Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado
Jorge "Coqui" Capitanich está armando una bomba de tiempo antes de su partida tras la derrota electoral que sufrió en manos de Leandro Zdero.
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Luego de los comicios donde el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se quedó sin reelección, el escenario político cambió ampliamente. El mandatario provincial que abandonará la gobernación en poco más de un mes, dio inicio al “operativo retirada” con el que logró este miércoles que la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17.500 empleados a Planta Permanente del Estado, muchos de ellos, séquitos, militantes y/o familiares de funcionarios.
Ante su inminente derrota, prevista por el escandalo que lo dejó en el centro de la polémica relacionado con el Clan Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Capitanich anunció con dos decretos el pase a Planta Permanente de empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión.
La defensa del Jorge Capitanich: “Hablar de esos números es falso…”
Uno de estos polémicos pases es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores, según denunciaron los indemnizados.
También se sumó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no abonó la deuda con el proveedor CAMMESA por una suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio se hicieron del perdón de Capitanich porque son muy cercanos. Por ello, lograron hacerse de un lugar en la Planta Permanente con puestos sin vacantes.
Leandro Zdero, el nuevo gobernador electo de la provincia de Chaco
Al percatarse de estas y otras irregularidades en la distribución de empleo estatal, el ex diputado radical Marcelo Castelán y ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda, presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.
Con esta solicitud, el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich. “La normativa afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración”, fundamentó el letrado.
Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco
Y aseveró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.
Aunque esto no generó que Capitanich diera marcha atrás. Por el contrario, llevó su operativo retirada a la Legislatura provincial y pidió que se trate de manera inmediata antes del cambio de mando. Finalmente, este miércoles el oficialismo obtuvo quórum y logró imponer el plan del gobernador. De esta manera, quedó oficializado el pase de 17.500 empleados al Estado.
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Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) yatrepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.
La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.
Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.
El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.
El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.
— Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA
Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.
El crecimiento hasta julio de 2026
Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.
Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.
El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.
Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada,la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.
La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.
La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.
El cuestionamiento actual sobre el paper presidencial no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una cadena de irregularidades que ponen en duda la originalidad de la obra escrita de Javier Milei. Lejos de ser la primera vez que el mandatario queda bajo la lupa por la apropiación de textos ajenos, su carrera como autor ha estado marcada por denuncias constantes sobre la falta de citación y la reproducción textual de trabajos de terceros sin crédito.
En 2024, su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” fue el centro de un escándalo cuando se reveló que contenía párrafos completos copiados de los economistas chilenos Verónica Mies y Raimundo Soto, escritos originalmente en el año 2000, sin que se les reconociera la autoría original.Ese mismo libro incluyó fragmentos no atribuidos de trabajos de autores del CONICET y de un manual de macroeconomía de Gregory Mankiw, acumulando decenas de páginas bajo sospecha de plagio.
El patrón de conducta se repite en otros títulos, como en su libro “Pandenomics”, de 2020, donde investigadores detectaron cerca de 30 páginas copiadas de al menos seis autores diferentes sin mención alguna; o el caso del prólogo escrito por Milei para la reedición de“4.000 años de controles de precios y salarios”, donde transcribió párrafos completos de la versión original del economista David L. Meiselman.
Cada uno de estos hitos refuerza un método de trabajo que, lejos de ser académico, se asemeja a una acumulación de textos ajenos presentados como propios, consolidando un historial de deshonestidad intelectual que precede a su gestión pública.
El cuestionado libro de Milei publicado en 2024, repleto de plagio.
Inteligencia artificial y autoría ajena
El paper titulado “Minimum viable scale: Extinction and escape under increasing returns” (“Escala mínima viable: extinción y escape bajo rendimientos crecientes”), presentado por Javier Milei y Demian Reidel, desató una crisis académica internacional. Jesús Fernández-Villaverde, profesor de Economía en la Universidad de Pensilvania, oriundo de España, advirtió que el estilo, formato y las derivaciones matemáticas del texto revelaban el uso de un motor de lenguaje de inteligencia artificial.
Para validar su diagnóstico, el académico utilizó un detector llamado Pangram.La herramienta arrojó una probabilidad del 100% de origen artificial en los fragmentos analizados y estimó que el 54% del documento fue generado por una IA. Fernández-Villaverde sentenció que existe una línea ética infranqueable entre usar la IA para asistir la investigación y delegar la redacción completa sin revelar el origen del texto.
Demian Reidel intentó frenar las críticas con una defensa que sólo profundizó el escándalo. Si bien reconoció haber utilizado inteligencia artificialen el paper, alegó que fue únicamente para corregir y pulir el estilo al finalizar el escrito. Reidel desestimó las acusaciones al sostener que Pangram detecta patrones de redacción y no plagio, calificando al texto como un simple “working paper”. No obstante, evitó explicar por qué el trabajo no refleja un pensamiento propio sin la mediación de un algoritmo.
