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El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en que deben perseguirse con “más acciones impositivas” a los productores con el objetivo de “que los ricos no se hagan más ricos”.
Como es propio, haciendo hincapié en las políticas violentas del Gobierno, Guzmán señaló que “Necesitamos acciones de los Estados desde la política tributaria para que haya mayor progresividad, tanto para que los Estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas, para la reducción de la desigualdad y lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres”.
Las frases del burócrata fueron dadas ayer miércoles en el marco de la charla titulada “Jornadas Monetarias y Bancarias 2021”, organizada por el Banco Central de la República Argentina. El ministro pronosticó que “la política impositiva va a ser central en todo el mundo” y planteó una “solución global” frente a la elusión de las corporaciones multinacionales, que “se han beneficiado beneficiado de inversiones del Estado en investigación y desarrollo, e infraestructura”.
“Atacar la evasión de quienes deberían ser los grandes contribuyentes es algo progresivo, en lo que debemos seguir trabajando en este proceso en el que se le va dando mayor robustez al Estado”, manifestó.
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“Es un informe absolutamente desconectado de lo que vive la sociedad argentina. Están del lado de los delincuentes, mientras nosotros trabajamos para proteger a los 46 millones de argentinos que fueron víctimas de los piqueteros y la extorsión durante décadas”, afirmó Bullrich en declaraciones a El Observador FM. La ministra también aseguró que el protocolo busca resolver de manera pacífica y profesional una problemática histórica, permitiendo reducir los bloqueos y garantizando el derecho al libre tránsito. Según sus palabras, esta medida representa un cambio estructural en la gestión del espacio público.
El informe de Amnistía Internacional, titulado “Uso excesivo de la fuerza”, documenta más de mil heridos en al menos 15 protestas ocurridas durante 2024. Además, denuncia el uso desproporcionado de balas de goma, gases lacrimógenos y bastones contra manifestantes que, según el organismo, ejercían su derecho a protestar pacíficamente. El documento también destaca que 50 trabajadores de prensa resultaron heridos mientras cubrían las manifestaciones, lo que, según Amnistía, evidencia un patrón de represión que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
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Entre los episodios destacados, se menciona la movilización frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, que derivó en 33 detenidos y numerosos focos de incendio, incluyendo un móvil de Cadena 3 incendiado por manifestantes. Este evento fue utilizado por el Gobierno para enfatizar la necesidad del protocolo, destacando que no solo busca regular las protestas, sino también garantizar la seguridad de bienes y personas en contextos de manifestaciones masivas.
El Gobierno, sin embargo, rechazó categóricamente estas acusaciones. Bullrich defendió la implementación del protocolo como una medida necesaria para poner fin a años de caos en las calles. “Durante 25 años, los piqueteros se adueñaron de las calles y extorsionaron a millones de argentinos. Ahora, con este protocolo, hemos logrado establecer el orden y proteger a la ciudadanía”, declaró. La ministra también cuestionó la falta de atención del informe a los desmanes ocurridos en algunas protestas, como el incendio de un móvil de Cadena 3 frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases.
Amnistía también alertó sobre la “criminalización de la protesta”, destacando que 73 manifestantes fueron detenidos en distintos episodios, acusados de delitos como resistencia a la autoridad, aunque la mayoría recuperó la libertad pocas horas después. Por otro lado, el informe señala que 33 personas sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, resultando en daños severos a la visión. Asimismo, destaca que entre las víctimas se encuentran niños y niñas que estuvieron expuestos a situaciones de violencia represiva.
En respuesta, Bullrich aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron con profesionalismo y respetando los principios de proporcionalidad. “No avalamos para nada ese informe. Este es un año en el que la Argentina logró ley y orden, y lo hizo con el uso mínimo de la fuerza. Es fácil criticar desde un escritorio, pero estas medidas están pensadas para defender a la ciudadanía y poner fin a años de caos”, sostuvo. Además, la ministra remarcó que el protocolo incluye instancias de negociación previas a cualquier acción policial, buscando siempre una resolución pacífica de los conflictos.
Por su parte, Amnistía Internacional recomendó la derogación del protocolo y la adopción de regulaciones que garanticen el respeto por los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. También instó a limitar el uso de armas no letales y a investigar las denuncias de violencia policial. Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, destacó la importancia de proteger el derecho a la protesta como un pilar fundamental de la democracia. “Las imágenes de violencia y represión evidencian la necesidad urgente de revisar las políticas de seguridad pública y garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales”, concluyó.
