CRISIS POLÍTICA: Más de 10 funcionarios presentaron su renuncia a Alberto
Tras la contundente derrota electoral en las PASO, las renuncias inician otro período de tensión dentro del Gobierno.
10 Years Experiences
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Los ministros Eduardo “Wado” De Pedro, Martín Soria, JorgeFerraresi, Roberto Salvarezza, y otros funcionarios cercanos a la vicepresidente, Cristina Kirchner, como Luana Volnovich y Fernanda Raverta, pusieron hoy a “disposición” del presidente Alberto Fernández su renuncia al cargo tras la derrota electoral del pasado domingo.
Luego de la de De Pedo, se supo que también se sumó Juan Cabandié (Ambiente) y Tristán Bauer (Cultura). Lo mismo hicieron el titular de Acumar, Martín Sabbatella y el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani y Victoria Donda, a cargo del INADI.
Ministros como Jorge Ferraresi, de Hábitat; y Elizabeth Gómez Alcorta, de Mujeres, Género y Diversidad; de Seguridad, Sabina Frederic, indicaron que el lunes pusieron sus renuncias a disposición pero no formalmente. Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, entregó también su renuncia pero no pue aceptada por el presidente.
Las renuncias, constituyen un auténtico gesto político de kirchnerismo, el cual busca presionar a Alberto para hacer cambio en su gabinete. El claro ejemplo, o la referencia tomada por el sector K, es el que aplicó la cuñada de la vicepresidente, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien le pidió la renuncia a todo su gabinete tras las PASO. Son todos funcionarios que responden a Cristina Kirchner…
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El fake del fallecimiento de Jorge Messi que ayer difundió FlorenciaPeña desde la pantalla de LuzuTV conmocionó al ecosistema de redes.
Si bien la atención se centró en la controversial actriz, algunos usuarios hicieron eco de aquellos comunicadores que, antes de las 13:00 —horario en que Peña anunció livianamente la conmocionante primicia falsa—, ya habían publicado sobre el mismo tema en sus perfiles. Se especula que la producción del programa extrajo la “información” de alguna de esas “fuentes”.
El primero en romper el prudente secretismo de la familia Messi sobre la salud de Jorge fue EduardoFeinmann, desde el aire de Radio Mitre, la mañana siguiente al debut de la selección en el Mundial. Pero varios usuarios señalaron también al periodista de ESPN Gastón LuceroSuárez y a Evangelina Aranda, de La Derecha Diario y Neura Media. A diferencia de Feinmann, que sólo dio a conocer el mal estado de salud de Jorge Messi, Lucero Suárez y Aranda mencionaron explícitamente el fallecimiento del padre de Leo. Y el dato clave: lo hicieron una hora antes que Florencia Peña.
“Hoy confirmarían el fallecimiento del padre de Messi”, tuiteó Aranda a las 12:00. Tres horas después, la comunicadora libertaria citó el tuit de repudio del dueño de LuzuTV, Nicolás Occhiato: “Como me comí la curva que mogólica”.
Evangelina Aranda es muy cercana a un alfil clave de Karina Milei: la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.
Trabaja en el medio del español Javier Negre al menos desde octubre de 2025. Desde las redes de La Derecha Diario entrevistó a figuras importantes de LLA, de la talla de Alejandro Álvarez, subsecretario de Universidades de Milei; Bertie Benegas Lynch, diputado nacional; y Nahuel Sotelo, cuando ejercía como secretario de Culto. También formaba parte del staff de Neura Media, el streaming de Alejandro Fantino y del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo.
Por lo demás, La Derecha Diario se sumó al repudio masivo que pesó sobre Florencia Peña con una lapidaria cobertura de las declaraciones de la actriz K, acaso desconociendo que una de sus periodistas había contribuido al bulo.
Tras el escándalo, Evangelina Aranda borró la cuenta de X con la que difundió el fake.
