Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado
Jorge "Coqui" Capitanich está armando una bomba de tiempo antes de su partida tras la derrota electoral que sufrió en manos de Leandro Zdero.
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Luego de los comicios donde el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se quedó sin reelección, el escenario político cambió ampliamente. El mandatario provincial que abandonará la gobernación en poco más de un mes, dio inicio al “operativo retirada” con el que logró este miércoles que la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17.500 empleados a Planta Permanente del Estado, muchos de ellos, séquitos, militantes y/o familiares de funcionarios.
Ante su inminente derrota, prevista por el escandalo que lo dejó en el centro de la polémica relacionado con el Clan Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Capitanich anunció con dos decretos el pase a Planta Permanente de empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión.
La defensa del Jorge Capitanich: “Hablar de esos números es falso…”
Uno de estos polémicos pases es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores, según denunciaron los indemnizados.
También se sumó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no abonó la deuda con el proveedor CAMMESA por una suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio se hicieron del perdón de Capitanich porque son muy cercanos. Por ello, lograron hacerse de un lugar en la Planta Permanente con puestos sin vacantes.
Leandro Zdero, el nuevo gobernador electo de la provincia de Chaco
Al percatarse de estas y otras irregularidades en la distribución de empleo estatal, el ex diputado radical Marcelo Castelán y ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda, presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.
Con esta solicitud, el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich. “La normativa afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración”, fundamentó el letrado.
Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco
Y aseveró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.
Aunque esto no generó que Capitanich diera marcha atrás. Por el contrario, llevó su operativo retirada a la Legislatura provincial y pidió que se trate de manera inmediata antes del cambio de mando. Finalmente, este miércoles el oficialismo obtuvo quórum y logró imponer el plan del gobernador. De esta manera, quedó oficializado el pase de 17.500 empleados al Estado.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.
Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.
El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.
Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente:“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.
El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.
El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
El reciente paso de Javier Milei por el festival La Derecha Fest dejó una imagen que el oficialismo intenta ocultar: el estruendoso abucheo de la militancia a figuras de la casta infiltrada como el otrora kirchnerista Sebastián Pareja, presentado como un héroe por la también ex-kirchnerista Lilia Lemoine. Este rechazo de las bases es el síntoma de un movimiento que, mientras abraza a la vieja política —como el nuevo referente mileísta, Carlos Ruckauf—, ha montado un comisariato dedicado a purgar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Lejos de la superioridad moral, fuentes internas de La Libertad Avanza, La Derecha Fest y Fundación Faro confirmaron a esta redacción que el festival se ha convertido en la aduana de una doctrina donde la obediencia es el único requisito para no ser arrojado al ostracismo.
Expulsiones y persecuciones
Para justificar estas purgas, la militancia mileísta suele inventar relatos de despecho por falta de cargos para ensuciar a figuras como Eduardo “El Presto” Prestofelippo, Emmanuel Danann, Augusto “De Peroncho” Grinner, Miklos Lukacs o Álvaro Zicarelli, llegando a fundamentar de manera rebuscada las expulsiones de Diana Mondino y Ramiro Marra. Sin embargo, la realidad —corroborada por integrantes del espacio que temen ser los próximos en la lista si hacen públicas sus críticas— desmiente la narrativa oficial: voces hoy proscriptas, como Danann y Grinner, rechazaron constantes candidaturas y cargos entre 2021 y 2024 para preservar su independencia. No se tolera la divergencia ni siquiera en los cuadros técnicos y académicos.
Esta paranoia llega al ámbito privado: Milei llegó a exigir a sus allegados romper vínculos personales, como su enojo con Danann por mantener su amistad con El Presto. En este ecosistema de miedo se inscribe también el caso de Juan José Gómez Centurión, condenado al ostracismo por cuestionar una dolarización que el propio Milei nunca ejecutó. Esta purga por autonomía conecta con el desplazamiento de Ramiro Marra, un caso que ya adelantamos en Data 24. A Marra no lo alejaron por falta de mérito, sino por el recelo que generaba su popularidad entre la juventud libertaria, percibida por el Triángulo de Hierro como una amenaza a la verticalidad absoluta de Karina Milei.
