El Gobierno gastará más de $2 BILLONES en “políticas con perspectiva de género”
El Presupuesto 2020 prevé un gasto multimillonario en "políticas de género". En comparación con el del año pasado, el aumento es del 19,3%.
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Tal cual se desprende del proyecto de Ley correspondiente al Presupuesto 2022, el Gobierno nacional pretende gastar para el próximo año, poco más de $2 billones para la implementación de “políticas con perspectiva de género”.
La cifra, representa un total del 15,4% del monto total, equivaliendo un 3,4% del PIB. En comparación con 2021 registra una suba real del 19,3%.
La iniciativa del Ejecutivo, presentado en el Congreso semanas atrás por el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé destinar ese monto “al fortalecimiento de la infraestructura de cuidados y la inclusión de mujeres y diversidades en sectores estratégicos de la economía”.
En la composición del gasto para la categoría “Igualdad entre los Géneros”, se destaca en primer lugar la ANSES con las Prestaciones Previsionales por Moratoria Previsional, con un crédito de $1.578.630 millones para 2022.
Áreas a las que se destinará el dinero (Télam)
Le sigue en orden de importancia la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) y la Pensión para Madres de 7 o más Hijos, con un incremento del 13,6 % comparado con el presupuesto vigente de 2021. Estas políticas de la ANSES constituyen el 76,67 % del presupuesto asignado a políticas de género.
En tanto, el siguiente organismo con relevancia presupuestaria es el Ministerio de Desarrollo Social (con el 19,9 % del total) que, a través de la línea de asistencia alimentaria mediante la Tarjeta Alimentar, registraría un aumento del 108,6 % interanual y alcanzaría a 2.603.779 mujeres, con una partida de $248.646 millones.
A su vez, el Programa Potenciar Trabajo, con un monto estipulado de $161.152 millones, registró un aumento real en su presupuesto del 77,6 % anual y se dirigirá a un total de 733.868 mujeres. En el Ministerio de Obras Públicas, el programa de “Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y otras acciones en Género”, destinado a 218 obras de infraestructura para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, tiene un monto presupuestado de $12.901 millones, es decir, el 0,6 % del total del presupuesto para políticas de género.
También hay partidas para el Ministerio de Desarrollo Productivo con un monto de $1.805 millones para “Financiamiento de la Producción y Otras Acciones” que busca asignar créditos a empresas lideradas por mujeres para capital de trabajo e inversión productiva en las provincias argentinas.
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Lo que ante la comunidad educativa de la ORT formalmente se anunció como una disertación institucional sobre “Ética e inteligencia artificial”, mutó de manera vertiginosa en una bajada de línea doctrinaria e ideológica. Durante más de cuarenta minutos frente a alumnos de cuarto y quinto año, el Presidente desplazó cualquier debate sobre tecnología o innovación pedagógica para volcarse de lleno a presentar el epílogo de su libro, bajo la tesis de que el libre-mercado está inscripto en la estructura bíblica y en los Diez Mandamientos.
En un auditorio con presencia restringida de adultos y sin acceso a la prensa, la alocución asumió un tono teológico e intransigente. “El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre, el hombre lo descubrió al obedecer”, aseveró el mandatario ante los estudiantes. El encuadre no admitió matices ni matices analíticos: la prosperidad material fue presentada como la consecuencia directa de la obediencia espiritual, mientras que toda alternativa o disidencia fue calificada bajo términos de estigmatización religiosa.
El punto más álgido del discurso se alcanzó al abordar las corrientes del pensamiento económico y político opuestas al programa de gobierno. Lejos de ofrecer una crítica técnica, el Presidente acudió a escritos juveniles de Karl Marx y a las tesis del pastor Richard Wurmbrand para lanzar una acusación dogmática en un ámbito laico: “Marx era satanista”. A partir de esa premisa, concluyó que el marxismo representa un “programa satánico” cuyo resultado inexorable es “el infierno en la Tierra”, planteando a los adolescentes un dilema binario donde la elección no es política ni democrática, sino un alineamiento absoluto entre el bien y el mal.
La charla era anunciada con temática exclusivamente sobre “ética e inteligencia artificial”.
