19 marzo, 2025

Caso D’Alessio | El ex fiscal Bidone “investigó irregularmente” al director de Realpolitik

El TOF Nro. 2 expuso que el magistrado de Mercedes y el falso abogado, ambos condenados por intento de extorsión al despachante de Aduanas, Gabriel Traficante, “investigaron irregularmente” al director de REALPOLITIK, generando “perjuicios” directos sobre su persona como parte de un “plan criminal más amplio”.
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2, a cargo de los jueces Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori, redactó los fundamentos de la sentencia al falso abogado Marcelo D’Alessio, al ex fiscal Juan Ignacio Bidone, y a los ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, quienes fueron condenados por intento de extorsión al empresario y ex despachante de Aduana, Gabriel Traficante. La amenaza consistió en involucrarlo en la llamada “mafia de los contenedores” y al mismo tiempo ofrecerle evitar un “escrache mediático”.

El veredicto, que fue dictado el pasado 23 de agosto, contó con el fallo unánime de los magistrados y determinó una pena de cuatro años de prisión para el falso abogado, tres años y ocho meses para el ex fiscal de Mercedes y dos años de prisión en suspenso para los espías. No obstante, un mes más tarde, el TOF Nro. 2 amplió el expediente del fallo y se conocieron otros “investigados irregularmente” por los mencionados sentenciados, entre los que se incluye el director de REALPOLITIK, Santiago Sautel.

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De esta manera, indicaron: “En relación a la causa Nro. 88/2019, sería incorrecto ignorar que la participación de Bidone que aquí se cuestiona como una conducta individual, puede haber formado parte de un plan criminal más amplio, para el cual las relaciones construidas por el fiscal operaron como base”. Y continuaron: “Así, se expuso allí que el fiscal no sólo requirió informes indebidamente en relación a los ya nombrados Traficante, Etchebest y Espínola para que ellos fueran utilizados con fines criminales por D’Alessio, sino que también lo hizo respecto a Alfredo Olmedo, Ricardo Colombi, Eduardo Tassan…”

La lista la completan: “Sergio Flinta, Eduardo Alejandro Vischi, Mario Víctor Cifuentes, Giselle Robles, Dov Kilinsky, Bernardo Marcelo Yungman, Sebastián Marroquín, Francisco Martín Pascual Ortiz, José Baglioli Guzmán, Luis Alberto Paz y su hermana Mercedes Paz, Juan Marcos Forlón, Cristian Monfardini, Alejandro Miguel Ganly, Lucas D’Angio, Javier Santaliz, Samira Rocío Jancovich, Olga Yancovich, Santiago Sautel, Estefanía Protti, Carlos Sebastián Smith, Néstor Rubén Sicheri y Maite Giselle Gieorgetti”.

Como se observa en la nómina, el abanico de los investigados es muy variado: desde dirigentes políticos como Olmedo, Colombi, Tassan, Flinta y Vischi hasta empresarios poderosos como Cifuentes y Kilinsky. También se destaca Robles, la ex abogada de Leonardo Fariña, los hermanos Paz –asociados a la venta de drogas en Rosario y enfrentados a la banda narco Los Monos-, Monfardini y Ganly, cercanos a Claudio “El Chiqui” Tapia tal como reveló el propio juez Alejo Ramos Padilla en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez: “Tenían relación con labores de espionaje ilegal respecto de la Asociación del Fútbol Argentino”. Incluso sobresale Sebastián Marroquín, hijo de uno de los narcotraficantes más emblemáticos: Pablo Escobar.

El abogado de la empresa, Marcelo Peña

En ese marco, el abogado penalista Marcelo Peña, representante legal de la empresa periodística, sugirió impulsar una investigación en el ámbito federal sobre conductas ilícitas desplegadas por varios de éstos sujetos. Según indicó, existiría una posible responsabilidad penal de algunos funcionarios públicos que, a sabiendas de ésta agraviante intromisión y afectación a la intimidad, omitieron requerir oportunamente se investigue.

SAUTEL, EL ÚNICO EMPRESARIO DE MEDIOS INVESTIGADO

Al menos uno de los motivos que llevó al falso abogado Marcelo D’Alessio y al ex fiscal Juan Ignacio Bidone a investigar irregularmente a Santiago Sautel tuvo que ver con una serie de publicaciones llevadas adelante por www.realpolitik.com.ar.

