La oposición denunció que la izquierda y el kirchnerismo se aliaron para intentar un Golpe de Estado en Jujuy

Se desencadenaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía luego de aprobación de la reforma Constitucional de Jujuy.
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Si bien resulta real que los incidentes en Jujuy quedaron hilvanados con las elecciones PASO en Chaco, atravesadas por la desaparición y muerte de la joven Cecilia Strzyzowski, nuera del capo de a una organización piquetera (Emerenciano Sena) funcional al gobernador K Jorge Capitanich, en ambos sucesos se han manifestado formas de violencia y planificaciones que apuntan contra la estabilidad del sistema democrático. Esto, sumado a un contexto de crisis económica casi terminal.

A partir de los incidentes en Jujuy, toda la plana kirchnerista salió a confrontar en público. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández tuvieron un intercambio directo con el gobernador jujeño Gerardo Morales, en donde lo responsabilizaron por la escalada de la violencia. Los incidentes en la provincia sirvieron para reponer una vieja fotografía que explica el esquema estratégico de alianzas al que acude el kirchnerismo cuando se siente en estado de debilidad.

Gerardo Morales on Twitter: “¿Saben qué son ustedes, @alferdez y @CFKargentina? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden. pic.twitter.com/kEF5vnAktb / Twitter”

¿Saben qué son ustedes, @alferdez y @CFKargentina? Trump y Bolsonaro, tomadores de legislaturas y golpistas. Dejen de infiltrar violentos pagados con planes en nuestro pueblo. Nosotros siempre vamos a defender la paz y el orden. pic.twitter.com/kEF5vnAktb

Entre las imágenes de este martes en la provincia del norte y aquellas de la Plaza de los Dos Congresos, en diciembre del 2017, cuando el macrismo buscaba modificar la ecuación de tributo jubilatorio, fue fácil descubrir una familiariedad. La violencia, las piedras, los encapuchados, las mochilas cargadas, la confrontación con la Policía, la idea de atacar los edificios institucionales con bombas molotov, formaron parte de la coreografía delirante. Por detrás, estuvo la alianza implícita entre el kirchnerismo y los grupos de la izquierda.

El Frente de Izquierda resultó uno de los motores de las protestas en Jujuy. También, núcleos residuales de la organización piquetera Tupac Amaru. Cuya líder, Milagro Sala, cumple una condena domiciliaria de 13 años, confirmada por la Corte Suprema.

Gerardo Morales on Twitter: “Hago responsable al presidente @alferdez y a la vicepresidenta @CFKArgentina de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy.Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está… pic.twitter.com/HTHGULaILA / Twitter”

Hago responsable al presidente @alferdez y a la vicepresidenta @CFKArgentina de la extrema violencia que se está viviendo en la provincia de Jujuy.Los violentos no nos van a torcer el brazo. A 40 años de democracia, repudio y llamo a todos los argentinos a repudiar lo que está… pic.twitter.com/HTHGULaILA

El detonante de los incidentes resultó la aprobación de la reforma constitucional provincial, cuya necesidad fue votada con casi el 50 por ciento cuando en mayo pasado Carlos Sadir, ministro de Hacienda en Jujuy, ganó la Gobernación para reemplazar desde diciembre a Morales. Ese texto tuvo artículos objetados.

2 ligados a los pueblos aborígenes, fueron dados de baja este martes. Otro par, sancionado por los constituyentes, apunta a garantizar el derecho a las protestas pero prohíbe el corte de rutas y de calles. “Criminalización”, denuncian la izquierda y el kirchnerismo.

Tal vez Morales pudo no haber calibrado correctamente los tiempos. Hace 3 semanas y media que existía un legítimo reclamo del gremio docente por mejoras salariales. Marchas diarias que, sin embargo, no obstruyeron la circulación. Hasta que llegó el fin de semana largo que debía culminar con la votación de la reforma constitucional. Desde el viernes la metodología varió. Se interfirieron calles y rutas.

El desorden de este martes resultó absoluto. Con un ataque a la Legislatura. Durante el domingo y lunes las redes se inundaron con denuncias sobre supuestos muertos y desaparecidos. Fue el momento justo en que se hizo presente el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Reforma parcial de la Constitución: conferencia de prensa

Reforma parcial de la Constitución: conferencia de prensa

“Vine a Jujuy porque no podía estar de brazos cruzados frente a los rumores de la existencia de gente detenida y desaparecida”, explicó el funcionario. Hubo más de un centenar de heridos, uno de ellos grave. Pero ni muertos ni desaparecidos. Las organizaciones sociales y kirchneristas fueron las responsables de sembrar las noticias falsas.

