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Según un estudio realizado cada dos meses por la Universidad de San Andrés (UdeSa) los dos referentes del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Cristina Fernández son los dos peores de la lista.
Si bien, la gran mayoría de los dirigentes argentinos están en una lista negra imaginaria pero contundente que escribe continuamente la sociedad, el ojo se centró esta vez en 10 referentes políticos que terminan el año involucrados en una incómoda posición, apuntados como los que tienen imagen más negativa.
Las imágenes involucran a más de 20 dirigentes del oficialismo y la oposición. El trabajo incluye 1.000 casos relevados entre el 13 y el 17 de diciembre, con +/- 3,15% de margen de error. Para medir la encuesta, Udesa ofreció seis diferentes variantes en sus respuestas: «Muy buena», «Algo buena», «No sé», «No lo conozco», «Algo mala» y «Muy mala». La imagen negativa se conforma por la gran cantidad de personas que respondieron con las dos últimas. En varios casos, llamó la atención el nivel del rechazo más alto.
Máximo Kirchner tiene 75% de valoración en contra, eso lo convierte en el peor de todos en este rubro, y casi toda la compone la «Muy mala» (63%). Lo mismo pasó con su Madre y vicepresidente de la Argentina, Cristina Kirchner, la segunda en este ranking incómodo, que totaliza 73% de negativa, de los cuales 61% son de «Muy mala».
En este top 10 se encuentra en el tercer lugar Daniel Scioli con un 43% de «Muy mala», aunque muchas encuestas ya no miden al actual embajador de Brasil, siempre queda su nombre ligado al oficialismo. Por debajo, vienen otros tres referentes del Frente de Todos: el gobernador Axel Kicillof (70% de negativa con 53% de «Muy mala»), el titular de Diputados Sergio Massa (69% y 46%) y el presidente Alberto Fernández (68% y 48%).
Pará terminar, los últimos personajes pertenecen a la oposición, el primero que aparece es Mauricio Macri, con números similares a los de los kirchneristas más cuestionados. El ex presidente llega a 68% de negativa. Más abajo, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió (59% de negativa total, con 36% de «Muy mala»), el diputado del FIT Nicolás del Caño (59% y 32%), y la diputada del PRO María Eugenia Vidal (55% y 33%).
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El mundo del periodismo y la cultura argentina se conmocionó tras la muerte de Jorge Lanata, quien falleció a los 64 años luego de seis meses de complicaciones médicas. La noticia fue confirmada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estuvo internado desde el 14 de junio debido a una descompensación cardíaca, infecciones y un cuadro de neumonía.
La despedida al destacado periodista se realizará el 31 de diciembre, en la Legislatura Porteña, desde las 10 de la mañana. Según trascendió, el velatorio reunirá a familiares, amigos, colegas y figuras destacadas de diversos ámbitos. Posteriormente, sus restos serían trasladados a un cementerio privado, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente por la familia.
“Hablé con una persona de la Legislatura Porteña y me dice que sí, que la intención es velarlo ahí. Todavía no está el horario ni la confirmación oficial, pero ya están haciendo los preparativos para que la última despedida sea ahí”, completó el periodista Santaigo Sposato.
La partida de Lanata generó una ola de mensajes de admiración y dolor en redes sociales. Ángel de Brito, conductor de LAM, fue uno de los primeros en expresar su pesar: “Murió #Lanata. Que encuentres la paz, querido Jorge. Tan generoso con todos, tan valiente, tan pionero”.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, reforzó los controles en Mar del Plata contra los denominados “trapitos” mediante operativos de seguridad que buscan desalojarlos de las zonas cercanas a las playas. Estas acciones se implementaron en plena temporada estival, ante la llegada masiva de turistas y el aumento de denuncias por extorsión en la vía pública.
“A partir de diciembre te encontrás con que viene gente de otros lugares de la Argentina para generar caos y hacerse dueña de la calle, y eso no lo voy a permitir. No solamente es un delito, sino que también está la situación de extorsión permanente en el espacio público”, afirmó Montenegro en declaraciones públicas.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió un video donde un agente de la Secretaría de Seguridad desalojó a un trapito que cobraba a los automovilistas frente a la playa Bristol, en pleno centro de la ciudad. En la grabación, el policía le explica al acusado: “Como es un espacio público, no se puede pedir dinero. Retírese”. Montenegro acompañó el video con un mensaje contundente: “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”.
