Juan Domingo Orabona | EL CAJERO DE LA CORRUPCIÓN

¿Quién es el contador entrerriano que se encarga de los negociados de la provincia? Íntimo del gobernador Bordet, presidente del IAPSER, ahora acorralado por la Justicia.
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10 Years Experiences

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En esta primera entrega, el equipo de Data24.com.ar viene investigando de cerca la causa de los contratos de la legislatura de Entre Ríos. Una causa atravesada por criterios de persecución de neto corte político, donde no interesa la conducta desplegada sino quien la realizó.

Justamente por eso, ninguno de los operadores judiciales ha podido explicar, -entre otras cosas-, porque no se está investigando el periodo de la Cámara de Diputados 2008/2011 presidida por el ex Gobernador Jorge Pedro Busti; como así también otras irregularidades manifiestas que serán objetos de próximas investigaciones.

Recordemos que el objeto procesa versa acerca de una asociación ilícita, encargada de extraer fondos de ambas Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos desde el 2008 hasta el 2018 (excepto 2008/2011 Diputados), en el que dicho banda, estaba financiada con contratos de obra de dos Senadores Nacionales a decir: Pedro Guastavino y Sigrid Kunath.

La actividad desplegada tenía como eje un estudio contable, (en el que uno de los socios es Sebastián Orlando Bertozzi esposo de la Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, a cargo de la investigación), que se encargaba de las altas y bajas de los monotributos, al mismo tiempo que se blanqueaba el dinero mal habido en inversiones inmobiliarias y ganaderas.

Ese dinero mal habido, entre otras inversiones, terminó en el Fideicomiso Baucis y 9 de Julio.

En esta ocasión, la prensa especializada ha hurgado muchas aristas de la instrucción, pero en este caso, nos enfocaremos en un funcionario que quiere pasar desapercibido, el mismísimo Juan Domingo Orabona.

¿QUIÉN ES JUAN DOMINGO ORABONA?

Alias “Palito”, de profesión contador, se recibió en la Universidad de Nacional de Ciencias Económicas de la ciudad de Concordia, donde forjó una gran amistad con el Gustavo Bordet. Casado, y con un hijo extramatrimonial en la provincia vecina de Corrientes.

SU LLEGADA

“Palito” Orabona, llegó a la Cámara de Senadores de la Legislatura de Entre Ríos en la gestión 1995/1999 -Gobernador Jorge Pedro Busti y Vice Gobernador Hector Alanís-, de la mano del Senador electo por el departamento de Concordia, menemista de la primera hora, abogado, Mario Alberto Yedro, abogado, alias “Tito”.

En esa ocasión, Mario Yedro tenía dos asesores estrellas encargados de hacerle caja, por un lado, Juan Domingo Orabona y por el otro, el contador Julio Ivanovich.

Ya en esta ocasión, antes de que Héctor Alanís dejara la vicegobernación en manos de la fórmula de la Alianza Sergio Montiel y Edelmiro Tomás Pauletti, en noviembre de 1999, por decreto pasó a planta permanente a todos los contratos de obra, pero con numeración de noviembre de 1998. Inmediatamente la Alianza dejó sin efecto todos esos nombramientos irregulares, iniciaron los juicios correspondientes y fueron todos rechazados por improcedente.

Con la llegada de la formula, Jorge Busti y Pedro Guastavino, fueron incorporados a planta permanente de la legislatura todos aquellos que fueron incorporados de manera irregular.

En el entorno del ex senador Yedro (f), todavía cuentan la frase que le decía Palito: “…comprá tito, comprá que están baratos los campos…” Y así fue, el ex senador se compró un campo por recomendación de Orabona, éste se compra su casa actual con dicha comisión.

Tiempo más tarde, es decomisado el campo en el marco de una condena por enriquecimiento sin causa, en el que el mismísimo Fiscal Larrarte puso en consideración, por momento y bajo sospecha la acción desplegada por los contadores Julio Ivanovich y Juan Domingo Orabona, en cuanto a préstamos de dinero y cesión de acciones.

