Cancillería pidió la restitución de Pedro Castillo en la presidencia de Perú y denunciaron un “hostigamiento antidemocrático”
El Gobierno lanzó un comunicado junto al presidente de México, López Obrador; el de Colombia, Petro, y el de Bolivia, Arce; en donde exigen la liberación y restitución del exmandatario peruano.
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El Gobierno de Alberto Fernández se sumó a un comunicado en conjunto con los presidentes latinoamericanos, Andrés Manuel López Obrador; Gustavo Petro y Luis Arce, en el que expresaron su “profunda preocupación por la remoción y detención” de Pedro Castillo. En ese sentido pidieron su restitución al poder, lo que va en contra del avance del Congreso del Perú que logró removerlo luego de que este intentara realizar un autogolpe.
Este pedido por parte de la Cancillería Argentina va en contra de su propio anuncio lanzando el día de la remoción de Castillo. El 7 de diciembre, desde la cartera que lidera Santiago Cafiero, lamentaron los hechos y pidieron priorizar el estado de derecho y el orden constitucional.
Pero este lunes, los líderes de izquierda ubicaron a Castillo en una posición de víctima y denunciaron que sufrió “un antidemocrático hostigamiento” desde que asumió como jefe de estado.
Inicia el comunicado: “Los gobiernos de la República Argentina, la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
"Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención".
De esta forma, los presidentes solicitan a los "actores involucrados" que hagan efectiva la restitución de Castillo, dado que fue la elección popular y debe respetarse "la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas".
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En un anuncio que marca el fin de un capítulo controvertido en la historia política, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el cierre definitivo de la planta ex Ciccone Calcográfica, situada en Don Torcuato. La emblemática imprenta, estatizada en 2012 tras un caso de corrupción que derivó en la condena del exvicepresidente Amado Boudou, será subastada en los próximos meses.
“La ex Ciccone ya no es necesaria en manos estatales. Su cierre ahorrará al país 5.040 millones de pesos anuales”, destacó Caputo en su cuenta oficial de la red social X. La decisión incluye la desvinculación de los 270 empleados que trabajaban en la planta, quienes han sido “dispensados” hasta que se definan políticas de reubicación o acuerdos individuales.
El cierre fue acompañado por un operativo que incluye el retiro de maquinaria y el desalojo del inmueble, que cuenta con una bóveda utilizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para almacenar billetes próximos a ser destruidos. Según Caputo, algunas máquinas serán reutilizadas:
Equipos para la fabricación de chapas patente se trasladarán a depósitos en Retiro.
Tres máquinas de calcografía serán utilizadas para la producción de pasaportes.
Las máquinas importadas para la producción de billetes serán retiradas y redistribuidas.
El ministro aclaró que la planta había dejado de operar el 31 de octubre, cuando el BCRA rescindió el contrato para la producción de billetes a nivel estatal.
Aunque el Gobierno asegura que buscará reubicar a algunos de los trabajadores en la administración pública, no se ha especificado cuántos podrán mantener sus empleos. “Nadie volverá a la planta de la ex Ciccone”, confirmaron fuentes oficiales. El cierre definitivo también simboliza un cambio en la estrategia estatal: Argentina ya no producirá billetes localmente y optará por proveedores internacionales.
“El cierre de la ex Ciccone pone fin a uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, afirmó Manuel Adorni, vocero presidencial.
El escándalo de la ex Ciccone
El cierre de la planta marca el epílogo de un caso que sacudió al país en 2012, cuando se destaparon irregularidades en la compra de Ciccone Calcográfica por parte de testaferros vinculados a Amado Boudou, entonces vicepresidente. La denuncia inicial fue realizada por Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele, quien actuó como intermediario en la operación a través de la firma The Old Fund.
El escándalo llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a expropiar la empresa en agosto de 2012. Sin embargo, las investigaciones continuaron, y en 2018, Boudou fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una crisis profunda que afecta a más de dos millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto millonario para el 2025, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la creciente insatisfacción de los beneficiarios han generado una serie de reclamos que amenazan con convertirse en un tema central de debate político y social.
El presupuesto de IOMA para el próximo año asciende a1.75 billones de pesos —superando a áreas clave como Educación, Seguridad y Salud, que recibirán entre 1.15 y 1.28 billones de pesos—. Sin embargo, a pesar de esta gran asignación, el organismo atraviesa una grave crisis financiera, que no se refleja en sus balances. Los propios responsables del IOMA reconocen las dificultades económicas, pero no logran explicar cómo una caja billonaria puede tener tantos “agujeros negros”.
A lo largo de 2024, los problemas se agudizaron. En los primeros ocho meses del año, IOMA incrementó el gasto en medicamentos, que pasó del 28.9% en 2023 al 31.6% en octubre de este año. Además, se registraron más de 12,000 cirugías y 10 millones de medicamentos dispensados, lo que indica una creciente demanda, pero también evidencia de una mala gestión en los recursos.
