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Ángela Rodríguez, la secretaria de “Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género”, anunció que espera que para finales del mes de agosto esta nueva ley, popularmente conocida como “Solo sí es sí, cuyo nombre real es “Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual”, sea aprobada.
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Dicha ley sigue causando mucha polémica en la sociedad española, ya que consiste en tener que otorgar de forma explícita el consentimiento a la hora de tener relaciones sexuales con una persona. De lo contrario, las mujeres tendrán el derecho a ejercer acciones legales en contra de la otro persona involucrada en la relación si se sintieron acosadas y/o abusadas.
Irene Montero, ministra de Igualdad y esposa de Pablo Iglesias, fundador del partido político de izquierda Podemos, dijo que esta ley es un “paso decisivo” y le permitirá a las mujeres “ser mucho más libres”. Desde el gobierno, liderado por Pedro Sánchez del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), expresaron que “el modelo de solo sí es sí deja claro que el silencio o la pasividad no necesariamente significan consentimiento”.
El sacerdote jesuita Manuel María Carreira fue un hombre de ciencia, pero también un provocador en el mejor sentido de la palabra. Doctor en Astrofísica por la Universidad de Georgetown, miembro durante quince años del Observatorio Vaticano y asesor de la NASA, dedicó su vida a demostrar que fe y razón no eran caminos opuestos.
En una entrevista concedida en 2016 al diario El Español, sus palabras sacudieron al mundo religioso y académico: “El Islam es la peor peste que le ha ocurrido a la humanidad en los últimos dos mil años”.
Lo decía sin cálculo ni deseo de escándalo. Su tono era el de quien reflexiona más que el de quien acusa. En esa conversación explicó que su juicio nacía de la observación histórica y cultural: El islam “es totalmente incapaz de establecerse dentro del mundo con respeto a los derechos humanos. O acepta uno su modo de pensar o es un infiel y hay que asesinarlo. Eso es lo que se traduce del modo de actuar, como mínimo, de una porción importante de quienes aceptan el islam.”
Su crítica, más que religiosa, era civilizatoria. Apuntaba a la imposibilidad de integrar una cosmovisión teocrática con las libertades individuales que Occidente había conquistado tras siglos de conflictos y revoluciones.
– Manuel María Carreira, “el científico con sotana”
Carreira hablaba como filósofo y científico, pero también como hombre de fe que veía con alarma el proceso de secularización europea: “Nuestra ética es de base cristiana y el Estado debe tener en cuenta esos principios. Hoy se están borrando las raíces espirituales que dieron sentido a la civilización occidental”. No era una defensa clerical de la Iglesia, sino una advertencia sobre el vaciamiento moral que acompaña a las sociedades sin referencias trascendentes.
Ese diagnóstico se volvió profético. Casi una década después, Europa vive una crisis de identidad que Carreira anticipó con claridad. Según el informe TE-SAT 2024 de Europol, en 2023 se registraron 120 incidentes terroristas dentro de la Unión Europea, de los cuales 98 fueron ataques completados, 9 fracasaron y 13 fueron abortados. Francia, Bélgica y Alemania se mantienen entre los países más afectados por intentos de radicalización yihadista. En paralelo, las tensiones por la inmigración, el debate sobre los límites de la libertad religiosa y la creciente polarización política han erosionado el consenso sobre qué valores sostienen a Europa.
Carreira consideraba que esa pérdida de convicciones era más peligrosa que cualquier fanatismo. “No podemos convertir la fe en elemento político —decía—, pero tampoco pretender que la moral pública flote en el aire, sin raíces. Cuando una civilización deja de creer en algo, deja de defenderse”. Su visión coincidía con la de Benedicto XVI, quien había advertido que “una razón desvinculada de la fe termina devorándose a sí misma”.
Su pensamiento incomodó tanto a progresistas como a conservadores. Defendía la secularización “en la medida en que el Estado no imponga una creencia”, pero rechazaba el laicismo militante que reduce la religión a superstición. Sostenía que “la tradición española —y europea— es cristiana, y negarlo es negar la historia”. También se mostraba crítico con ciertas prácticas islámicas cuando contradecían la igualdad ante la ley: “Si un musulmán quiere tener varias esposas, el Estado debe intervenir, porque tendría consecuencias sociales no aceptables.”