Asimismo, el contador Julio Ivanovich fue condenado en otra causa, caratulada “PACAYUT, Carlos F. s-PECULADO-PACAYUT, Abelardo F. y GABIO, A.V. s-Partíc.Nec; DURRELS, Norberto y MORANA, Rafael s/ participación necesaria; IVANOVICH, Julio C. y LOVERA, Carlos s/ Participación secundaria”.

LA VUELTA DE “PALITO”

En la gestión 2003/2007, Orabona llega de la mano del senador Hector Strassera, alias “Tito”. Esta vez, “Palito” está en mejores condiciones, planta permanente, experiencia y solo se encargaba de la caja de Tito Strassera. No obstante, el senador con más poder en aquel entonces era Hugo Berthet (porque era el presidente del bloque del PJ que junto con el vicegobernador, manejaban la caja más importante). Durante este periodo, el Director Administrativo Contable fue Cristian Treppo, quien hoy pasea por los pasillos de la justicia por causas de corrupción en ocasión de sobreprecios en la Obra Pública.

En el 2006 se genera un quiebre dentro del bloque del PJ, donde compiten dos fórmulas peronistas en el 2007, por un lado, Urribarri-Laurito y por el otro, Solanas-Cresto.

Justamente, como Hugo Berthet toma partido por la lista 100 de Solanas, es desplazado de la presidencia del bloque del PJ, tomando su lugar, el senador Hector Strassera. Ello fue un ascenso para “Palito” Orabona porque la caja era mucho más grande y tenía línea directa con el vicegobernador (Pedro Guastavino y el cerebro de las finanzas, Jorge Debreuil), y su Jefe, devenido en Presidente del Bloque.

Ya en el 2007, con la fórmula ganadora Urribarri-Laurito, y Juan Domingo Orabona por fin llega a la tan preciada Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos.

El problema que tenía, era que Orabona no era hombre de confianza de Jose Eduardo Laurito. Pero no pasó mucho tiempo en ganarse el beneplácito del ex Juez de Concepción del Uruguay. La causa determinante fue cuando “Palito” Orabona le solucionó con un Contrato de Obra, al amigo y pupilo del ex Juez, Ex Comisario, Félix Orlando Cabrera, alias Nachito.

En esa época, la investigación de los delitos de Lesa Humanidad se había convertido en política de estado, por el cual, funcionarios eran esquivos a verse cercanos a imputados o investigados.

Este era el caso del ex Juez, y como dicen en ciertos círculos de la ciudad de Concepción del Uruguay, “Militar Frustrado”, que no sabía cómo darle una mano a su amigo Nachito. Pero Orabona lo solucionó…

Asimismo, (cuentan algunas fuentes reservadas) Nachito compartía con Orabona y el vicegobernador Jose Eduardo Laurito, muchas horas en las dependencias de un apart hotel de la capital provincial. También solía sumarse un dirigente peronista recientemente desaparecido que se disgustaba con las anécdotas de la represión que contaba Cabrera entre risas y aplausos de Orabona.

Tiempo después, Nachito fue vinculado por crímenes de Lesa Humanidad, a tal punto, que dirigentes del Peronismo Disidente, Augusto Alasino y Aníbal Vergara, requirieron a la coordinadora del Registro Único de la Verdad, María Luz Piérola, que promueva una investigación por participación y complicidad en la última dictadura cívico-militar en Argentina a Eduardo Laurito. Pero bueno, la historia pondrá las cosas en su lugar. (*Fuente La Opinión Popular).

Pero también cumplió de manera extraordinaria las necesidades de caja chica y grande del militar frustrado, o como le gustaba decir a los operadores, “…este se parece al manosanta (en relación al personaje de Olmedo), ya que no le gusta tocar la plata, pero solo tocar, pero si disponer”.

Volvemos a repetir la historia del Senado Provincial. En el 2010 se vuelve a partir el bloque, y Vitulo reemplaza al senador Strassera, pero a esas alturas ya era un protegido del “militar frustrado”, lo que le permitió seguir en la Dirección de Administración Contable hasta el 2011.

Al dejar su cargo, se va con José Laurito al Ministerio de Educación a cumplir la función de coordinación contable que le permitía seguir haciendo lo que mejor hace, pero en la órbita del ejecutivo.

En junio del 2012 Gustavo Bordet designa a su amigo a cargo de la Secretaría más importante de la Municipalidad de Concordia, dejando el Ministerio de Educación.

Ya para el 2016, le pagan con una de las cajas más importante, el Instituto del Seguro de Entre Ríos, que le permite una gran cobertura mediática y presentarse como un analista político sobre la economía de Argentina, con tantos antecedentes, bastará esperar a que deje la gestión para revisar la conducta desplegada.

EN PARALELO, DURANTE EL PERIODO 2007/2011…

No debemos dejar de destacar la impronta privada que siempre tuvo, y en este periodo tampoco. Ya Gustavo Bordet a cargo del Municipio de Concordia, el contador se ocupó de administrarle el estudio contable y los negocios.

Cuenta nuestra fuente política de los pasillos del palacio municipal de Concordia, que en aquel entonces dentro de lo que se llama explosión inmobiliaria, los loteos se convertían en un negocio con éxito.

Los loteos con fines de urbanización hasta 50 lotes están exentos de ganancias siempre y cuando, no haya habitualidad ni permanencia de la fuente generadora. Si a eso, le sumamos, el lobby para orientar el proceso de urbanización y extensión de infraestructura, solo faltan dos cosas para que la operación sea un éxito: AFIP y un testaferro.

Su amigo de la Universidad, le presenta al Jefe titular de la AFIP Concordia, Pedro Verbauwede para que sea flexible con los cruces de datos a cambio de unos lotes. Tiempo más tarde, este señor queda involucrado en la causa por falsificación de marcas y defraudación impositiva de Tabacalera del Litoral, investigación a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

Faltaba resolver quienes iban a ser los testaferros, gente de Concordia no podía ser, pero sí de Paraná, ¿quiénes? Es así, que dos de los reclutadores Flavia Beckman y Hugo Mena terminan de prestar su nombre al administrador del loteo, el mismísimo Palito, Juan Domingo Orabona.
¿Ya se imaginarán quienes eran los inversores del loteo para urbanización?

TROPELÍAS EN CALLE SANTA FE

En audiencia pública contaba el Procurador Garcia: “Somos pequeñas aldeas, y en las pequeñas aldeas aún se recuerda cómo (Oscar) Mori contaba los sábados en el Flamingo todas las tropelías que hacía en el ámbito de la administración pública, que finalmente lo llevaron a la condena; donde era sabido lo que hacía (Domingo Daniel) Rossi con los fondos -en Uruguay-, y cuando se quiso dedicar a ser el Don Juan, y su ex mujer le manoteó los papeles y ahí se inició la causa por enriquecimiento ilícito”. (*Fuente: Entreriosahora).

Nos bastó consultar a unos cuantos funcionarios y aficionados a la política y nos dijeron que Juan Domingo Orabona, es el cajero de Gustavo Bordet. Inclusive, en ese sentido, las campañas a intendente de Concordia, Gobernador y su reelección, en gran medida fueron financiadas por la caja de la Cámara de Senadores. Vale aclarar, son solo comentarios propios de una “pequeña aldea” como le gusta decir al Procurador, pero no tenemos aún prueba fehaciente sobre estas aseveraciones.

Fuentes judiciales, indican aquella tarde de sol, cuando el Ministerio Publico Fiscal imputa a Juan Domingo Orabona, inmediatamente suena el teléfono rojo de la casa gris, el aire alrededor de Plaza Mansilla se volvió denso pero la intervención de tres altos mandos, dos del ejecutivo y uno del judicial, pusieron paño frío a la situación y llevaron tranquilidad.

En ese momento, le pusieron el mejor abogado –al que le dicen el “Pavo Real”- de Entre Ríos con excelente relación con la familia judicial pero carente de éxitos.