Ataques a la prensa y clima en el auditorio
La tensión en la sede de Almagro no sólo se vivió en el plano conceptual, sino en la propia dinámica desplegada dentro del colegio. Ante las muestras de rechazo y abucheos que surgieron en el recinto hacia los medios de comunicación presentes, el Presidente alentó a los estudiantes a intensificar las arengas contra el periodismoen un espacio educativo, celebrando la reacción. Este clima convivió con un inédito operativo de seguridad y hermetismo que incluyó calles cortadas, perros antibombas y restricciones de circulación dentro del propio edificio escolar.
La respuesta del estudiantado expuso una profunda polarización interna. Mientras en el exterior y los pasillos varios alumnos realizaron intervenciones con consignas en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas para marcar distancia de la línea oficial, otros sectores optaron por amontonarse en los pasillos para saludarlo y fotografiarse con Milei.
— El Presidente en el estrado de la ORT.
Esa última escena fue rápidamente festejada por voceros del periodismo alineado con el Poder Ejecutivo. Comunicadores como Eduardo Feinmann justificaron el episodio compartiendo imágenes de los adolescentes e indicando que estaban “con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente”, rebajando la discusión sobre el adoctrinamiento y la bajada de línea a la mera fascinación juvenil por una figura pública, una benevolencia que dista de las duras críticas que ese mismo sector suele ensayar cuando los actos políticos en escuelas pertenecen a otros signos ideológicos.
El padre de un alumno de ORT me manda imágenes de los chicos con sus celulares libremente usados en el colegio junto a la Presidente. pic.twitter.com/XUsuBlM3wf
Feinmann justificando que los alumnos “libremente” deciden sacarse fotos con la celebridad.
La grieta en la colectividad
La exposición en el colegio desencadenó una fuerte ola de pronunciamientos críticos dentro de la comunidad judía, donde diversos referentes y organizaciones cuestionaron el rol de la dirigencia institucional.
Desde Meretz Argentina —una corriente judía de izquierda— emitieron un duro comunicado en el que denunciaron que los alumnos fueron expuestos a un discurso “surreal, violento, fuertemente partidario y totalmente inapropiado ante una escuela”, remarcando que la introducción de referencias al judaísmo ortodoxo atenta directamente contra el carácter laico e integral de la ORT. Asimismo, la agrupación apuntó a la conducción comunitaria al señalar que “la DAIA incumple su misión de representar el pluralismo de la comunidad judía y de velar por la defensa de los derechos humanos si se convierte en una agencia de prensa de la Casa Rosada”.
Condenamos el discurso de Javier Milei en la Escuela ORT (1/2) pic.twitter.com/Khs9ov3CgZ
El comunicado de Meretz.
En esa misma línea de rechazo, las críticas hacia la complacencia de las autoridades institucionales se extendieron a voces de fuerte repercusión pública. El científico y divulgador Ernesto Resnik fue contundente al calificar lo sucedido como una “vergüenza”, dirigiendo sus cuestionamientos tanto a la gestión del establecimiento como a la conducción de la entidad representativa: “Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos”. Estas reacciones dejaron en evidencia una profunda ruptura entre las cúpulas dirigentes y amplios sectores de la colectividad que rechazan la instrumentalización de la fe.
Lo de la ORT hoy es una vergüenza y lo de la DAIA es una vergüenza que ya lleva décadas. Instituciones cobardes y genuflexas al servicio de dirigentes corruptos y alianzas políticas corruptas que no representan a los judíos argentinos.
La crítica del científico Ernesto Resnik
Exalumno denuncia la doble vara
El testimonio del economista, investigador y exalumno Nicolás Dvoskin expuso de manera cruda la histórica doble vara de las autoridades del colegio respecto a la política.
Dvoskin, quien fue abanderado y representó a la institución en certámenes nacionales e internacionales de física, ajedrez y modelos ONU, rememoró los episodios de censura que vivió durante su paso por la secundaria: “Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin trabajo. Pedíamos que nos habiliten un aula un mediodía a la semana y un pedacito de cartelera. Nos sacaron cagando diciendo que no querían meter a la política en la escuela”.
Javier Milei entre los adolescentes. Sin tropiezos, Santiago Oría capta el momento con su videocámara
El exalumno detalló cómo esa supuesta vocación de neutralidad era utilizada para silenciar las voces críticas de los estudiantes mientras la conducción se beneficiaba de sus logros académicos: “Llegaron a llamarme de rectorado para pedirme que baje el tono porque decía cosas que a la escuela no le gustaban.Se colgaban de mis premios en nombre de la escuela pero me pedían que me calle”. La situación llegó a su punto límite en la entrega de diplomas de su promoción, el 10 de diciembre de 2003, al cumplirse 20 años del retorno de la democracia en Argentina. Luego de pedir autorización para hablar en el acto, la dirección le exigió presentar el texto con anticipación: “Hablaba de la importancia de la educación y de la democracia. Me respondieron que igual no querían que hablaran alumnos y no querían meter cuestiones políticas”.
