07 noviembre, 2024

MACRI | Le pidió a sus votantes que “hagan público su apoyo”

El Presidente aseguró que "decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás"
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El Presidente aseguró que “decir públicamente a quién vas votar tiene un efecto inmediato sobre los demás”.

El hilo de Twitter titulado “A NADA LE TIENEN MÁS MIEDO QUE A PERSONAS COMO VOS DICIENDO QUE ME VAN A VOTAR” el Presidente además sostuvo que “no se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes”.

“Tu declaración es decisiva. Te aseguro que a nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar. El jueves 8 a las 19:00 horas en punto todos juntos vamos a decirlo en la red social que elijas: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp“, concluyó el Presidente.

Mañana, Macri cerrará la campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe con un acto en el Club Banco Nación de la ciudad de Rosario acompañando a los candidatos locales que señalaron que “los santafesinos van a decidir no volver al pasado”.

Redacción

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Sandra Pettovello echó a la funcionaria que gastó $2 millones en una cafetera

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.

La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.

– La carta de renuncia de Constanza Cassino

El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.

Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).

– La factura por la compra de la cafetera y la factura por el servicio de catering

Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo García Eleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.

Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.

Redacción

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El Gobierno no financiará las elecciones internas del PJ y solo ofrecerá 3.200 urnas

Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.

– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos

El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.

La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.

Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.

El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.

LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS

La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.

En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.

El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.

– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento

Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.

Redacción

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Diputada ultra K presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales

En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.

Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.

En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.

Redacción

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Aerolíneas Argentinas expulsó a Pablo Biró del directorio de la empresa

En una decisión que busca cambiar el rumbo de la empresa estatal, la asamblea de accionistas de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas decidió remover de su cargo al secretario general del gremio de pilotos (APLA) Pablo Biró, quien fue el responsable directo de al menos 13 paros en el último año, situación que generó millonarias pérdidas económicas, atentando contra la operatividad de la empresa y afectando a aproximadamente 100.000 pasajeros.

A través de esta medida, el Estado Nacional, principal accionista de Aerolíneas Argentinas, busca que Biró deje de ser el representante de los trabajadores de la empresa. Su lugar lo ocupará Eduardo Juan García, director suplente y también miembro de APLA. Se estima que el gremio hará una presentación judicial para revertir esta situación.

Desde el inicio del mandato, el gobierno ha intentado avanzar en la privatización de la empresa, en un primer momento se la incluyó dentro de la Ley Bases para su privatización, pero la iniciativa no prosperó. Ahora, nuevamente el gobierno buscará, con apoyo del Pro, más negociaciones con la oposición dialoguista, para poder aprobar una ley que permita privatizarla.

En el mientras tanto, el gobierno avanzó en una racionalización de la empresa sumamente deficitaria, y en este sentido, la decisión de expulsar a Biró continúa en esa dirección: un sindicalista que defendió los privilegios de una casta aeronáutica, con salarios exorbitantes lejos del valor de mercado, más choferes privados y beneficios en pasajes de primera línea. Privilegios pagados con los impuestos de todos los argentinos.

Se estima que el gobierno logró reducir en un 70% el déficit de Aerolíneas Argentinas, y en ese sentido muchas empresas ya han manifestado el interés de adquirir la empresa en caso de ser privatizada. De esta manera se la haría más eficiente aún y no dependería para su funcionamiento de los impuestos de los ciudadanos de a pie, que en muchos casos nunca han podido subirse a un avión.

Redacción

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Pullaro le dio un negocio de $18 millones a tres ex funcionarios de Larreta

A los recientes 1.500 millones de pesos asignados al canal estatal RTS Televisión Santafesina, ahora el gobierno de la provincia de Santa Fe suma una nueva resolución que adjudica una suma millonaria a la empresa Amplify SA, propiedad de Juan Manuel Angelini, Federico María Di Benedetto y Marina Hernández. Estos tres empresarios comparten un elemento común: todos ellos fueron funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, durante su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Angelini, quien ocupó el cargo de director General de Comunicación Participativa, el 1 de octubre de 2023 ingresó como planta de gabinete de la Comisión de Administración Conjunta de Representantes del ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CACRMP), según se desprende de la resolución SAGYP Nro. 473/23. Durante los últimos años, actuó como aportante en las campañas electorales de Juntos por el Cambio y llegó a administrar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19.

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Por su parte, Di Benedetto viene desarrollándose en diferentes cargos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2008: fue coordinador del departamento de Comunicación y Prensa del jefe de Gabinete de Ministros, subsecretario de Comunicación y secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana. Además, al igual que Angelini, realizó en diversas oportunidades aportes de campaña al Pro durante los últimos años.

Finalmente, Marina Hernández se desempeñó como subsecretaria de Gestión Comunal de la Ciudad y supo mantener, en numerosas oportunidades, actividades con Larreta principalmente durante la última gestión.

– Horacio Rodríguez Larreta y Marina Hernández.

El beneficio fue otorgado por Luis Persello, el secretario de Comunicación de la provincia de Santa Fe que mantuvo trabajos cruzados en la administración pública durante varios años, tanto en el ministerio de Justicia y Seguridad como en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

A través de una resolución, Persello adjudicó la suma total de 18.600.000 a la empresa Amplify SA, con el objetivo de realizar capacitaciones en técnicas de opinión pública, estrategias de focus group, y relevamientos de datos a través de medios digitales y redes sociales.

La resolución explica que el contrato incluye: “La prestación del servicio realización de capacitaciones en técnicas y metodologías para la opinión pública, estrategias de focus group y relevamiento de datos e información y servicio de realización de capacitaciones sobre uso, alcances y manejo de redes sociales”. Sin embargo, el documento no especifica cómo se implementarán estas actividades ni los resultados esperados.

– El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto con el secretario de Comunicación, Luis Persello

Según pudo saber REALPOLITIK, Persello prometió al gobernador Pullaro que estos estudios constituirán herramientas útiles para ajustar estrategias políticas y medir el estado de ánimo social, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Y, en paralelo, devolver los favores recibidos en épocas electorales.

*Fuente: REALPOLITIK (Santiago Sautel)

Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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