Regresando a aquella hipótesis del mal cálculo, el gobernador de Jujuy debió evitar que el conflicto docente se superpusiera con las protestas kirchneristas y de la izquierda para frenar la reforma constitucional que prohíbe expresamente el corte de calles y de rutas. Esos grupos contaron con un estímulo adicional. El despliegue publicitario de Morales: “Lo que no se hizo en el país, se hace en Jujuy”, rezó un spot.

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El gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales.

​El gobernador enfrentó el desafío en horas cruciales para su destino electoral. ¿Será el costado fuerte de la fórmula que integraría con el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta? ¿Algo podrá modificarse después de violentos incidentes?

El capítulo detonó un hecho novedoso en la interna áspera de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, gran adversaria del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también defendió a Morales. Olvidó por un minuto su desagrado por aquella maniobra para sumar a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, a la coalición.

Patricia Bullrich on Twitter: “Discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver.¡Vamos a estar siempre del lado de la ley! https://t.co/tLhg38f5DM / Twitter”

Discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver.¡Vamos a estar siempre del lado de la ley! https://t.co/tLhg38f5DM

Todas esas serían, sin embargo, especulaciones menores. Los episodios de Jujuy parecieron proyectar, tal vez, postales de la Argentina que vendrá. Mensajes claros y contundentes para el Gobierno futuro. Cualquiera que sea, deberá abordar enormes transformaciones. Sin fantasías de soluciones rápidas o mágicas.

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El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

Ritondo celebró la victoria de la alianza LLA+PRO y habló del “simbolismo” de ganar en suelo bonaerense

El nuevo Código Penal de Milei castiga los insultos con hasta 12 años de cárcel

*Por Augusto Grinner

El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.

Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.

Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista

La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.

El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.

Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor

La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.

Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.

La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.

Censura a gente común, a periodistas y a empleadores

El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.

A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.

El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.

“HAY QUE EXTERMINAR LAS VILLAS” | Ramiro Marra propone medidas urgentes para evitar en Argentina lo que pasó en Río de Janeiro

“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro pic.twitter.com/bDivfR3Hrd / X”

EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.


Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.

“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marra y desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros.

“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue / X”

Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue

“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.

“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.

En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.

Ramiro Marra on X (formerly Twitter): “¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU / X”

¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU

“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.

En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.

El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.

Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

Hugo Moyano echó a cuatro sindicalistas de Camioneros en medio de versiones de fraude

El golpe fue sorpresivo pero calculado: esta semana, Hugo Moyano removió sin aviso al secretario administrativo Claudio Balazic y al secretario tesorero Paulo Villegas. Más tarde sumó al prosecretario administrativo Alejandro Vanati y a otro dirigente aún no identificado públicamente.

Las versiones que circulan en Mar del Plata hablan de una denuncia penal por presunto fraude vinculado al Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Se investigan cheques firmados por los desplazados, y los denunciantes acusan que habrían fondos malversados.

El expediente judicial habría sido iniciado el 12 de septiembre en la Fiscalía N.º 10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. En ese marco, se denunció al administrador del hotel, quien fue expulsado del gremio, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión.

– Claudio Balazic

Mientras tanto, el gremio anunció el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”. La coincidencia entre el cierre y las purgas internas alimenta especulaciones de que todo forma parte de una limpieza interna dirigida por Moyano o su entorno más cercano.

Desde medios sindicales apuntan a la ascendente figura de Octavio Argüello como beneficiario del vaciado: la idea sería abrir espacio para nuevos allegados y debilitar redes de poder ligadas a Pablo Moyano.

También se menciona la influencia de Liliana Zulet, esposa de Moyano, como cerebro silencioso de la operación. 

El escándalo no se limita a lo gremial. Si los cheques y balances sometidos a investigación revelan irregularidades mayores, podrían salpicar al propio Hugo Moyano como máximo responsable del sindicato. Algunos ya hablan de que puede ser el inicio de una crisis institucional dentro de Camioneros.

A sus 81 años, Moyano no cede terreno. En paralelo a estas movidas internas, presiona para mantener su influencia en la CGT. Su hijo Pablo celebra triunfos ajenos —como el ascenso de su club Deportivo Camioneros— mientras el padre ajusta el poder detrás del telón.

En los últimos tiempos ya habían emergido fisuras: Moyano enfrenta conflictos con Jorge Taboada, su segundo al mando, y rumores de deslealtades internas se filtraron en vísperas de la renovación de autoridades del gremio.

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