QUEJAS Y PROTESTAS POR LA FALTA DE ATENCIÓN
Los afiliados de IOMA denunciaron numerosos problemas a lo largo de la provincia de Kicillof. En Lincoln, 10,000 afiliados se enfrentan a consultas médicas que rondan entre los $20,000 y $25,000, lo que hace imposible el acceso a atención preventiva. “Nos están tomando de rehenes, se están quedando con la plata del sueldo”, expresó un vecino afectado. La situación obligó a muchos a desplazarse hasta 60 kilómetros para acceder a servicios médicos, lo que compromete la salud de miles de bonaerenses.
La crisis también generó protestas en distintos distritos. En Navarro, más de 200 vecinos salieron a la calle para rechazar un convenio firmado entre IOMA y el ejecutivo local, que limita la cobertura a un único hospital. Lo ocurrido en este municipio es solo un ejemplo de lo que sucede en otros puntos de la provincia, donde IOMA rompió convenios con clínicas y hospitales privados, dejando a miles de afiliados sin cobertura médica adecuada.
En otras ciudades como Mar del Plata, Olavarría y Azul, los afiliados también persentaron quejas por la falta de cobertura médica, y algunos decidieron llevar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo. En muchos casos, los médicos privados que aún mantienen contratos con IOMA están cobrando las consultas por fuera del sistema, lo que genera conflictos con los reintegros.
La crisis en IOMA generó un fuerte debate. Desde la oposición, legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza exigen respuestas urgentes. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la creación de un Comité de Crisis para dar soluciones a los afiliados y la declaración de emergencia sanitaria, económica y operativa de IOMA. La idea es realizar una auditoría para esclarecer cómo se manejan los recursos de la obra social, que hasta ahora han estado rodeados de opacidad.
El bloque opositor también propuso la intervención de IOMA por parte del Ejecutivo, lo que permitiría una revisión exhaustiva de su funcionamiento. A pesar de estas propuestas, el oficialismo, liderado por Axel Kicillof, no ha tomado medidas concretas para solucionar la crisis.
Luego de que el Senado bonaerense girase a Diputados la reforma jubilatoria del Banco Provincia, el ex ministro de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, cargó duramente contra el gobernador Axel Kicillof. En esa línea, acusó al gobierno bonaerense de comprar “voluntades” en medio de la compleja situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires en el día a día.
“Con la ayuda de los traidores del cambio, Kicillof logró media sanción para volver atrás y restablecer las jubilaciones de privilegio en el Banco Provincia, que habíamos eliminado en el gobierno de María Eugenia Vidal”, cuestionó en su cuenta de X.
Asimismo, el titular del PRO bonaerense señaló que el populismo siempre “compra voluntades” para que “todo siga igual” en el país. “Ellos ganan cuando se mantiene el status quo, porque conservan sus privilegios y someten a su gente”, argumentó.
En ese sentido, Ritondo mostró su preocupación ya que, en medio de este debate en la Cámara Alta, la inseguridad “se cobra una nueva víctima” todos los días. “En la misma provincia en la que los pacientes de IOMA se mueren esperando atención médica. En la misma provincia en la que hay más chicos con hambre que chicos con la panza llena. En esa misma provincia, Axel Kicillof elige devolverles los privilegios a unos pocos”, agregó más tarde.
“Pero la historia nos demuestra que el populismo tiene fecha de caducidad. Estamos construyendo un equipo en toda la provincia para decirles basta. Por más que se resistan, el cambio siempre llega”, sentenció.
VIDAL TAMBIÉN EXPUSO SU REPUDIO:
La ex gobernadora, e ideóloga del proyecto que terminó siendo reformulado, recurrió a su cuenta de X para retuitear la exposición que brindó el senador Alex Campbell.
“Desde el PRO NO vamos a acompañar estos proyectos. No vamos a acompañar que en una provincia con déficit sigan generando deudas”, explicaba en su disertación.
No obstante, Campbell bancó el proyecto de Vidal para eliminar las jubilaciones de privilegio, a diferencia de Kicillof que “sigue haciendo populismo con el dinero de los impuestos que pagamos todos”.
LA REFORMA POLÉMICA DE KICILLOF:
El proyecto del BAPRO busca revertir las modificaciones implementadas durante la gestión de María Eugenia Vidal, que habían reducido el haber jubilatorio del 82% al 75% y aumentado la edad de jubilación para las mujeres con el objetivo de reducir el déficit de la Caja previsional. El proyecto que se aprobó este jueves restituye el 82% del haber y establece la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, argumentando una reparación basada en las desigualdades laborales de género.
La propuesta aprobada este jueves incluye la derogación de la ley 15008 con el objetivo de restituir y ampliar los derechos de las personas jubiladas y pensionadas a través de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco Provincia.
Entre las medidas propuestas para achicar el déficit de la Caja se encuentra la ampliación del aporte de las personas afiliadas, tanto activas como pasivas. Para los afiliados activos, el aporte podría aumentar hasta un 16%, mientras que para los pasivos sería hasta un 12%. Además, se prevé un incremento en las contribuciones obligatorias que debe hacer el Banco de la Provincia de Buenos Aires, alcanzando éstas hasta el 21%. Asimismo, se plantea la instauración de un nuevo régimen para los ingresantes al sistema, que contemplaría un aporte personal del 19%.
