Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado
Jorge "Coqui" Capitanich está armando una bomba de tiempo antes de su partida tras la derrota electoral que sufrió en manos de Leandro Zdero.
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Luego de los comicios donde el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se quedó sin reelección, el escenario político cambió ampliamente. El mandatario provincial que abandonará la gobernación en poco más de un mes, dio inicio al “operativo retirada” con el que logró este miércoles que la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17.500 empleados a Planta Permanente del Estado, muchos de ellos, séquitos, militantes y/o familiares de funcionarios.
Ante su inminente derrota, prevista por el escandalo que lo dejó en el centro de la polémica relacionado con el Clan Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Capitanich anunció con dos decretos el pase a Planta Permanente de empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión.
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Uno de estos polémicos pases es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores, según denunciaron los indemnizados.
También se sumó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no abonó la deuda con el proveedor CAMMESA por una suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio se hicieron del perdón de Capitanich porque son muy cercanos. Por ello, lograron hacerse de un lugar en la Planta Permanente con puestos sin vacantes.
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Al percatarse de estas y otras irregularidades en la distribución de empleo estatal, el ex diputado radical Marcelo Castelán y ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda, presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.
Con esta solicitud, el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich. “La normativa afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración”, fundamentó el letrado.
Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco
Y aseveró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.
Aunque esto no generó que Capitanich diera marcha atrás. Por el contrario, llevó su operativo retirada a la Legislatura provincial y pidió que se trate de manera inmediata antes del cambio de mando. Finalmente, este miércoles el oficialismo obtuvo quórum y logró imponer el plan del gobernador. De esta manera, quedó oficializado el pase de 17.500 empleados al Estado.
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Un grupo de personas fue imputado por la Fiscalía tucumana tras ingresar de forma coordinada a varios predios rurales de Concepción, destruir cañaverales en producción y comenzar a ocupar tierras dividiéndolas en parcelas y levantando casillas precarias. aún después del recrudecimiento de las “tomas ilegales” en la provincia.
La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, a cargo del fiscal Gerardo Salas, y el auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez fue quien formuló los cargos en la audiencia.
Según la hipótesis fiscal, el operativo de ocupación no fue un hecho espontáneo sino una acción organizada con etapas claramente diferenciadas. Primero, entre el 13 y el 17 de julio, un grupo ingresó de manera coordinada a distintos predios ubicados en un amplio sector de Concepción, acompañado por otras personas que la investigación todavía no logró identificar. Luego, ya dentro de las fincas, procedieron a destruir los cañaverales con machetes y palas, causando daños significativos sobre plantaciones de caña de azúcar que se encontraban en plena producción.
El paso siguiente resulta clave para entender la intención detrás del hecho, ya que una vez despejados los sectores, los ocupantes comenzaron a marcar y dividir las parcelas usando palos, estacas, alambres y cintas, y a levantar casillas y construcciones precarias. Para los investigadores, este patrón —despejar, delimitar y construir— no es propio de una ocupación transitoria, sino que evidencia la intención de consolidarse permanentemente en el terreno, un elemento central para la calificación penal del delito de usurpación.
Un dato que la propia Fiscalía destaca es que la escala y altura de las plantaciones de caña jugaron a favor de los ocupantes. La extensión y densidad del cultivo dificultaba el control visual de las fincas por parte de los cuidadores, lo que permitió que el ingreso masivo pasara relativamente inadvertido hasta que el daño ya estaba hecho. Esto es relevante en términos investigativos, porque explica por qué la usurpación pudo avanzar en varias etapas (ingreso, destrucción de cultivo, loteo, construcción) antes de ser detectada y denunciada.
El sector comprometido está delimitado por Vicente López y Planes al este, Campos de las Carreras al oeste, la Acequia Los Méndez al sur y calle Las Palmeras al norte, lo que da una idea de la escala territorial del hecho. No se trata de una sola finca, sino de un sector amplio con varios predios afectados simultáneamente.
Este caso se tramita en la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que es una de las dependencias que Tucumán fue reforzando en los últimos años frente al aumento de conflictos por tierras. Vale la pena contextualizar esto, siendo que la provincia también creó, desde la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone, una unidad especial para recuperar tierras fiscales usurpadas, identificando unas 10 zonas críticas (como El Mollar, Tafí del Valle, El Cadillal y San Javier) y habilitando canales de denuncia confidencial para detectar loteos irregulares. Esto muestra que la usurpación de tierras —tanto privadas como fiscales— es un fenómeno con múltiples focos en la provincia, no un hecho aislado.
