27 julio, 2024

La mafia sindical rosarina forzó el ingreso al Palacio Municipal y generaron graves destrozos

El conflicto data desde hace más de 10 días, los dirigentes opositores le piden a Nación y al gobierno provincial de Omar Perotti que actúen contra los violentos.
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10 Years Experiences

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Los trabajadores estibadores agrupados al Sindicato Unidos Portuarios Argentino (SUPA), están en conflicto desde hace varias semanas con la Terminal Puerto Rosario (TPR), debido al despido de 50 empleados y en reclamo de subas salariales. No obstante, este jueves por la mañana el conflicto se engrosó aún más cuando varios sindicalista irrumpieron el Palacio Municipal, generando destrozos, incluso agrediendo al personal.

Al grito de “¡Con el SUPA no se jode!”, según declararon los testigos, varios manifestantes ingresaron destruyendo todo a su paso, desde la histórica puerta de entrada al hall, hasta escritorios, sillas, y computadoras.

Jóvenes PRO Rosario on Twitter: “Esto es lo que pasó hoy en el Concejo y la Municipalidad, el apriete de las mafias sindicalistas y la impunidad es inaceptable. Gobernador haga algo, deje de mirar hacia un costado y permanecer en silencio. No hay paz ni orden pic.twitter.com/zmhRs0fdMp / Twitter”

Esto es lo que pasó hoy en el Concejo y la Municipalidad, el apriete de las mafias sindicalistas y la impunidad es inaceptable. Gobernador haga algo, deje de mirar hacia un costado y permanecer en silencio. No hay paz ni orden pic.twitter.com/zmhRs0fdMp

El concejal del PRO de la ciudad de Rosario, Carlos Cardozo, mantuvo diálogo con DATA24 y relató cómo se desenvolvió el conflicto. Asimismo, pidió que el gobierno de Omar Perotti actue contra la “mafia sindical” que tiene como rehenes a los ciudadanos.

“Desde hace 10 días, el sindicato portuario está cortando el acceso sur a la ciudad de Rosario, esto genera innumerables trastornos a cientos de miles de habitantes, no solo de Rosario sino también de las ciudades vecinas porque hay comunicación permanente. Realmente es un infierno transitar por el sur de la ciudad de Rosario“, inició Cardozo.

Los reclamos puntuales nacen del sindicato portuario a puerto rosario, donde exigen una recomposición salarial. Sin obtener respuestas ni contención por parte del gobierno provincial, el conflicto continúa dilatándose.

En respuesta a esto, Cardozo detalló que desde el PRO Rosario pidieron públicamente “que se corte con esta mafia sindical que le está volviendo loco el día a día a los rosarinos, hoy (por ayer) ya se salió todo de cause”.

Charly Cardozo on Twitter: “Las mafias sindicales del SUPA no solo toman la calle, ahora toman el Concejo Municipal de Rosario. Responsabilizamos a @omarperotti la situación ya se salió de control. Reaccione Gobernador y envíe a las fuerzas de seguridad, garantice el orden que prometió a los ciudadanos. pic.twitter.com/yQa75vyphh / Twitter”

Las mafias sindicales del SUPA no solo toman la calle, ahora toman el Concejo Municipal de Rosario. Responsabilizamos a @omarperotti la situación ya se salió de control. Reaccione Gobernador y envíe a las fuerzas de seguridad, garantice el orden que prometió a los ciudadanos. pic.twitter.com/yQa75vyphh

La ex ministra de Seguridad de la Nación y presidente del PRO, Patricia Bullrich, también se pronunció sobre lo sucedido y lanzó -en un claro tono electoral-: “Ellos dejaron sueltas y activas a las mafias sindicales. Nosotros las combatimos y las volveremos a combatir. No nos van a ganar, ni en Rosario ni en el resto del país“.

Patricia Bullrich on Twitter: “Ellos dejaron sueltas y activas a las mafias sindicales. Nosotros las combatimos y las volveremos a combatir. No nos van a ganar, ni en Rosario ni en el resto del país. https://t.co/hGD0DjDUtq / Twitter”

Ellos dejaron sueltas y activas a las mafias sindicales. Nosotros las combatimos y las volveremos a combatir. No nos van a ganar, ni en Rosario ni en el resto del país. https://t.co/hGD0DjDUtq

“Empezaron a marchar desde el puerto hasta la delegación de Rosario del Ministerio de Trabajo y en el camino fueron arrasando con todo lo que tenían a su paso. Primero, el concejo municipal de Rosario, se metieron a la fuerza, tiraron bombas. Hay, incluso, un empleado que sufrió un daño auditivo; rompieron computadoras, rompieron todo tipo de elementos”, agregó el concejal.