El seguimiento periodístico del portal sobre la figura controversial de Bidone fue constante. La primera de las notas publicadas fue sobre un allanamiento en la casa del ex magistrado y dos oficinas de la fiscalía donde trabajaba, en el marco de la investigación por el triple crimen de General Rodríguez que tenía a su cargo. “El propio fiscal se había presentado ante el juez federal Julián Ercolini hace al menos dos semanas para dar información en relación a la investigación contra D’Alessio por presunta extorsión a empresarios para que no figuren en la causa de los cuadernos”, advirtió este medio en marzo del 2019.

Días más tarde, ya con el mediático espía D’Alessio procesado por segunda vez, tras el intento de extorsión al ex despachante de Aduana Traficante, REALPOLITIK tituló: “Pruebas exponen el vínculo entre el extorsionador D’Alessio, el fiscal Bidone y el ministro Garavano”. Y remarcó: “Aliado con el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, D’Alessio tenía acceso a las llamadas entrantes y salientes de Traficante. Además, podía controlar sus movimientos con la apertura de antenas y las planillas de Migraciones. Todos documentos conseguidos a través de oficios judiciales”. Además de desentramar el círculo judicial extorsivo, este medio difundió documentos que revelaron un “inexplicable alto consumo en tarjeta de crédito” del ex magistrado mercedino.

Sin embargo, las pruebas que comprometían al ex juez seguían saliendo a la luz.

“Arrepentido: El fiscal Bidone aportaría pruebas contra Aníbal Fernández por el triple crimen”, tituló REALPOLITIK y aclaró: “El nuevo arrepentido brindaría información clave sobre la banda dedicada a la extorsión y liderada por Marcelo D’Alessio. Además, expondría datos claves sobre cruzamientos telefónicos que involucran al ex jefe de Gabinete kirchnerista con el triple crimen”. En esta línea, este medio reforzó lo que ya era un secreto a voces en los pasillos judiciales: que Bidone “cumplía el rol de proveedor de información clave para las extorsiones, como planillas de Migraciones y escuchas telefónicas”.

Finalmente, también en abril del último año de gestión macrista, en una nota titulada “El impactante informe que desnuda el vínculo entre agentes de la AFI y la mafia de la Aduana”, REALPOLITIK destacó el oscuro entramado que involucraba a la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, con la participación especial de Bidone.

Todas estas publicaciones dan cuenta del interés del ex magistrado condenado a prisión de “investigar irregularmente”, tal como indicó el TOF Nro. 2, a Santiago Sautel, quien en su cuenta de Twitter manifestó: “Se hizo Justicia”, al anoticiarse de que formó parte de un “amplio plan criminal” que lo tuvo como uno de los tantos damnificados y que, finalmente, fue descubierto.


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Redacción

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Detuvieron a un “empresario” boliviano que vendía terrenos con papeles truchos por Tik ToK

La Policía Bonaerense detuvo a Joseph Charly Ponce Sarzuri, de 31 años y nacionalidad boliviana, acusado de ofrecer terrenos en un presunto emprendimiento inmobiliario por un valor total de USD 30 millones.

El predio de 300 hectáreas se encontraba en el kilómetro 41 de la Ruta Nacional Nº 3, en la intersección de Anastacia Girardot y Areco, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza. Según la DDI de La Matanza, Ponce Sarzuri prometía la futura construcción de un barrio denominado “Simón Bolívar”.

La investigación comenzó tras denuncias recibidas el jueves pasado, cuando la Municipalidad de La Matanza detectó la supuesta venta ilegal de lotes. El imputado publicitaba los terrenos, valuados en 3.000 dólares cada uno por 300 metros cuadrados, a través de TikTok, donde se observaban videos con gazebos, globos y referencias a un trámite ante escribanía. Al menos 45 personas llegaron al predio en un micro escolar provisto por los vendedores, con puntos de partida en Plaza Flores, Villa Celina y la zona del Bingo de Ciudadela.

Personal encubierto de la DDI de La Matanza se hizo pasar por interesado y observó cómo se montaba una mesa con planos detallando la distribución de los lotes, presenciando además la venta de uno de ellos. Toda la maniobra quedó documentada desde un dron que sobrevoló la zona. Acto seguido, la fuerza policial desplegó el operativo y procedió a la aprehensión de Ponce Sarzuri, en una causa caratulada como tentativa de estafa (IPP 05-00-0011519-25) bajo la órbita de la UFI N°8 de la fiscal Alejandra Núñez.

