Milei envió al Senado el DNU que sube en $100 mil millones el presupuesto de la SIDE
La reestructuración de la nueva área de inteligencia que hizo la gestión de Javier Milei, incluye un aumento significativo en el presupuesto anual y la reasignación de partidas, a pesar del ajuste al Estado que pregona el Presidente.
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Una nueva polémica llega al Senado de la mano de otro Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, esta vez que incrementa el presupuesto de la nueva Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.
Se trata del documento número 656/24 que llegó en el mediodía de este jueves al Congreso, para ser tratado por la Cámara alta y con el que el oficialismo busca la ratificación parlamentaria a partir del debate que se abrirá en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, a pesar de las posturas en contra que expresaron los líderes de varios bloques políticos.
La polémica inició con la reestructuración del servicio nacional de inteligencia, ya que la gestión libertaria, sobre todo la secretaria de Presidencia, Karina Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, que decidieron remplazar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) creada por Cristina Kirchner, durante su último mandato, por una SIDE que responda directamente al entorno de Milei.
Además se crearon otras tres áreas que pasaran a estar bajo la órbita de Karina Milei, el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos, como organismos descentralizados.
Para ello, Milei firmó un DNU que sostiene que “resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. “Que tales fondos tendrán como principal destino el Sistema de Inteligencia Nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina”, señala el documento emitido por la Casa Rosada y que deberá obtener el aval del Congreso.
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El ascenso de Rocío Ángeles Julieta Gómez, de 22 años, representa la contradicción más cruda del discurso oficial. En abril de 2024 trascendió un video de ella, frente a estudiantes de la UBA, exclamando: “Creemos en la educación pública también como motor del ascenso social, en una sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo“. No obstante, su realidad administrativa cuenta una historia diferente: tras desempeñarse como fiscal de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, fue premiada en abril de 2025 con un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Sin experiencia previa, sin haber pasado por un concurso de oposición y sin cumplir con los requisitos mínimos de formación que exige el Estado, su contrato acaba de ser prorrogado, lo que desató una nueva ola de indignación en redes sociales ante la evidencia de una militancia financiada por el contribuyente.
La ingeniería financiera detrás de su sueldo es un insulto a la carrera administrativa y a la transparencia. Según el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) —el escalafón que regula los salarios estatales según nivel y grado—, a Gómez le correspondería un básico de $1.004.243,76 por su Nivel B de grado 0. Sin embargo, la militante necesitaba un sueldo mayor, pero como no cumple con los requisitos mínimos para ello, Karina Milei firmó unaexcepción y le otorgó un suplemento por Función Ejecutiva Nivel IV de $1.270.019,70. De esta manera, el Estado más que duplicó su salario para alcanzar los $2.274.263,46 mensuales, cifra que se indexará automáticamente con cada paritaria —la actualización salarial por inflación—, blindando su nivel de vida mientras el resto de la sociedad debe trabajar para pagarle el sueldo.
Para comprender la magnitud de este beneficio, basta comparar los 2.2 millones de Gómez con los ingresos de quienes sostienen los servicios esenciales del país. Mientras la militante mileísta percibe este monto por “seguimiento de proyectos”, un médico clínico promedio en Argentina gana cerca de $950.000, una maestra de primaria con diez años de antigüedad ronda los $750.000 y un policía bonaerense apenas supera los $800.000. Gómez, sin título ni trayectoria profesional, cobra casi tres veces más que los profesionales que cuidan la salud y la seguridad de la población, demostrando que en este esquema, el activismo digital y la lealtad partidaria resultan mucho más rentables que cualquier vocación de servicio o formación académica.
Desde abril de 2025, Gómez se desempeña como “Coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales” de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dependiendo de forma directa de Eduardo “Lule” Menem y, luego, de Karina y Javier Milei.
El antecedente Urbani: de cajero de McDonald’s a la coordinación nacional
Este fenómeno no es un hecho aislado, sino un patrón de colonización estatal que utiliza el dinero público como herramienta de premiación política. El caso de David Urbani es paradigmático y sirve para contextualizar que lo de Gómez no es un error, sino un método: en diciembre de 2023 se hizo público que su única experiencia laboral previa eran ocho meses como cajero en un McDonald’s.
Hoy, con una nula preparación técnica y sólo el bachillerato completo, Urbani acumula funciones como Auxiliar administrativo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón y como Coordinador de comunicación para LLA Nacional. Es el triunfo del “militante todoterreno” que, tras un breve paso por el sector privado, encontró en el Estado un refugio de doble ingreso.