“Desde ahí fueron a la municipalidad, derribaron una de las centenarias puertas, se metieron al hall de la municipalidad… Nosotros pensamos que el intendente y la presidente del concejo municipal tienen que presentar denuncias penales de oficio contra la conducción sindical mafiosa del sindicato SUPA“, y aclaró, “nosotros no estamos agrediendo o atacando a los trabajadores en sí, sino a sus sindicalistas que persisten en esta metodología del apriete y de la extorsión“, concluyó.

Abigail Luna

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INDIGNACIÓN EN CORRIENTES | Funcionarios K intentan utiliza el caso Loan para sacar rédito político y “pegarle” a Valdés

En medio de la conmoción que despertó la desaparición de Loan Peña en el paraje Algarrobal, vecinos autoconvocados señalaron la “infiltración” de diversos dirigentes ultra kirchneristas en las marchas. Los propios vecinos denunciaron que los dirigentes intentaron utilizar el trágico suceso con intenciones de desestabilizar al gobierno provincial.

Desde sus redes, el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Braillard Poccard, señaló la “responsabilidad política” detrás del caso. “No es únicamente jurisdicción de la Justicia. Hay responsables del poder ejecutivo que no accionaron los protocolos y deben hacerse cargo por tanta inacción”. Finalmente, exigió la destitución del Ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Mientras tanto, en diálogo con los medios, Braillard Poccard dijo que “el gobernador Gustavo Valdés menosprecia la situación”.

Germán Braillard Poccard

Ariel Osuna, dirigente de Barrios de Pie, utilizó el caso directamente contra el gobierno nacional: “En el país de la Libertad, la libertad que pregona la venta de armas y órganos. En la provincia donde el poder político se maneja como un Feudo. Una justicia adicta a cuidar los privilegios del Feudalismo”.

Los vecinos de Corrientes que participaron de la marcha pidiendo justicia por Loan consideraron que los dirigentes “utilizan esta tragedia para hacer política” y difundieron un video en redes donde pueden verse a dirigentes y militantes del Movimiento Evita: Verónica Molina (referente, fue candidata a Diputada Nacional de Massa), a Fabrizio Bin (dirigente del PJ provincial y Secretario General del Evita de Corrientes), a Clara Aymara Mendoza (referente), María José Espíndola (del Movimiento Octubres) y al ya mencionado Osuna.

En esa línea, los usuarios de las redes recordaron que, en febrero, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación votó negativamente el capítulo de la Ley Bases que buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la trata de personas y otros delitos, como la corrupción de niños, los secuestros extorsivos, entre otros.

Veronica Molina junto a Sergio Massa durante las elecciones del 2023

El falso audio de Valdés

La semana pasada, a través de un comunicado, el gobierno de Corrientes alertó que “circula un audio que intenta parecer la voz del gobernador Gustavo Valdés sobre el caso del niño Loan Peña”. En el audio puede escucharse: “Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte”.

“El mismo es evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado Inteligencia Artificial para su confección o algún otro método de edición, dada sus características sonoras, el cual claramente se fabricó y viralizó con fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial. Se puede advertir en el mismo, discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real, además de presentar ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, concluye el texto.

Redacción

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MENTIROSO | “El Dipy” negó tener un cargo, pero está contratado en el Estado desde abril y cobra $ 2 millones al mes

David Adrián “El Dipy” Martínez es funcionario del gobierno nacional desde el 1° de abril pasado, a pesar de que este miércoles negó tener un cargo y dijo que le hicieron una “opereta”.

El documento de designación del cantante cumbiero lo nombra como “asesor en bandas emergentes”, con fecha de inicio el 1° de abril de 2024 y finalización el 31 de diciembre de este año. El documento está firmado por el secretario de Cultura, Leo Cifelli.

La designación oficial establece que El Dipy percibirá por mes el equivalente a 3450 unidades retributivas de servicios (URS). En julio, eso implicaba un sueldo de algo más de 1,7 millones de pesos. En agosto, por el aumento de la URS el sueldo de El Dipy superará los 2 millones de pesos. Es septiembre llegará a 2,35 millones.

El martes que El Dipy había sido designado en Cultura y un día después el cantante salió a desmentirlo. “Llegué de gira de Misiones, donde hice un show, y no sé nada. Nadie me ofreció nada, no me llamaron. No tengo ningún cargo en ninguna área del Gobierno”, dijo a América TV.

El sitio LPO ya había mostrado la documentación que presentó El Dipy para ser funcionario ante la dirección general de Recursos Humanos del Ministerio de Capital Humano. En el CV, el cantante villero detalla que sólo tiene el primario completo y que su experiencia laboral incluye la grabación de dos discos, incluido el de oro y platino. También destaca que en 2021 ganó un premio Gardel por su trabajo “Es lo que hay”.





*Fuente: La Política Online

Redacción

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ABERRANTE | Senador de LLA justificó LA VENTA DE NIÑOS en el Congreso

En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.

Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penalespropuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.

Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.

El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.

Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.

El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.

Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.


Redacción

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MENDOZA | Presentaron un proyecto de ley para que los legisladores presenten un balance de gestión

Ayer, Cintia Gómez, diputada provincial de La Unión Mendocina, presentó un proyecto que obliga a los legisladores provinciales a presentar un balance de gestión semestral-anual.

“La transparencia y el rendimiento de cuentas son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático, donde el ciudadano tiene licitud de conocer la gestión y el deber de los legisladores. Con la finalidad de mejorar los aspectos de gestión política, aplicando valores significativos como el compromiso, la responsabilidad y la honestidad a la hora de gestionar acciones que vinculen al ciudadano, trabajando día a día para que la calidad de los funcionarios públicos sea medida cualitativa y cuantitativamente”, sostiene el documento entre sus fundamentos.

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Y explica: “El balance de gestión suministrará información detallada sobre las actividades realizadas por los legisladores durante el período correspondiente y mientras dure su gestión. Incluyendo los proyectos que sean presentados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y el uso de recursos asignados para el ejercicio de su función. La divulgación de esta información permitirá evaluar la efectividad y la dedicación de los legisladores en su labor”.

Para García, la presentación de balances de gestiones semestrales o anuales “permitirá a los ciudadanos monitorear de cerca la labor legislativa y la gestión de cada uno de los integrantes del ámbito político evaluando la calidad de los mismos y la responsabilidad adoptada por cada legislador a la hora de desempeñar su labor. Al conocer las acciones y logros de los legisladores, los ciudadanos podrán formar una opinión basada en hechos y acciones, permitiéndoles participar activamente en el proceso democrático”.

Qué dice el proyecto de ley

  • Artículo 1: Objetivo Los legisladores de la Provincia de Mendoza deberán presentar un balance de gestión semestral o anual ante la Legislatura Provincial.

El balance deberá circunscribir información detallada sobre: actividades realizadas, proyectos impulsados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y cualquier otro aspecto de labor relevante relacionado con su función legislativa, como así también el otorgamiento de licencias.

  • Artículo 2: Definiciones Balance de Gestión: informe cuyo objetivo principal es contrastar objetivos y metas a través de los resultados de una gestión del funcionario público.
  • Artículo 3: Contenido del Balance de Gestión: El balance de gestión deberá contener los siguientes elementos:

Informe de actividades: Descripción de las acciones realizadas por el legislador durante el período correspondiente.

Proyectos presentados: Listado de proyectos de ley, resoluciones o declaraciones presentados por el legislador.

Asistencia a sesiones: Registro de la asistencia a sesiones legislativas; en caso de presentar faltas a las sesiones deberán ser informados con avisos previos y en el balance explicados brevemente.

Participación en comisiones: Detalle de la participación en comisiones permanentes o especiales.

  • Artículo 4: Plazos y Presentación El balance de gestión se procederá de forma semestral o anual, y en el caso de no cumplir con esos tiempos estipulados deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del semestre o año correspondiente. La presentación se realizará ante la Secretaría Legislativa y se publicará en el boletín oficial de la provincia de Mendoza.

*Con información de Mendoza Today

Redacción

info@data24.com.ar

Concejal K fue detenido durante una sesión por vínculos con el narcotráfico y barrasbravas

En un hecho que sacudió a la política local, Gabriel “Lalo” Aranda, concejal de Unión por la Patria y presidente del Club Deportivo Laferrere, fue detenido durante la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza. La noticia generó un gran revuelo en el distrito comandado por el intendente ultra K recientemente procesado por abuso sexual, Fernando Espinoza, y dejó preguntas sin respuesta.