El proyecto de ley también incluye la incorporación de una contribución adicional por parte del Banco Provincia. Asimismo, se prevé una partida presupuestaria de la Provincia para afrontar de manera conjunta y coordinada el posible déficit que pueda enfrentar la Caja. Esta financiación buscaría restablecer el rol del Estado como garante final del sistema previsional, asegurando de esta manera la sostenibilidad y estabilidad financiera de la Caja en el tiempo, siempre alineado a los recursos disponibles.
No es nada nuevo el hecho de que cada dirigente se sienta con el peronismo para poder hacerse de músculo y oportunidades dentro de la provincia de Buenos Aires. Y La Libertad Avanza (LLA) no le escapa al bulto.
Más específicamente la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quién tiene como principales alfiles territoriales a Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana, y Juan EstebanOsaba, apoderado del sello libertario en provincia de Buenos Aires. Estos no escatimaron en presiones y cruzaron los límites.
Según informaron fuentes oficiales a DATA24.COM.AR, con el aval de la hermana del presidente Javier Milei, Sebastián Pareja salió a coquetear con Sergio Cuello, ex armador del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en el 2023.
Sin ir más lejos, ya hubo reuniones importantes en la ciudad de La Plata, en dónde también habría estado presente el presidente de Diputados, Martín Menem. Allí algunos acuerdos quedaron en el aire, pero se esperan supuestos avances.
Sergio Cuello es presidente del sello peronista no K, Juntos en Acción (JeA), el cual le realizó la campaña territorial también al entonces candidato a gobernador Diego Santilli en el 2023.
Lejos de pretensiones y demás “roscas”, Sergio Cuello también estaría siendo tentado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para darle estructura en el 2025 y así proyectarse al 2027 como aspirante a la Gobernación.
Javier Milei sorprendió al lanzar duras críticas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien mantiene una relación tensa desde hace meses. En una entrevista con LN+, Milei aseguró que Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones” y que “decidió no participar” en reuniones de Gabinete. “Hace mucho tiempo que no asiste. Ella está más cerca del círculo rojo, de lo que llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, afirmó el mandatario.
Estas declaraciones confirman los rumores sobre una relación deteriorada entre los líderes de La Libertad Avanza, algo que hasta ahora se había manejado con discreción desde la Casa Rosada.Milei enfatizó que su vínculo con Villarruel se limita a lo estrictamente institucional y evitó hablar de posibles cambios en la estructura del gobierno.
EL QUIEBRE Y SUS IMPLICANCIAS
El presidente dejó entrever que las diferencias con Villarruel se intensificaron tras decisiones y actitudes que consideró contrarias a su línea política. Entre los desencuentros, se mencionan su visita a Isabel Perón en Madrid, la colocación de un busto de la exmandataria en el Congreso y desacuerdos sobre la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Además, Milei cuestionó el papel de Villarruel en actos oficiales, como su aparición en la ceremonia de la Fragata Libertad, lo que generó tensiones con otros funcionarios del Ejecutivo.
Por su parte, Villarruel mantiene el silencio ante estas acusaciones. Desde su entorno, consideran que su bajo perfil responde a una estrategia de evitar escalar el conflicto.
¿ALIANZA CON EL PRO EN EL HORIZONTE?
En otro tramo de la entrevista con Trebuc, Milei abrió la puerta a una posible alianza electoral con el PRO para las elecciones de 2025. “Creo que debemos caminar hacia un rumbo en el que nos encontremos juntos. El enemigo son los colectivistas que nos llevaron a la miseria. Para lograr un cambio permanente, hay que trabajar en tres áreas: económica, política y cultural”, afirmó.
El mandatario destacó el trabajo de su hermana Karina Milei —encargada del armado político de su espacio— y resaltó la importancia de librar una batalla cultural para consolidar sus ideas a largo plazo: “Estamos integrando los tres frentes activamente. Necesitamos un brazo político sólido, y Karina ha demostrado una capacidad excepcional en este aspecto”, añadió.
DESAFÍO ECONÓMICO, LA HERENCIA RECIBIDA
Milei dedicó parte de la entrevista a describir la crítica situación económica al asumir la presidencia. Según detalló, el país enfrentaba un déficit consolidado de 15 puntos del PBI, desequilibrios monetarios y reservas negativas por 12.000 millones de dólares. “Era una bomba armada para que en diciembre comenzaran los saqueos y en enero el peronismo estuviera de vuelta en el poder”, afirmó, apuntando contra el PJ.
El presidente defendió las medidas económicas implementadas en su gestión, asegurando que han generado resultados milagrosos. “En seis meses logramos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, redujimos la pobreza 11 puntos y controlamos la inflación. Nuestro modelo es reconocido en el mundo”, aseguró.
En cuanto a la política monetaria, Milei se mostró optimista respecto al levantamiento del cepo cambiario, que espera concretar a través de un proceso de mercado. También celebró el respaldo de la ciudadanía a su gestión: “A pesar de las medidas impopulares, estamos mejor posicionados en las encuestas que al inicio del mandato”.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY