Imagen Política | Los K encabezan el top 10 de los políticos con peor imagen
Los datos son de la Universidad de San Andrés (Udesa) y publica un amplio informe de coyuntura cada dos meses
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Según un estudio realizado cada dos meses por la Universidad de San Andrés (UdeSa) los dos referentes del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Cristina Fernández son los dos peores de la lista.
Si bien, la gran mayoría de los dirigentes argentinos están en una lista negra imaginaria pero contundente que escribe continuamente la sociedad, el ojo se centró esta vez en 10 referentes políticos que terminan el año involucrados en una incómoda posición, apuntados como los que tienen imagen más negativa.
Las imágenes involucran a más de 20 dirigentes del oficialismo y la oposición. El trabajo incluye 1.000 casos relevados entre el 13 y el 17 de diciembre, con +/- 3,15% de margen de error. Para medir la encuesta, Udesa ofreció seis diferentes variantes en sus respuestas: «Muy buena», «Algo buena», «No sé», «No lo conozco», «Algo mala» y «Muy mala». La imagen negativa se conforma por la gran cantidad de personas que respondieron con las dos últimas. En varios casos, llamó la atención el nivel del rechazo más alto.
Máximo Kirchner tiene 75% de valoración en contra, eso lo convierte en el peor de todos en este rubro, y casi toda la compone la «Muy mala» (63%). Lo mismo pasó con su Madre y vicepresidente de la Argentina, Cristina Kirchner, la segunda en este ranking incómodo, que totaliza 73% de negativa, de los cuales 61% son de «Muy mala».
En este top 10 se encuentra en el tercer lugar Daniel Scioli con un 43% de «Muy mala», aunque muchas encuestas ya no miden al actual embajador de Brasil, siempre queda su nombre ligado al oficialismo. Por debajo, vienen otros tres referentes del Frente de Todos: el gobernador Axel Kicillof (70% de negativa con 53% de «Muy mala»), el titular de Diputados Sergio Massa (69% y 46%) y el presidente Alberto Fernández (68% y 48%).
Pará terminar, los últimos personajes pertenecen a la oposición, el primero que aparece es Mauricio Macri, con números similares a los de los kirchneristas más cuestionados. El ex presidente llega a 68% de negativa. Más abajo, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió (59% de negativa total, con 36% de «Muy mala»), el diputado del FIT Nicolás del Caño (59% y 32%), y la diputada del PRO María Eugenia Vidal (55% y 33%).
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
Una nueva controversia se instaló en la provincia de Santa Fe luego de que trascendiera que el sindicato docente AMSAFE destinaría alrededor de 180 millones de pesos para la realización de un espectáculo musical encabezado por la reconocida banda de cumbia La Delio Valdez.
La iniciativa, impulsada en el marco de una jornada de protesta sindical, despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, que consideran que los recursos del gremio deberían estar orientados prioritariamente a la defensa de los trabajadores de la educación y al fortalecimiento de los reclamos salariales.
Las voces más críticas sostienen que la contratación del espectáculo se produce en un contexto marcado por conflictos laborales, medidas de fuerza y reiteradas suspensiones de clases que afectan a miles de estudiantes santafesinos. Desde esos sectores aseguran que “los gremios deberían concentrar sus esfuerzos en la representación de los docentes y en la búsqueda de soluciones concretas para la educación”, en lugar de destinar importantes sumas de dinero a eventos masivos.
Juan Monteverde y Caren Tepp, referentes de la izquierda aliada al kirchnerismo provincial, acompañaron el ‘acto’ de la AMSAFE. “Fue emocionante encontrarme con docentes de distintos rincones de Santa Fe que, a pesar de los salarios que no alcanzan, del desgaste y de la falta de respuestas, siguen sosteniendo todos los días nuestras escuelas” dijo Tepp, ganándose luego el repudio de las voces críticas por el presunto gasto millonario que se despilfarró.
El cruce duró poco más de un minuto y dio la vuelta a la provincia. Una mujer encaró al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, durante una actividad pública y le reclamó, cara a cara, por la situación salarial. Frente a las cámaras, la mujer aseguró que cobraba $720.000, que ese sueldo “no le alcanza para vivir” y que “tiene que endeudarse para poder comer”. El video se volvió material caliente en redes en cuestión de horas.
La protagonista fue identificada como María Teresa Gutiérrez Prane. Desde ahí, la escena se complicó. Horas después del episodio empezaron a circular en redes capturas la liquidación de haberes atribuida a la docente. Según esos documentos, no cobraría un sueldo sino dos: ambos dentro de la administración pública provincial.
Las cifras que muestran esas planillas están lejos de los 720 mil que ella planteó en cámara ante el gobernador. Uno de los haberes correspondería al Ministerio de Educación (E.G.B., categoría 11), por $841.842,04. El segundo lo abonaría la Unidad Ejecutora Provincial, la UEP-MP, categoría 10, por $1.262.812,97. Sumados, los dos conceptos dan un bruto de $2.104.655,01, una cifra que casi triplica el monto que la mujer denunció. Según esa misma documentación, incluso con todos los descuentos de ley aplicados (obra social y aportes) el bolsillo quedaría muy por encima de lo que ella dijo cobrar.
Ese contraste suma otra capa cuando se mira hacia atrás. Una nota publicada por LU20 Radio Chubut el 7 de abril de 2026 menciona a una María Teresa Gutiérrez Prane en un rol que la coincidencia de nombre vuelve difícil de ignorar: delegada gremial de la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Producción. En ese artículo, la dirigente encabezaba un reclamo que llevaba más de dos meses por el pago desigual de un adicional por desempeño. Denunciaba que se abonarían 600 mil pesos en varios tramos a un grupo reducido de empleados, integrado, según ella, mayormente por funcionarios cercanos al ministro, incluida su secretaria privada. Calificó ese adicional como ilegal y dijo que benefició de forma indistinta a un grupo muy pequeño.
En aquel relato, la delegada recordaba que un mes antes habían mantenido una reunión con el ministro Juan Pavón, donde elaboraron una propuesta para equiparar el adicional, y que después de ese encuentro no volvieron a juntarse. También señalaba que el funcionario atribuía la situación a la gestión anterior, encabezada por Laura Mirantes, a quien los trabajadores apuntaban como origen del esquema y a quien la propia dirigente cuestionó por su proyección electoral hacia el sillón de Moreno 650.
Por lo demás, la figura que evoca la nota de citado medio de la provincia de Chubut, lejos de ser el de una trabajadora aislada que improvisa un reclamo, tematiza el de una dirigente sindical con militancia activa, encuadrada, con conflictos abiertos y lectura política de la interna provincial. El mismo nombre que, semanas después, increpó al gobernador en cámara por un sueldo de 720 mil pesos.
Durante la madrugada el monumento al Estado de Israel ubicado en la plazoleta homónima, frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, amaneció con pintadas que incluían consignas como “Israel genocida” y otras expresiones contra el Estado israelí.
No fue un hecho aislado, siendo que ya habría sido objeto de vandalizaciones previas, incluyendo episodios registrados en 2010 y otros más recientes. El municipio intervino rápidamente para comenzar las tareas de limpieza, aunque la restauración demandará diferentes trabajos según el material afectado —ladrillo, placas de mármol—.
Carlos Maravankin, presidente del Centro Hebraico de Neuquén, se pronunció públicamente ante los medios y planteó una postura tajante en distintos planos. Sostuvo que el ataque no solo afecta a la comunidad judía neuquina, sino que también implica un perjuicio para toda la sociedad, ya que el repintado y la restauración del espacio deben ser afrontados con fondos públicos. Además, recordó que el modus operandi es una conducta reiterada, con antecedentes similares en el pasado que refuerzan la idea de una agresión persistente contra ese espacio. En ese marco, calificó a los autores como “grupos antisociales” que “no están en condiciones de sostener un diálogo democrático y respetuoso”, y que recurren al daño sobre el espacio público como única forma de expresión.
“Después el arreglo y el repintado lo terminamos pagando todos los vecinos a través de nuestros impuestos”, afirmó Maravankin. “Evidentemente esto refleja la ignorancia de estos antisociales. Primero deberían estudiar qué significa realmente el concepto de ‘genocidio’. Si realmente hubiera existido un genocidio, un pueblo habría desaparecido. Ningún pueblo ha desaparecido en Medio Oriente”, añadió.
