La JR quiere echar a Luis Petri de la UCR: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo K?”
A través de un extenso comunicado, el presidente de la Juventud Radical solicitó echar del partido al ministro de Defensa.
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Ayer miércoles, el presidente de la Juventud Radical de CABA, Agustín Rombolá, emprendió una campaña para expulsar del partido al ministro de Defensa, Luis Petri. El pedido fue publicado en su cuenta personal de Twitter.
“Estemos a la altura de su doctrina, principios y futuro. Un radicalismo sin miedo ni complejos. El primer paso es con la expulsión de Luis Petri de nuestras filas”, puede leerse en el twitt colgado por Rombolá.
Frente a la postura de la Juventud Radical, el mendocino salió con los tapones de punta: “¿Me piden la expulsión por defender la libertad frente al populismo kirchnerista?”, respondió Petri, citando el propio mensaje del dirigente porteño.
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Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.
La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.
El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.
De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.
En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.
La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.
Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.
La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.
En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.
El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.
Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.
La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.
Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.
El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.
Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.
La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.
Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce
Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que“defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.
La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.
Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.
Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.
No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.
La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria
El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.
En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.
7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos
Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).
El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.
Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.
Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.
En la mañana del miércoles 4 de febrero de 2026, la Senadora nacional por Salta de La Libertad Avanza, Emilia Orozco, decidió llevar el internismo oficialista en una entrevista con Luis Gasulla.
La legisladora ya venía de protagonizar un fuerte cruce esta semana con la Diputada Nacional del Pro Florencia De Sensi —nota que podés leer haciendo click acá—, donde quedó expuesta por su falta de argumentos frente a la modernización de leyes laborales. Ahora, la legisladora que saltó a la fama denunciando dietas ajenas, redobló la apuesta terminó exponiendo una faceta desconocida: la de una dirigente que miente para victimizarse y alimentar relatos conspirativos de redes sociales.
Orozco aseguró que sus contratos “no salen” insinuando una supuesta saña de Victoria Villarruel contra el mileísmo, y lanzó una comparación malintencionada: afirmó que los de Jorge Capitanich se liberaron en diciembre pero los de La Libertad Avanza no. Esta es la primera gran mentira de la senadora: utiliza al exgobernador K chaqueño para sugerir solapadamente una alianza entre Villarruel y el kirchnerismo, ocultando deliberadamente que todos los Senadores de LLA que ingresaron en diciembre de 2025 ya tienen sus contratos firmados y sus equipos cobrando.
La corroboración que deja en evidencia a Orozco
Mientras la senadora intentaba instalar que hay un bloqueo contra el oficialismo, la nómina oficial del Senado le devuelve un cachetazo de realidad.Los senadores de LLA, tanto los que ingresaron en 2023 como quienes asumieron junto a ella en diciembre de 2025, ya tienen sus oficinas pobladas con números que, en muchos casos, se acercan o igualan a los de la “casta” que ella denuncia:
Bruno Olivera Lucero: 16 asesores.
Ezequiel Atauche: 15 asesores (llegó a tener 16).
Ivanna Arrascaeta: 14 asesores.
Juan Cruz Godoy (ingresó en diciembre): 12 asesores.
Bartolomé Abdala: 12 asesores (llegó a tener 20).
Francisco Paoltroni: 11 asesores.
Agustín Coto: 11 asesores.
Silvana Schneider (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Enzo Fullone (ingresó en diciembre): 10 asesores.
Juan Pagotto: 9 asesores.
Nadia Márquez (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Mario Cervi (ingresó en diciembre): 9 asesores.
Vilma Bedia: 8 asesores.
Patricia Bullrich (ingresó en diciembre): 4 asesores.
Otro dato curioso es que, cuando LLA tenía solo 7 Senadores, llegó a tener 88 asesores, dando un promedio de 12,6 asesores por Senador.
¿Cómo explica Orozco que a todos ellos les firmen los contratos y a ella no? La mentira quedó expuesta: no hay una orden política contra el bloque libertario, sino una Senadora que utiliza la falta de asesores como una herramienta de propaganda para ocultar su propia rebeldía institucional.