Inmediatamente el Ministerio Público Fiscal (MPF) inició acciones concretas para justificar el accionar incuestionable. Idas y vueltas, el MPF atropellaba y fulminaba todo en su camino, pero las inconsistencias eran evidentes.

Las mentiras tienen patas cortas dice el dicho, pero pueden sobrevivir por bastante tiempo si es que hay un poder fuerte que sostiene. Pero igual, siempre se caen.

El MPF empieza a cometer errores gravísimos porque trata de proteger lo imposible, juega a la política y se embarra. Hoy ya nadie le cree.

Fuentes cercanas al entorno de “Palito”, como le dicen sus amigos, nos cuentan que él entiende de cuestiones políticos judiciales y le preocupa como el sistema tiende a solucionar los conflictos en el que solo vela por las cabezas más importante.

Pero en estos momentos se encuentra dubitativo, desconfiado del poder político y principalmente de su amigo. Las razones, promesas y promesas sin cumplir. ¿Ni siquiera el MPF pudo elevar una parte de la causa? Siendo que sus abogados se lo habían asegurado. Parafraseando a la fuente señalan que Palito repite: “…una vez que me sienten en el banquillo, todos me van a desconocer. Pero bueno, por lo menos me avisaron de los embargos”.

Pero lo que preocupó realmente a Palito, fue la estrategia desplegada por sus defensores, apelan los embargos y luego no se presentan a la audiencia. Le señalan: “…que se quede tranquilo, porque el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes nos dará una mano”. Pero, al ver la audiencia, nada de eso pasó.

La lectura de los observadores de Plaza Mansilla, ven en el accionar de Fiscalía de Estado un apoyo político a un desacreditado MPF. Y en lo concreto, Julio Rodriguez Signes siguió la lógica del sistema, salvar a las cabezas, por lo que trasladó toda la responsabilidad a los Directores Administrativos Contables, entre ellos, Juan Domingo Orabona.

Nos cuentan en el entorno cercano de “Palito”, que estuvo haciendo unas consultas con letrados de experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, a quienes le llamó sorpresivamente la atención, el conflicto de intereses que prima en esta causa de los contratos de la Legislatura. Dice que le dijeron: “…no puede ser que un defensor defienda a los legisladores al mismo tiempo que a funcionarios de segunda línea. Pareciera que en Paraná hay un código procesal penal y de ética, poco lógico, le dijeron”.

La lista de entregados en Entre Ríos es larguísima, Yedro, Alanis, Pacayut entre otros, pero todos ellos bustistas. ¿Seguirá Orabona?

ACLARACIONES

Este equipo se ha contactado con Juan Domingo Orabona, quien lamentablemente por indicaciones de sus defensores, no nos dio una entrevista que permitiera aclarar o explicar su rol. De igual manera, sus defensores tampoco quisieron defenderlo. Lo que hemos expuesto son las primeras aproximaciones de una investigación que aún tiene muchas más aristas por indagar…


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Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

LA MATANZA | El PRO retiró sus fiscales tras denunciar irregularidades de un puntero de Pareja

A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.

El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.

La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.

– Luis “El Negro” Ontiveros

Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.

Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.

En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.

La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.

También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.

Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.

Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.

Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.

Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.

El nuevo Código Penal de Milei castiga los insultos con hasta 12 años de cárcel

*Por Augusto Grinner

El Poder Ejecutivo Nacional presentó su ambicioso proyecto de reforma del Código Penal Argentino (un documento masivo de 912 artículos y 377 páginas) en un acto escenográfico en el penal de Ezeiza. Sin embargo, ni el presidente Javier Milei ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hicieron mención a los artículos más controversiales, contenidos en el Título XXIX sobre “Discriminación, delito de odio”.

Tras la filtración de estos artículos, desde el oficialismo se intentó desligar su responsabilidad, alegando una supuesta “operación política”. No obstante, la magnitud de la filtración desmiente el argumento, evidenciando que se trata de una parte integral de la propuesta.