Las autoridades secuestraron documentación vinculada con la comercialización de los terrenos y el micro escolar marca Agrale MT 12.0 LE dominio IVF181 utilizado para el traslado. También se tomaron testimoniales al conductor del ómnibus, al cuidador del predio y a los presuntos compradores. Hasta el momento, no se estableció con exactitud el monto real abonado por las víctimas, aunque la oferta general se valuó en USD 30 millones.

En febrero del año pasado, Ponce Sarzuri conformó la firma “Las Américas de Simón Bolívar” junto a dos compatriotas, registrada supuestamente para el rubro inmobiliario. Además, existe otra sociedad denominada “Simón Bolivar Group”, con CUIL y sede en el Bajo Flores, constituida en noviembre último por dos comerciantes bolivianos.

El nombre de al menos uno de ellos, o el de esta empresa, no figuraba en la documentación incautada. El imputado, domiciliado en Aldo Bonzi (Provincia de Buenos Aires) quedó a disposición de la Justicia para aclarar su participación en la maniobra y determinar el alcance total de la estafa.

Redacción

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SIGEN denuncia el uso irregular de $50.000 millones en viviendas inconclusas durante la gestión de Alberto

Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una malversación en la ejecución de los programas habitacionales Reconstruir y Reactivar durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2021 y 2023 se destinaron $52.920 millones a la construcción de viviendas sociales que nunca se terminaron, con retrasos de hasta el 80% en las obras y fondos públicos que desaparecieron sin rendición de cuentas. La auditoría expuso cómo 6.583 familias quedaron sin techo mientras las obras se paralizaban.

Los programas Reconstruir y Reactivar nacieron como respuesta política a la crisis habitacional heredada del gobierno de Mauricio Macri. El presidente del Frente de Todos los presentó en mayo del 2021 como “la obra de Néstor y Cristina que vengo a terminar”, prometiendo entregar 55.000 viviendas antes de finalizar su mandato.

“Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos, y eso a mí me llena de alegría”, fue la frase que utilizo.

El Programa Reconstruir concentró el 88% del presupuesto total de $46.421 millones, con el objetivo de construir 20.829 viviendas nuevas.

Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. Únicamente 14.246 unidades llegaron a etapa de construcción, mientras 6.583 permanecían en evaluación burocrática sin avances concretos. Peor aún: de las obras iniciadas, el 35,5% (22 de 62 proyectos) presentaban retrasos críticos entre el 30% y 80% respecto a los plazos pactados.

Los anticipos entregados a contratistas tuvieron un gran costo económico, perdiendo hasta el 82% de su valor real por la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández, según cálculos de la SIGEN. El caso más emblemático ocurrió en Monte Grande (Buenos Aires), donde 240 viviendas al 99% de avance físico acumulan $604 millones sin justificar desde 2021.

El Programa Reactivar por su parte, con un presupuesto de $6.498 millones, se inició con la finalidad de terminar 1.416 viviendas abandonadas. Pero la auditoría halló obras con el 100% de los fondos ejecutados de un total $2.123 millones, sin registro de rendiciones en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

En 16 de los 30 proyectos por comenzar, las obras demoraron entre 45-90 días en arrancar tras firmar los convenios. Cuando finalmente comenzaron, los costos ya habían aumentado 143% por la inflación acumulada, haciendo inviable su finalización.

El informe de 27 páginas de la SIGEN dibuja un sistema habitacional colapsado por fallas estructurales, constituyendo pruebas clave en tres causas federales iniciadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La propia Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda admitió ante los auditores que únicamente tenía capacidad para supervisar el 17% de las obras activas, dejando el 83% restante en un vacío de control.

Ocho expedientes del Reconstruir carecen totalmente de documentación contable, incluyendo tres casos donde las obras estaban teóricamente terminadas. La SIGEN identificó $1.812 millones en pagos sin respaldo documental, equivalentes al 3.4% del presupuesto total, estos fondos “fantasma” se concentran en cuatro provincias: Buenos Aires (37%), Santa Fe (28%), Córdoba (19%) y Mendoza (16%).