“Hemos detectado que el patrimonio provincial, en términos de tierras fiscales, ha sido muy vulnerado. Hace mucho tiempo que el Estado perdió la posesión e incluso, en algunos casos, el título de propiedad de muchas tierras fiscales”, afirmó Pedicone.
Hay antecedentes recientes similares que ilustran el patrón de “loteo irregular” en la provincia que administra el gobernador justicialista Osvaldo Jaldo. En El Cadillal se condenó a un expolicía federal por usurpar un terreno fiscal y ocuparlo entre 2023 y 2025, y existe una causa activa por el llamado “Loteo Gaucho Castro”, donde se investiga a un grupo que habría creado una inmobiliaria para vender tierras fiscales con documentación falsificada. El común denominador en estos casos es la ocupación organizada por varias personas, con intención de fraccionar y “vender” o consolidar posesión sobre tierra que no les pertenece.
El Gobierno de las Islas Malvinas, administradas ilegalmente por el Reino Unido, abrió una consulta pública que se extenderá hasta el 30 de octubre del corriente año para decidir si autoriza una industria de salmonicultura marina a gran escala en el archipiélago.
La medida señala la contradicción en la que el grupo ambientalista Greenpeace impulsó durante años a favor de la prohibición de esta misma actividad en Tierra del Fuego (territorio argentino), pero que guarda silencio ante un proyecto de magnitud similar —o mayor— en un territorio usurpado que Argentina reclama como propio.
La consulta falklandesa no es una simple encuesta de opinión, ya que incluye seis documentos técnicos elaborados por consultoras contratadas por el gobierno isleño, entre ellos un estudio de capacidad ambiental, una revisión legislativa comparada (Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe) y una evaluación de impacto socioeconómico. El proceso plantea cuatro escenarios posibles desde una prohibición total, producción hasta el límite de capacidad ambiental, producción con límites considerablemente menores, o solo producción de nicho bajo estándares específicos como el orgánico.
El proyecto de referencia usado para modelar estos escenarios es el de Unity Marine, una empresa conjunta entre la firma pesquera local Fortuna y la consultora danesa F-land ApS, que apunta a producir 50.000 toneladas anuales de salmón atlántico en 16 sitios marinos alrededor de East Falkland (Isla Soledad), cada uno con diez jaulas y una barcaza de alimentación, apoyados por una flota de 25 embarcaciones de trabajo, un well boat y un buque de abastecimiento. El gobierno isleño aclaró expresamente que este plan “no constituye una solicitud formal” y que se usa solo como ejemplo ilustrativo para el análisis.
“Resulta extraordinario que el gobierno de las Islas Malvinas se encuentre en una situación en la que presente informes al público durante esta consulta que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente. Los informes están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”, afirmó el Dr. Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation.
Este proceso no nació de buena voluntad administrativa, sino de una batalla judicial. En marzo de 2022 el Gobierno de las islas había decidido directamente impedir el avance de la salmonicultura a gran escala, sin consulta previa. Unity Marine llevó el caso a la Justicia mediante una revisión judicial, alegando que se había prometido una consulta pública que nunca se hizo. En mayo de 2024 ambas partes acordaron anular esa decisión de 2022 y poner en marcha el proceso de consulta que hoy está en curso. Es decir, la industria salmonera llegó a esta instancia no porque el gobierno isleño lo promoviera espontáneamente, sino porque una empresa privada forzó legalmente la reapertura del debate.
Los estudios independientes contratados por el propio gobierno de las islas estiman que una industria de aproximadamente 30.000 toneladas anuales podría aportar entre 30 y 35 millones de libras (entre USD$40 y 47 millones) por año a la economía, equivalente a aproximadamente el 11% del PBI del archipiélago, además de generar unos 133 empleos directos. Para una población de apenas 3.500 habitantes, esa cifra es enorme en términos relativos, lo que explica por qué la gestión isleña avanza pese al riesgo ambiental, en un contexto donde ya dependen fuertemente de la pesca y esperan sumar ingresos del proyecto petrolero offshore Sea Lion.
— Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas
Sin embargo, la sociedad isleña estaría dividida al revelarse que habrían vecinos que están pidiendo directamente un referéndum, porque desconfían de un proceso de consulta que consideran sesgado a favor de la industria, ya que los informes se basan en datos dudosos aportados por la propia Unity Marine.
“Será entonces el pueblo quien decida qué sucede en su propio país”, sostuvo Sally Poncet, una de las principales referentes de Salmon Free Falklands (SFF).
— Unity Marine subraya que las aguas de las Islas Malvinas, a 300 millas al noreste de Argentina, son idóneas para el cultivo de salmón
En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó por unanimidad la Ley 1355, que prohibía toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas marítimas y lacustres de la provincia, para proteger los ecosistemas. Greenpeace Argentina celebró esa ley como un hito histórico, calificando a la Argentina como “el primer país del mundo que elige proteger sus ecosistemas diciendo No a la salmonicultura antes de que empiece a funcionar en su territorio”.
Pero en diciembre de 2025, la Legislatura fueguina —impulsada por el Ejecutivo provincial del gobernador kirchnerista Gustavo Melella— derogó parcialmente esa prohibición, habilitando la salmonicultura industrial en lagos, lagunas, ríos y arroyos provinciales, manteniendo la veda únicamente en el Canal Beagle. La reforma reemplazó la ley original por un marco de “acuicultura sustentable” votado con 8 votos a favor y 7 en contra.
Greenpeace y su falso activismo
Matías Kulfas, quien fue ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández, señaló en julio de 2026 que mientras Greenpeace se movilizó con fuerza contra la exploración petrolera offshore frente a Mar del Plata en 2021, ahora no reclama ante el avance de una explotación petrolera mucho más avanzada y controvertida en las Islas Malvinas.
— Una piscifactoría de salmón en Hordaland, Noruega. Activistas estarían preocupados por los efectos de los residuos de salmón en el medio ambiente
Esta comparación reabrió una discusión sobre los criterios detrás del activismo ambiental y, al mismo tiempo, pone sobre la mesa una vez más el tema geopolítico de fondo. El avance británico-israelí sobre recursos que la Argentina legítima bajo su estandarte
A fines de 2021, el gobierno de Fernández autorizó la exploración petrolera en bloques marinos ubicados entre 300 y 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. La medida generó una reacción inmediata, con Greenpeace lanzando lo que Kulfas describió como una “campaña de boicot”, con presentaciones judiciales, movilizaciones masivas y acciones de protesta simbólicas, como una intervención en la playa donde activistas simularon un derrame de petróleo usando pintura negra. El propio intendente marplatense que hoy forma parte del bloque libertario, Guillermo Montenegro, se sumó inicialmente a los reclamos, lo que convirtió a la ciudad en el epicentro nacional del debate ambiental-energético de esos años.
— A la izquierda Matías Kulfas, junto con el exmandatario Alberto Fernández
Lo que Kulfas plantea como contradicción es que, mientras esa exploración en Mar del Plata nunca llegó a la etapa de extracción comercial, el proyecto petrolífero de Sea Lion en Malvinas sí avanzó hasta el punto de recibir la decisión final de inversión (FID) en diciembre de 2025sin una sola objeción, lo que habilitó formalmente el inicio de la fase de desarrollo y extracción comercial.
El yacimiento Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum (65% de participación) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), y prevé una primera fase de unos 55.000 barriles diarios, con un plan de expansión en fases sucesivas que podría llevar la producción a 150.000 barriles diarios. La inversión total hasta la finalización del proyecto se estima en 2.100 millones de dólares, y el primer petróleo está previsto para 2028.
En una publicación en su cuenta oficial de X, Kulfas remarcó que “ya no se trata de exploración para ver si hay petróleo, sino del inicio de una etapa de extracción de hidrocarburos” en Malvinas, y se preguntó si “cierto activismo e indignación posee una tendenciosa selectividad”.Sin acusar directamente a Greenpeace de motivaciones ocultas o de recibir financiamiento condicionado, dejó la pregunta abierta y cerró con la frase: “Se me ocurren muchas respuestas. Mejor saquen sus propias conclusiones”.