Lo mismo hizo Lucero Suárez, de ESPN.“Acaba de fallecer Jorge Messi, papá de Lionel”, tuiteó ayer a las 12:28. Doce horas después, antes de desaparecer del microclima, pidió disculpas: “La información me llegó por 2 fuentes distintas (posteriormente chequeadas): un allegado a la familia y un médico del Hospital Español”.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, Roque Fleitas, utilizó un salón de la administración PAMI —un espacio destinado a jubilados y pensionados— para realizar un acto partidario en la ciudad de Crespo, donde defendió al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó la campaña por la reelección del presidente Javier Milei en 2027. El hecho generó reacciones tanto fuera como dentro del propio oficialismo.
“A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes”, afirmó Fleitas, haciendo hincapié en la inocencia de Adorni.
Fleitas es también diputado provincial de LLA. Fue elegido en la asamblea provincial de enero de 2025 como primer presidente partidario en la historia de LLA en esa provincia, tras ganar una disputa interna frente al sector del diputado nacional Beltrán Benedit. Además de su cargo partidario, es padre de Rebeca Fleitas, legisladora porteña que también participa activamente en la política entrerriana.
Al evento asistieron el diputado nacional Andrés Laumann (conocido en los medios como el “Batman libertario”) y la senadora nacional Romina Almeida. También estuvo presente María Celina Ledesma, titular de la delegación de ANSES en Paraná y vocal provincial del partido.
Durante el acto, Fleitas pronunció el llamado a la reelección de Milei y la defensa de Adorni. En ese momento, Adorni ya venía atravesando una grave crisis política y judicial por presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades sin justificación patrimonial y gastos inconsistentes con su sueldo como funcionario.
— Roque Fleitas, junto a autoridades partidarias de Concordia, tras ser elegido titular del Comité Ejecutivo Provincial de LLA en 2025
Para entender el discurso de Fleitas es clave saber qué estaba pasando con Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo investigaba por enriquecimiento ilícito desde que asumió como funcionario, Adorni compró al menos dos propiedades —un departamento en Caballito y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz— financiadas con préstamos privados de jubiladas y policías, y realizó obras suntuosas pagadas en efectivo y sin factura.
A su vez, se investigó si viajó a Aruba y Punta del Este en vuelos privados con costos no declarados. Ante todo esto, Adorni insistió en que no cometió delitos, pero finalmente presentó su renuncia el 27 de junio de 2026.
La imagen negativa de Adorni había llegado al 80% según encuestas internas del propio oficialismo, por lo que la conducción nacional de LLA había pedido expresamente que se dejara de usarlo como “activo” político.
— Joaquín Benegas Lynch en un acto político de la conducción de Roque Fleitas en 2025
El episodio provocó dos críticas simultáneas desde Buenos Aires, ambas dirigidas al sector de Fleitas. Por un lado, le reprocharon haber salido en defensa de Adorni, cuando desde el área de comunicación del Gobierno ya se había dado la bajada de línea de no insistir con su imágen, considerado un lastre para el oficialismo. Fleitas desoyó esa directiva.
Por otro, quien salió a desmentir parte de la información fue la propia ministra Sandra Pettovello: “PAMI no está bajo la órbita del Ministerio de Capital humano sino del Ministerio de salud. Aunque mientan los pasquines vale la pena informar”.
En su entorno aseguran que existe una instrucción expresa de no mezclar la gestión de organismos públicos con actos de carácter partidario. Incluso, de acuerdo a lo trascendido, en el Gobierno comenzaron a hablar de “cortar cabezas”.
La reacción local
Lo paradójico del caso es que todos los involucrados en el acto —Fleitas, la directora de la delegación de PAMI de Crespo, Lorena Werner y Ledesma de ANSES— responden al operador político cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esto abre una disputa interna entre distintas facciones del propio oficialismo.
En Crespo —una ciudad conocida como la Capital Nacional de la Avicultura— vecinos y referentes locales expresaron su indignación por que se haya usado el salón de jubilados para un acto político, especialmente en un contexto de recortes y ajuste en los haberes previsionales. Ledesma, lejos de bajar el tono, salió a defender el evento en redes sociales calificando las críticas de “fake New Opereta KK”, lo que profundizó la polémica.