La situación de Urbani refuerza la idea de una Cámpora mileísta que desprecia la meritocracia que declama. Sin trayectoria en gestión ni especialización en comunicaciones, su nombramiento nacional responde únicamente a su rol como pseudo-referente territorial y digital. Mientras el discurso oficial estigmatiza al empleado público de carrera, premia a jóvenes sin experiencia con sueldos jerárquicos, transformando las oficinas gubernamentales en una sucursal de empleo para el círculo de confianza del partido. Esta recapitalización del caso Urbani permite ver que la estructura estatal está siendo utilizada para profesionalizar a una militancia que, de otro modo, difícilmente accedería a cargos de tal responsabilidad y remuneración.
El mapa del nepotismo y de la casta digital
La lista de beneficiarios de este esquema es extensa y se ramifica por todas las dependencias oficiales, recordando las prácticas que el propio espacio político prometió erradicar. Juan Pablo Carreira (conocido como “Juan Doe”), el tuitero que durante años fustigó al empleo público, hoy encabeza la Dirección Nacional de Comunicación Digital; el youtuber mileísta Tomás Jurado (conocido como “El Peluca Milei”) y Gabriel Iván Gómez (editor de Carajo, el 678 del mileísmo) se refugiaron en la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de Karina Milei. A ellos se suman Ezequiel Ismael Acuña (conocido como “El Pasante”), panelista del programa de streaming del “Gordo Dan”, y Mariano Pérez (fundador del canal de YouTube “Break Point”), quien percibió un sueldo de la Legislatura Porteña entre el 10 de diciembre de 2021 y el 1 de julio de 2024, mientras cubría la actividad oficial.
Este entramado de militantes rentados se completa con casos como el de Lucas Tomás Luna (conocido como “Sagaz”), tras ser excluido de las listas de 2023 por comentarios discriminatorios contra los discapacitados, luego fue recompensado con una dirección en la empresa estatal Intercargo. Incluso áreas críticas como el Ministerio de Defensa y el INCAA han servido para dar cobijo a panelistas del streaming Carajo como Nicolás Promanzio (anunciado recientemente) y el tuitero Pedro María Lantarón (conocido en redes como “El Pit”), quienes cambiaron sus críticas al sistema por un recibo de sueldo oficial.
Finalmente, la red de contención se extiende a los círculos afectivos de los referentes del espacio, evidenciando un nepotismo sistémico. Agustín Romo, diputado provincial y jefe del bloque de LLA en la Legislatura Bonaerense, ha sido señalado por la inserción de una treintena de allegados, incluyendo a su pareja Valentina Lazbal y a su padre, en la estructura de Ferrocarriles Argentinos. En sintonía, María Belén Casas, pareja de Daniel Parisini (“Gordo Dan”), ocupa una jefatura de gabinete en el área de políticas universitarias; y la simbiosis es total: su jefe directo, el subsecretario Alejandro Álvarez, es un invitado frecuente en el programa de streaming de Parisini, donde utiliza el espacio para validar sus políticas ante la audiencia oficialista.
Este entramado de favores y clientelismo digital confirma que la supuesta batalla cultural que da el mileísmo no es una gesta heroica, sino una estructura de poder que utiliza las cajas del Estado para sostener a su propia casta de seguidores, traicionando la promesa de austeridad hecha a sus votantes.
El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.
Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”.
La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.
La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.
Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”.
Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”.
EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN
El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes.
Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios.
La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.
Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismologró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.
El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.
Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal. Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.
Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.
Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es unórgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.
La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título “sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.
Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó unadenuncia judicialpara declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Coninagro publicó su semáforo mensual de noviembre de 2025 y mantuvo seis actividades en rojo, ocho en amarillo y cinco en verde. Entre 2016 y 2025, ocho de las 19 economías analizadas permanecieron más del 50% del tiempo en crisis.
En medio de una profunda crisis económica, con hospitales sin insumos, comedores al límite y salarios pulverizados, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, autorizó una licitación privada millonaria para obras internas en sus oficinas.
El Gobierno autorizó un pago extraordinario para Rocío Gómez, quien percibe haberes ejecutivos sin cumplir los requisitos de formación. El caso destapa un patrón sistémico donde el activismo en redes sociales se premia con cargos jerárquicos.
