Luego de que Macri confirmara que no se presentará como candidato, el entorno K dejó de pedir por la candidatura de CFK

El Frente de Todos está a la espera de las últimas palabras de "La Jefa", pero temen que no se presente en estas elecciones.
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Hasta hace apenas unas semanas, las internas de las 2 principales coaliciones políticas nacionales presentaban clivajes que hoy parecerían lejanos y difusos. Del lado de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez LarretaMauricio Macri y Patricia Bullrich eran los precandidatos excluyentes para competir por Propuesta Republicana, y Gerardo Morales se anotaba desde la Unión Cívica Radical (UCR).

Pero la decisión del ex presidente de declinar su postulación modificó decididamente este cuadro de situación, y si bien el alcalde porteño y la jefa del PRO continúan intactos su competencia, la salida de escena de Macri parece allanar el terreno para una “salida digna” de la UCR de un desafío que, aunque se postulaba con bombos y platillos, no terminaba de convencer a su dirigencia.

El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.
El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.

En efecto, el recuerdo de la derrota en las PASO de 2015 frente a Mauricio Macri dejó al radicalismo fuera de la gestión de Gobierno y, pese a su inserción territorial nacional nada permite descartar que una situación similar se repitiera en 2023, habida cuenta de que el partido centenario no cuenta con figuras nacionales presidenciables sólidas.

Ahora que el ex Presidente (blanco principal de las críticas de un amplio sector del radicalismo) ya no jugará, se abre el horizonte para la presentación de fórmulas mixtas en las PASO. Rodríguez Larreta y Morales parece ser número puesto. ¿Patricia Bullrich y Facundo Manes será su competidora?

El ex presidente y conductor de Propuesta Republicana, Mauricio Macri.
El ex presidente y conductor de Propuesta Republicana, Mauricio Macri.

La renuncia de Macri a su postulación higienizó el panorama interno de Juntos por el Cambio, no porque el ex Presidente tuviera posibilidades reales de imponerse, sino por los cuestionamientos internos y externos que experimenta a consecuencia de su desacreditada gestión.

Claro está que eso no asegura la victoria en las presidenciales de octubre, ya que una eventual derrota de Patricia Bullrich en las PASO plantea el interrogante sobre la decisión que adoptarían los votantes “duros” del PRO. ¿Acompañarían al alcalde porteño, o enfilarían hacia la candidatura de Javier Milei?

El jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
El jefe del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

La renuncia de Macri a su candidatura planteó nuevos problemas para Juntos por el Cambio. Si Horacio Rodríguez Larreta cede a su pedido de que su primo Jorge Macri sea el único candidato oficial al Gobierno de la CABA, su alianza nacional con Morales y Martín Lousteau podría estallar, y así liquidar su proyecto presidencial.

Por las dudas, Patricia Bullrich se blindó ante la alternativa de que las fórmulas mixtas entre PRO y UCR, y avanzó considerablemente en una alianza con José Luis Espert, quien podría acompañarla como candidato a vicepresidente.

El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert.
El diputado nacional y precandidato a gobernador bonaerense, José Luis Espert.

¿Qué sucede con el escenario del Frente de Todos?

Del lado del Frente de Todos las cosas también cambiaron, y mucho. Pese al “operativo clamor” del cristinismo, la vicepresidente no aspira a ser candidata, tal como lo adelantó en diciembre del año pasado, y lo reafirmó Osvaldo Parrilli el jueves pasado.

Sí, en cambio, da su tácito consentimiento a las movilizaciones convocadas para tratar de “convencerla” de rever su determinación, pero sólo para mostrar músculo electoral al momento de negociar las candidaturas y listas del Frente de Todos.

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

La novedad parece ser su elegido para representarla en la interna, ya que los números de la inflación y la brutal sequía que experimenta nuestro país han colocado a la eventual candidatura de Sergio Massa entre algodones. Al día de hoy, una fórmula compuesta por Eduardo “Wado” de Pedro y Malena Galmarini sería la bendecida por Cristina Fernández de Kirchner, ya que Axel Kicillof parece inamovible del intento de reelección como gobernador a partir de los números que arrojan todas las encuestas.

¿Contra quién confrontaría esta alianza entre cristinismo y Frente Renovador en las PASO? El presidente Alberto Fernández insiste en evitar una definición sobre su candidatura, habida cuenta de necesita mantener su protagonismo hasta último momento para no debilitar la gobernanza y, a la vez, poder negociar en las mejores condiciones posibles la composición de las listas del Frente de Todos.

El presidente Alberto Fernández.
El presidente Alberto Fernández.

Pero también tiene en claro que deberá bajarse a tiempo ante dos preocupantes escenarios: el primero sería su derrota en una PASO, lo que colocaría al país a las puertas de una Asamblea Legislativa. ¿El segundo? Que tanto Cristina como Sergio Massa rompieran con el Frente de Todos ante la absurda situación de tener que confrontar en una interna con el Presidente en funciones, y organizaran su o sus propias alternativas electorales. De un modo u otro, el gobierno volaría previsiblemente por los aires.

Así las cosas, todas las fichas del albertismo y del peronismo no cristinista que forma parte del Frente de Todos se van corriendo hacia Daniel Scioli. ¿Sería Victoria Tolosa Paz su compañera de fórmula? ¿O tal vez algún gobernador?

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.
El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

Por más que en el cristinismo den por sentado que la fórmula bendecida por Cristina sería la triunfadora en una PASO, nada asegura que les asista la razón. Pero, tal como sucede en el caso de JxC, tampoco hay garantías de que los votantes de los eventuales derrotados en la interna acompañen a los vencedores en la elección general.

El panorama político argentino sólo presenta dudas e incertidumbres. Aún falta para la hora de las definiciones, y seguramente la vertiginosa dinámica impondrá nuevos clivajes y desafíos. Con la sequía, la crisis financiera internacional, las exigencias del FMI, la guerra y la redefinición del contexto geopolítico de fondo, los argentinos deberemos adoptar una decisión trascendental para nuestro futuro.

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La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

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El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

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