“En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones”, subrayaron fuentes de la localidad de Crespo, al medio La Política Online.
La Ley 19.032 que creó el PAMI establece que el organismo tiene por objeto prestar servicios a jubilados y pensionados. El uso de sus instalaciones para actos proselitistas no está contemplado en ese marco y entraría en contradicción con el principio de neutralidad política que deben mantener los organismos del Estado. Adicionalmente, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) prohíbe a los funcionarios usar recursos del Estado en beneficio de partidos políticos. Si la directora de la delegación de PAMI en Crespo autorizó el uso del salón para el acto, podría ser pasible de sanciones administrativas e incluso penales.
El PAMI es la obra social más grande de Argentina, creada en 1971. Cubre a más de 3.8 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Sus instalaciones —delegaciones, salones, centros de jubilados— son espacios públicos financiados con aportes de trabajadores y jubilados, destinados exclusivamente a prestaciones de salud, recreación y bienestar de los adultos mayores
El organismo tiene presencia territorial mediante delegaciones locales. En Crespo, Entre Ríos, existe una oficina del PAMI con un salón que habitualmente se usa para actividades de los jubilados afiliados. Usar ese espacio para un acto político implica convertir un recurso estatal de los jubilados en una herramienta de clientelismo partidario.
Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri. El exsenador nacional y exministro de Educación durante el gobierno de Cambiemos sostuvo que ya no se siente representado por el rumbo del partido que ayudó a fundar hace más de dos décadas. “Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.
El dirigente identificó un episodio puntual como punto de quiebre: la postura del partido frente a Manuel Adorni, luego de que el PRO no diera quórum en Diputados para avanzar con el pedido de censura contra el jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito. Para Bullrich ese momento dejó al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.
Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas…
En la misiva, el exsenador aclaró que su decisión no respondía a “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino a “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”. También vinculó su determinación con la enfermedad que lo aqueja, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que lo obligó a renunciar a su banca y a replantear sus prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”. Permanecer en el partido, sostuvo, “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.
Bullrich fue senador nacional por Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció tras el diagnóstico de ELA. Pese a los cuestionamientos, aclaró que su salida no nacía “desde el enojo ni desde el resentimiento” y le agradeció a Macri haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país”. Aun así, subrayó: “Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”. Cerró con un deseo hacia el espacio que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.
En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.
“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.
La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.
“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.
Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.
— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York
Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.
— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella
La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.
La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.
“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.
Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por JoséMayans, Juliana Di Tullio, MarianoRecalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.
Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.
La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir quiénes accederán a las viviendas que el gobierno provincial construye para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero pasado. “Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios”, instó el mandatario al jefe comunal, a quien además acusó de encabezar una estafa contra los damnificados.
El planteo llegó a través de un mensaje que Torres difundió en sus redes sociales este sábado. Allí aclaró que ya le había transmitido personalmente el reclamo a Macharashvili, pero que decidió hacerlo público para insistir con un pedido de reunión. “Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó el gobernador.
El eje del reclamo apunta a un cuello de botella administrativo. La provincia se hizo cargo de la construcción y del financiamiento de las casas, pero la nómina de personas beneficiarias depende del municipio. Y esa lista todavía no está. “En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó Torres.
Fuentes del gobierno provincial ratificaron ese plazo y remarcaron que, una vez concluidas las obras, la entrega quedará supeditada a que Comodoro Rivadavia complete el relevamiento definitivo. En la misma línea, subrayaron que los damnificados atraviesan una situación crítica y no pueden quedar a la espera de una definición que no llega.
La acusación más fuerte del gobernador remite al origen mismo de la tragedia. Torres sostuvo que las familias “además fueron estafadas por el municipio”, en referencia a las autorizaciones que las gestiones comunales otorgaron años atrás para construir en un sector que después fue catalogado como de riesgo geológico. En un encuentro previo con los vecinos, el mandatario había sido todavía más categórico: “Lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa”, afirmó, al recordar que existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno. “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto. Eso no puede ni va a volver a ocurrir”, agregó.