EL VIDEO DE LA DETENCIÓN

Aranda, quien ingresó al Honorable Consejo Deliberante en diciembre pasado a través de la lista del Movimiento Evita liderada por Emilio Pérsico, fue arrestado en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en que la policía lo saca del recinto en un móvil, generando especulaciones sobre las causas detrás de su detención.

Además de su rol como funcionario, Gabriel Aranda es una figura destacada en el ámbito deportivo local. Desde hace tres años, ocupa la presidencia del Club Deportivo Laferrere, uno de los clubes más importantes de la región oeste de la provincia de Buenos Aires. Aranda asumió la presidencia del club tras la sorpresiva renuncia de Roberto Zeballos, quien se desempeñaba como tesorero y era un referente de la Corriente Clasista y Combativa.

Sospechas y acusaciones: Negocios con planes sociales, barras y narcotráfico

A pesar de que las autoridades aún no confirmaron los motivos de la detención, se rumorea que podría estar relacionada con una causa de planes sociales. Este no es el primer escándalo que envuelve al club presidido por Aranda. Hace un año, el vicepresidente del club, Esteban Quiñones, fue arrestado por presuntos vínculos con un conocido narcotraficante de la zona, conocido como “Chaki Chan”.

En medio de la confusión, Gabriel Aranda publicó un mensaje en su página de Facebook: “ACABAN DE SUBIRME A UNA CAMIONETA, TEMO POR MI VIDA POR FAVOR. Si me pasa algo hago cargo a Matías López de la policía de Alonso de la policía de la provincia. Todo sin orden judicial”.

El Club Deportivo Laferrere, fundado en 1956 y conocido popularmente como “El Villero” o “El Verde”, no es ajeno a la violencia y la polémica. Por ejemplo, en febrero de este año, la barra brava del club llegó a un partido exhibiendo armas de fuego, incluyendo revólveres y al menos una ametralladora, lo que provocó una fuerte condena pública pero pocas acciones concretas para abordar el problema.

Redacción

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ESCÁNDALO LIBERTARIO | Denunciaron a la diputada Celeste Ponce por sacarle dinero a sus asesores

La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce (36 años) ya cosecha una variedad de controversias en su haber. Cuando inició su campaña política de la mano de Javier Milei, fue escrachada por usurpación de título (decía que era abogada, pero no estaba recibida). Ahora, una grave denuncia se sumó a su prontuario y los abogados de la víctima ya se encuentran estudiando la posibilidad de pedir su desafuero para que la legisladora de La Libertad Avanza pueda ser juzgada.

La trama comenzó poco después del 10 de diciembre del año pasado, cuando Ponce asumió como diputada en el Congreso de la Nación, tras ser elegida por la provincia de Córdoba, donde La Libertad Avanza cosechó más del 30 por ciento de los votos. En aquel entonces, Ponce nombró a varias asesoras con el objetivo de conformar su equipo de trabajo. Todas recibieron en tiempo récord sus contratos y comenzaron a cobrar sus salarios. Lo que no sabían, era que parte de ese dinero tenía que volver a los bolsillos de la diputada, al menos según lo de denunció una de sus empleadas.

“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión. La denuncia se fundamentó con las capturas de pantallas de las numerosas transferencias que recibió Ponce de parte de su asesora Ruiz.

La última denuncia cayó como un balde de agua fría en el despacho de Ponce. Quienes la conocen aseguran que las pruebas del grave delito parecen irrefutables. En efecto, la denunciante anexó documentación que compromete a la diputada de La Libertad Avanza, como comprobantes de transferencias que van desde los 400 mil a los 500 pesos, con fechas de abril, mayo y junio de 2024.

A partir de entonces, la asesora denunciante, María Guillermina Ruiz, decidió dar un paso al costado y alejarse de los presuntos pedidos de Celeste Ponce. “Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión”, aseguró.

Lo que siguió fue digno de una película de suspenso. De acuerdo a la denuncia, Ponce interpretó que su asesora no iría más a cobrar el salario y comenzaron una serie de amenazas para que continúe con la operatoria. “Quería seguir cobrando 500 mil pesos de mi parte”, aseguró Ruiz. Finalmente, y cuando quedó claro que la diputada no recibiría más dinero producto de la extorsión, la asesora fue despedida.

En las próximas horas se espera que la denuncia sea presentada ante la Justicia. Los abogados de una de las víctimas aseguraron a este medio que se encuentran estudiando la posibilidad de pedir el desafuero de Ponce, con el objetivo de que las víctima de esta maniobra puedan obtener Justicia.




Redacción

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