“ESTO NO ES UN TRABAJO”
La viralización del video generó un impacto inmediato: solo en el día de su publicación se recibieron 25 denuncias adicionales en la línea de WhatsApp (223-3406177) habilitada para reportar estas prácticas. Esta herramienta, disponible las 24 horas, permite a los ciudadanos enviar fotografías y videos como evidencia de situaciones de coacción en la vía pública.
El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, respaldó la medida y la calificó como “razonable”. En una entrevista, destacó que la iniciativa busca diferenciar entre quienes solicitan colaboración de manera voluntaria y quienes emplean métodos coercitivos. “Los que amedrentan, aprietan y ponen precios son delincuentes; quienes no hacen esto no tendrán problemas”, aclaró. Además, hizo un llamado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para intensificar su colaboración en la prevención de este fenómeno.
Entre las conductas denunciadas figuran amenazas, cobro de tarifas fijas por estacionamiento, violencia verbal, consumo de alcohol en la vía pública y la reserva ilegal de espacios. Montenegro enfatizó que estas prácticas generan temor en los ciudadanos: “La gente dejó de disfrutar de la calle porque tiene miedo de estacionar el auto y de salir a la mañana”.
El intendente señaló que la proliferación de los trapitos no es un fenómeno aislado, sino que responde a una organización con vínculos políticos. Comparó la situación con la toma de El Marquesado, ocurrida hace dos años, donde acusó a sectores liderados por Juan Graboisde utilizar el espacio público de manera ilegal. “Cuatro vivos te usurpan el espacio público y hacen plata. Eso no lo voy a permitir”, sentenció Montenegro.
Montenegro destacó que Mar del Plata ya no es solo un destino de temporada, sino que se consolidó como una ciudad atractiva para turistas jóvenes durante todo el año. “Generamos eventos deportivos y culturales que permiten sostener la actividad más allá del verano. Antes, uno de cada cinco visitantes eran jóvenes, y ahora es uno de cada tres”, resaltó.
Con el lema “Esto no es un trabajo”, el jefe comunal dejó en claro que el municipio continuará combatiendo estas prácticas. En un mensaje reciente en la red social X, el intendente reafirmó su postura: “El espacio público no es de nadie, no te pueden cobrar. No podés estar pensando que vas a tener un problema cuando estacionás el auto”.
Este sábado por la tarde, una pareja de jóvenes fue detenida in fraganti mientras vandalizaba una pared de la estación Callao de la Línea B del subte porteño. El hecho, registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), derivó en una rápida intervención de la Policía de la Ciudad, que los acusó del delito de daños. Como medida preventiva, la Justicia les prohibió salir del país y les impuso tobillera electrónica, además de vetarles el uso de la red de transporte subterráneo de Buenos Aires.
El incidente ocurrió en el andén sentido Leandro N. Alem, en un sector en remodelación. Personal de la División Subtes, que realizaba un recorrido preventivo, fue alertado por un operador sobre la actividad sospechosa. Tras confirmar la situación mediante las cámaras de seguridad, agentes policiales se dirigieron al lugar y detuvieron a los jóvenes, un hombre de 22 años y una mujer de 24. En su poder se encontraron cuatro latas de aerosol con las que habían pintado una pared de dos metros de alto por cuatro de largo.
El video difundido por las autoridades muestra cómo la pareja utilizaba los aerosoles para grafitear, sin advertir que estaban siendo observados por las cámaras. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Malena Mercuriali, tomó intervención en el caso y dispuso la detención de ambos imputados bajo la acusación de “daños”. Además, se les ordenó fijar domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y se les colocaron tobilleras electrónicas ambulatorias.
Aunque no se divulgaron los nombres ni las nacionalidades de los detenidos, la imposición de la prohibición para salir del país despertó especulaciones sobre su origen. Sin embargo, las autoridades no confirmaron si los jóvenes son extranjeros.
La gestión encabezada por Waldo Wolff en la Ciudad de Buenos Aires busca reforzar las medidas de seguridad y control en el transporte público, con un énfasis particular en la preservación del patrimonio urbano. Este episodio, que terminó con la intervención policial y fuertes sanciones para los grafiteros, comentaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, refleja el enfoque de tolerancia cero hacia el vandalismo en espacios públicos.
Mientras tanto, el sector afectado en la estación Callao permanecerá cerrado hasta que concluyan las tareas de limpieza y reparación.
Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó severas irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco. Más del 66% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos establecidos para percibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes resultaron alarmantes, involucrando diagnósticos falsos, informes médicos irregulares e incluso confesiones de fraude.
La auditoría, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue parte de una serie de operativos desplegados en localidades chaqueñas —Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli—. Los trabajos pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.
2689 beneficiarios fueron citados a la auditoría, de los cuales 2344 (87,17%) asistieron.
Solo 365 casos (13,58%) cumplieron con los requisitos.
1796 casos (66,79%) fueron declarados desfavorables y serán dados de baja.
345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron.
Otros 183 casos (6,81%) continúan bajo fiscalización médica.
Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran situaciones que evidencian un esquema de corrupción y negligencia.
Amputación falsa: A una mujer se le otorgó la pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, pero la auditoría confirmó que estaba en perfecto estado de salud.
Diagnósticos contradictorios: Beneficiarios presentaron informes inconsistentes; por ejemplo, alegaban tener hipertensión, mientras el Cuerpo Médico registró diagnósticos de diabetes.
Cáncer de mama inexistente: Una mujer cobró una pensión por cáncer de mama, pese a nunca haber sido diagnosticada ni haberse realizado exámenes médicos.
Pensión por pie plano: Una niña recibió el beneficio por un diagnóstico de pie plano, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados.
Confesión de fraude: Una mujer admitió que su pensión fue gestionada por su empleadora con el único fin de evitar pagar su salario.
En el caso de Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes percibe pensiones por invalidez, la auditoría encontró que el 97% de los beneficios eran fraudulentos. El fiscal federal Carlos Amad denunció un esquema que involucraba a médicos, gestores, funcionarios municipales y al intendente Carlos Antonio Ibáñez. Las investigaciones revelaron que se pagaban hasta 30.000 pesos para obtener certificados falsos y dar inicio a expedientes aprobados sin control. Además, se descubrió un patrón de familias completas que accedían a pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo menores de edad que aparecían como beneficiarios sin ninguna discapacidad.
Amad informó que en allanamientos realizados en viviendas particulares se incautaron cuadernos con registros de pagos de coimas, certificados médicos falsificados y evidencia de complicidad entre gestores y autoridades locales. Entre los diagnósticos irregulares figuraban enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes” y “traumatismos de columna lumbar”, utilizados para justificar las solicitudes de pensiones.
Según datos oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, lo que equivale a un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Esta cifra representa un impacto severo para un sistema que debería priorizar a las personas con discapacidad real.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan”.
UNA TRAMA QUE DURÓ DÉCADAS
La investigación revela que el esquema de corrupción en las pensiones no contributivas no es reciente. Según la ANDIS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra, según fuentes oficiales, es “inédita incluso en países devastados por conflictos bélicos”.
Durante la administración de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se mantuvo estable, pero en la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 1.250.000. Investigaciones actuales sugieren que la falta de controles médicos rigurosos fue clave para la expansión de este fraude.
El fiscal Amad destacó que estas pensiones eran “moneda de cambio para favores políticos”, perjudicando a quienes realmente las necesitan. Además, señaló que muchos solicitantes que presentaron documentación válida fueron rechazados debido a la saturación generada por expedientes fraudulentos.
Diego Spagnuolo aseguró que el objetivo de las auditorías es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a la corrupción. Para ello, se implementaron nuevos controles médicos y cruces de datos con otras instituciones del Estado. Desde la ANDIS, explicaron que “esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.
La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos.
Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.
Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.
Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.
La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.
El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.
Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.
La reciente aprobación de un proyecto para la instalación de un bingo en Ingeniero Maschwitz generó un tensiones y debate en el partido de Escobar, destacándose como un caso paradigmático de tensión entre el desarrollo urbano y las demandas comunitarias. Durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de este viernes, los concejales avalaron la construcción de un centro comercial en la intersección de la Colectora Oeste y Ruta 26, un emprendimiento que incluyó una sala de juegos, un hotel y espacios gastronómicos.
El proyecto se presentó como un desarrollo integral destinado a diversificar la oferta comercial y recreativa local. No obstante, su componente más controvertido fue la sala de juegos, que podría operar como bingo. El intendente Ariel Sujarchuk respaldó la iniciativa al proponer que un porcentaje de los ingresos del bingo se destinara a la Cooperadora del Hospital del Bicentenario de Garín, bajo las disposiciones de la normativa provincial.
El expediente Nº 18.318/24 se presentó el pasado 6 de diciembre, y en menos de tres semanas completó su circuito legislativo. Esta rapidez fue facilitada por los dictámenes favorables emitidos en menos de 48 horas por varias áreas del Ejecutivo municipal, lo que permitió a Laura Guazzaroni, presidente del HCD, convocar a una sesión extraordinaria. Finalmente, de los 24 concejales, 20 votaron a favor.
– El bingo se instalaría en el predio que está al lado de la base de Policía Motorizada
Entre las ausencias destacaron figuras como Gabriela Hernández y Florencia Campos, del bloque Pro Libertad, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo. Por su parte, los tres concejales de La Libertad Avanza respaldaron la medida, generando críticas dentro y fuera del recinto.
Analistas locales y representantes vecinales señalaron que el tratamiento acelerado del proyecto reflejó una falta de transparencia y debilitó la legitimidad del proceso. Esta percepción se agravó considerando que el juego de azar fue un sector que, históricamente, estuvo asociado a problemáticas sociales y cuestionamientos éticos.
La instalación del bingo despertó un contundente rechazo entre los residentes aledaños a esa zona en específico de Ingeniero Maschwitz, quienes, organizados en agrupaciones como la Asociación Vecinal Ruta 26 y la Red de Seguridad de la Ruta 26, presentaron un documento en el que sintetizaron sus principales objeciones.
Una vecina describió el proyecto como un negociado y enfatizó que “el bingo no mejoró la calidad de vida; solo enriqueció a unos pocos a costa del deterioro de nuestra comunidad”. Otros residentes señalaron que “la ludopatía y los negocios oscuros asociados a los bingos trajeron consigo más pobreza y descomposición social” y que “estas iniciativas solo benefician a intereses particulares mientras descomponen el tejido social de la comunidad”.
El documento también subrayó la experiencia de otras localidades bonaerenses donde emprendimientos similares exacerbaron problemas sociales, especialmente en sectores vulnerables. Según el escrito, la instalación del bingo también podría generar mayores costos en servicios de emergencia y seguridad, recursos ya limitados en el municipio.
El comunicado también advirtió que la instalación del bingo desvalorizaría las propiedades cercanas y alteraría la identidad de Ingeniero Maschwitz, que se caracteriza por su entorno residencial y natural. Los vecinos afirmaron que continuarán movilizándose y evaluando alternativas legales para detener la iniciativa.
El municipio defendió el proyecto como una oportunidad para generar empleo y diversificar la economía local. Sin embargo, los detractores insistieron en que aquellos empleos generados fueron temporales y precarios, mientras que los costos sociales fueron permanentes. Estudios presentados por la Asociación Vecinal Ruta 26 advirtieron, por ejemplo, que el bingo fomenta la exclusión social al incentivar el gasto en apuestas entre sectores económicamente vulnerables.
En respuesta, propusieron alternativas para el uso del predio, como la construcción de centros de capacitación laboral y espacios recreativos que promovieron la integración comunitaria. Estas propuestas subrayaron la necesidad de proyectos que fortalecieran el tejido social en lugar de fragmentarlo.
La ordenanza aprobada estipuló que el desarrollo debió cumplir con estrictos requisitos de sostenibilidad y garantizar audiencias públicas antes de su ejecución. La comunidad, sin embargo, se movilizó para detener la iniciativa y evaluó acciones legales para cuestionar su viabilidad.
La controversia reflejó un conflicto más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano en Escobar y el equilibrio entre intereses económicos y las demandas sociales.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