La gata flora: critica el presupuesto pero busca la caja
La contradicción de Orozco roza el absurdo. En la misma charla, chicaneó a Villarruel por haber reclamado al Ejecutivo que subsanara el presupuesto del Senado: “la única preocupación fue que no había presupuesto… yo salí con esa sensación”, asintió cuando Gasulla le preguntó si lo que importaba era “la tarasca” (SIC).
Lo que Orozco omite es que los sueldos de los asesores que ella tanto reclama salen, precisamente, de ese presupuesto que ella misma cuestiona. Orozco denunció a Capitanich por tener 18 colaboradores (ella dijo “más de 20”), pero calla ante los números de sus propios correligionarios que tienen números similares de colaboradores, e incluso llegaron a tener más, como en el caso de Abdala.
Prontuario libertario: del “modelo Abdala” a los retornos de Ponce
Este hambre por los contratos remite a los escándalos que ya salpican al espacio. El más recordado es el de Bartolomé Abdala, que confesó usar a su planta de 20 asesores del Senado para financiar su campaña a gobernador en San Luis. Pero no es el único: el jefe de bloque, Ezequiel Atauche, ostentó una de las estructuras más abultadas con 16 asesores, superando incluso los números que la propia Orozco le critica a la oposición. A esto se suma el antecedente de Celeste Ponce, excompañera de bloque de Orozco, denunciada por exigirle “retornos” a sus propios asesores.
Con estos antecedentes, el pedido de Orozco se mira bajo otra lupa: ¿realmente busca asesores técnicos, o cajas políticas para su armado en Salta?
El “acting” karinista: sarcasmo en la radio, rebeldía en el Palacio
Para esta nota, Data 24 consultó a fuentes oficiales de la Presidencia del Senado para entender la supuesta “demora”. La explicación es puramente técnica: Orozco es la única que se niega a cumplir con el protocolo que todos sus compañeros ya pasaron.
En la radio, la Senadora minimizó el procedimiento: “parece que la modalidad, y por usos y costumbres, uno tiene que pasar por la oficina de la Presidente… veremos si esa reunión se concreta”, soltó con desdén.
No es que “parece”: es la norma institucional, donde se recibe a los nuevos y se les explica el funcionamiento de la casa. Orozco cerró su actuación afirmando que ya presentó el pedido para contratar asesores, y espetó con un sarcasmo cínico: “los nuestros aún están en espera, yo calculo que debe ser una cuestión administrativa, debe estar con mucho trabajo, seguimos en la espera”. La realidad es otra: no hay trabas administrativas; hay una Senadora que no quiere ir a la reunión obligatoria porque prefiere sostener su papel de “perseguida” mediática para ganar puntos con Karina Milei en la interna contra la Vicepresidente.
Conclusión:
Con una dieta de $10 millones brutos, Emilia Orozco ha completado su metamorfosis: de la “motosierra” salteña, a una PyME política financiada por el Estado, que miente sobre la realidad de los contratos de sus colegas, omitiendo la cantidad de asesores que tienen sus compañeros para mencionar sólo el caso de Capitanich, intentando forzar una imagen de Villarruel como aliada del kirchnerismo; cerrando su relato diciendo que “está esperando que le aprueben los contratos”, en una puesta en escena que se cae sola cuando se nota que la única que espera algo es la Presidente del Senado: que la Senadora finalmente madure y pase por su oficina.
El PRO de la provincia de Buenos Aires termina de definir su hoja de ruta para el 2026 con un objetivo de supervivencia: blindar sus territorios y fortalecer las gestiones locales frente al peronismo y los libertarios, complejos aliados nacionales. Bajo la conducción de Cristian Ritondo, el macrismo bonaerense mastica tensión con La Libertad Avanza: aunque la prioridad es alcanzar un acuerdo que evite una derrota frente al PJ, la complejidad que imponen los libertarios en el territorio obliga a los amarillos a no descartar una competencia en soledad si el escenario de coalición se vuelve imposible.
A diferencia de la Nación, en la Provincia no hay balotaje. Esa particularidad obliga a una alianza antiperonista para pensar en 2027, pero el PRO advierte que no aceptará una absorción y apuesta por fortalecer su identidad propia. Mientras Diego Santilli —hoy con vidriera en el Ministerio del Interior— y el propio Ritondo asoman como las cartas amarillas, el oficialismo nacional puede mostrar nombres como los de Sebastián Pareja y Diego Valenzuela.
