Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado
Jorge "Coqui" Capitanich está armando una bomba de tiempo antes de su partida tras la derrota electoral que sufrió en manos de Leandro Zdero.
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Luego de los comicios donde el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se quedó sin reelección, el escenario político cambió ampliamente. El mandatario provincial que abandonará la gobernación en poco más de un mes, dio inicio al “operativo retirada” con el que logró este miércoles que la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17.500 empleados a Planta Permanente del Estado, muchos de ellos, séquitos, militantes y/o familiares de funcionarios.
Ante su inminente derrota, prevista por el escandalo que lo dejó en el centro de la polémica relacionado con el Clan Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Capitanich anunció con dos decretos el pase a Planta Permanente de empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión.
La defensa del Jorge Capitanich: “Hablar de esos números es falso…”
Uno de estos polémicos pases es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores, según denunciaron los indemnizados.
También se sumó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no abonó la deuda con el proveedor CAMMESA por una suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio se hicieron del perdón de Capitanich porque son muy cercanos. Por ello, lograron hacerse de un lugar en la Planta Permanente con puestos sin vacantes.
Leandro Zdero, el nuevo gobernador electo de la provincia de Chaco
Al percatarse de estas y otras irregularidades en la distribución de empleo estatal, el ex diputado radical Marcelo Castelán y ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda, presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.
Con esta solicitud, el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich. “La normativa afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración”, fundamentó el letrado.
Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco
Y aseveró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.
Aunque esto no generó que Capitanich diera marcha atrás. Por el contrario, llevó su operativo retirada a la Legislatura provincial y pidió que se trate de manera inmediata antes del cambio de mando. Finalmente, este miércoles el oficialismo obtuvo quórum y logró imponer el plan del gobernador. De esta manera, quedó oficializado el pase de 17.500 empleados al Estado.
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El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.
En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original.Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.
El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de“4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.
Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.
El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.
Inteligencia artificial y autoría ajena
El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.
Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram.La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.
Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificialen el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.
Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.
La validación del “genio”
La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.
Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.
Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.
Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.
En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo códigoregula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.
La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.
Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.
Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.
Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.
La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.
Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.
Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.
Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.
El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.
Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.
En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.
En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.
OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.
Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).
¿Por qué fue intervenida?
En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.
Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.
— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario
Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.
El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.
La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, Roque Fleitas, utilizó un salón de la administración PAMI —un espacio destinado a jubilados y pensionados— para realizar un acto partidario en la ciudad de Crespo, donde defendió al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó la campaña por la reelección del presidente Javier Milei en 2027. El hecho generó reacciones tanto fuera como dentro del propio oficialismo.
“A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes”, afirmó Fleitas, haciendo hincapié en la inocencia de Adorni.
Fleitas es también diputado provincial de LLA. Fue elegido en la asamblea provincial de enero de 2025 como primer presidente partidario en la historia de LLA en esa provincia, tras ganar una disputa interna frente al sector del diputado nacional Beltrán Benedit. Además de su cargo partidario, es padre de Rebeca Fleitas, legisladora porteña que también participa activamente en la política entrerriana.
Al evento asistieron el diputado nacional Andrés Laumann (conocido en los medios como el “Batman libertario”) y la senadora nacional Romina Almeida. También estuvo presente María Celina Ledesma, titular de la delegación de ANSES en Paraná y vocal provincial del partido.
Durante el acto, Fleitas pronunció el llamado a la reelección de Milei y la defensa de Adorni. En ese momento, Adorni ya venía atravesando una grave crisis política y judicial por presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades sin justificación patrimonial y gastos inconsistentes con su sueldo como funcionario.
— Roque Fleitas, junto a autoridades partidarias de Concordia, tras ser elegido titular del Comité Ejecutivo Provincial de LLA en 2025
Para entender el discurso de Fleitas es clave saber qué estaba pasando con Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo investigaba por enriquecimiento ilícito desde que asumió como funcionario, Adorni compró al menos dos propiedades —un departamento en Caballito y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz— financiadas con préstamos privados de jubiladas y policías, y realizó obras suntuosas pagadas en efectivo y sin factura.
A su vez, se investigó si viajó a Aruba y Punta del Este en vuelos privados con costos no declarados. Ante todo esto, Adorni insistió en que no cometió delitos, pero finalmente presentó su renuncia el 27 de junio de 2026.
La imagen negativa de Adorni había llegado al 80% según encuestas internas del propio oficialismo, por lo que la conducción nacional de LLA había pedido expresamente que se dejara de usarlo como “activo” político.
— Joaquín Benegas Lynch en un acto político de la conducción de Roque Fleitas en 2025
El episodio provocó dos críticas simultáneas desde Buenos Aires, ambas dirigidas al sector de Fleitas. Por un lado, le reprocharon haber salido en defensa de Adorni, cuando desde el área de comunicación del Gobierno ya se había dado la bajada de línea de no insistir con su imágen, considerado un lastre para el oficialismo. Fleitas desoyó esa directiva.
Por otro, quien salió a desmentir parte de la información fue la propia ministra Sandra Pettovello: “PAMI no está bajo la órbita del Ministerio de Capital humano sino del Ministerio de salud. Aunque mientan los pasquines vale la pena informar”.
En su entorno aseguran que existe una instrucción expresa de no mezclar la gestión de organismos públicos con actos de carácter partidario. Incluso, de acuerdo a lo trascendido, en el Gobierno comenzaron a hablar de “cortar cabezas”.
La reacción local
Lo paradójico del caso es que todos los involucrados en el acto —Fleitas, la directora de la delegación de PAMI de Crespo, Lorena Werner y Ledesma de ANSES— responden al operador político cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esto abre una disputa interna entre distintas facciones del propio oficialismo.
En Crespo —una ciudad conocida como la Capital Nacional de la Avicultura— vecinos y referentes locales expresaron su indignación por que se haya usado el salón de jubilados para un acto político, especialmente en un contexto de recortes y ajuste en los haberes previsionales. Ledesma, lejos de bajar el tono, salió a defender el evento en redes sociales calificando las críticas de “fake New Opereta KK”, lo que profundizó la polémica.
“En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones”, subrayaron fuentes de la localidad de Crespo, al medio La Política Online.
La Ley 19.032 que creó el PAMI establece que el organismo tiene por objeto prestar servicios a jubilados y pensionados. El uso de sus instalaciones para actos proselitistas no está contemplado en ese marco y entraría en contradicción con el principio de neutralidad política que deben mantener los organismos del Estado. Adicionalmente, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) prohíbe a los funcionarios usar recursos del Estado en beneficio de partidos políticos. Si la directora de la delegación de PAMI en Crespo autorizó el uso del salón para el acto, podría ser pasible de sanciones administrativas e incluso penales.
El PAMI es la obra social más grande de Argentina, creada en 1971. Cubre a más de 3.8 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Sus instalaciones —delegaciones, salones, centros de jubilados— son espacios públicos financiados con aportes de trabajadores y jubilados, destinados exclusivamente a prestaciones de salud, recreación y bienestar de los adultos mayores
El organismo tiene presencia territorial mediante delegaciones locales. En Crespo, Entre Ríos, existe una oficina del PAMI con un salón que habitualmente se usa para actividades de los jubilados afiliados. Usar ese espacio para un acto político implica convertir un recurso estatal de los jubilados en una herramienta de clientelismo partidario.
Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.
El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.
Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.
La estafa al pasajero
Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.
Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados.La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.
Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.
Inacción gubernamental y causas de la crisis
El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.
El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresasque operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.
La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.
En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