El informe también incluye recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, instando a organismos como la ONU y la CIDH a monitorear la situación en Argentina y a exigir medidas concretas que promuevan el respeto por los derechos humanos en el país. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad continúa defendiendo su gestión y subrayando los resultados positivos en materia de orden público y seguridad ciudadana, destacando una disminución significativa en los bloqueos y cortes de calle en todo el territorio nacional.
Entrevistada por medios locales, la diputada GabrielaLena (de Juntos por Entre Ríos) se refirió a los temas que se plantea como objetivos para el año 2025, entre los cuales mencionó principalmente dos reformas: a la Ley de Municipios y a la del Consejo de la Magistratura, así como el alivio fiscal anunciado por el gobernador.
“Todavía nos quedaron pendientes algunos temas importantes del año pasado. En Diputados hemos avanzado bastante en reformas que tienen que ver con la institucionalidad en la provincia, en el marco de la comisión que yo presido (Legislación General), y de esto nos quedan dos temas que para mí van a ser el inicio del año legislativo”, indicó la legisladora.
LAS DECLARACIONES DE LENA:
En ese sentido, dijo que uno de esos temas será la reforma del Consejo de la Magistratura y la modificación de las regulaciones sobre municipios y comunas, en un trabajo conjunto con la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que preside María Elena Romero.
“Esto va a llevar un tiempo, porque necesita mucho debate. Es un tema sensible, porque afecta directamente a cada uno de los municipios de la provincia, y hay dos proyectos de ley que hay que consensuar”, dijo sobre las propuestas para reformar la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 que comenzaron a ser tratadas en comisiones en 2024 y que pertenecen a Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) y Romero.
Por otro lado, mencionó a la reforma electoral como uno de los pasos más importantes de la actividad parlamentaria del 2024. “Si bien hubo muchas leyes importantes que han sido aprobadas, ésta ha sido una de las más importantes”, comentó. “Ojalá este año podamos tener una ley que para mí también es muy importante, que está todavía en el Senado, que es la de Ética Pública y Ficha Limpia”, agregó.
Finalmente, dijo que los diputados están a la espera del ingreso del proyecto de ley anunciado por el gobernador Rogelio Frigerio sobre “alivio fiscal” a través de la reducción de alícuotas de los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos. “Cuando ingrese el proyecto, va a ser seguramente uno de los primeros temas a tratar”, señaló.
Entre enero y diciembre de 2024, Argentina despachó un total de 89,3 millones de toneladas (Mt) de granos, subproductos y aceites vegetales desde sus puertos, lo que representó un incremento interanual del 60%.
Este volumen quedó 1% por encima del promedio de los últimos cinco años, aunque se ubicó 11 Mt por debajo del récord alcanzado en 2019 (100,5 Mt). El crecimiento ocurrió tras la fuerte recuperación de la cosecha agrícola, que pasó de niveles muy bajos en 2023 —producto de la sequía— a un total de 132 Mt en la campaña 2023/24.
Los granos despachados sumaron 52,5 Mt en 2024, un 62% más que el año previo, aunque 3% por detrás del promedio del último lustro. Los mayores incrementos se observaron en maíz (+12,3 Mt), trigo (+4,8 Mt) y soja (+2,1 Mt). “Estos tres cultivos dan cuenta del 96% de la recuperación en los despachos de granos, impulsados por una importante recuperación de la cosecha en términos interanuales”, señalaron los economistas Belén Maldonado, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En cuanto a los subproductos, los embarques alcanzaron 29,5 Mt, un alza del 56% frente a 2023 y 5% por encima del promedio de los últimos cinco años. El principal factor de crecimiento fue el mayor volumen de pellets de soja (+10,4 Mt), con aumentos adicionales en los despachos de pellets de girasol (+151.300 toneladas) y de trigo (+55.500 toneladas). Por su parte, los aceites vegetales registraron 7,2 Mt despachadas, un 60% más que en 2023 y 21% por encima del promedio. Nuevamente, el aceite de soja explicó casi toda la suba (+2,4 Mt), seguido por el aceite de girasol (+259.600 toneladas).
Las terminales del Gran Rosario —zona conocida como Up-River, que abarca desde Timbúes hasta Arroyo Seco— despacharon 67,7 Mt durante 2024, lo que significó un 60% más que en 2023 y equivalió al 76% de todos los envíos del país. La zona de San Lorenzo (Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) explicó el 58% del total, mientras que las terminales de Rosario (Arroyo Seco, General Lagos, Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) representaron el 18%.