Esa rigidez para clausurar el debate plural entre los propios estudiantes contrasta frontalmente con la alfombra roja desplegada para la visita del Poder Ejecutivo. “Hoy ORT recibe a un presidente que en un auditorio lleno de estudiantes a los que no se les preguntó si querían escucharlo afirmar que hay que abuchear a los periodistas, que el capitalismo responde al plan de Dios y es maravilloso”, cuestionó Dvoskin, rematando con una definición certera sobre la hipocresía institucional: “Si te preocupa que un alumno de 17 años hable de democracia pero no que un presidente de 55 baje línea religiosa, macartista y promotora de la violencia, tu problema no es con la política. Tu problema es político. Con todo respeto y como ex alumno, ex abanderado, ex representante de la escuela en diversos ámbitos, váyanse a cagar”.
Corría el año 2002, yo estaba en 5to año de ORT, y con un grupo de compañeros/as pedimos que nos den un espacio para juntarnos a conversar sobre lo que estaba pasando en Argentina. En mi división el 20% del curso se había ido del país. Muchos de nuestros padres estaban sin…
El descargo del exalumno y exabanderado de la ORT.
Antisemitismo y paradoja populista
La estrategia de utilizar símbolos y preceptos religiosos para sacralizar las medidas de gobierno genera una seria preocupación en diversos análisis sociales e instituciones comunitarias. Al vincular de manera directa la fe judía con las políticas de ajuste y la desregulación económica, la retórica oficial desplaza la discusión secular hacia el plano del dogma. Esta apropiación constante no fomenta la tolerancia ni la integración; por el contrario, arriesga encender prejuicios y canalizar el malestar social a través de un peligroso antisemitismo reactivo, responsabilizando a toda la colectividad por las decisiones del Poder Ejecutivo.
A esta instrumentalización se suma una notable paradoja conceptual en el corazón del relato oficial. Pese a que el Presidente insiste en rechazar el populismo argumentando que no se le gana “haciendo más populismo”, la praxis de su discurso apela a las herramientas clásicas del populismo de derecha.La división binaria entre el bien y el mal, la estigmatización de la prensa desde un estrado escolar y la descalificación del adversario negándole entidad moral revelan una narrativa maniquea que dista de la deliberación democrática, transformando un espacio educativo en un escenario de polarización.
“Si quieren ABUCHEAR más fuerte a los periodistas, se los voy a festejar”Milei alentando a chicos de SECUNDARIA a abuchear a los periodistas kjjj y dónde están los caraduras que decían “CON LOS CHICOS NO” y “adoctrinamiento” pic.twitter.com/G9meDP1UFZ
El paso de Javier Milei por la escuela ORT no sólo dejó al descubierto la fragilidad de las proclamas de neutralidad institucional, sino que expuso la fractura abierta en una comunidad que se debate entre la complacencia dirigencial y el repudio al adoctrinamiento. Al convertir un aula en un estrado teológico para legitimar su programa político y estigmatizar el disenso, el mandatario terminó tensionando los propios cimientos laicos y plurales de la institución.
El episodio queda así registrado como un claro indicador de época: la paradoja de un discurso que combate al colectivismo recurriendo a los dogmas del fanatismo, en un escenario donde la educación y la fe corren el riesgo de quedar reducidas a simples herramientas de propaganda.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.
Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.
Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.
La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.
Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.
Manotazos de ahogado
No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.
Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.
El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.
El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.
Todos los hombres de Chávez
Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto: “el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.
— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)
Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.
La ruta del dinero
Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.
Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:
Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.
Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.
Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.
El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país.
(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.
b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.
c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.
Juan Carlos Valiente, excombatiente de la Guerra de Malvinas y militante de La Libertad Avanza en Chaco, presentó una denuncia penal contra la cúpula provincial del partido por una presunta estafa y retención indebida de 15 mil dólares. Habría sido usado para afrontar el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires destinado al entonces diputado nacional electo Carlos García.
