Roberto Cachanosky | “Si los políticos redujeran su sueldo a la mitad ahorraríamos $500.000 millones”

El economista cargó contra la casta política y les pidió "más solidaridad"...
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El economista Roberto Cachanosky analizó las medidas de la mayoría de las naciones mundiales con respecto al coronavirus. Muchas de ellas, incluyendo nuestro país, optaron por la cuarentena total y con ello poner en jaque a la economía nacional ya que muchos sectores se encuentran parados.

En una nota publicada en Infobae y en sus redes sociales, hace un análisis de otras medidas que pueden ser tenidas en cuentas sin que la economía sufra irreparables pérdidas.

En su cuenta personal Twitter, dejó una contundente reflexión sobre esto:

Roberto Cachanosky on Twitter: “Si todas las burocracias estatales nación, provincias y municipios reducen sus sueldos a la mitad, hay US$ 6.000 millones disponibles para asignar a testeos masivos y funcionar al estilo Corea. La economía se paraliza xq los políticos son egoístas / Twitter”

Si todas las burocracias estatales nación, provincias y municipios reducen sus sueldos a la mitad, hay US$ 6.000 millones disponibles para asignar a testeos masivos y funcionar al estilo Corea. La economía se paraliza xq los políticos son egoístas

Para el Cachanosky, la economía “no tendría que paralizarse tanto” y en su defecto, explica que en todo caso “si se paraliza mucho será consecuencia del sobredimensionamiento estatal en empleo público”.

En concreto arrojó datos económicos del país: “Hay, entre nación, provincias y municipios, 3,1 millones de empleados estatales. La gran mayoría de ellos son burócratas que inventan sus propias regulaciones para justificar su existencia. Voy a dar un ejemplo que seguro va a hacer saltar a más de uno tratando de tergiversar lo que voy a decir a continuación. De acuerdo a datos del Directorio Legislativo, en 2019 la Cámara de Diputados sesionó 8 veces y la Cámara de Senadores lo hizo 7 veces. En ese período sancionaron 37 leyes de las cuales, 7 corresponden a Cultura y Patrimonio y 6 a fiestas nacionales o capitales nacionales (las típicas de la Capital Nacional del Salame Quintero o la Fiesta Nacional del Asado de Tira). Es decir, el 35% de las leyes son un delirio y no entro en el resto para no amargar al lector. Es más, de las reuniones en comisión, la que mayor cantidad de veces se reunió en el año en diputados fue la de Legislación Penal, 30 veces. Y en Senadores la que mayor cantidad de veces se reunió fue presupuesto y hacienda, 14 veces. Insisto, todos datos del Directorio Legislativo.”

“En este momento de pandemia, si uno tuviera que ver cuáles son los empleados del estado nacional que tienen que moverse en la calle son, de 237.654 de los 700.000. Esos 237.000 son; 13.136 en salud, 110.546 de las Fuerzas Armadas y 113.972 en seguridad. El resto puede quedarse en su casa trabajando o no entorpeciendo al sector privado que sí produce. En otras palabras, de los empleados públicos nacionales, solo el 34% tendría que movilizarse y no todos al mismo tiempo. Pero los empleados públicos provinciales también entorpecen”, reflexionó.

Roberto Cachanosky on Twitter: “Si todas las burocracias estatales nación, provincias y municipios reducen sus sueldos a la mitad, hay US$ 6.000 millones disponibles para asignar a testeos masivos y funcionar al estilo Corea. La economía se paraliza xq los políticos son egoístas / Twitter”

Si todas las burocracias estatales nación, provincias y municipios reducen sus sueldos a la mitad, hay US$ 6.000 millones disponibles para asignar a testeos masivos y funcionar al estilo Corea. La economía se paraliza xq los políticos son egoístas

Para el economista una de las soluciones es “si se logra que los empleados públicos no estorben al sector privado con burocracia innecesaria, y legislativos que no tienen que tratar temas muy urgentes, ya logramos sacar de circulación una buena parte de la gente que anda por la calle, agregando que, dado que el sector privado va a tener un serio impacto en sus ingresos, de los cuales sale el dinero para pagar los impuestos, luce solidario que salvo fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes y personal de la salud pública, el resto tenga una reducción en sus ingresos para aliviar al sector privado de manera de bajar la carga tributaria dadas las escasas ventas que tiene.”

“En primer lugar, se puede descongestionar mucho la circulación de gente y el riesgo de contagio si la mayoría de los empleados públicos se quedan en su casa. Está comprobado que hay sobreabundancia de empleo público, en todos los niveles de gobierno, que genera sus propios anticuerpos inventando trámites para justificar su existencia. Su ausencia se notará en un aumento de la productividad del sector privado. En segundo lugar, hay mucha descongestión de gente que trabaja haciendo home office gracias a internet y las nuevas formas de comunicarse. En tercer lugar, el grueso del problema parece estar concentrado en CABA y la Provincia de Buenos Aires”, ofrece como solución.

“En estos momentos de angustia, es la oportunidad para que los políticos, que tanto hablan de solidaridad, hagan un sacrificio y reduzcan sus ingresos en un 50%. Eso significaría un ahorro de aproximadamente $ 500.000 millones, monto que se evitaría tener que emitir si no se siguen repartiendo subsidios, bonos y plata que alegremente reparten los legisladores y menor carga tributaria para el agobiado sector privado”, concluyó.

Lee la nota completa de Roberto Cachanosky en Infobae haciendo click ACÁ


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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