— El monumento al Estado de Israel está frente al Concejo Deliberante de Neuquén
A su vez remarcó el componente personal y comunitario del conflicto, al señalar que varios integrantes de la colectividad local tienen familiares y amigos en Israel que atraviesan de manera directa las consecuencias de la guerra. Por último, cuestionó el uso del término “genocidio” para referirse a la situación en Gaza, en un punto que continúa generando una fuerte controversia internacional y donde conviven interpretaciones jurídicas, académicas y políticas profundamente divergentes.
Maravankin destacó que quienes hicieron las pintadas debieron haber usar algún elemento para trepar a las partes altas del monumento, lo que sugiere cierta premeditación, ymanifestó su esperanza en que las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante o un domo cercano permitan identificar a los responsables para que reciban las sanciones previstas por la normativa argentina sobre expresiones de odio y discriminación.
La reacción del municipio fue rápida —enviando operarios para la limpieza—, pero la cuestión de fondo es más difícil de resolver que una pintura. La comunidad judía neuquina usa la plazoleta como punto de encuentro y manifestación. En octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, fue el lugar donde se convocaron todas las comunidades a pedir por la paz.
— Cr. David Schlereth junto al intendente capitalino Horacio Quiroga en la reinauguró la plazoleta Estado de Israel en 2017
Este hecho en Neuquén no puede entenderse sin explicar primero el fenómeno preocupante y estadísticamente documentado. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó el 28 de junio de 2026 —casi simultáneamente con el vandalismo— su Informe Anual sobre Antisemitismo en Argentina 2025.
Los datos son elocuentes. En 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo en el país, lo que representa un incremento del 3.78% respecto de los 687 contabilizados en 2024. La cifra equivale a casi dos episodios por día a lo largo de todo el año. En ese mismo período, se denunciaron 48 agresiones antisemitas en la vía pública y en espacios comunes, prácticamente una por semana. El principal escenario de manifestación sigue siendo el ámbito digital, donde se concentró la mitad de los casos, especialmente en plataformas como X, Instagram, TikTok y Telegram.
El fake del fallecimiento de Jorge Messi que ayer difundió FlorenciaPeña desde la pantalla de LuzuTV conmocionó al ecosistema de redes.
Si bien la atención se centró en la controversial actriz, algunos usuarios hicieron eco de aquellos comunicadores que, antes de las 13:00 —horario en que Peña anunció livianamente la conmocionante primicia falsa—, ya habían publicado sobre el mismo tema en sus perfiles. Se especula que la producción del programa extrajo la “información” de alguna de esas “fuentes”.
El primero en romper el prudente secretismo de la familia Messi sobre la salud de Jorge fue EduardoFeinmann, desde el aire de Radio Mitre, la mañana siguiente al debut de la selección en el Mundial. Pero varios usuarios señalaron también al periodista de ESPN Gastón LuceroSuárez y a Evangelina Aranda, de La Derecha Diario y Neura Media. A diferencia de Feinmann, que sólo dio a conocer el mal estado de salud de Jorge Messi, Lucero Suárez y Aranda mencionaron explícitamente el fallecimiento del padre de Leo. Y el dato clave: lo hicieron una hora antes que Florencia Peña.
“Hoy confirmarían el fallecimiento del padre de Messi”, tuiteó Aranda a las 12:00. Tres horas después, la comunicadora libertaria citó el tuit de repudio del dueño de LuzuTV, Nicolás Occhiato: “Como me comí la curva que mogólica”.
Evangelina Aranda es muy cercana a un alfil clave de Karina Milei: la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.
Trabaja en el medio del español Javier Negre al menos desde octubre de 2025. Desde las redes de La Derecha Diario entrevistó a figuras importantes de LLA, de la talla de Alejandro Álvarez, subsecretario de Universidades de Milei; Bertie Benegas Lynch, diputado nacional; y Nahuel Sotelo, cuando ejercía como secretario de Culto. También formaba parte del staff de Neura Media, el streaming de Alejandro Fantino y del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo.
Por lo demás, La Derecha Diario se sumó al repudio masivo que pesó sobre Florencia Peña con una lapidaria cobertura de las declaraciones de la actriz K, acaso desconociendo que una de sus periodistas había contribuido al bulo.
Tras el escándalo, Evangelina Aranda borró la cuenta de X con la que difundió el fake.
