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La Justicia porteña archivó una investigación judicial por la compra de barbijos vencidos, situación que en su momento generó un escándalo y tuvo como principal protagonista al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando recién arrancaba la cuarentena por coronavirus en abril de 2020.
La trama por la compra de los insumos fue revelada en su momento por la Revista Noticias al descubrir que la Ciudad había adquirido 15 mil barbijos a 45 millones de pesos, es decir, a 3 mil pesos cada uno. Además del presunto sobreprecio, los barbijos habían vencido en 2016.
Según fuentes de Infobae, el fiscal Maximiliano Vence archivó la investigación en la que aparecía involucrada la empresa Green Salud. Vence, sostuvo que no hubo perjuicio económico para la Ciudad ya que no se concretó el primer pago, algo que se aclaró desde Uspallata días después de que la transacción salga a la luz.
Sobre el vencimiento de los barbijos, el fiscal sostuvo que Ignacio Sáenz Valiente, el titular de la firma mencionada antes, sólo fue un intermediario para la reventa del material durante el comienzo de la pandemia de coronavirus, por lo que no sabía el estado en el cual se encontraban los productos.
En relación al precio que se iba a pagar por los barbijos, el titular de la Fiscalía N°8 en lo Penal, Contravencional y de Faltas argumentó que no hubo perjuicio porque era un momento de escases de barbijos y de oferentes.
Recordemos que, por la sospechosa compra de los barbijos, un funcionario del Gobierno de la Ciudad presentó su renuncia: Nicolás Montovio, quien era subsecretario de Administración del Sistema de Salud y había participado del proceso de compra.
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“Yo tengo más de quince asesores, seguro. Pero, tengo muchos en San Luis. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener una estructura. Son mis módulos, puedo usarlos. Es gente que me ayuda con las reuniones, hacemos obras de beneficencia” reconoció Bartolomé Abdala, titular provincial del Senado Nacional.
“De esos quince, al menos 12 o 13 y están trabajando en mi provincia. Son de categoría baja”.
El conductor de “¿La Ves?”, Jonatan Viale, le retrucó: “Los asesores no son, Bartolomé, para que vos seas gobernador sino para que te ayuden a sacar leyes”.
“Es un criterio que es respetable el de ustedes los periodistas” se excusó el número 3 en la sucesión presidencial, luego de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Todo muy bizarro. Al final, los contribuyentes siguen bancando a la maldita “CASTA”
El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
“Queda para la reflexión individual de cada uno entender y evaluar por qué la AFA le teme a la libertad de sus socios”, tuiteó Sturzenegger
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
La contratación de Tamara Pettinato para conducir un evento oficial durante la gestión del Frente de Todos, encabezada por Alberto y Cristina Fernández, desató una nueva controversia en las redes y en el escenario político. Sucedió que Pettinato fue seleccionada para participar en la presentación del programa “Precios Justos”, un acto organizado por la Secretaría de Comercio en noviembre de 2022.
El evento en cuestión se realizó el 11 de noviembre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la presencia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y más de 100 invitados, entre los que se encontraban empresarios de las principales empresas alimenticias, funcionarios del Ejecutivo y varios intendentes del Conurbano. El objetivo principal del acto era presentar en sociedad la nueva aplicación “Precios Justos”.
La organización del evento estuvo a cargo de la productora Genoma Producciones S.R.L., propiedad de los empresarios Santiago Andrés Turrado y ArielJelin, quienes ya habían sido contratados en numerosas ocasiones por el gobierno de Alberto Fernández. Según documentos, la productora recibió un total de $1.500.000 por sus servicios, equivalentes a 4.500 dólares al precio del dólar blue en 2022 ($320). Entre las tareas asignadas, Genoma debía contratar a una “figura influenciadora” para explicar el uso de la aplicación, rol que recayó en Tamara Pettinato.
“Tamara Pettinato, el día del video, fue a grabar un documental con ALBERTO FERNÁNDEZ, SOBRE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DEL ESTADO CON CHINA”, tuieó Ángel de Brito
Aunque la participación de Pettinato duró apenas cinco minutos y no tuvo un papel central en el evento, el costo de su intervención fue objeto de cuestionamientos tras la viralización del video junto al expresidente. Fuentes cercanas a Sergio Massa prometieron que la contratación de Pettinato no fue una decisión del Ministerio de Economía, sino que provino directamente de la Secretaría de Comercio —conducida entonces por Matías Tombolini—. Sin embargo, algunos insinuaron que la elección de la conductora podría estar relacionada con su cercana relación con el expresidente Fernández, lo que generó suspicacias sobre la transparencia del proceso.
Además de la falta de claridad en torno a los motivos de su contratación, el hecho de que no exista registro audiovisual de la intervención de Pettinato en las redes oficiales del Ministerio de Economía ni de la Secretaría de Comercio aumentó las sospechas. De acuerdo con la periodista Cecilia Boufflet, quien reveló detalles de la contratación en el programa radial Lanata Sin Filtro, el video completo del evento fue subido a YouTube, pero con un corte que coincide justamente con el momento de la presentación de Pettinato. Aunque Tombolini menciona a la hija de Pettinato en dos ocasiones durante el evento, las imágenes de su participación no fueron publicadas.