Para Carreira, el islam no era una religión en el sentido teológico que él comprendía desde la filosofía cristiana. “Nació como un cristianismo descafeinado”, explicó en la entrevista. “Quitaban lo que no entendían: la Trinidad, la Encarnación. Hicieron un cristianismo reducido a lo mínimo, pero siempre con el deseo de apartar la idolatría. No tienen una teología propia, sino un modo de pensar elemental que les sirve para andar por casa.” No había en sus palabras odio, sino la convicción —discutible, pero intelectualmente honesta— de que el islam no había producido un modelo de sociedad compatible con la libertad moderna.
Su análisis resuena hoy no solo en Europa. En la Argentina, aun sin conflictos religiosos de aquella magnitud, la secularización avanza de modo sostenido. Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina (CONICET–UNC, 2023), la proporción de personas que se declara “sin religión” pasó del 11,3% en 2008 al 21,8% en 2023, prácticamente el doble en quince años. Más que un dato demográfico, ese desplazamiento expresa un vaciamiento simbólico: la pérdida de referencias morales compartidas, la sustitución de la trascendencia por el consumo y el debilitamiento del vínculo con las instituciones tradicionales
Carreira veía en ese vacío una amenaza mayor que cualquier enemigo externo. Decía que “una sociedad sin sentido trascendente se vuelve incapaz de distinguir el bien del mal”. No se trataba de imponer dogmas, sino de preservar la conciencia de que la libertad necesita un fundamento ético. Su crítica al islam, en el fondo, era una advertencia sobre nosotros mismos: sobre lo que ocurre cuando una cultura deja de creer en algo y entrega su destino al relativismo.
Murió en 2020, convencido de que Europa había comenzado su decadencia espiritual. Sus palabras, reavivadas en redes sociales, vuelven a dividir aguas. Algunos lo consideran un pensador lúcido que vio venir el choque cultural entre Occidente y Oriente; otros, un polemista que traspasó la línea del respeto. Pero su diagnóstico persiste con inquietante actualidad: el conflicto no es solo entre religiones, sino entre una fe que se impone y otra que se disuelve.
Cristian Ritondo, Diputado nacional y presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, manifestó su alegría por la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales y destacó el lugar del partido amarillo en la hazaña.
“La provincia de Buenos Aires tiene una simbología muy fuerte. Uno podía ganar la elección nacional, podía estar arriba, recuperar una gran cantidad de votos, tener una cantidad importante de votos, pero sin duda el triunfo en la provincia de Buenos Aires le da una contundencia mucho mayor al triunfo del país”, ponderó.
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En cuanto a la remontada respecto a la derrota del 7 de septiembre en el principal distrito del país, Ritondo dijo que se debe “al gran trabajo que hicieron quienes acompañamos y estructuramos desde el PRO”.
“De los diez distritos donde mayor diferencia sacó La Libertad Avanza, se va a encontrar con cinco o seis distritos gobernados por el PRO, desde Pinamar a Mar del Plata, pasando por Vicente López a San Isidro”, describió en declaraciones a Radio Mitre.
Del mismo modo, puso en valor “la coordinación territorial del equipo de Karina Milei con Sebastián Pareja”, junto con la parte comunicacional manejada por Santiago Caputo. “Cuando se trabaja en equipo se logran estas cosas”, resumió.
También mencionó que hay “un gran esfuerzo de los argentinos; más allá de la inflación, más allá de la baja de pobreza que quisiera, estamos a mitad del río haciendo un gran trabajo y haciendo lo que el presidente Javier Milei dijo que iba a hacer en la campaña”.
Al cerrar su análisis, el referente PRO puntualizó que los “argentinos han decidido no volver al populismo. Saben que esa receta es pan para hoy y hambre para mañana y por primera vez creo que se bancan un proceso entero donde creen que la Argentina tiene un mejor destino”.
El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.
La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.
La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.
Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.
El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.
Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.
Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.
A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.
El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.
La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.
– Luis “El Negro” Ontiveros
Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.
Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.
Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.
En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.
La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.
También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.
Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.
Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.
Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.
Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.
El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS“, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.
EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.
Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.
“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marray desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros“.
“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.
Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue
“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.
“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.
En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.
¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU
“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.
En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.
El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
El centro pediátrico implementó un incremento en los sueldos básicos de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. La suba se sumó a los bonos mensuales fijados desde septiembre: $350.000 para personal no asistencial y $450.000 para personal asistencial.
Donald Trump, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una “posible acción” en Nigeria y acusó al Gobierno del país africano de “permitir la matanza de cristianos”.