09 junio, 2025

La oscura MAFIA de UPCN y la Clínica Anchorena

La familia Grime fue golpeada dos veces, primero por la mala praxis de la enfermera y luego por la Justicia que defiende a UPCN
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El 11 de mayo de 2009, Deborah Kahan se acercó al Sanatorio Anchorena para llevar a la guardia pediátrica a Rocco, que entonces tenía un mes y 28 días, para que le realizarán un control por un brote dérmico. Nada grave. Hasta que una enfermera tomó al recién nacido para extraerle sangre y, sin querer, golpeó su cabeza contra uno de los bordes de un negatoscopio. Esto le produjo a Rocco, un niño sano fuera trasladado a terapia intensiva “con pronóstico reservado”; le practicaron tomografías computadas dónde se observó que sufrió una contusión cerebral (hematoma producto de un trauma, exactamente del golpe que la enfermera le dio en su cabeza). Eso le dejó secuelas severas e irreversibles y permanentes por mala praxis médica. En la tomografía realizada para evaluar el golpe se informa “traumatismo cráneo encefálico con contusión cerebral del lóbulo temporal izquierdo y edema a nivel frontal palpebral derecho”.

Hace casi dos años el juez Luis Sáez condenó a la enfermera que lo golpeó y dictó sentencia contra el sanatorio perteneciente al sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la medida quedó en suspenso luego de que los abogados de UPCN apelarán la resolución, afirmando (SIN PRUEBAS) que el padecimiento de Rocco no obedece a la mala praxis, sino a un problema genético.

Motivo por el cual el año pasado, la familia de Rocco presentó de manera espontánea un estudio genético que demostró que el planteo de la obra social era errado. Y esto fue avalado recientemente por el Cuerpo Médico Forense, que dictaminó que la discapacidad de Rocco no es más que la consecuencia directa de aquel golpe que recibió el 11 de mayo de 2009 en la guardia pediátrica del Sanatorio Anchorena.

El fallo fue apelado y la Sala M de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, integrada por Gabriela Iturbide y María Isabel Benavente, dio lugar al requerimiento y dejó en “stand by” la sentencia hasta tanto resuelva el recurso presentado por la obra social. La madre detalló que apelaron a un recurso que se denomina “medida de mejor proveer” que les dio la posibilidad de ofrecer una nueva prueba.

Para ellos es una cuestión económica pero para Rocco es una reparación necesaria y absoluta. La historia de Rocco Grime conmueve por las graves consecuencias de un pequeño accidente para la vida de un niño pero también por la actitud de la parte más poderosa del conflicto, que niega cualquier admisión de culpa y colaboración con la víctima y pone particular empeño en entorpecer el proceso.

-Especial para Data24.com.ar-


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CONIN al borde del colapso | “Necesito ayuda, ya no puedo pagar los sueldos del personal” declaró el Dr. Abel Albino

La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), presidida por el Dr. Abel Albino, se encuentra en una situación crítica. En un llamado directo a la ciudadanía, pidió ayuda económica mensual para sostener los programas de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil que funcionan desde hace más de tres décadas en todo el país. “¿Nos pueden donar lo que vale medio tanque de nafta por mes? ¿Nos pueden donar lo que vale una caja de leche de un kilo por mes?”, preguntó el médico con desesperación.

La situación, sin embargo, ha tomado también una dimensión política. Desde AMProS, el gremio que agrupa a profesionales de la salud en Mendoza, su secretaria general Claudia Iturbe fue contundente: “No podemos permitir que una institución que salva vidas se cierre”. El sindicato pidió que el Gobierno provincial intervenga de inmediato, dada la gravedad del desfinanciamiento y el impacto directo en la atención de más de 400 niños que reciben contención y tratamientos en CONIN Mendoza.

El centro especializado ha logrado recuperar a más de 45.500 niños en sus distintos centros a lo largo del país. Sin embargo, el aumento de costos, la inflación y la falta de financiamiento público han obligado al cierre de servicios esenciales como odontología, psicopedagogía y fonoaudiología. “No puedo pagar los sueldos del personal altamente calificado. Hemos tenido que cerrar servicios”, denunció el Dr. Albino.

El hospital de CONIN en Mendoza es el único de su tipo en Argentina y recibe niños con desnutrición grave de todas las provincias. Según su fundador, la mortalidad estimada en estos casos supera el 28%, pero en 23 años de funcionamiento solo han tenido un fallecimiento. Un logro que ahora está en peligro.

Desde AMProS insisten en que no se puede dejar caer una red sanitaria que cumple una función que el Estado no está garantizando. Por eso, además del pedido solidario a la comunidad, ahora también hay una exigencia clara al Gobierno: que se involucre para sostener una institución fundamental.

Para colaborar con CONIN, se puede ingresar al sitio web de la fundación https://conin.org.ar/ o comunicarse al +54 261 3346021 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs).

Más detalles sobre el reclamo gremial pueden leerse en: AMProS No al cierre de CONIN: https://www.ampros.org.ar/A5411_no-al-cierre-de-conin-necesitamos-que-el-gobierno-provincial-se-involucre-dijo-claudia-iturbe


¡AYUDEMOS A CONIN!

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Un sindicalista K dirigía una banda narco que lavó $1.200 millones

El juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, procesó a Juan Carlos Insúa, de 55 años, por encabezar una organización que lavó unos $1.200 millones al traficar cocaína desde Buenos Aires hacia San Luis.

Insúa, secretario adjunto del Sindicato Obrero de Frigoríficos y Empleados de la Carne y Afines (SOFECA) y dirigente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Agrarios (FETARA), cayó preso el 19 de junio de 2024 en La Punilla con poco más de un kilo de droga. Desde esa detención, la Fiscalía Federal local, la PROCUNAR y Gendarmería desmantelaron su red tras 27 allanamientos en Escobar, Merlo y Villa Mercedes que derivaron en 13 nuevos arrestos.

Los investigadores judiciales acreditaron que Insúa compró cinco kilos semanales a un proveedor peruano, los trasladó por la Ruta 7 y los ocultó en el “Camping FETARA”, un predio alquilado como delegado gremial. Allí entregó la cocaína a su mayor comprador, Diego “El Gaucho” Funes, quien la redistribuyó en toda la provincia. 

El flujo le reportó $35 millones por semana —$140 millones al mes— y un acumulado de $840 millones en seis meses; el resto hasta los $1.200 millones provino del lavado mediante vehículos, inmuebles y una concesionaria familiar.

– Juan Carlos Insúa en un viaje a Miami. Los videos surgieron de la investigación que lo tiene preso (El Chorrillero)

La clave para disfrazar el movimiento fue su rol sindical. El 31 de enero de 2023, SOFECA creó la Delegación San Luis y nombró a Insúa “delegado reorganizador”; FETARA lo replicó como “delegado normalizador”. En ese papel, el cabecilla alquiló campos y usó la palabra “novillos” para referirse a la droga. El efectivo viajaba en sobres rotulados “sueldo” y se blanqueaba en la compra–venta de autos.

El engranaje financiero contó con su pareja, Sandra Cnochaert, señalada como testaferro y filmada en Miami a bordo de un yate, y con su hijo, Juan Cruz Insúa, alias “Juancho”, quien manejó una concesionaria en Escobar: recolectó dinero, adquirió bienes y proveyó vehículos para la operatoria.

Las escuchas revelaron la ambición del grupo. En tres o cuatro meses estamos en otra galaxia, amigo, prometió Insúa a su socio Héctor Raúl Ramayo. Esto es como una empresa, estamos construyendo nuestro imperio, añadió antes de plantear la expansión a Córdoba, Mendoza y España. En otro audio fijó el precio mayorista: “7 lucas el g”.

La caída llegó cuando la policía interceptó a la revendedora Natalia Amar, quien coordinaba un nuevo envío: “Raúl viajó a Buenos Aires, preparó todo”. Dos días después, el 19 de junio de 2024, la División Lucha contra el Narcotráfico detuvo a Insúa y Amar con un ladrillo de cocaína. Esa prueba impulsó la causa hasta el reciente operativo que desbarató la estructura. 

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Peretta denunció deshumanización en farmacias tras auxiliar a una jubilada descompuesta

Marcelo Peretta, candidato a legislador porteño por el espacio Remedios para CABA, protagonizó este fin de semana una escena que expuso la tensión entre la lógica comercial y la función sanitaria de las farmacias en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras repartía sus propuestas sobre la tradicional avenida Rivadavia, en la intersección con Acoyte, detectó a una mujer mayor visiblemente mareada que solicitaba con urgencia acceder al baño de una farmacia.

Según testigos, Peretta tomó de la mano a la señora e ingresó al local para pedir que le permitieran pasar al toilette. Sin embargo, los empleados siguieron atendiendo al público sin atender el pedido. Cuando finalmente apareció el encargado, intentó negarle el acceso alegando que la clienta “no tenía autorización”.

Frente a la negativa, el farmacéutico elevó el tono y recordó al responsable que, al tratarse de un centro de salud regulado por la cartera sanitaria, la farmacia tenía la obligación de asistirla. Tras unos instantes de tensión, la empleada accedió “de mala gana” y la jubilada pudo utilizar el sanitario.

Peretta permaneció en la puerta hasta que la mujer salió, visiblemente repuesta y agradecida. Entre los teléfonos celulares que registraban la escena, el dirigente afirmó que “algunas farmacias solo piensan en lo comercial, olvidando la esencia sanitaria que tienen y la obligación de brindar atención farmacéutica, no solo vender remedios”.

Vecinos que se habían acercado la acompañaron unas cuadras para asegurarse de que se encontrara bien.

Redacción

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La Justicia de Misiones habilitó el voto de fuerzas de seguridad en las elecciones provinciales

El Superior Tribunal de Justicia provincial habilitó a miembros de las fuerzas de seguridad y defensa, cuyo número representa el 1,6% del padrón electoral, a votar en las elecciones legislativas del próximo 8 de junio. La medida revoca una disposición previa del Tribunal Electoral que, amparándose en el artículo 48 inciso 10 de la Constitución Provincial, había excluido a estos efectivos del padrón electoral .

La exclusión inicial generó controversia, ya que el mencionado artículo establece que “no podrán votar los soldados pertenecientes a las fuerzas armadas ni los agentes de las de seguridad nacionales y provinciales”. Sin embargo, el procurador provincial, Carlos Jorge Giménez, a solicitud del gobernador Hugo Passalacqua, emitió un dictamen en el que señaló que dicha prohibición contraviene la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan el derecho al sufragio.

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La presidenta del STJ, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a los ministros de la Corte, respaldó la incorporación de los efectivos al padrón electoral, bajo el argumento de que la restricción era “desproporcionada” y violaba principios constitucionales fundamentales .

Desde La Libertad Avanza, su candidato Diego Hartfield celebró la decisión, destacó el trabajo realizado por su equipo al presentar un amparo contra la exclusión: “Van a poder votar todas las fuerzas de seguridad. Gracias al tremendo laburo que hicimos desde LLA”, expresó en sus redes sociales .

Con la inclusión de los efectivos de seguridad en el padrón, se espera una participación más amplia en los comicios del 8 de junio, donde se renovarán 20 bancas de la Legislatura unicameral y se elegirán representantes en concejos deliberantes de 11 localidades.

El Tribunal Electoral de Misiones deberá ahora ajustar los padrones y garantizar la logística necesaria para que los nuevos votantes puedan ejercer su derecho sin inconvenientes. Se prevé una capacitación adicional para las autoridades de mesa y una coordinación estrecha con las fuerzas de seguridad para asegurar un proceso electoral transparente y ordenado.

Redacción

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Denunciaron por violencia de género y acoso laboral a un jefe regional de IOMA

La diputada provincial Natalia Dziakowski denunció que empleadas de las delegaciones del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) en General Lavalle y Dolores sufrieron violencia de género, acoso laboral y traslados arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Manuel Casanova. Las afectadas presentaron recursos de amparo y denuncias administrativas, pero no obtuvieron contestación del organismo que conduce Homero Giles ni del Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak.

“Las trabajadoras de IOMA en General Lavalle y Dolores han denunciado acoso laboral, violencia de género y desplazamientos arbitrarios por parte del jefe regional, Víctor Casanova”, remarcó Dziakowski. La legisladora exigió que el gobernador Axel Kicillof intervenga de inmediato: “Exigimos medidas urgentes para proteger a las trabajadoras y sancionar a los responsables. La violencia institucional no puede ser tolerada”.

Referentes de la delegación señalaron que desde la apertura de ambas sedes, en 2001, no se registraron episodios semejantes hasta la designación de Casanova. En poco más de un año se acumularon al menos tres denuncias formales por acoso, hostigamiento, amenazas y violencia de género, lo que despertó alarma dentro del organismo. “Es preocupante que estas situaciones se repitan en varias regiones, evidenciando una red de abusos y complicidades institucionales”, advirtió la diputada.

Casanova, además de su cargo en el IOMA, es concejal de Unión por la Patria en Dolores, militante de La Cámpora y mantiene vínculos políticos con el intendente Juan Pablo García. Llegó a la jefatura regional tras ser removido de la oficina local de la ANSES y afirmó haber trabajado en el área de Minoridad provincial. Amparado en la Ley 10.430, conserva la reserva de su puesto en la administración pública.

– El polémico Víctor Casanova y el intendente Juan Pablo García

Mientras tanto, la crisis del IOMA sumó cuestionamientos legislativos. El senador PRO Marcelo Leguizamón pidió explicaciones sobre la atención en salud mental; su par Ariel Bordaisco impulsó en Change.org una campaña por la autarquía financiera de la obra social. El diputado Diego Rovello reclamó que Homero Giles regrese a la Legislatura para detallar la situación económica del instituto, y el jefe de bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, solicitó discutir la crítica realidad del IOMA durante el tratamiento del Presupuesto 2025.

Hasta la fecha, ni el IOMA ni el Ministerio de Salud dictaron medidas frente a las denuncias, y algunas trabajadoras avanzaron con acciones judiciales para visibilizar los hechos.

Redacción

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Peretta bajó al subte y propuso eximir del ABL a los jubilados y abaratar medicamentos

Marcelo Peretta bajó a las distintas líneas de subte y convirtió los andenes en tarima electoral. En un gesto poco frecuente en la política porteña, el candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires —y postulante a legislador porteño por la lista Remedios para CABA— viajó entre los pasajeros, respondió críticas y exhibió sus propuestas de cara a los comicios del domingo 18 de mayo.

“Muchos se sorprendieron de verme acá, pero si uno quiere representar a la gente, tiene que escucharla de verdad”, expresó mientras el tren avanzó. Entre las iniciativas que mayor respaldo obtuvieron, destacó la exención del ABL para jubilados. “Es algo que se puede hacer con voluntad política. No es una promesa vacía”, afirmó; varios pasajeros replicaron un “Eso está bueno” cuando oyeron la idea.

El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) también apuntó contra “la mafia de los medicamentos caros”. Sostuvo que reactivaría el polo farmacéutico de Lugano para atraer nuevos laboratorios y abaratar precios mediante la competencia: “La competencia real bajó los precios y esto generó empleo local”, recordó. “La gente me pide que enfrente a la mafia de los medicamentos caros y rompa la asociación ilícita entre los laboratorios y la política. Y así lo haré”, prometió.

Las quejas sobre “sueldazos, asesores y choferes” dieron pie a otro compromiso. Peretta propuso recortar drásticamente los gastos políticos y reasignar esos recursos a “funciones indelegables del Estado: salud, educación y seguridad”. Añadió que impulsaría una reforma para facilitar la habilitación de empresas, generar empleo registrado y fortalecer a las fuerzas de seguridad “capacitándolas, remunerándolas mejor y respaldando su trabajo”.

El programa del Movimiento Plural incluyó además llevar a la justicia a los responsables políticos y sanitarios por la mala gestión de la pandemia, una “Ley de Impuesto Cero” durante el primer año de actividad de nuevas empresas con CUIT en la Ciudad, una “Ley de habilitación rápida y en línea” para comercios y una “Ley de pago de cargas laborales a cuenta de ABL”. “No quiero changas para los porteños, quiero producción y trabajo auténtico”, sentenció.

Entre la apatía y el escepticismo de muchos votantes, la campaña “subte por subte” de Peretta buscó marcar distancia frente a actos tradicionales y blindados. “Es cierto que muchos no creyeron más en nadie, pero por eso salí a la calle, mostré que hay otra forma de hacer política”, concluyó antes de que las puertas se cerraran y el tren avanzara hacia la siguiente estación.

Redacción

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