Lo mismo hizo Lucero Suárez, de ESPN.“Acaba de fallecer Jorge Messi, papá de Lionel”, tuiteó ayer a las 12:28. Doce horas después, antes de desaparecer del microclima, pidió disculpas: “La información me llegó por 2 fuentes distintas (posteriormente chequeadas): un allegado a la familia y un médico del Hospital Español”.
Empleados estatales revelan una posible desviación de recursos organizada en el interior de la Dirección de Automotores y Embarcaciones Oficiales (DAEO) de la Provincia de Buenos Aires, organismo responsable de administrar, mantener y dar de baja la flota de vehículos del Estado provincial.
De acuerdo a testimonios internos recabados por el medio Realpolitik, el esquema involucraría el saqueo sistemático de repuestos antes de compactar autos oficiales, la manipulación del pesaje de chatarra, y la desaparición de al menos un vehículo histórico restaurado.
El área depende de un extenso abanico de funcionarios de la secretaria General de la Gobernación, bajo conducción de Agustina Vila. Solo cuando determinados vehículos oficiales presentan bajo kilometraje o buenas condiciones mecánicas, existiría un circuito informal para “recuperarlos” antes de enviarlos a compactación. El procedimiento incluiría conversaciones con sectores vinculados a la subsecretaría de Gobierno, administrada por Paula Verónica Ferraris.
— A la izquierda, Verónica Ferraris junto a Agustina Vila
Antes de que los vehículos oficiales sean aplastados por la máquina compactadora, los trabajadores del automóvil deben asegurarse que faros, baterías, ruedas y componentes electrónicos no desaparezcan. Los papeles de los autos dicen que están completos, pero al momento de compactarlos ya fueron vaciados.
“Hay autos que en los papeles están completos y cuando los van a compactar ya fueron vaciados”, afirmó una fuente.
Este tipo de autopartes tiene un valor comercial significativo en el mercado de repuestos usados. Al extraerlas antes de la destrucción, se generaría un mercado paralelo —mercado negro— de componentes que, si bien son piezas del Estado, terminan circulando como si fueran mercancía privada.
Antes de entrar de lleno en el hecho, cabe explicar que la función de la DAEO depende de la Secretaría General de la Gobernación bonaerense del gobernador provincial Axel Kicillof. Su misión es llevar un registro centralizado de todos los vehículos del Estado provincial, programar su distribución, controlar su mantenimiento, y decidir cuándo un vehículo ya no sirve y debe ser dado de baja. Cuando un vehículo oficial llega al fin de su vida útil, la DAEO tiene la potestad de compactarlo (aplastarlo para convertirlo en chatarra metálica) bajo el marco legal del Decreto 928/2007.
La directora actual del organismo es Rosana Mariel Viscardi, quien reemplazó a Ariel Abelando luego de que éste fuera desvinculado a principios de 2026 en medio de otras denuncias internas.
— Rosana Mariel Viscardi
El esquema no operaría a la vista de todos. Según los testimonios, el vaciado ocurriría fuera del horario laboral, cuando casi no queda personal en los galpones. Esto permitiría actuar con discreción, reducir los testigos y dificultar la trazabilidad de los componentes sustraídos.
Un nombre aparece de forma recurrente en las investigaciones y es el de Germán Sigampa, señalado como figura clave del circuito de compactación y de la gestión de rezagos (los restos o sobrantes de vehículos dados de baja). Conforme a la información, Sigampa recorre los depósitos de la provincia, mantiene vínculos con jefes distritales y tiene asignado un chofer por la directora Viscardi, lo que daría cuenta de su peso operativo dentro del organismo.
— Germán Sigampa
El concepto de “rezagos” es importante, debido a que en el sistema de la administración pública, los rezagos son los bienes sobrantes o inutilizables que deben ser dados de baja siguiendo un procedimiento formal. El control de quién gestiona esos rezagos y cómo se registran es clave para detectar sustracciones.
La trampa del pesaje de chatarra
Una de las denuncias más graves apunta al proceso de pesaje de la chatarra resultante de la compactación. Presuntamente existiría un posible conflicto de interés estructural, ya que la misma empresa que compra la chatarra sería la encargada de pesarla. Esto abre la posibilidad de que se declaren menos kilos de los reales, lo que significaría que el Estado recibe menos dinero del que debería por la venta de esos metales. La doble función —comprador y verificador del peso— eliminaría el control independiente que debería existir en cualquier licitación o contrato transparente.