Jesús Fernández-Villaverde, el profesor de economía de la Universidad de Pensilvania que cuestionó a Milei por el uso de IA en su paper.
La validación del “genio”
La obsesión de Javier Milei por la validación intelectual encuentra su ecosistema ideal en X. Según diversos reportes, el Presidente destina un promedio diario de 2 a 4 horas al uso de redes sociales, alcanzando picos de 17 horas en un día en la red social X. Este comportamiento, documentado por registros independientes que contabilizan su interacción ininterrumpida, revela una gestión paralela donde el “retweet” y el “like” ocupan una parte central de su agenda diaria.
Para el mandatario, la producción académica es un insumo de su relato político. Su búsqueda de prestigio, que incluye la aspiración de ser reconocido con un Nobel de Economía, explica por qué este jefe de Estado dedica tiempo a la creación de papers. Estos textos no buscan el rigor de la revisión por pares, sino el respaldo teórico para sostener sus políticas y alimentar la maquinaria de elogios de su entorno.
Ante cada cuestionamiento, el oficialismo activa un protocolo de defensa corporativa. La estrategia es circular: el Presidente difunde un artículo de apoyo, funcionarios como Lilia Lemoine descalifican la crítica con términos como “lógica enfermiza”, y seguidores especializados —abogados, tuiteros, economistas e influencers aliados— introducen tecnicismos para desviar el eje hacia una supuestas “falacias”. Así, la estructura mileísta blinda al Presidente y transforman cualquier cuestionamiento técnico en una “operación política”.
Retuit de Javier Milei a un escritor mileísta y a Lilia Lemoine.
El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.
Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.
Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.
La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.
Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.
Manotazos de ahogado
No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.
Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.
El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.
El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.
Todos los hombres de Chávez
Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto: “el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.
— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)
Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.
La ruta del dinero
Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.
Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:
Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.
Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.
Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.
El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país.
(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.
b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.
c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.
Cinco corredores estratégicos que conectan el Área Metropolitana, zonas productivas bonaerenses y destinos del interior pasaron a gestión privada. La concesionaria Corresur asumió la operación de una red de 1.325 kilómetros que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
El cambio responde a la Red Federal de Concesiones Viales impulsada por el Gobierno nacional para modificar el esquema de operación y mantenimiento. El modelo elimina los subsidios estatales para la gestión cotidiana y obliga a las empresas a asumir el riesgo operativo bajo estándares de seguridad y servicio.
Uno de los cambios con mayor impacto para los usuarios será la modernización del sistema de cobro de peajes. Desde el inicio de la concesión, las estaciones de peaje dejarán de aceptar pagos en efectivo de forma definitiva y funcionarán sólo mediante medios electrónicos y automáticos.
La primera etapa del plan abarcará las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los conductores deberán abonar obligatoriamente a través de TelePASE, tarjetas de crédito o débito, con tecnología contactless (sin contacto) o mediante códigos QR vinculados a billeteras virtuales habilitadas.
Cabina de Telepase + pago electrónico (tarjetas, celulares con NFC, etc.).
Inversión y tarifas bajo la lupa
La empresa privada avanzará con un plan de recuperación vial que incluye tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización y reemplazo de elementos de seguridad. Las obras prioritarias comenzarán en sectores de las rutas 205, 226 y 3, con intervenciones previstas inicialmente sobre 431 kilómetros de la traza, sumado a trabajos de mantenimiento en iluminación, semaforización, alcantarillas y puentes.
El Estado nacional continuará fijando las tarifas de los peajes mediante una actualización trimestral basada en los datos de la inflación. En las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, el último ajuste elevó la tarifa para automóviles de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura a $1.300 en horario normal y $1.500 en hora pico, un costo que impactará sobre una red estratégica que conecta el Área Metropolitana con zonas industriales, centros logísticos y destinos turísticos provinciales.
Un registro filmado dentro del Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn”, en la localidad de Melchor Romero (partido de La Plata), exhibió filtraciones de agua, humedad, moho en paredes y techos, y mobiliario roto en distintos sectores del establecimiento en claros signos de deterioro estructural.
“El hospital “Dr. Alejandro Korn” agoniza. Los trabajadores ya no damos más”, destacaron los integrantes asalariados, cuestionando que en lugar de dar respuestas a los problemas denunciados, la dirección haya optado por amenazar con sanciones a quienes documenten la situación, preguntándose “¿Qué es lo que quieren ocultar?”. El reclamo apunta en tres niveles de responsabilidad, empezando por la conducción local de la directora ejecutiva Belén Maruelli, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, y el gobierno provincial del gobernador Axel Kicillof.
— El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak junto a Belén Maruelli
“Los pacientes no pueden esperar y los trabajadores no pueden seguir sosteniendo solos un hospital que se cae a pedazos”, expresaron desde el personal, quienes en numerosas ocasiones aportan recursos propios para garantizar la atención de los pacientes.