Ritondo ya dio señales de pragmatismo:
Tras las elecciones de octubre, Ritondo aseguró estar dispuesto a sostener la candidatura del “Colorado” para evitar que los egos le allanen el camino al peronismo. Sin embargo, ese espíritu de unidad choca con la realidad del territorio, donde los libertarios son vistos como una fuerza “destructiva” que juega al límite incluso en los distritos donde el PRO es oficialismo.
Para diferenciarse, el partido avanza en una estrategia de trabajo local y apuesta a sus modelos de gestión: la seguridad en el Vicente López de Soledad Martínez, la atracción de inversiones de Marcelo Matzkin en Zárate y los resultados turísticos de Juan Ibarguren en Pinamar. En los distritos donde son oposición, como Bahía Blanca o Necochea, el foco estará en las presidencias de los Concejos Deliberantes, que manejan. El plan incluye una mesa legislativa articulada – integrada por parlamentarios provinciales y nacionales – con el respaldo de la Fundación Pensar provincial, presidida por Florencia de Sensi, que funcionará como la usina de proyectos técnicos para cada localidad.
A pesar de la sintonía mostrada hasta el momento en el Congreso Nacional, en el barro bonaerense la relación con La Libertad Avanza atraviesa un momento delicado. Si bien el verano habilitó un espacio de no agresión, el 2025 cerró con bombas cruzadas y, hoy por hoy, el PRO trabaja de forma independiente, sin articulación con el gobierno nacional. En la visión de los amarillos, los libertarios arrastran una actitud “destructiva” que se remonta a la campaña, cuando la coordinación de fuerzas se hizo cuesta arriba. El antecedente más dramático es el de La Matanza, donde el PRO llegó al extremo de retirar a sus fiscales ante los malos manejos de sus socios.
Los cortocircuitos escalaron tras las elecciones, cuando el oficialismo nacional amenazó la gobernabilidad de los intendentes amarillos votando sistemáticamente en contra de leyes y presupuestos promovidos por quienes habían sido sus aliados estratégicos. “Juegan sucio y después pretenden nuestro apoyo incondicional”, disparan.
La diputada nacional Florencia De Sensi
La lista de agravios es extensa: desde Vicente López, donde rechazaron el presupuesto, hasta San Isidro, donde ni siquiera permitieron su tratamiento. En Junín y Pergamino aceptaron discutir autoridades para luego frenar cualquier expediente; en 9 de Julio el diálogo es nulo e incluso promovieron la destitución de la intendenta. En Zárate, el concejal violeta votó contra las autoridades del PRO; en Arrecifes encabezaron marchas contra la inseguridad atacando la gestión local en los medios, y en Pinamar intentaron arrebatar la jefatura del Concejo sin éxito.
Si últimamente no hubo nuevos focos de conflicto es sólo por tratarse de enero, un mes de baja intensidad política, pero la herida no sana y no hubo ninguna señal concreta de acercamiento. Hoy, la relación es de independencia: el PRO bonaerense camina solo, convencido de que su estructura territorial es clave posible para lograr la reconstrucción y enfrentar al peronismo.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
La Senadora salteña denunció una persecución de Victoria Villarruel para justificar por qué no tiene asesores, pero los datos oficiales la desmienten: todos sus compañeros de bloque ya contrataron a varias decenas de asesores. Todo mientras chicanea a la Vicepresidente por el presupuesto del Senado, el mismo que ella y su bloque necesitan para financiar sus PyMEs políticas.
El financista británico regresó a su estancia en enero de 2026 tras recibir el indulto de Donald Trump y siguió de cerca una obra de tres subsuelos y dos plantas.
Emilia Orozco, senadora de La Libertad Avanza, quiso argumentar en contra de que los trabajadores puedan elegir dónde cobrar, y luego de una fallida excusa territorial, fue humillada por la diputada del Pro, Florencia De Sensi. La Senadora salteña terminó balbuceando ante el panel de TN.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
