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El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en que deben perseguirse con “más acciones impositivas” a los productores con el objetivo de “que los ricos no se hagan más ricos”.
Como es propio, haciendo hincapié en las políticas violentas del Gobierno, Guzmán señaló que “Necesitamos acciones de los Estados desde la política tributaria para que haya mayor progresividad, tanto para que los Estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas, para la reducción de la desigualdad y lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres”.
Las frases del burócrata fueron dadas ayer miércoles en el marco de la charla titulada “Jornadas Monetarias y Bancarias 2021”, organizada por el Banco Central de la República Argentina. El ministro pronosticó que “la política impositiva va a ser central en todo el mundo” y planteó una “solución global” frente a la elusión de las corporaciones multinacionales, que “se han beneficiado beneficiado de inversiones del Estado en investigación y desarrollo, e infraestructura”.
“Atacar la evasión de quienes deberían ser los grandes contribuyentes es algo progresivo, en lo que debemos seguir trabajando en este proceso en el que se le va dando mayor robustez al Estado”, manifestó.
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Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, habló de supuestas intenciones intervencionistas de Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires y mostró su apoyo al partido de Fuerza Patria en las elecciones provinciales bonaerenses.
“Si llegara a ganar Milei en la provincia de Buenos Aires, va a generar condiciones muy difíciles en la gobernabilidad y va a intervenir la provincia, él ya lo dijo”, afirmó el dirigente premiado con la Embajada de España por Alberto Fernández.
Esta advertencia cobra particular relevancia tras los episodios en febrero de 2025, cuando Milei efectivamente amenazó con intervenir la provincia, pidiendo la renuncia del gobernador Axel Kicillof tras varios episodios de inseguridad, generando un fuerte rechazo no solo del peronismo sino también de sectores de la oposición no peronista, afirmando: “Córrase del camino y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
“Voy a acompañar a Fuerza Patria, en primer lugar porque creo que el gobierno de Kicillof es infinitamente mejor que el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y yo lo sé, tengo elementos de juicio para decirlo”, subrayó Alfonsín, siendo que en 2024 la provincia registró 128.477 robos denunciados, un incremento del 18% respecto a 2023, cuando se denunciaron 107.769 casos. Esto representó una tasa estimada de 706 robos por cada 100.000 habitantes.
Sus declaraciones se enmarcan en un momento político complejo para Argentina. Las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre de 2025 se realizarán por separado de las elecciones nacionales del 26 de octubre, tras la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar los comicios. En estos comicios se renovarán 46 diputados provinciales, 23 senadores, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.
Ricardo Alfonsín se encuentra actualmente alejado de la Unión Cívica Radical (UCR), partido del cual se desafilió formalmente en 2024 tras años de diferencias con la conducción partidaria. Actualmente lidera el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una coalición progresista que conformó junto a Libres del Sur (Silvia Saravia), Forja (Gustavo López) y sectores del socialismo.
“Desde 1983 no hay gobierno menos republicano que este, menos democrático que este, más autoritario que este, menos federal que este porque no respeta a las provincias, ni más insensible que este desde el punto de vista social”, declaró.
UNICEF confirmó que la pobreza monetaria infantil descendió 14 puntos porcentuales en solo seis meses —del 67% al 52.7% entre el primer y el segundo semestre de 2024— lo que permitió que unos 1.7 millones de chicos y chicas dejaran de ser pobres. El organismo proyecta 47.8% para el primer semestre de 2025, nivel similar previo a la pandemia.
Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, advirtió que sin los programas de asistencia directa —como la Asignación Universal por Hijo y otros apoyos estatales— la tasa de indigencia infantil se hubiera elevado en 10 puntos porcentuales. De acuerdo con sus estimaciones, este respaldo económico evitó que más de un millón de niñas y niños cayeran por debajo de la línea de indigencia durante el último año.
Tras tocar fondo en marzo de 2024, los salarios registrados comenzaron a ganarle a la inflación, ya que entre febrero de 2024 y febrero de 2025 el poder de compra subió 18%, y el índice salarial de INDEC trepó 74% interanual a abril de 2025.