Los convenios firmados con provincias y municipios incluían cláusulas permisivas que facilitaban el incumplimiento. El 78% de los contratos analizados permitían prórrogas automáticas de 180 días sin penalidades. Además, el 63% de las actas de inicio de obra se firmaron con hasta 90 días de retraso, aprovechando vacíos legales para evitar multas.

La SIGEN estima que hay unas 22.000 personas que siguen esperando soluciones habitacionales por los fallos en estos programas. A pesar del 99% de avance físico, como sucede en Monte Grande, las familias no pueden ocuparlas porque falta completar conexiones eléctricas y de gas. Mientras tanto, $604 millones asignados a estos trabajos finales permanecen sin justificar desde 2022. Vecinos organizados denuncian que el municipio usa las casas vacías como depósito de materiales de otras obras.

En 2022, la Secretaría de Hábitat contaba con solo 12 inspectores para supervisar 620 obras en curso, lo que equivale a un promedio insuficiente de 52 proyectos por cada uno. Esta escasez de personal de control se vio agravada por disputas burocráticas entre Nación, provincias y municipios, responsables del 68% de los retrasos al no definirse claramente quién debía asumir los costos.

Además, se detectaron fallas en el GDE, ya que el 23% de los expedientes digitales presentaban errores o estaban incompletos, lo que impidió rastrear el destino de $1.420 millones en transferencias. Todo esto se enmarca en un contexto en el que el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de argentinos.

Redacción

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“La corrupción de RIQUELME está MATANDO a Boca” | Walter Klix cuenta todos los curros en el club

Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.

“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”

Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.

“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.

Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.

Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.

“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”

En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.

“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.

El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.

“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.

Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.

“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.

Redacción

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Peretta lanzó su candidatura en CABA con un “nuevo partido liberal” y críticas a la gestión de Jorge Macri

Marcelo Peretta, farmacéutico, sindicalista y candidato a las elecciones porteñas de 2025, presentó oficialmente su plataforma política bajo el nombre de Movimiento Plural, un “nuevo partido liberal” que busca agrupar a los desencantados con el gobierno de Javier Milei y ofrecer una alternativa a los votantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de Miguel Pichetto, Peretta apuesta a consolidar un espacio político que promueva “la verdadera libertad” y reformas laborales y sindicales.

Peretta, quien también es secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), presentó su marca, que lleva su nombre en blanco y negro, acompañada del lema “La receta y los remedios para la Ciudad”, en referencia a su profesión y su enfoque en soluciones concretas.

En su discurso, Peretta criticó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señalando que “es contradictorio escuchar al Jefe de Gobierno hablar de generar empleo o crear un fuero laboral propio cuando hace 5 meses tiene acéfala la Secretaría de Empleo”. Además, cuestionó el desgaste de la administración porteña tras “casi 18 años del mismo color político”.

Peretta dirigió su mensaje a los “huérfanos, maltratados, silenciados, exiliados, ninguneados y degradados” por el gobierno de La Libertad Avanza. A través de un “Decálogo de bienvenida a los auténticos liberales”, invitó a quienes se sienten traicionados por las promesas incumplidas de Milei a sumarse a su proyecto. “No más promesas vacías, acá hay compromiso real. No más silencio, tu voz es nuestra fuerza”, afirmó.

En sus ejes, detalló algunas de las iniciativas que impulsará para fomentar el trabajo registrado en la Ciudad. Entre ellas, propuso “impuesto 0 para el primer año a todo CUIT que se instale en la Ciudad y que registre a sus trabajadores; simplificar las habilitaciones vía electrónica; y pagos de cargas sociales a cuenta del ABL”. Además, destacó que su objetivo es “recuperar a los 500 mil trabajadores porteños que están en negro o percibiendo salarios de pobreza”.

Respecto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, Peretta reconoció su capacidad de trabajo y adaptación, pero criticó el enfoque del gobierno en la “especulación financiera”.

Redacción

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ENTRE RÍOS | La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de reforma del Código Fiscal: “Celebramos bajar impuestos”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este miércoles la primera sesión especial del 146° periodo legislativo, bajo la presidencia de Gustavo Hein. En esta oportunidad, se dio sanción definitiva a los proyectos remitidos en revisión por el Senado, referidos a las modificaciones al Código Fiscal y a la Ley N° 5.140 de Contabilidad Pública. Además, los legisladores aceptaron la renuncia de Stefanía Cora (Más para Entre Ríos), quien asumirá en el Senado de la Nación.