Otro aspecto cuestionado es el historial de contratos de Genoma Producciones con el gobierno nacional. La productora fue contratada en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023, por un monto total que supera los $183 millones. Entre los eventos organizados por Genoma se incluyen la actividad “Amar al Cine” (por más de $79 millones), las inauguraciones de diversas obras públicas y el “Festival Quiero” (más de $45 millones), además de servicios de iluminación y sonido para la “Noche de los Museos” (más de $3 millones).
La imputación a Alberto Fernández por violencia de género a su expareja, Fabiola Yáñez, y la denuncia por corrupción en la contratación de seguros del Estado no afectan solo la imagen del expresidente: también impactan de lleno en el peronismo y, en particular, en el kirchnerismo.
Así lo señala una nueva encuesta de DC Consultores en la que la mayoría de los consultados asegura que es imposible que ambos espacios políticos se despeguen del escándalo en que devino la violencia física que se le imputa al expresidente contra la ex primera dama.
La denuncia que Yáñez presentó semanas atrás no solo destapó un escándalo mediático que puso en jaque a la ya golpeada figura de Fernández, sino que también generó un tsunami dentro del peronismo.
Es que la causa Seguros que denunció el primer titular de ANSES de Javier Milei,Osvaldo Giordano, destapó luego otro caso que posiblemente sea más sensible al ojo público: la violencia física, psicológica y de género que el expresidente presuntamente ejerció contra la ex primera dama.
La primera de estas investigaciones, la cual comenzó meses atrás, revela mensajes de texto de Fernández en los que se observa un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de seguros estatales a intermediarios de la mano de Héctor Martínez Sosa, el marido de María Cantero, su histórica exsecretaria.
Fue un mensaje de esta última con Yáñez el que destapó el segundo escándalo y, luego, la denuncia de la ex primera dama, la cual vino acompañada con fotos de los golpes, declaraciones cruzadas, denuncias por consumo de sustancias y una infinidad de detalles que señalan una relación más que tormentosa entre Fernández y su entonces pareja.
Esta situación que, tal como marca Facundo Nejamkis, no solo “da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial”, sino que también “desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general”.
Esto mismo analiza la última encuesta de DC Consultores realizada entre este lunes y martes sobre la imagen de Alberto Fernández y el peronismo en medio del escándalo: ¿Qué revela para el futuro del espacio?
LA CATÁSTROFE DEL ESCÁNDALO ALBERTO FERNÁNDEZ EN EL KIRCHNERISMO
La última encuesta de la consultora CD analiza el impacto en la sociedad de las causas judiciales recientes de Alberto Fernández, tanto la que lo investiga por favorecer el otorgamiento de seguros del Estado como la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez.
Respecto a esta última, de los 3640 consultados, un 65,7% no cree ni las declaraciones de la ex primera dama, ni las del expresidente, mientras que un 35,1% le cree a ella y solo un 2,2% le cree a él: una clara señal de la crisis de credibilidad de Fernández.
La siguiente pregunta ya compromete a la expresidenta y entonces vice de Fernández, Cristina Kirchner, quien en 2019 fue la responsable directa de su candidatura: ¿Cree la gente que ella se podrá despegar políticamente de él? La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: un 77,4% cree que no podrá.
La respuesta es demoledora para el futuro político de Kirchner: solo un 22,6% cree que CFK será capaz de despegarse de los escándalos de Fernández, mientras que un 77,4% cree que no podrá.
Consultados sobre qué espacio político saldrá más perjudicado de esta causa, si el peronismo o el kirchnerismo (más alejado de Alberto durante su gestión), este último fue el más perjudicado: un 64,6% cree que el kirchnerismo sale peor parado, mientras que un 35,4% cree que lo hace el peronismo.
En el caso de las figuras políticas más afectadas, un 79,5% cree que los casos perjudican principalmente a Cristina Kirchner, mientras que un 14,2% cree que el gobernador bonaerense Axel Kicillof es el más golpeado. Sergio Massa, por su parte, solo alcanzó un 6,3%.
Las últimas dos preguntas se refieren particularmente al futuro electoral del kirchnerismo: un 68,5% cree que este espacio “termina con Alberto”, mientras que un 31,5% piensa que puede reconstruirse.
Este número muestra el gran desafío que La Cámpora tiene por delante: a la ya mala imagen que tiene en las encuestas, con sus dirigentes generalmente por debajo de Javier Milei y sus funcionarios, el escándalo de Alberto Fernández aparece como un clavo fatal en el cajón del kirchnerismo, espacio que deberá repensar de forma inteligente su armado para sobrevivir.
En esta línea, tan solo un 22,2% de los consultados votaría al kirchnerismo en las próximas elecciones, mientras que un 77,8% asevera que, “pongan a quien pongan”, no lo harían.
En el marco de la negociación colectiva sectorial, los trabajadores de los organismos de control de la provincia de Buenos Aires, agrupados bajo la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) -que incluyen Contaduría General, Tesorería General, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Asesoría General y Junta Electoral-, han decidido convocar a una asamblea general el próximo martes 13 de agosto para discutir la falta de cumplimiento del decreto 1531/23 por parte del gobierno K.
Este decreto, promulgado en 2023, estableció un nuevo régimen de cuarenta horas semanales para los trabajadores de estos organismos, incrementando sus bonificaciones del 9,9 por ciento. Sin embargo, a más de un año de su implementación, dicho incremento no se ha hecho efectivo en su totalidad, afectando a numerosos empleados, especialmente a aquellos en las categorías superiores a la 24, quienes han sido excluidos de manera injustificada de este beneficio.
UNA LUCHA POR LA JUSTA RETRIBUCIÓN
La situación ha generado un creciente malestar entre los empleados, quienes señalan que la ampliación de la carga horaria no ha sido acompañada por una compensación económica adecuada: falta el incremento del 3,3 por ciento, lo que sumaría un 13,2 total para el régimen de cuarenta horas. Ocurre que la retribución recibida es muy inferior a la que correspondería por ley, generando una situación de injusticia e ilegalidad.
Considerando el sueldo básico publicado en forma mensual por la provincia de Buenos Aires, hay un 33,3 por ciento de diferencia salarial entre el sueldo de un régimen de treinta horas con un régimen de cuarenta horas.
El abogado especialista en derecho administrativo, Gonzalo Permuy Vidal, ha estado liderando los reclamos administrativos y judiciales que buscan corregir esta situación. Los trabajadores exigen que se les pague el incremento del 3,3 por ciento adicional en sus bonificaciones, para alcanzar un total del 13,2, y que se les otorgue el 125 por ciento del salario básico, como corresponde al nuevo régimen de cuarenta horas, tal como se implementó en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), donde la mayoría del personal optó por el nuevo régimen debido a la significativa mejora salarial.
MEDIDAS DE FUERZA Y RECLAMOS JUDICIALES
La falta de respuesta por parte del gobierno de Axel Kicillof ha llevado a los trabajadores a iniciar una serie de reclamos formales. Los trabajadores ya han comenzado a presentar reclamos administrativos en la Contaduría General y se espera que otros organismos sigan el mismo camino. De no resolverse la situación, se tomarán medidas de fuerza que afectarán el normal funcionamiento de todos los organismos afectados por el decreto 1531/23.
Además, se ha señalado que las autoridades de la Contaduría General han preferido mantener una postura que ha sido interpretada como explotadora por los trabajadores, quienes sienten que su trabajo no está siendo debidamente valorado. La falta de consideración y respuesta a sus demandas ha generado un clima de descontento generalizado.
En un polémico nombramiento, Valeria Yolanda Araujo, peluquera de oficio, fue designada en 2021 en Nucleoeléctrica Argentina S.A. por expreso pedido del entonces presidente Alberto Fernández.
La empresa, encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, es conocida por exigir altos niveles de calificación académica y experiencia técnica a sus empleados, condiciones que Araujo no cumplía al momento de su incorporación.
Nucleoeléctrica, una empresa que requiere un currículum altamente especializado para acceder a sus puestos, parece haber hecho una excepción con Araujo. A pesar de no contar con la formación universitaria ni la experiencia técnica requerida para la mayoría de los puestos en la empresa, Araujo fue colocada en un cargo administrativo con un salario de $2 millones mensuales, una suma que supera incluso el piso salarial para empleados con mayor calificación.
El origen de esta controvertida designación parte de las redes sociales: Fernández habría conocido a Araujo a través de Facebook y, aprovechando su cercanía geográfica a la planta de Nucleoeléctrica en Lima, partido de Zárate, solicitó su contratación de manera directa. Esta acción no sería un caso aislado, ya que se ha señalado que el ex presidente solía realizar este tipo de nombramientos, colocando en cargos estatales a personas de su entorno o recomendadas por conocidos.
Desde su nombramiento, Araujo ha mantenido un perfil bajo, eliminando su presencia en redes sociales y evitando cualquier exposición pública. Según testimonios de empleados de la planta de Atucha, Araujo realiza tareas administrativas básicas, similar a las de cualquier empleado en su posición. Sin embargo, su salario y la forma en que accedió al cargo generó malestar entre quienes sí cumplen con los estrictos requisitos para trabajar en la empresa.
A pesar de la polémica, la peluquera continúa en su puesto, cumpliendo con el horario y las tareas asignadas. Sin embargo, el cambio de gestión en Nucleoeléctrica, ahora bajo control del nuevo gobierno, podría poner en revisión estas y otras designaciones realizadas durante el mandato anterior. Santiago Caputo, mano derecha del presidente Milei, junto con Alberto Lamagna y Luis Fasanella, quienes ocupan los cargos de presidente y vicepresidente respectivamente, se enfrentan a la tarea de reestructurar la empresa, lo que podría incluir una reducción significativa del personal, afectando a entre 500 y 1.000 empleados.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