La desinflación rápida —IPC mensual de 1.6% en junio de 2025, acumulado anual de 15.1%— robusteció ese rebote. El equilibrio fiscal alcanzado en 2024 y la fuerte baja de la inflación facilitaron la recomposición salarial y el crédito al consumo. El PIB volvió a crecer en 2025 (proyección +5.5%) luego de la recesión 2023-2024. UNICEF estima que sin estas transferencias la indigencia infantil habría sido 10 p.p. más alta durante el segundo semestre de 2024.
Si la inflación anual se mantiene en torno al 30% y los salarios crecen por encima, UNICEF prevé una nueva caída de la pobreza infantil hacia 45% a fin de 2025, siempre que las transferencias no pierdan poder adquisitivo. Uno de los principales riesgos es la desaceleración económica global, subejecución presupuestaria en salud y educación (-21% y -35% reales en el primer cuatrimestre de 2025, respectivamente).
La brusca baja de la pobreza infantil en 2024 combina la recuperación del poder de compra familiar con la red de protección de la AUH y otros programas. El desafío para 2025-2026 es transformar ese alivio coyuntural en progreso sostenible, atacando las desigualdades de la privación no monetarias que todavía condenan a cuatro de cada diez niños argentinos a vivir por debajo de la línea de pobreza.
“Analizar las características y evolución de estas privaciones no monetarias permite informar las estrategias de política pública destinadas a mejorar el bienestar de niñas y niños en el país”, subrayó al respecto Ramirez Mesec.
UNICEF combina los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC con una canasta básica actualizada y sus propias proyecciones demográficas. Pero no muestra del todo el promedio nacional que esconde factores muy marcados de pobreza infantil en los primeros dos semestres de 2024.
Por ejemplo, los hogares cuyo jefe familiar no completó mínimamente la primaria (80.9%), barrios populares o asentamientos construidos donde estos menores habitan (72.3%), la brecha salarial en hogares monoparentales encabezados por mujeres (60%) y hogares con empleo informal (70%).
La empresa siderúrgica Acindar, propiedad del grupo internacional ArcelorMittal, paralizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto el 80% de la producción en su planta de Villa Constitución (Santa Fe) suspendiendo temporalmente a casi 600 trabajadores, quienes recibirán el 75% de sus salarios durante ese período.
Esta decisión afectó principalmente al sector de acería, con 200 empleados; al Tren Laminador 1, que tiene alrededor de 60 trabajadores; y al área de Reducción Directa, con 40 operarios.
Desde la empresa justificaron la paralización señalando la caída del consumo interno y el fuerte aumento en la importación de acero desde China. Según informaron, en 2024 Acindar operó a apenas el 50% de su capacidad instalada, con una producción anual de solo 600.000 toneladas frente a las 1,2 millones de toneladas alcanzadas en 2023.
“Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”, expresó Pablo González Piparra, secretario general de la UOM local.
Por su parte, la diputada Florencia Carignano respaldó la posición de los trabajadores a través de redes sociales, señalando que Acindar tiene un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, operando con solo un horno. Carignano denunció además la caída del consumo y señaló responsabilidad política en la situación.
Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM local, destacó que la empresa argumentó el cierre temporal en la “caída de la producción producto de la falta de obra pública y del ingreso de acero chino”. Además, indicó que Acindar produjo en su mejor momento 1,2 millones de toneladas anuales, pero actualmente produce alrededor de 580.000 toneladas.
No es la primera vez que Acindar toma una medida de este tipo. Desde comienzos del año la empresa tiene vigente un acuerdo de suspensiones, con pago del 75% del salario, complementado por retiros voluntarios. En febrero de este año ya había aplicado suspensiones similares acordadas con la UOM, tras una caída en ventas de entre 35% y 40%. Otras empresas del sector, como AcerBrag y Ferroglobe Argentina, también adoptaron medidas parecidas durante este año debido a la crisis económica y caída en la demanda de acero.
ArcelorMittal evalúa extender estas suspensiones a sus otras cuatro plantas ubicadas en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina y que la medida dependerá de la evolución del mercado interno y externo, adaptándose “a las necesidades operativas de la empresa”.
De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo cayó un 8,6% en junio respecto de mayo, evidenciando la gravedad del contexto actual del sector siderúrgico nacional.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.
Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.
El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.
Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.
Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.
Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.
El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.
Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.
El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.
Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.
Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.
Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.
Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.
El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.
Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.
Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.
En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por “Chanchi” Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y…