Durante el transcurso de la sesión, se dio ingreso y se aprobó por mayoría el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se modifican artículos del Código Fiscal (T.O. 2022). La iniciativa fue aprobada aceptando los cambios introducidos por el Senado al texto que había obtenido media sanción de la Cámara baja a fines del año pasado.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, argumentó en favor de la iniciativa. “Este proyecto ya lo habíamos tratado el año pasado y la Cámara de Senadores hizo modificaciones con aportes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y funcionarios del Poder Ejecutivo y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). También se escuchó a algunas ONGs”, describió.

“Es un proyecto para celebrar, ya que el gobernador sabe interpretar lo que la sociedad está demandando, que es la baja de impuestos. Esto, obviamente, no se puede hacer de un día para el otro, pero hay que buscar el equilibrio fiscal y de todas maneras ir reduciendo la carga impositiva en el sector privado, para tener una provincia más competitiva con la Región Centro y para que las empresas empiecen a generar mayor rentabilidad y empleo genuino”, amplió el legislador.

Carlos Damasco (Fe y Libertad), por su parte, manifestó su desacuerdo con la propuesta legislativa y su voto en contra: “Con la reforma se elimina el beneficio por buen cumplimento y no se lo reemplaza con ningún incentivo para los contribuyentes cumplidores. Esto hace que se desaliente el pago en término de los tributos. Un tema no menor son los adicionales sobre los impuestos Inmobiliario y Automotor, que no tenían vigencia para el año 2024 y se cobraron igual, por lo cual se debería inducir a la devolución o compensación”.

En tanto, Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), expresó el apoyo del bloque que integra: “Vamos a acompañar el proyecto por el trabajo que hicieron nuestros senadores. Nos hubiera gustado que el tiempo que se dio en el Senado, lo hubiéramos tenido en Diputados el año pasado. Seguimos sin compartir el criterio que sostiene el proyecto al fijar las alícuotas en Ingresos Brutos a los distintos sectores productivos”. Respecto de esto último, dijo que “se le quita flexibilidad al Poder Ejecutivo”. También hizo referencia a la “omisión involuntaria de haber cobrado un adicional de impuestos, que significa alrededor de 18.000 millones de pesos, sin el debido respaldo legislativo” y agregó: “Se pretendía subsanar ese error con otro error, que era legislar en materia impositiva con retroactividad. No era la manera de solucionarlo. Afortunadamente el Senado ha salvado este error, pero lo que no ha quedado salvado es lo que pagaron de más los entrerrianos. Eso tiene que ser devuelto u otorgado como un crédito fiscal”.

Por su parte, Enrique Cresto (Más para Entre Ríos), agregó sobre el mismo tema: “Estamos para acompañar porque no se puede dilatar más y hay una incertidumbre en el contribuyente”.

Roque Fleitas (La Libertad Avanza), sostuvo: “Acompañamos porque consideramos que hay que darle al gobierno las herramientas necesarias para que gestione”. No obstante, aclaró: ”No estamos de acuerdo, en el artículo 17, con incrementar la alícuota a las maquinarias agrícolas, porque el campo es el motor de la producción”.

Por otro lado, tuvo ingreso y se aprobó por unanimidad el proyecto de ley, devuelto en revisión, por el que se incorpora el punto 15 al apartado b), inciso c) del artículo 27 de la Ley N° 5.140. Con este cambio, se agrega a las contrataciones directas por vía de excepción aquellas que están “destinadas a proveer determinados bienes y /o servicios en zonas de islas del territorio provincial vinculadas a finalidades esenciales del Estado: educación, salud y seguridad”.

Redacción

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La Justicia restituyó un predio en Pilar a empresario vinculado al lavado y a la familia de Pablo Escobar

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py, ordenó la restitución del predio ubicado en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana al abogado y empresario pilarense Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La medida obligó al desalojo inmediato del Municipio de Pilar, que utilizaba el lugar como centro de vacunación contra el COVID-19, puesto de testeo y dependencia de Licencias de Conducir.