A fines de 2021 el gobierno argentino anunció la autorización de un proceso de exploración de petróleo y gas en el mar argentino, en un caso a 300 km y en otro a 400 km de las costas de Mar del Plata. La organización @GreenpeaceArg anunció una campaña de boicot, contrató 3…
Es importante notar que su reflexión no se limitó a Greenpeace. En un texto más extenso publicado en su newsletter, Kulfas fue más allá y cuestionó también la tibieza del propio gobierno de actual presidente Javier Milei frente al avance de Sea Lion, dado que Navitas es una empresa israelí y Milei ha convertido a Israel en uno de sus socios estratégicos prioritarios, lo que —según su argumento— hace aún más incómoda la falta de una reacción diplomática más contundente.
Asimismo, y a través de la Cancillería, Argentina rechazó formalmente el avance del proyecto por considerarlo una decisión unilateral del Reino Unido y de las empresas licenciatarias, sin autorización de la autoridad argentina competente, y en violación de las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin ese permiso.
El rol de Chile como socio logístico
Un detalle no menor, es que el proyecto de Unity Marine contempla importar buena parte del alimento para los salmones desde Chile, y los reguladores isleños tomaron como modelo de referencia justamente la experiencia chilena, uno de los mayores productores mundiales de salmón, junto con Noruega, Escocia y las Islas Feroe. Esto convertiría a Chile en un eslabón comercial de la futura industria malvinense, mientras Argentina permanece fuera de ese negocio regional.
Curiosamente, la documentación oficial de la consulta reconoce exactamente los mismos riesgos que motivaron la ley argentina de 2021, como la escapes de salmones, transmisión de enfermedades, piojos de mar, uso de antibióticos, acumulación de materia orgánica en el fondo marino e interacciones negativas con mamíferos marinos.
Las recomendaciones técnicas incluyen exigir salmones triploides estériles, establecer zonas de producción marina, imponer períodos de descanso entre generaciones y fijar un peso mínimo de esmoltificación de 400 gramos antes de trasladar los peces a las jaulas marinas.
Hasta el momento, no se registran comunicados o campañas específicas de Greenpeace sobre el proyecto de Unity Marine en Malvinas, a diferencia de la campaña sostenida que la organización mantuvo en Argentina entre 2018 y 2021.
Solo pudieron trascender las declaraciones de un representante del gobierno británico de las Islas Malvinas, que afirmó que la administración “ni abogaba por la cría de salmón ni se oponía a ella”. De acuerdo a este, los informes que encargaron tienen como objetivo “informar el debate público examinando los posibles resultados e impactos bajo diferentes supuestos, en lugar de proporcionar aprobaciones finales para ningún proyecto específico”.
A su vez, rechazó las insinuaciones de que los impactos ambientales de la acuicultura del salmón no se habían presentado con claridad. El estudio sobre la capacidad de carga, conforme indicó, se había encargado “únicamente para demostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un posible proyecto”, y no constituía una determinación de la capacidad de carga de las Islas Malvinas. Un tercer relevamiento, sobre los impactos socioeconómicos, no cuantificaba los futuros costos regulatorios, ya que “no pueden estimarse con precisión” en esta etapa.
La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) yatrepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.
La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.
Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.
El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.
El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.
— Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA
Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.
El crecimiento hasta julio de 2026
Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.
Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.
El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.
Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada,la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.
La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.
La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.
Una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, realizada sobre 1.400 casos (margen con 95% de confianza), preguntó a los argentinos si había que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros.
El resultado fue contundente, con un 77% respondiendo que sí hay que limitarla, un 16.7% dijo estar en desacuerdo con esas restricciones, y un 6.3% no tenía una posición definida sobre el tema. Es decir, prácticamente ocho de cada diez argentinos rechazan la idea de “extranjerizar” la tierra, más allá de las diferencias ideológicas que suelen dividir a la opinión pública en otros temas.
Este dato es relevante porque se conoció justo antes de la votación clave en el Senado, y funciona como una señal política que la oposición y las organizaciones sociales usan para presionar a los legisladores indecisos.
La encuesta se enmarca en el debate por la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, un proyecto que el Gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso en marzo de 2026, como parte del paquete de reformas anunciado en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo.
No se trata de una ley exclusivamente sobre tierras, sino de una iniciativa que reúne varios capítulos. En materia de expropiaciones, establece criterios más estrictos para definir la “utilidad pública” y garantiza una indemnización plena al expropiado, calculada sobre la base de la valuación previa al anuncio de la medida.
En cuanto a los desalojos, incorpora un mecanismo sumarísimo para expulsar usurpadores, aunque, tras la negociación con la oposición dialoguista, se resolvió ampliar a diez días los plazos para los inquilinos en mora, dejando la entrega inmediata solo para los casos de usurpación. Además, modifica la Ley de Manejo del Fuego y deroga artículos de la norma sancionada en 2020, durante el impulso de Máximo Kirchner, que prohibía por 60 años la venta de bosques nativos, humedales y áreas protegidas afectadas por incendios. El capítulo más polémico, sin embargo, es el referido a la Ley de Tierras Rurales, que introduce cambios sobre la ley 26.737, vigente desde 2011.
La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fijó una serie de restricciones a la propiedad extranjera sobre tierras rurales que hoy están en el centro del debate. La norma estableció un límite del 15% de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal, dispuso que una misma nacionalidad no pudiera concentrar más del 30% de ese porcentaje, impidió que un mismo titular extranjero adquiriera más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones— y prohibió la compra de inmuebles que contengan o sean lindantes con cuerpos de agua permanentes, una disposición que cobró notoriedad por el caso de Lago Escondido, propiedad del empresario británico Joseph Lewis.
El proyecto de Milei, redactado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, buscaba eliminar directamente esos topes porcentuales para las adquisiciones privadas y reemplazarlos por un sistema de autorizaciones administrativas y avales provinciales. Según cálculos oficiales, esto podría triplicar la superficie en manos extranjeras, que hoy asciende a 13.2 millones de hectáreas, concentradas principalmente en ciudadanos de Estados Unidos, Italia y España.
Entre los puntos más sensibles que señalan especialistas y organizaciones ambientales está la posible derogación del artículo que prohíbe comprar tierras ribereñas de lagos y ríos permanentes, lo que habilitaría, por ejemplo, la venta de lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, zonas de cordillera con minerales críticos y acuíferos que abastecen a millones de personas. También se modificaría el régimen de tierras en zonas de frontera, algo que genera preocupación por posibles efectos sobre el contrabando y el narcotráfico si se habilita la extranjerización de áreas limítrofes.
Quién gana y quién se opone
Entre los interesados en la eliminación del límite del 15%, se encuentran el Grupo Benetton —ya uno de los mayores productores de lana de oveja del país— y fondos soberanos de países árabes. Del otro lado, el rechazo social es amplio: se movilizan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) bajo la consigna "por la tierra y el agua", la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT, con el lema "nuestro suelo es soberanía, no mercancía"), organizaciones campesinas e indígenas, sectores eclesiásticos y ambientalistas, y referentes de la oposición como la diputada peronista Cecilia Moreau, quien llamó a "salir a las calles" el 6 de agosto.
Curiosamente, incluso la Sociedad Rural —tradicionalmente alineada con el Gobierno— apoya mantener ciertas restricciones, lo que muestra que el rechazo no es solo de sectores kirchneristas o progresistas, sino que atraviesa a actores del propio universo agropecuario.
— Cecilia Moreau
El proyecto tuvo un trámite accidentado desde el comienzo. En mayo de 2026 obtuvo dictamen en comisiones tras varias modificaciones, donde se eliminó por completo el capítulo que afectaba el programa de regularización de tierras en villas (RENABAP), a pedido de la Iglesia Católica, y se moderó el mecanismo de desalojo sumarísimo.
Pese a esos cambios, el oficialismo intentó llevarlo al recinto en julio y fracasó cuatro veces consecutivas por falta de quórum o de votos suficientes, lo que llevó a Milei a calificar a los opositores como "enemigos del progreso”.
Tras ese cuarto fracaso, la senadora nacional y jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, junto a Sturzenegger negociaron una nueva versión (el dictamen número 15) que introduce cambios para intentar destrabar la votación. La medida deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera —salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo— y elimina el artículo de "silencio administrativo" que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.
— Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger
El Senado tiene previsto retomar el debate y votar el proyecto el jueves 6 de agosto de 2026. Bullrich aseguró que el bloque oficialista ya cuenta con los votos necesarios gracias al respaldo de gobernadores dialoguistas, pero la incertidumbre persiste, especialmente por la postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras.
Para ese mismo día, organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición —agrupadas bajo consignas como "por la tierra y el agua" y "Argentina no se vende"— convocaron a una movilización frente al Congreso, con el hashtag #lasoberanianosenegocia. La semana previa ya se realizaron talleres, radios abiertas y banderazos preparatorios. La apuesta de estos sectores es que la presión, sumada al fuerte rechazo social que muestra la encuesta de Zuban Córdoba, termine de inclinar a los senadores todavía indecisos.