El episodio más concreto y documentado dentro de la investigación involucra a un Peugeot 205 GLD modelo 1998, que había sido restaurado integralmente por personal de la DAEO. Por su antigüedad y excelentes condiciones tras la restauración, los propios empleados lo consideraban un “auto de museo”, no destinado al uso cotidiano.
Sin embargo, el vehículo fue utilizado por un empleado que no estaba habilitado para desempeñarse como chofer y quedó involucrado en dos incidentes graves en un lapso breve. En primer lugar, dio positivo en un control de alcoholemia en la ciudad de Tandil, hecho que derivó en el secuestro del rodado y su traslado en grúa, una situación que habría sido ocultada a las autoridades políticas del área. Poco después, ese mismo empleado protagonizó un choque en la autopista Buenos Aires–La Plata que terminó por destruir por completo el vehículo.
Desde el accidente, el Peugeot 205 no volvió a aparecer ni figura en los listados oficiales de depósitos. No hay registros fotográficos ni rastros en ningún circuito administrativo conocido. Todo lleva a sospechar que el vehículo podría haber sido incluido de manera encubierta en el proceso de compactación, eliminando así la evidencia de los incidentes. Tanto la subsecretaria de Gobierno Paula Ferraris como la secretaria general Agustina Vila no habrían sido informadas de lo ocurrido, y el manejo del caso quedó en niveles operativos intermedios. En ese encubrimiento aparece mencionado el propio director Abelando —el mismo que fue posteriormente desvinculado.
El patrón previo
Desplazar a Ariel Abelando a principios de 2026 no fue un acto deliberado, sino que se produjo en un contexto de reclamos reiteradas por faltantes de autopartes, reparaciones infladas y facturaciones cuestionadas dentro de la DAEO. Las alertas internas sobre los faltantes de autopartes existían incluso antes del proceso de compactación acelerado que el gobierno de Kicillof impulsó en enero de 2026.
La llegada de Viscardi como nueva directora, lejos de calmar las aguas, generó nuevas dudas. Trabajadores bajo su conducción la acusaron de maltrato, persecución laboral y asignación de tareas con vehículos en condiciones irregulares. A su vez, una investigación paralela del mismo medio reveló que existe un Volkswagen Fox oficial con VTV vencida que aparece con más de 32 millones de pesos disponibles para combustible en el sistema YPF Ruta, lo que sugiere un patrón más amplio de irregularidades administrativas.
Este hecho no se limita a la sustracción de unas autopartes. Detrás aparecen, al menos, tres dimensiones de gravedad institucional. Por un lado, una probable corrupción en la gestión de bienes públicos, ya que los vehículos del Estado pertenecen a toda la ciudadanía y su vaciamiento constituye un perjuicio directo al patrimonio público. Por otro, una evidente falla en los controles internos, dado que la misma empresa que adquiere la chatarra sería la encargada de pesarlo y, además, los vaciados habrían ocurrido fuera del horario laboral, lo que pone en duda el funcionamiento de los mecanismos previstos por el Decreto 928/07.
Finalmente, surge la sospecha de un posible encubrimiento institucional, ya que el caso del Peugeot 205, con dos hechos graves que habrían sido ocultados a las máximas autoridades, sugiere que no se trataría únicamente de una responsabilidad individual, sino también de una cadena de omisiones y silencios dentro del organismo.
La medida de fuerza fue convocada por los cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Marca la primera huelga dirigida exclusivamente contra la gestión provincial desde haber asumido en 2019.
En su debut legislativo, la concejal Marcela López intentó desdibujar el carácter nacional y federal de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un polémico proyecto de “Patria Grande”. Para justificar la movida, mintió al asegurar que tenía el aval de los organizadores del evento. La Comisión Estudiantil le bajó el pulgar de inmediato, expuso su falsedad y le archivó la iniciativa por unanimidad.
El titular del Centro Hebraico provincial, Carlos Maravankin, calificó a los responsables como “grupos antisociales” y reclamó que las cámaras de seguridad permitan identificarlos.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