“Le facilité, le presté por un mes. Hace exactamente dos años y medio le presté una suma de dinero en efectivo. La charla era devolución al mes siguiente, a lo sumo dos meses. A partir de eso, se borraron”, afirmó Valiente al medio Alerta Urbana.
Los denunciados son Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, y Jorge Alfredo Moreno, tesorero de la agrupación, imputados por los delitos previstos en los artículos 172 (estafa) y 173 inciso 2 (retención indebida) del Código Penal.
— Alfredo “Capi” Rodríguez en los estudios de la emisora LT16am950
Según la denuncia, Valiente entregó ese dinero en efectivo el 22 de diciembre de 2023 bajo la modalidad de préstamo, con la promesa de devolución en un plazo máximo de dos meses. El excombatiente relató que aceptó prestar el dinero porque confiaba en los referentes partidarios, quienes le habrían asegurado que recibirían aportes privados para cubrir gastos de la actividad política y así devolverle la suma.
Este tipo de denuncia se encuadra en la figura penal conocida como “retención indebida”, que no requiere una intimación formal para configurarse, siendo que basta con que el que recibió la cosa bajo obligación de devolverla, conociendo esa obligación, no la restituya en el plazo pactado.
“Me cagó”, destacó Valiente y agregó que “¿cómo alguien puede quedarse con la plata que uno le prestó de corazón, sin pedir intereses, solamente para darle una mano?”. “Era mi ahorro como Veterano de Malvinas”, añadió.
Este episodio se suma a una serie de medidas judiciales que ya venían golpeando a la conducción de LLA Chaco, lo que ayuda a entender el contexto de desconfianza en el que se inscribe la denuncia de Valiente.
— Alfredo Moreno
La Justicia Federal de Resistencia procesó en diciembre de 2025 a Alfredo “Capi” Rodríguez por falsedad ideológica de documentos públicos, tras detectar al menos 65 fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas. La pesquisa apuntó además al uso de bases de datos de ANSES y PAMI para inflar el padrón partidario.
“Es un impresentable, es un ladrón pequeño. Es un delincuente. El que estafa es un delincuente. A mí me estafó”, sostuvo Valiente, cuando se le preguntó por su opinión actual del dirigente libertario.
En paralelo, el fiscal Patricio Sabadini investiga si Rodríguez exigía “retornos” o un porcentaje del salario a trabajadores de PAMI y ANSES bajo amenaza de despido, como mecanismo de financiamiento paralelo del partido.
La causa también derivó en un allanamiento a Sakura Turismo, empresa vinculada a Jorge Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco y tesorero de LLA. En agosto de 2025, la Justicia secuestró computadoras y documentación en el marco de esa investigación.
— Juan Carlos Valiente. veterano de Guerra de Malvinas e integrante de la Comisión Directiva de LLA Chaco
A la interna partidaria se sumó otro frente de conflicto con la vicepresidenta de la fuerza, Ileana Aguirre, quien había sido expulsada por la conducción de Rodríguez en agosto de 2025. Sin embargo, en diciembre la Justicia Electoral anuló esa sanción por entender que el órgano que la dictó carecía de competencia y la restituyó en el cargo. Aguirre fue asu vez una de las primeras en denunciar públicamente que Rodríguez y Moreno administraban los llamados “aportes voluntarios” del partido.
“Todo el partido sabe que me deben los 15.000 dólares. Que venga cualquiera y me diga en la cara que no es verdad”, resaltó Valiente, subrayando que durante todo este tiempo reclamó el dinero mediante conversaciones personales, mensajes de WhatsApp, intimaciones y hasta con una carta documento sin ninguna respuesta.
No obstante, se le preguntó al mismo destinatario al que iba destinado el dinero Carlos García, y este negó haber recibido tal suma para solventar su estadía en Buenos Aires. La nota se produjo días después de las declaraciones realizadas por Valiente y en esta ocasión García contó que, al asumir su banca, permaneció durante varios meses en el departamento de una familia amiga y que posteriormente alquiló por sus propios medios distintas viviendas.
¿Por qué importa el rol de los involucrados?
Alfredo “Capi” Rodríguez no es solo el presidente de LLA en Chaco, es además Director Regional de ANSES para las cuatro provincias del NEA, un cargo público que la Justicia investiga por su presunta utilización para fines partidarios. Jorge Alfredo Moreno, el tesorero denunciado, ocupa en paralelo el cargo de coordinador administrativo de PAMI Chaco, y ya figuraba como parte del “círculo cercano” de Rodríguez en la causa por afiliaciones apócrifas antes de esta por los 15 mil dólares.