Julián Pajarola es guía de trekking y ski. Nació y se crió en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, y se gana la vida llevando gente a la montaña.
El 29 de junio, según denunció, no pudo llegar al cerro Ezpeleta. Un guardia de acento austríaco le cerró el paso a él y a su grupo con una explicación que condensa todo el conflicto en una sola frase: “la dueña del campo no quiere gente adentro”. El cerro es uno de los mejores lugares de la zona para el esquí de travesía, la caminata con raquetas y los cursos de avalanchas donde se forma a la próxima generación de montañistas.
Pajarola fue al Catastro a ponerle nombre a esa “dueña”. La parcela donde lo frenaron (1.672 hectáreas, matrícula 322040) figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador de la marca de cristales austríaca y parte del listado de multimillonarios de la revista Forbes. La familia acumula más de 3.800 hectáreas en el departamento Lácar, repartidas en tres compras grandes y decenas de adquisiciones menores. La presencia de la firma Gernot Langes-Swarovski & Co en la zona ya había sido documentada por La Mañana de Neuquén hace casi diez años, y desde entonces el proceso se profundizó.
El caso retrata al departamento entero. Lácar, donde se asienta San Martín de los Andes, tiene 475.095 hectáreas rurales, y 257.346 (el 54,17%) están en manos extranjeras, según el Registro Nacional de Tierras Rurales. Es más de la mitad de una jurisdicción de lagos, bosques nativos y algunas de las postales más codiciadas del país, y triplica largamente el tope del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El fenómeno atraviesa toda la Patagonia: del otro lado de la cordillera, en Río Negro, el caso más resonante es el de Lago Escondido, la estancia del británico Joe Lewis que mantiene en disputa judicial el acceso público a un lago de montaña. En muchos de esos campos, caminos y senderos que fueron de uso común durante generaciones hoy terminan en una tranquera.
A la cuestión de fondo se le suma una más terrena que golpea directamente a quienes viven de la montaña. En 2021 el Congreso sancionó la Ley 27.665, que declaró al montañismo actividad de interés deportivo, cultural y sociorrecreativo, e incluyó al trekking y al ascensionismo entre esas prácticas. Su artículo 4° dice que las autoridades de cada espacio “arbitrarán los medios necesarios” para garantizar el acceso a la montaña. La garantía quedó a mitad de camino: la ley depende de que las autoridades locales designen los senderos de uso histórico, algo que queda librado a cada jurisdicción, y nunca se dictó una reglamentación que obligue a los propietarios privados a respetar ese paso. Sobre el papel el derecho existe pero en el terreno se choca con un alambrado.
Para los guías, la cuenta es directa. “A los que vivimos de enseñar a subir un cerro con seguridad, esto nos toca directo”, planteó Pajarola: cada campo que se cierra es un acceso menos, una ruta menos, un lugar menos donde formar a los que empiezan. “Nos estamos quedando afuera de nuestro propio territorio”, resumió, “y encima nos lo explican en otro idioma”. Su reclamo lo cerró con una frase que ya circula por las redes: “La montaña no se vende. Se cuida, se comparte, se transmite”.
El canal de streamingCarajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.
Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.
“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.
Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.
Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.
A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.
La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.
“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.
Apología al exterminio y al racismo
Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.
Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.
El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.
Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.
La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.
Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.
Boicot, retiro de pauta y antecedentes
La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.
La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.
Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.
A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.
Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.
A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.
Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.
El negacionismo frente al archivo
Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.
Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.
Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.
Alejandro Sarubbi Benítez, abogado y panelista de la señal, y una militante libertaria propusieron eugenesia, bombardeos y selección por tono de piel para el conurbano bonaerense. El repudio masivo desnudó sus contradicciones y forzó el retiro de auspicios comerciales.
Según la hipótesis fiscal, los ingresos a los predios se produjeron de manera coordinada entre el 13 y el 17 de julio. Los acusados habrían despejado sectores de las plantaciones, marcado parcelas con estacas y alambres y comenzado a construir casillas.
Legisladores estadounidenses contabilizaron más de 7.000 cristianos asesinados en los primeros siete meses de 2025. Los ataques no cesaron: en junio de 2026, expertos de la ONU alertaron por asesinatos, secuestros y violencia sexual contra mujeres y niñas cristianas en el centro del país.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
