados por marea o campaña, con el objetivo de reducir la duplicidad de controles.
La cámara propuso además un calendario regulatorio anual que publique aranceles y requisitos con doce meses de anticipación y una cláusula de estabilidad, junto con la implementación de un expediente digital compartido que evite a los armadores la duplicidad de trámites. En cuanto a las dotaciones, reclamó una revisión urgente de la normativa REFOCAPEMM para adecuarla a las capacidades tecnológicas actuales de los buques.
La entidad pesquera proyectó el impacto esperado de estas medidas si llegaran a implementarse. En un plazo de doce meses podrían lograrse aumentos de entre el 10% y el 15% en la estabilidad de las dotaciones y la formalización de tripulantes. La reducción de imposiciones permitiría recuperar entre cinco y ocho puntos de margen, mejorando la oferta argentina en los mercados internacionales. En dieciocho meses, el sector podría incrementar un 20% su inversión en capital y reducir un 15% la siniestralidad reportada. Por su parte, la implementación de la ventanilla única y el expediente digital podría recortar un 40% los plazos burocráticos y un 30% los costos administrativos.
La cámara propuso que todos estos indicadores sean auditados trimestralmente y reportados a las autoridades competentes, con trazabilidad pública.
En ese marco el sector solicitó integrar una mesa de trabajo con la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Pesca y los diversos organismos técnicos involucrados. La cámara encuadró su pedido dentro del contexto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional, basada en el DNU 70/2023 y en los textos derivados del Pacto de Mayo.
La conclusión del documento no deja margen para la ambigüedad. Tanto la flota como las plantas de procesamiento en tierra no son inviables por naturaleza. Son inviables por exceso de impuestos, regulaciones y costos artificiales que distorsionan la actividad. “Si queremos que la pesca argentina sea un motor de divisas, debemos quitarle el peso muerto del Estado. No pedimos que nos den, pedimos que nos dejen producir”.
Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
Antes del finde largo, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales, popularmente conocida como “Ley Antimafia”, y confirmó la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.
La decisión del ejecutivo se produjo luego del megaoperativo realizado durante la madrugada del pasado viernes en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril, cuyas víctimas fueron Rodrigo Nieves y AgustinaAsencio, una trabajadora del natatorio municipal que, según medios locales, había conocido a Nieves apenas diez días antes y era ajena al conflicto investigado.
El procedimiento incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad. Según la información oficial, la Policía del Chubut logró detener a tres sospechosos, entre ellos dos presuntos coautores vinculados directamente al doble homicidio. Además, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos armas de fuego, municiones y el vehículo presuntamente utilizado durante el ataque.
Torres destacó el trabajo de la fuerza policial y afirmó: “la semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses”. Luego agregó: “hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”.
El mandatario también confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia. El sospechoso permaneció prófugo desde sucedido el hecho.
De acuerdo con la información difundida, la investigación avanzó a partir de una labor de inteligencia realizada por la División Policial de Investigaciones (DPI), que permitió identificar a los presuntos coautores del doble crimen y localizar el vehículo usado en el ataque. Luego, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos y las detenciones correspondientes.
En ese contexto, Torres sostuvo que las nuevas herramientas apuntaron a fortalecer la capacidad del Estado provincial frente a organizaciones delictivas y evitar que los detenidos recuperen rápidamente la libertad. “No alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”.
La adhesión a la Ley Antimafia fue presentada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir organizaciones criminales complejas, endurecer penas, ampliar herramientas de investigación y abordar estructuras delictivas de manera integral.
Desde el Gobierno de Chubut señalaron que la iniciativa buscó otorgar mayores facultades a fiscales y fuerzas de seguridad frente a bandas vinculadas al narcotráfico, homicidios, extorsiones y otros delitos organizados.
“Son herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”. Torres remarcó además que la adhesión permitió avanzar en una mayor coordinación entre la Justicia federal y provincial, especialmente en causas con conexiones entre el narcomenudeo y hechos de violencia extrema.
La Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, creada por decreto, tuvo como objetivo coordinar acciones para que la Justicia provincial interviniera de manera más directa en delitos vinculados a la venta minorista de drogas. Según el Ejecutivo la medida buscó “descomprimir el sistema federal” y “agilizar investigaciones” relacionadas con el narcotráfico urbano.
Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la desfederalización permitió acelerar allanamientos, investigaciones y procesos judiciales vinculados con kioscos de droga y estructuras barriales asociadas al delito organizado, una problemática que en los últimos años mostró un fuerte crecimiento en distintas ciudades de la provincia patagónica.
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
Se trata de Luna Suyai Ortigoza. Fue designada en el cargo por el intendente K, Lucas Ghi en junio de 2025. El caso se suma a un fallo del Tribunal de Cuentas que detectó irregularidades millonarias en la administración municipal.
El organismo internacional reclama una reforma profunda que le dé autonomía al instituto y proyecta una inflación del 25% para 2026, muy lejos del 10,1% previsto por el Gobierno en el Presupuesto.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura sancionara la ley impulsada por Ignacio Torres que prohíbe los dispositivos móviles en los penales provinciales.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