— Diputado nacional chaqueño por LLA, Carlos García junto a Karina Milei
Valiente es una voz activa entre los veteranos chaqueños que reclaman que se distinga a quienes efectivamente combatieron en Malvinas de aquellos “movilizados” que permanecieron en el continente. Junto a otros excombatientes, Valiente sostiene que el padrón oficial de la provincia incluye a 3.700 personas reconocidas, cuando solo unas 1.000 habrían estado realmente en las islas durante el conflicto de 1982. En julio de 2026, ese mismo grupo de veteranos presentó ante la Justicia Federal de Resistencia —a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la misma magistrada que procesó a “Capi” Rodríguez— un pedido para investigar la atribución indebida de títulos y honores reservados a los verdaderos combatientes.
La denuncia de Valiente se produce en un momento de fuerte tensión interna en el armado libertario chaqueño, que ya venía siendo señalado por sectores del propio partido —incluidos más de 300 afiliados que en 2025 pidieron la intervención del distrito por el manejo “autocrático” y “de facto” de Rodríguez. El caso también se da en paralelo a una interna nacional de LLA entre los sectores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina bajo la órbita de Karina Milei, los Menem y el ministro de Economía Santiago Caputo, que ha expuesto tensiones similares de manejo de fondos y estructuras partidarias en otras provincias, como La Pampa.
Capitanich Agropecuaria SAS, la firma fundada en 1983 por Héctor Wilmar Capitanich —hermano mayor del exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich— atraviesa una crisis financiera severa.
La empresa familiar acumula 188 cheques rechazados por más de $3.697 millones, sostiene una deuda bancaria superior a $7.292 millones y enfrenta demandas judiciales, embargos y un conflicto por una cosecha de algodón en Santiago del Estero.
— A la izquierda, Héctor Capitanich junto a sus dos hijos, Leonardo Capitanich e Iván Alejandro Capitanich
La información trascendida une dos planos. Por un lado, el escrutinio sobre negocios familiares vinculados a dirigentes políticos con poder político territorial. Por otro, el deterioro estructural del sector agropecuario chaqueño-santiagueño, donde varias empresas del rubro (como Italar SRL, con $16.200 millones de deuda) muestran el mismo patrón de insolvencia.
Aunque se constituyó formalmente como sociedad por acciones simplificada (SAS) en noviembre de 2019, la actividad agropecuaria de la familia Capitanich se remonta a 1983, cuando arrancó cultivando algodón y girasol sobre apenas 100 hectáreas en Chaco. Con los años, la firma escaló hasta explotar alrededor de 6.000 hectáreas entre Chaco y Santiago del Estero, diversificando en soja, maíz, trigo, sorgo, girasol y ganadería bovina, combinando campos propios con tierras arrendadas.
En 2021 llegó a tener notoriedad nacional al quedarse con el primer lote de trigo de la campaña, mostrando un perfil de crecimiento con incorporación de tecnología. Hoy la administran Leonardo, Iván y Gisella Capitanich, hijos de Héctor, mientras el propio Héctor —hermano mayor de Jorge— sigue identificado como cabeza visible de la firma.
Para dimensionar la gravedad del problema, conviene distinguir dos indicadores que utiliza el Banco Central para evaluar la salud crediticia. Los cheques rechazados, documentos de pago que la entidad girada devuelve, por lo general por falta de fondos, y que quedan asentados en la Central de Cheques Rechazados del BCRA. En el caso de Capitanich Agropecuaria, ya suman 188 por más de $3.697 millones, y lo más preocupante es que los últimos rechazos corresponden a la misma semana del informe, una señal de que la tensión de liquidez sigue agravándose en tiempo real y no responde a un episodio aislado del pasado.
A su vez, la deuda bancaria clasificada en la Central de Deudores del BCRA ordena a cada deudor en una escala que va de la situación 1, considerada normal, a la 5, catalogada como irrecuperable, según su capacidad de pago. En ese registro, buena parte de las obligaciones de la empresa ya figura en situación 3 y 4, categorías que reflejan un deterioro crediticio importante y la proximidad del incumplimiento total antes de una declaración de pérdida irrecuperable.