El brazo de la censura oficial no tiene fronteras. Mientras desde la Casa Rosada se operan llamadas directas a periodistas para exigir que se saque del aire a críticos como Zicarelli o Presto —como ocurrió con la presión ejercida para que Emmanuel Danann fuera desplazado de Polémica en el Bar luego de unas críticas hacia el Gobierno Nacional—, el Presidente intervino personalmente ante la CPAC de EE.UU. para exigir que se le quitara la franquicia a Eduardo Verástegui en México por un simple tuit crítico.
Esta pulsión autoritaria atraviesa la interna de La Derecha Fest, donde Nicolás Márquez, actuando como brazo ejecutor del pensamiento único, procedió a cancelar la participación de Danann en un evento por pedido directo de Milei. Fiel a la falta de coraje que impera en el círculo oficialista, Márquez no se atrevió a comunicárselo de frente: Emmanuel se enteró de su desplazamiento por las redes sociales. Así, el festival se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento que prohíbe cualquier matiz que no sea la adulación irrestricta al líder.
Mientras el Gobierno intenta marginarlos, el último informe de Oxford y Reuters ubica a los proscritos Danann y El Presto en la cima de la influencia real, muy por encima de los ejecutores que no piensan que hoy parasitan las cajas del Estado.
La estafa al padre de La Derecha Fest
La cara más oscura de esta trama es la estafa contra Cristian Iturralde, creador de la marca del festival, quien fue despojado de su creación por Márquez. Según testigos que participaron de celebraciones privadas del entorno, el propio Nicolás admitió haber intentado bajar los eventos en varias ocasiones, reconociendo que solo pudieron realizarse gracias al trabajo de Iturralde. Sin embargo, tras apropiarse legalmente del nombre haciendo uso de la confianza que Iturralde tenía en él, Márquez selló su degradación moral con una vulgaridad que define su presente: “si hay que chupar pijas, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponetto… busquemos los proyectos exitosos”. Esta curiosa narrativa de sumisión se complementa con la de Agustín Laje, quien celebró que la derecha por fin pudo “salir del clóset”.
“Prefiero chupar la pija de Milei” la polémica frase del “intelectual” Márquez.
El biógrafo presidencial apela a una lógica de purga que él mismo vincula con el pragmatismo soviético para disciplinar a quienes fueron sus socios y pasaron a la disidencia: “voy a citar a Lenin: Lenin decía que el problema no es cometer un error, el problema es justificarlo, agrandarlo y repetirlo”; el marplatense se refería al “error” de Iturralde es ejercer la crítica pública, algo que Márquez calificó luego como un “criterio insalvable” para mantener un “negocio en común”. Aunque hasta hace pocos años Márquez se refiriera a los liberales como “liber maricas”, ahora se presenta como un referente del liberalismo y resulta una ironía sangrienta que cite a Lenin para castigar a un amigo por decir en voz alta lo que él mismo reconoce en privado—y admite no hacer público para no enemistarse con el oficialismo—, que justifique que se aparte a un intelectual por hacer lo que debe: mantenerse crítico y objetivo. La advertencia es una sentencia de muerte civil: no elogiar al Gobierno es un “error groserísimo” y un “suicidio profesional”, expresiones vertidas por el escritor de Mar del Plata.
Rechazo público al librepensamiento
Esta doctrina de la obediencia ciega ha sido institucionalizada por Karina Milei y Martín Menem, dejando claro mediante algunos tuits que la lealtad no admite matices, que nadie debe cuestionar al Presidente. Es la validación de lo que la senadora mileísta Florencia Arietto anunció con crudeza: “dentro de LLA no hay lugar para el librepensamiento“.
Esta asfixia se traduce en la tropa propia con la confesión de Iñaki Gutiérrez, quien afirmó estar para ejecutar y no para pensar. El resultado es el camaleonismo visto en La Misa a fines de noviembre de 2024, donde el Gordo Dan y sus columnistas pasaron de defenestrar la ley de Ficha Limpiadurante todo el día, a celebrarla en vivo apenas supieron que la orden de Milei era apoyarla.
Manteniendo el relato: caja, fundaciones y castigos
Para sostener este esquema, el oficialismo cuenta con estructuras de contención. Fuentes de la redacción que aún operan dentro de las estructuras oficialistas facilitaron información que confirma cómo se cierran puertas laborales a quienes no son obsecuentes del Gobierno, lo que llaman “ser inteligente”. Sobre una conocida fundación oficialista, de hecho, recaen fuertes sospechas de financiamiento indirecto a través de cajas del Estado como YPF y la SIDE.
De hecho, en privado, al escritor Cristian Iturralde le explicitaron desde el mileísmo que no le podían dar trabajo en esa fundación por haberse mantenido crítico del Gobierno, a pesar de las reiteradas advertencias que le habían realizado.
Otros tiempos: Márquez junto a Iturralde, antes de que el “biógrafo” presidencial le robara “La Derecha Fest”
Frente a este sistema de premios y castigos, la figura de Cristian Iturralde emerge como un recordatorio de integridad. Ante las propuestas de guardarse las críticas a cambio de estabilidad, Iturralde fue tajante ante sus ex-amigos: “prefiero pasar hambre o manejar un Uber antes que tener problemas de conciencia”. Esta redacción se comunicó con Iturralde y posee registros que demuestran absolutamente todo lo aquí expuesto, confirmando que su dignidad es lo que hoy lo mantiene fuera de un oficialismo que no logra doblegar la realidad. La superioridad moral ha caído; solo queda el negocio de la obediencia y una paranoia creciente entre quienes, desde adentro, ya empezaron a filtrar la verdad.
La iniciativa de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años (Milei pretendía que llegue a los 13) obtuvo media sanción en Diputados. La extensa sesión culminó con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Ahora, la reforma del Régimen Penal Juvenil será tratada por el Senado el 26 de febrero buscando convertirse en ley.
Según un relevamiento de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se iniciaron causas penales contra 1.788 menores de entre 6 y 18 años sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría (81,4%) correspondió a delitos contra la propiedad, le siguieron delitos contra la integridad sexual (el 32,1%), contra la administración pública (el 27,8%), contra las personas (el 8%) y contra la libertad (el 8%).
Del universo de menores, el análisis por edades muestra que el año pasado el 55,2% de los involucrados tenía entre 16 y 17 años al momento del hecho, mientras que un 40,8% tenía entre 13 y 15 años. Un 4% de las causas involucró a niños de 12 años o menos.
– Informe estadístico del primer semestre de 2025 de Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
En las gradas también hubo presencia de familiares de víctimas, que siguieron la sesión desde el recinto y reclamaron que el Congreso avance con una respuesta penal ante crímenes cometidos por menores de edad.
El debate devino en las más variadas y polarizadas opiniones, tanto en las redes como en el propio recinto. La izquierda y el kirchnerismo fueron los principales detractores de la medida. El apoyo vino del oficialismo, el PRO, la UCR Provincias Unidas y bloques provinciales.
Para Cristian Ritondo el debate fue necesario. La política, dijo, se está “postergando desde hace décadas. La ley que tiene cerca de 50 años, para un país que ya no existe, para un delito que ya no existe, para una violencia desbordada”.
“El falso garantismo le regaló a estos chicos delincuentes un certificado de impunidad”
El presidente del bloque PRO en diputados recordó que, hace dos décadas, Jorge Capitanich ya había impulsado una iniciativa para fijar la imputabilidad en los 14 años y, a modo de ejemplo, señaló que durante su paso por el Ministerio de Seguridad bonaerense la discusión también estuvo presente: tanto su antecesor, Alejandro Granados, como quien lo sucedió, Sergio Berni, ambos de peronistas, se habían pronunciado en similar sentido.
Advirtió que la reforma no se agota en “cambiar el número” (de edad) en el Código Penal. Por sí sola, consideró, la baja de la imputabilidad no alcanza para resolver el problema y planteó que el fenómeno es más amplio, con redes delictivas que reclutan adolescentes porque saben que el Estado les entrega un “certificado de impunidad”. Según describió, esos chicos terminan siendo “carne de cañón”, mientras que el “falso garantismo” bloqueó durante años la posibilidad de discutir y encarar el tema de fondo.
En otro pasaje, recurrió a una ironía para tensar el intercambio. Citó la frase de Juan Domingo Perón “el trabajo dignifica” y dijo que le resultó impensado escuchar en el recinto razonamientos que, a su entender, terminan relativizando la conducta delictiva, de ahí su remate sobre “un legislador” que “dice que la delincuencia dignifica”.
– Familiares que reclamaban por la baja de la edad de imputabilidad estuvieron en la sesión en Diputados
Planteó que el eje de la discusión tiene que escaparle a los simplismos ya que “la responsabilidad penal sin garantías es arbitraria”, sostuvo, aunque remarcó que el reverso también existe, porque “garantía sin responsabilidad es impunidad”. Desde esa premisa, insistió en que el desafío es abordar el problema de manera integral, con un régimen que contemple la infraestructura, la educación y el contexto familiar y barrial, pero sin eludir el momento en que el Estado debe tomar decisiones “sensatas” y dotarse de herramientas.
Al justificar por qué 14 y no una edad menor, dijo que no se trata de una bandera ideológica sino de “prudente” criterio “científico” y de “realismo institucional”. Señaló que no hay consenso sobre una comprensión criminal plena a los 12 o 13 años y agregó que la capacidad real del Estado también impone límites, porque bajar la edad amplía el universo alcanzado por el sistema penal juvenil y exige dispositivos concretos, desde lugares adecuados hasta docentes, psicólogos, jueces y fiscales capacitados. En ese marco, advirtió que hablar de “14, 16, 13 o 12 años no es como subir y bajar la temperatura de un aire acondicionado”, porque supone decidir si el Estado puede intervenir de forma efectiva para recuperar a un chico y reinsertarlo.
Sobre el cierre, sostuvo que la reforma es una herramienta “más que necesaria” tanto para combatir el delito como para “recuperar a los chicos”, y retomó una definición de enfoque al afirmar que “se terminó el tiempo donde el Estado mira con cariño al victimario y le da la espalda” a la víctima. Además, homenajeó a Luis Mora, padre de Martín Mora Negretti, asesinado en junio de 2022 de madrugada tras ser atacado a puñaladas por dos mayores acompañados de dos menores de 13 y 14 años mientras esperaba un transporte con amigos, y le dedicó un mensaje directo al asegurar que “hoy estamos cumpliendo con él”.
En la noche del jueves 12 de febrero de 2026, cerca de las 21 horas, la pantalla de TN fue testigo de un naufragio argumentativo que dejó en evidencia las carencias de una de las figuras del oficialismo. La senadora nacional por Salta, Emilia Orozco, protagonizó un cruce de antología frente a la diputada del PRO, Florencia De Sensi. En pleno debate sobre la modernización laboral, la lógica mileísta de Orozco colapsó ante una propuesta de libertad básica: que cada trabajador elija dónde cobrar su sueldo.
Todo comenzó cuando De Sensi, con precisión técnica y el respaldo del bloque de Cristian Ritondo, planteó que el 80% de los trabajadores traspasa su sueldo de un banco a una billetera virtual apenas lo percibe: “a diferencia de lo que opina la Senadora Orozco, nosotros vemos —y de hecho el BCRA respalda la regulación de las billeteras virtuales— y sabemos que el 80% de los trabajadores que hoy perciben su salario lo traspasan inmediatamente a una billetera virtual. Lo que estaríamos haciendo es reconocer legalmente algo que ya sucede de hecho”, explicó la diputada nacional por Buenos Aires.
De Sensi, abogada con formación en derecho público y referente de la modernización estatal en el PRO, lanzó una pregunta que descolocó a la senadora salteña: “en un gobierno tan liberal, tan liberal, ¿por qué no se le permite a los trabajadores, que son los dueños de su salario, agarrar y ponerlo donde ellos decidan? En una billetera virtual, en un banco, en cualquier lado”.
Diputada del PRO Florencia de Sensi
Sin embargo, EmiliaOrozco —cuya formación académica es, paradójicamente, la Licenciatura en Comunicación— falló en lo más básico: la comprensión del mensaje. Con tono altanero, la Senadora consultó “¿de dónde es la Diputada, de qué provincia?”. Ante la respuesta de De Sensi confirmando su origen bonaerense, Orozco espetó: “bueno, ahí está. Es una mirada muy centralista. Yo te cuento la realidad del interior. Esta cuestión de traspasar el sueldo a una billetera virtual es cierta. Ahora: ¿qué pasa cuando estás en lugares donde no hay conectividad, donde no hay internet, y donde solamente tenés el cajero de los bancos? Ese traspaso a tu billetera virtual para poder hacer la extracción en físico del billete, no la tenés con esa facilidad”.
La respuesta de De Sensi fue lógica y dejó en evidencia que la Senadora no había entendido que se hablaba de una opción y no de una imposición: “¿por qué el trabajador no puede elegir? Están las dos cosas. Nunca va a estar mal la posibilidad de elegir, elegir no está mal”. El panel de periodistas de TN tuvo que sumarse a la explicación pedagógica ante la mirada de Viale, quien con los labios gesticuló un “bueh” en silencio ante la argumentación de Orozco. Desde el piso, un periodista señaló “si no hay conectividad, se deposita en un banco; donde hay conectividad, si querés, en una billetera virtual”.
Acorralada por la lógica, Orozco apeló al manual de la evasiva: “todo tiene un porqué, chicos, todo tiene un porqué”, sentenció con una sonrisa cínica, pero sin explicar jamás ese misterioso motivo.
Replicando los mensajes crípticos
El episodio fue un calco de aquel momento de 2023, también en TN, cuando Patricia Bullrich dejó estupefacto a Diego Sehinkman. En aquella oportunidad, ante la necesidad de propuestas concretas, Bullrich balbuceó: “vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en la que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad… estén todos bajo una filosofía muy interesante”.
Ante la lógica confusión del periodista, la hoy compañera de bloque de Orozco remató con un soberbio: “ya lo vas a entender”. Tres años después, desde La Libertad Avanza intentaron la misma receta para ocultar la falta de argumentos: “todo tiene un porqué”.
¿Quién es Emilia Orozco?
Este nuevo traspié de Orozco no es un hecho aislado. La misma Senadora Nacional que hoy se aferra a un porqué fantasma, es la que tildó a las universidades públicas de “cáncer de la Argentina” y la que protagonizó un bochornoso escándalo por el “carancheo” de despachos. En aquel entonces, Orozco intentó apropiarse ilegalmente de una oficina que no le correspondía con el único objetivo de estar físicamente cerca de las terminales de poder de Karina Milei y Martín Menem; una maniobra de casta que le salió mal y terminó con la legisladora desalojada de sus pretensiones.
Senadora de La Libertad Avanza Emilia Orozco
Aquella concejal que saltó a la fama en Salta escrachando a sus pares por cobrar dietas millonarias parece haber quedado en el olvido. Orozco construyó su carrera sobre la supuesta austeridad, pero hoy, instalada en la comodidad de una dieta de Senadora Nacional, cobrando cerca de $10 millones en bruto, su preocupación es otra: como ya contamos en Data 24, la salteña se quejó recientemente porque no le están liberando los contratos que ella “necesita” para engrosar su planta de asesores.
Orozco parece quedar atrapada en contradicciones que ni su título de comunicadora logra disimular. Utiliza al “interior profundo” como una muletilla para justificar el inmovilismo, mientras por lo bajo reclama la caja que antes denunciaba. Al final, el único “porqué” que quedó claro en la noche de TN es el de su propia incapacidad para sostener un debate de altura frente a una colega que le marcó la cancha con datos y sentido común.
La provincia de Entre Ríos sumó dos camionetas a la flota de la Policía provincial tras su recuperación en procedimientos judiciales. Los vehículos, que habían sido secuestrados en operativos vinculados a delitos, fueron reasignados por decisión de la Justicia para tareas de prevención y seguridad, en una medida que apunta a reforzar el patrullaje con recursos ya recuperados por el Estado.
La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del jefe de la Policía de Entre Ríos, ClaudioGonzález.
Las unidades fueron recuperadas luego de operativos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado. Desde la cartera de Seguridad destacaron que estos resultados reflejan el trabajo realizado en controles viales y rurales.
Roncaglia remarcó el valor simbólico y operativo de la medida al señalar que los bienes utilizados en hechos delictivos pueden convertirse en herramientas para la prevención: “Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos”.
El ministro también puso el foco en el criterio de uso de los recursos públicos y en la rápida puesta en funcionamiento de los vehículos recuperados. “A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad”.
Un informe de CICCRA describió un mercado con menos hacienda en Cañuelas y nuevas presiones de suba en el mostrador. Matarifes advirtieron que la cadena de pagos en carnicerías quedó “rota”.
Mensajes revelados en correos electrónicos intercambiados por Jeffrey Epstein muestran consultas políticas en Londres sobre la “reputación” del magnate británico, Joe Lewis.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