Corvo Dolcet figuró en una causa en la que también fueron procesados María Isabel Santos Caballero y Juan Sebastián Marroquín, viuda e hijo del fallecido líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, así como el exjugador de Boca Juniors e integrante del Consejo de Fútbol del club Xeneize, Mauricio Serna, entre otros acusados. El expediente se inició el 1 de septiembre de 2016, cuando la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) recibió un informe de la DEA que señalaba al colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos como cabecilla de una organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de activos, en presunta conexión con Corvo Dolcet en Argentina.

– El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Federal N.º 8 de Comodoro Py

En los Estados Unidos, Piedrahita Ceballos declaró como imputado colaborador y firmó un acuerdo de juicio abreviado con los fiscales Diego Iglesias y Santiago Marquevich. Aceptó una pena de cinco años de prisión y una multa de 165.000.000 de pesos. Este acuerdo confirmó la conexión de Piedrahita Ceballos con el Cartel de Medellín y reforzó las acusaciones contra Corvo Dolcet en la causa de lavado de dinero.

Según el entonces juez federal de Morón Néstor Barral, el predio de Panamericana quedó embargado y declarado de utilidad pública, y se intervino la sociedad “Pilar Bicentenario” (dueña de los terrenos). La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) administró el lugar y se lo cedió al Municipio de Pilar durante la pandemia. Sin embargo, en un fallo anterior, la Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos de Corvo Dolcet para recuperar el inmueble.

El abogado denunció que, mientras el terreno permanecía bajo uso municipal, se intentó expropiar de manera fraudulenta. “En 2020 [en plena pandemia de Covid-19] la Justicia le prestó nuestro inmueble al municipio de Pilar para hacer un vacunatorio. Pero la Justicia ignoraba que, a sus espaldas, el exdiputado provincial Jorge D’Onofrio promovió la expropiación del predio. Usando fundamentos manifiestamente falsos, quiso quedarse nuestro negocio y endosarle los costos expropiatorios a los contribuyentes. En 2021 me enteré de la ley fraudulenta y querellé a D’Onofrio”, sostuvo.

Corvo Dolcet también aseguró que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizó operaciones de espionaje sobre su psiquiatra, con el fin de desestabilizarlo emocionalmente. Argumentó que estas acciones de inteligencia ilegal buscaban debilitar su capacidad para defenderse en la causa por narcolavado.

Antes de la ocupación municipal, el abogado planeaba un desarrollo inmobiliario de gran magnitud, que contemplaba la construcción de un estacionamiento de cinco pisos con 920 cocheras —denominado “Pilar Parking”— junto a la estación del ferrocarril Belgrano Norte, hoy llamada Cecilia Grierson. El proyecto, que prometía transformar la zona con infraestructura moderna y servicios integrales, incluía barrios cerrados, oficinas, una universidad y un shopping, pero quedó paralizado tras el avance de la investigación judicial y la posterior intervención del predio.

El reciente fallo de Martínez de Giorgi también dispuso “la extracción de testimonios para su sorteo ante la Cámara Federal de Apelaciones del foro para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia judicial por parte del intendente de Pilar [Federico de Achával] en virtud de su negativa a cumplir con la orden dictada por este Tribunal”. Durante el desalojo, efectivos de la Prefectura Naval se encontraron con vacunas, medicamentos y documentación del área de Salud, lo que generó preocupación sobre el manejo de estos insumos.

El proceso judicial atravesó múltiples instancias. En un momento, se había elevado a juicio la causa contra los acusados, pero la elevación fue declarada nula y el expediente pasó de los tribunales de San Martín a los de Comodoro Py, donde recaló en manos de Martínez de Giorgi. La nulidad de la elevación a juicio significó que el caso debió reiniciarse en la nueva instancia, lo que prolongó los tiempos de la investigación. El juez, ahora a cargo, deberá determinar si existen pruebas suficientes para avanzar con las acusaciones de lavado de dinero y, además, con las actuaciones vinculadas a la presunta desobediencia judicial del intendente de Pilar.

Desde el Municipio, al momento de la publicación, no hicieron declaraciones sobre la resolución de Martínez de Giorgi que ordenó la restitución del predio a Corvo Dolcet. El futuro del proceso permanece bajo la órbita del magistrado, quien continuará investigando la presunta maniobra de narcolavado y las circunstancias que rodearon tanto la ocupación municipal como el desalojo del inmueble.

Redacción

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