Los principales acreedores bancarios son Banco Galicia ($1.828,9 millones) y John Deere Credit ($1.749,8 millones, la financiera vinculada a la venta de maquinaria agrícola), seguidos por Santander, Banco del Sol, Nuevo Banco del Chaco, Banco Nación, BBVA, Banco Ciudad y varias sociedades de garantía recíproca (SGR). Este último dato es relevante porque las SGR son entidades que avalan créditos a pymes agropecuarias con garantía estatal indirecta, así que su exposición añade un componente de riesgo sistémico regional, no solo privado.
De las demandas a los embargos
La crisis financiera ya se trasladó a los tribunales comerciales, donde se acumulan juicios ejecutivos de Banco Ciudad, Syngenta Agro, Depsa Valores, Polo Valores, Innova SGR y Crecer SGR. El hecho más ilustrativo es el de Syngenta Agro, la multinacional agroquímica que reclama U$S466.606,20 después de que Capitanich Agropecuaria incumpliera un convenio de refinanciación firmado en 2025, en el que había reconocido una deuda original de U$S582.447 y solo pagó la primera cuota completa y parte de la segunda, lo que aceleró el vencimiento de todo el pasivo.
Como consecuencia, la Justicia ordenó embargar cuentas bancarias de la empresa en Galicia, Santander, Nuevo Banco del Chaco y otras entidades por ese monto más U$S100.000 de intereses y costas. En otra causa, Depsa Valores obtuvo el embargo de créditos y derechos de cobro por U$S111.979, que incluso alcanza pagos pendientes que le debe Aceitera General Deheza a la firma por operaciones comerciales. Esto significa que la empresa ya no solo debe dinero, sino que sus propios ingresos futuros están comprometidos legalmente antes de llegar a su caja.
“Estamos buscando que cesen estos actos de atropello e impunidad con lo que se maneja Capitanich”, afirmó uno de los representantes legales de la corporación santiagueña Halgon S.A.S., Lucas Cabañas.
Paralelamente, Capitanich Agropecuaria disputa con la firma Halgon S.A.S. el derecho a explotar un establecimiento rural llamado “La Montenegrina”, en Vilelas, departamento Juan Felipe Ibarra (Santiago del Estero). El litigio no es sobre la propiedad del campo sino sobre quién tenía derecho contractual a levantar una cosecha de unas 520 hectáreas de algodón en tierras arrendadas. Halgon denuncia que Capitanich ingresó al predio y cosechó la producción pese a contratos vigentes a su favor, e inició acciones penales por presunto hurto de cosecha y daños.
“Nos apuntaron con armas, impidiendo cualquier tipo de diálogo”, relató Cabañas al medio Info del Estero.
El conflicto escaló en julio, cuando la defensa de Halgon recusó a los fiscales que investigan la causa, denunciando un supuesto favorecimiento hacia Capitanich, y alertó que los rollos de algodón podrían venderse antes de que la Justicia resolviera el fondo del asunto. Efectivamente, de acuerdo a reportes posteriores, hombres vinculados a Capitanich habrían violado una medida cautelar que prohibía la circulación y comercialización del algodón, sacando los rollos hacia una planta desmontadora en Quimilí, sin que la Fiscalía de Tierras del Ministerio Público Fiscal santiagueño haya respondido a los pedidos de intervención de los abogados de Halgon. Esto agrega una dimensión de posible incumplimiento de resoluciones judiciales, no solo de deudas comerciales.
Distintas fuentes del sector agropecuario mencionan con fuerza la posibilidad de que la empresa solicite un concurso preventivo de acreedores, aunque hasta el momento no hay ninguna presentación judicial formal en ese sentido. Un concurso preventivo es el mecanismo legal argentino (Ley 24.522) que permite a una empresa insolvente pero no liquidada renegociar sus deudas bajo supervisión judicial para evitar la quiebra directa, que sería el mismo camino que ya tomó otra empresa agropecuaria chaqueña, Italar SRL, con sede en Charata, que también acumula más de 40 cheques rechazados y una deuda bancaria aún mayor, de $16.200 millones.
Presentada como una exposición sobre ética e IA, la irrupción de Javier Milei en la escuela ORT derivó en ataques a la prensa y alusiones al misticismo. La bajada de línea encendió el repudio de exalumnos y agrupaciones comunitarias que cruzaron a la dirigencia de la DAIA por avalar el acto.
El mandatario chubutense calificó de “locura” la resolución que obliga a comprar una partida de carne para los detenidos del Instituto Penitenciario Provincial y de la Alcaidía de Trelew.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