El plan habitacional provincial contempla 52 viviendas destinadas a los damnificados, con las primeras unidades previstas para este mes, y una segunda etapa anunciada de otras 50 casas. Torres presentó esos números durante una reunión con las familias, acompañado por el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y otras autoridades del Gabinete provincial. En esa oportunidad, el gobernador aseguró que las situaciones de mayor urgencia tendrán prioridad en las adjudicaciones y fijó una advertencia sobre el modo de encarar la respuesta: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”, afirmó. También se comprometió a sostener un diálogo permanente con los afectados hasta que todos cuenten con una solución definitiva.
El derrumbe que originó todo se produjo a principios de enero, cuando un fuerte movimiento de suelo desplazó parte del cerro Hermitte y colapsó viviendas en la zona. El episodio obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias —unas 300 personas— que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata. Las fracturas estructurales no solo derrumbaron paredes: rompieron cañerías y provocaron fugas masivas de gas, dejaron a la zona sin servicios y volvieron intransitables las calles. Los barrios Sismográfica y Marquesado fueron los más golpeados. Estudios geológicos posteriores determinaron que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de las familias, que debieron dejar sus casas de forma definitiva.
El cruce se inscribe en una etapa de fuerte tensión política entre la Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un enfrentamiento por el acuerdo firmado entre Chubut e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de las áreas maduras de la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial defiende el convenio y sostiene que permitirá recuperar activos estratégicos, desde el Municipio y sectores de la oposición cuestionan el tratamiento del pasivo ambiental y afirman que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.
Una investigación federal destapó un mecanismo de “lavado de legalidad”. Una armería ubicada en calle Chacabuco al 100 en San Miguel de Tucumán no solo vendía armas, sino que funcionaba como tapadera jurídica para el tráfico ilegal de armamento a ciudadanos chilenos.
“En algunas de estas ocasiones, las transferencias habrían sido realizadas mediante la introducción de falsedades en documentos públicos, incluyendo firmas apócrifas en los formularios de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC)”, detalla el dictamen del expediente judicial.
Tres empleados del supuesto local —identificados en los registros judiciales solo por iniciales— captaban a personas que contaban con habilitación legal para comprar armas (llamados legítimos usuarios), les pagaban para que figuraran como compradores en los papeles, y luego retiraban las armas inmediatamente para desviarlas al circuito clandestino.
El esquema se organizaba en cuatro etapas. Primero, se captaba a prestanombres, es decir, personas habilitadas ante el organismo regulador —el Registro Nacional de Armas de Argentina (RENAR) o la propia ANMAC— que aceptaban registrar las compras a su nombre, muchas de ellas de bajos recursos y pagadas por ceder sus datos.
Luego se concretaba una compra aparentemente legítima en la armería, con toda la documentación que la presentaba como una operación legal ante los organismos de control. Inmediatamente después, un intermediario retiraba el armamento y lo desviaba hacia el circuito ilegal, donde era entregado a transportistas clandestinos. Finalmente, las armas eran trasladadas hacia Mendoza y cruzadas a Chile, principalmente por el paso Cristo Redentor.
Una irregularidad llamativa detectada en la investigación, fue que una de las armas estaba registrada a nombre de una persona que ya había fallecido varios años antes de la operación— una señal clara de que el sistema de control fue deliberadamente manipulado.
Todo comenzó en diciembre de 2023 cuando Gendarmería Nacional realizó un control rutinario sobre un ómnibus de larga distancia en la localidad de Aguilares, Tucumán. Allí detectaron a dos ciudadanos chilenos —Alejandro Piero Arias Glaria (20 años, con antecedentes por robo y hurto) y Francisco Eduardo Cáceres Castillo (35 años, con antecedentes por microtráfico)— transportando entre sus ropas y equipajes ocho pistolas calibre 9 mm, 13 cargadores, municiones, dinero en distintas monedas y teléfonos celulares. Ambos tenían como destino final Chile y fueron procesados con prisión preventiva.