Del INADI a la cárcel: la hipocresía punitivista

La administración actual ha sido una de las voces más críticas contra los organismos que, a su juicio, actuaban como “policía del pensamiento” (como el INADI y el NODIO), promoviendo y efectivizando su cierre. Pero el proyecto de ley no sólo replica su espíritu, sino que lo agrava de manera exponencial: mientras aquellos sólo podían imponer multas o talleres de concientización, el nuevo Título XXIX establece penas de prisión efectiva de 3 a 12 años por las mismas conductas.

El Artículo 879 castiga a quien: “insulte, agreda, promueva, aliente o incite, por cualquier medio, a la persecución u odio de una persona humana o jurídica o un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba, religiosa, discriminatoria o por los motivos enunciados en el artículo precedente”. Esta disposición consagra el “crimen de pensamiento”, una figura propia de la ficción distópica 1984, la clásica obra de George Orwell, donde un Estado totalitario vigilaba el lenguaje y la ideología de sus ciudadanos.

Adiós al insulto callejero, a las críticas y al humor

La vaguedad de los artículos convierte la ley en un peligro para la libertad de expresión y el lenguaje cotidiano. Dado que la lista de motivos de “discriminación” es amplísima —condición social, ideología, edad, y caracteres físicos o psíquicos—, un simple insulto de tránsito podría ser interpretado por un juez como un “delito de odio agravado”, con su consecuente prisión efectiva.

Para poner un ejemplo, el influencer Emmanuel Danann, que ya enfrentó un proceso judicial con una probation en la Justicia Porteña por llamar “gordo con peluca” a una persona con sombra de barba y una peluca azul de cotillón, bajo este nuevo Código Penal hubiera enfrentado una pena de 3 a 9 años de prisión.

La situación es peor con el artículo 880, que agrava la pena hasta 12 años de prisión si la conducta se realiza con “habitualidad”. Esto implica que una persona que suela usar términos peyorativos, como el político “kuka” (referencia despectiva para los kirchneristas) o “zurdo” (para referirse a socialistas) en una red social (como podría ser X, ex Twitter), podría ser considerado un comportamiento delictivo habitual, derivando esos 12 años de prisión. Esta pena es completamente desproporcionada y es comparable o superior a las penas de delitos graves como el robo agravado o el homicidio simple, donde se afecta la vida o la propiedad.

Censura a gente común, a periodistas y a empleadores

El proyecto sienta las bases para la autocensura masiva en la prensa y entre los ciudadanos. Cualquier crítica u opinión sobre un grupo ideológico o social puede ser entendida como una “incitación al odio” o una forma de “agresión contra la dignidad humana” (art. 878). Periodistas y ciudadanos podrían ir presos por criticar a un partido político, a un grupo de inmigrantes, o a cualquier colectivo, incluso cuando este ni siquiera se trate de una minoría.

A su vez, el art. 879, inc. 4, penaliza a quien “obstruya, impida, limite o restrinja arbitrariamente (…) el acceso a bienes y servicios públicos o privados de uso general, incluido el acceso a (…) el empleo”. En una aplicación extrema, este artículo podría usarse para criminalizar a un empleador que decida no contratar a una persona de 60 años (próxima a la jubilación), o de 18 años (escasa experiencia), ya que los estarían discriminando por su edad; o por cualquier otra característica contemplada, convirtiendo una decisión de gestión privada en un delito con pena de cárcel.

El proyecto, impulsado por una fuerza que se define como defensora de la libertad, sienta un peligroso precedente: el de criminalizar el pensamiento y el lenguaje, sustituyendo la justicia por una ideología de la ofensa que amenaza los cimientos de la Constitución Nacional Argentina.

Kicillof quiere gastar $675 millones en crear un “INCAA bonaerense” 

El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.

La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.

El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.

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La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.

Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.

El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.

Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.

Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.

Luis D’Elía reconoció haber recibido fondos del régimen venezolano para organizar marchas K

Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.

El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.

D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.

– La contramarcha

Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.

Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.

El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.

La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.

Amplio repudio a la decisión del Gobierno de subastar el histórico Regimiento de Patricios

El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.

Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.

El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.

El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.

La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.

Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.

“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.

El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.

La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.

– Nicolás Pakgojz

El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.

La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.

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