La participación del Gran Rosario se ubicó por debajo del promedio del 78% registrado en la última década y lejos del máximo del 82% de 2009. “Esta menor participación tiene sentido considerando la aguda bajante del Río Paraná durante la segunda mitad de 2024, así como también el impacto de la chicharrita y las condiciones ambientales que golpearon con más fuerza a la producción del centro y norte del país”, indicaron los analistas de la Bolsa.
Los puertos de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, despacharon 10,8 Mt (12% del total nacional), mientras que Necochea/Quequén embarcó 7,6 Mt (9%). Zárate, Ramallo, San Pedro y Villa Constitución sumaron 3,1 Mt (3%). Por tipo de producto, las terminales del Up-River concentraron el 62% de los granos enviados, el 96% de los subproductos y el 93% de los aceites vegetales.
Entre las instalaciones con mayor volumen de despacho se destacó el puerto de ADM en Arroyo Seco, que embarcó 4,3 Mt de granos y se consolidó por tercer año consecutivo como el principal origen de este tipo de productos. En materia de subproductos, la planta Renova de Timbúes alcanzó 6,6 Mt y repitió el primer puesto del año anterior; también lideró en aceites, con 1,7 Mt. De ese modo, Renova sumó 10,5 Mt de embarques totales en 2024 y se erigió como la terminal con mayor volumen de productos agroindustriales despachados.
Más de la mitad (53%) de los granos, subproductos y aceites se destinaron a Asia.América recibió el 21%, Europa el 14%, África el 11% y Oceanía el 1%. Vietnam se mantuvo como el principal comprador global de los embarques argentinos en 2024, con 11,1 Mt (un alza del 109% frente al año anterior). China ocupó el segundo lugar, con 7,1 Mt (+56% interanual), y Perú el tercero, con 5,8 Mt (+45%).
Al discriminar por categoría, Vietnam lideró las compras de granos (7 Mt, +126%) y subproductos (4 Mt, +82%), mientras que India recibió la mayor parte de los aceites vegetales (3,2 Mt, +89%), el 45% del total despachado. De hecho, los aceites fueron el rubro más concentrado por destino, ya que los tres principales compradores (India, Bangladesh y Perú) agruparon el 60% de los embarques.
El informe de la Bolsa de Rosario consignó que las exportaciones agroindustriales desembarcaron en 132 países el año pasado “consolidando el país como un proveedor global de alimentos y materias primas”. Durante ese año, las exportaciones del sector alcanzaron un valor total de 46.129 millones de dólares, de los cuales el 38% se dirigió a Asia, el 22% a América, el 13% a Europa y el 4% a África.
Por complejos productivos, la soja —principal exportador— tuvo como destino destacado a India, seguida por China y Vietnam. El maíz se dirigió principalmente a Vietnam, Perú y Malasia. En carne y cueros bovinos, los mayores compradores fueron China, Israel y Estados Unidos. En cuanto al trigo, sus mercados más importantes resultaron ser Brasil, Indonesia y Perú. Según este mismo informe, al enfocarse en los principales productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, Vietnam escaló al primer puesto como comprador de la agroindustria argentina.
Desde este último viernes, todos los comercios y prestadores de servicios pueden exhibir sus precios, no solo en pesos, sino también en dólares o en cualquier otra medida extranjera. La Resolución 4/2025 de la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial, oficializa esta medida, que está alineada con la normativa del Banco Central que permitirá el pago en dólares con tarjetas de débito a partir del 28 de febrero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida a través de sus redes sociales el pasado jueves: “Los precios de bienes y servicios deberán figurar en pesos, indicando también el importe total en dólares u otra moneda, siempre especificando el precio final que debe abonar el consumidor”. Además, la normativa elimina la obligación de destacar más los valores en pesos que en otras divisas, por lo que se establece una paridad visual entre ambas. Esta iniciativa busca responder al creciente contexto de dolarización y aportar mayor transparencia en las transacciones comerciales.
El ministro destacó que la reglamentación “también prevé que los establecimientos comerciales deben indicar el precio por unidad de medida, y que el precio de góndola coincida con el que se cobra en líneas de cajas”.