El análisis forense de esos teléfonos fue el hilo del que se tiró, ya que los mensajes y contactos permitieron reconstruir toda la red tucumana que había abastecido a los dos detenidos en su red criminal transnacional.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez procesó a ocho personas involucradas directamente en los hechos sin prisión preventiva, lo que implica que enfrentan cargos formales pero permanecen en libertad con restricciones. Entre los imputados se encuentran S.A.L., J.A.R. y D.A.R.N. como prestanombres, N.A.F. y R.R.F. como intermediarios, y G.E.D. como comercializador clandestino.
Los operativos desplegados en San Miguel de Tucumán y en la localidad de Los Ralos dejaron un resultado contundente, con el secuestro de más de 20 armas de fuego, municiones, cargadores, dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos. Estos elementos permiten reconstruir el flujo financiero y operativo de la organización, que es lo que la fiscalía utilizará para avanzar hacia un juicio oral.
La megacausa detrás
Lo más importante de entender es que esta causa tucumana no es un caso aislado, sino que es una rama de una investigación de alcance global que tiene su epicentro en Mendoza.
La causa mendocina, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, ya tiene 34 personas camino a juicio oral acusadas de asociación ilícita, contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra y, en varios casos, también de narcotráfico. En esa red, Tucumán funcionaba como el nodo de compra y adquisición legal, mientras que Mendoza era el hub de distribución y cruce hacia Chile por el Paso Cristo Redentor.
En paralelo, una causa aún más grande tramita en el Juzgado Federal de Campana, bajo jurisdicción del juez Adrián González Charvay y el fiscal Santiago Marquevich. En abril de 2026, se realizaron 140 allanamientos simultáneos en 13 provincias —desde Tucumán hasta Tierra del Fuego— que derivaron en 35 detenidos y el secuestro de 8 ametralladoras, 55 pistolas, 25 escopetas, fusiles, más de 43.000 municiones y hasta una granada. Esta pericia también detectó vínculos con Uruguay, Paraguay y Brasil (incluyendo al Comando Vermelho).
El volumen estimado del problema es impactante, ya que se calculó que entre 2022 y 2024 más de 2.269 armas fueron desviadas del circuito legal hacia el mercado negro nacional e internacional.
El Paso Cristo Redentor se consolidó como el principal punto de cruce del armamento ilegal hacia Chile, donde la demanda proveniente del crimen organizado es alta. Las organizaciones chilenas, con menor acceso a armas de fuego que sus pares en países con marcos legales más laxos, encontraron en Argentina —donde el mercado de armas para uso civil es relativamente accesible— una fuente de abastecimiento estratégica.
La modalidad de los testaferros ante el RENAR/ANMAC se volvió el método predilecto porque explota una debilidad sistémica. Los organismos de control registran la compra inicial como legal, pero no tienen mecanismos robustos para verificar que el arma permanezca en poder del comprador habilitado. El propio sistema de control fue infiltrado y en la megacausa nacional, entre los detenidos figuran exempleados del RENAR que desde adentro facilitaban los trámites y aceleraban los procesos de habilitación.
Acusado por expertos de usar IA en su último paper, Javier Milei enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre su integridad académica. Un historial de plagios y una constante búsqueda de validación que reabre el debate sobre su honestidad intelectual.
Con más de 4.300 muertos, el titular de la Fundación FIFA, Mauricio Macri, confirmó que la entidad destinará un millón de dólares de su fondo humanitario a las tareas de socorro y reconstrucción.
La aerolínea acumula diez días de parálisis operativa mientras mantiene activo su sistema de ventas. Entre deudas millonarias, pedidos de quiebra y una flota reducida a una sola unidad, el silencio del Estado Nacional garantiza la comercialización de servicios.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