La medida modifica puntos clave de la resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, particularmente en lo referente a la exhibición de precios en moneda extranjera. Específicamente, elimina la obligatoriedad de que los valores en pesos tengan preeminencia visual, y permite que los precios en divisas se muestren con igual relevancia.
El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y empresas adquirentes, que deberán garantizar a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que acepten esta modalidad.
Empresas como Fiserv, Mercado Pago, Payway y Getnet ya avanzan en la incorporación de esta funcionalidad para tarjetas Mastercard y Visa. Además, algunas de estas firmas han iniciado negociaciones con grandes cadenas comerciales para la rápida implementación del sistema.
Aunque la medida podría alterar la forma en que se exhiben los precios y se realizan los pagos en el país, analistas consideran que su éxito dependerá de la receptividad de comerciantes y consumidores. La posibilidad de pagar en dólares podría resultar especialmente atractiva en sectores donde los precios ya están dolarizados, como el inmobiliario o el tecnológico. Sin embargo, su adopción podría ser más gradual en otros ámbitos. “Queremos acompañar a los sectores que ya utilizan al dólar como unidad de cuenta, sin desatender el rol fundamental del peso. Esta medida traerá más claridad en las transacciones y ayudará a fomentar la actividad económica”, aseguró Caputo.
La resolución constituye como principio clave que los consumidores deberán acceder siempre al precio final del producto, ya sea de manera presencial como virtual. Además, aclara que las ofertas y descuentos podrán publicarse por separado, sin necesidad de incluirse en la información presentada en el fleje de góndola.
La opción de elegir el pago en pesos o dólares estará disponible antes de que finalice febrero para tarjetas de débito, mientras que la implementación para códigos QR comenzará a regir a partir del 1.° de abril.
El llamado oficial quedó formalizado a través de la resolución 74/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial. La medida del Ejecutivo busca abordar las tarifas aplicadas por los transportistas de energía de alta tensión en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Empresas como Transener, Transba (provincia de Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Distrocuyo, EPEN (Neuquén), Transnea, Transnoa y Transcomahue presentarán sus propuestas y tendrán hasta diez minutos para exponer sus argumentos en busca de incrementos tarifarios y la garantía del servicio. En contraparte, funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones de defensa de los consumidores contarán con cinco minutos cada uno para expresar sus posturas.
El encuentro se llevará a cabo el 25 de febrero a partir de las 8:30 de manera virtual. Además, contará con una transmisión en streaming a través de YouTube, según el sitio oficial del organismo (el link de acceso se publicará dos horas antes).
La audiencia estará abierta al público. Cualquier persona física o jurídica, de carácter tanto público como privado, deberán acreditar interés o derecho en el tema. La inscripción debe realizarse previamente en el Registro de Participantes a través de la página web del ENRE. El período de inscripción será del 8 al 22 de febrero.
Antecedentes, recortes y tarifas “focalizadas”
La Revisión Tarifaria Integral (RTI) más reciente fue en 2016, cuando se fijaron las tarifas para el período 2017-2022. Sin embargo, dicho esquema se incumplió producto de la crisis económica de 2018. Ahora, el Gobierno busca definir un nuevo marco tarifario, mientras avanza con la revisión del sector del gas, cuya audiencia pública está programada para el 6 de febrero.
En simultáneo, el Gobierno recortó 38% los subsidios a la energía en 2024. A pesar de esa baja, el Estado todavía cubre más de la mitad del costo de la electricidad. Los datos, aportados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), arrojan que los hogares de ingresos medios (N3) actualmente reciben una bonificación del 59% sobre un bloque de consumo reducido a 250 kWH mensuales, mientras que los de menores ingresos (N2) cuentan con un subsidio del 74% para ese mismo bloque.
En paralelo, la gestión del presidente Javier Milei prevé implementar en mayo una “tarifa focalizada”. La iniciativa contempla cambios en el esquema de subsidios vigente desde 2022, que actualmente se divide en tres niveles: ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). El objetivo de esta reforma sería reforzar la asistencia a los sectores que más lo necesitan.
Los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia el 1° de abril y serán publicados el 31 de marzo. De acuerdo con el cronograma del ENRE, Edesur y Edenor tienen plazo hasta el 27 de enero para presentar sus propuestas en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Al día siguiente, el 28 de enero, se oficializará la convocatoria a una audiencia pública, prevista para el 27 de febrero y que se realizará de forma virtual.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.
“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.
Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.
Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.
Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:
Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).
En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.
Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.
Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.
El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