El material fue difundido por trabajadores del nosocomio que denunciaron que la institución “atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años” debido a problemas de infraestructura, falta de servicios esenciales y carencia de insumos.
Las fotografías e imágenes recientes revelan una serie de riesgos concretos y actuales dentro del predio sanitario. En distintos sectores se observan tubos de gas envasado conectados mediante mangueras y reguladores a cocinas industriales encendidas, en un momento en el que el hospital no contaría con suministro regular de gas natural. También circuló la versión de una presunta pérdida de gas en las cercanías de la central de abastecimiento de oxígeno, un dato que no pudo ser verificado de manera independiente, pero cuya sola posibilidad ameritaría una inspección urgente.
A ello se suman fallas de climatización en áreas críticas como Terapia Intensiva, Guardia, Quirófanos y Enfermería, mientras que una caldera funcionaría apenas al mínimo en Clínica Médica, Cirugía y Partos. En Salud Mental, pacientes habrían debido cubrirse con hasta cinco frazadas para soportar el frío extremo en las salas. El cuadro se completa con alimentos en estado de descomposición, como tomates aplastados y repollo podrido, además de reiteradas denuncias por la presencia de cucarachas en Guardia. También persisten filtraciones crónicas en el techo de la sala Charcot, que obligaron a trasladar pacientes pese a reparaciones que habrían demandado varios millones de pesos.
En otro sector del predio se acumulan cartones vinculados a la cooperativa de Cartoneros Platense en la exsala Cabred, así como ramas, escombros y basura detrás de la exsala F, material altamente combustible dentro de una institución médica. A esto se añade el caso de un paciente externado que vivió durante cuatro años en una sala abandonada del complejo y que, tras ser desalojado, hoy duerme en la garita de una parada de colectivo, asistido por los propios trabajadores.
Estos hallazgos se suman a fallas recientes de infraestructura, como un generador que dejó al hospital sin luz y una rotura de llave maestra que cortó agua y gas, forzando traslados de pacientes de noche y bajo lluvia con bajas temperaturas.
Hacinamiento y falta de psiquiatras
El sector de salud mental, con capacidad para 22 personas, alojaba 29 pacientes al momento de la denuncia, un hacinamiento que se agrava por la falta de médicos psiquiatras. Este déficit no es momentáneo. En 2019 el gremio de la Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia (CICOP) advertía sobre la falta de psiquiatras para cubrir las guardias de salud mental en ese mismo hospital. En la denuncia actual, parte de la atención la sostienen médicos jubilados que regresan a cubrir vacantes sin reemplazo, lo que refleja una escasez estructural de personal que se arrastra desde hace años.
El lugar no es un centro hospitalario cualquiera, ya que viene siendo objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos desde hace más de una década. Ya en 2014 y 2015 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria documentaron 53 muertes en nueve meses sobre una población de 750 personas internadas, además de prácticas como sujeción física, aislamiento y sobremedicación que calificaron de trato cruel, inhumano o degradante. Ese informe derivó en una intimación judicial que obligó a la provincia a mejorar las condiciones edilicias y sanitarias de la institución.
En 2017, un nuevo informe conjunto sobre la situación de las mujeres internadas —217 de las 526 personas alojadas entonces, con un promedio de 25 años de encierro— volvió a señalar la falta de privacidad, el hacinamiento y la ausencia de políticas de externación sustentable. En 2017 también el gremio médico de la CICOP denunció la falta de pediatras y “un desinterés tremendo de las autoridades”. Es decir, la crisis actual no es un hecho puntual, sino la continuación de un patrón de abandono institucional perpetuo que atraviesa distintas gestiones provinciales.
El 19 de julio de 2026 el hospital quedó sin suministro eléctrico luego de que fallara un generador y a esa situación se sumó la interrupción de agua y gas por la rotura de una llave maestra, problemas que —según el personal— seguían sin resolverse días después. Pacientes internados debieron soportar frío extremo y, durante una noche de lluvia, algunos fueron trasladados entre distintos pabellones para resguardarlos por las malas condiciones edilicias.
Días antes, el 16 de julio, un paciente pediátrico no pudo ser derivado porque la ambulancia disponible no tenía combustible, y otra persona sufrió una intoxicación por gases que ingresaron desde el caño de escape de un móvil sanitario durante un traslado. En cuanto a la guardia, los trabajadores señalaron faltantes de sueros, monitores, camillas y sillas de ruedas, y remarcaron que el hospital no cuenta actualmente con tomógrafo en funcionamiento.
¿Protección de pacientes o mordaza a los trabajadores?
El 14 de julio de 2026, Maruelli firmó un memorándum dirigido a todo el personal que invoca la necesidad de garantizar ambientes laborales “cuidados, saludables y libres de violencias”. El documento advierte sobre “deslinde de responsabilidad y sanciones” ante ciertas conductas en redes sociales.
Esto sería clave, junto con obligaciones legítimas —confidencialidad de pacientes, secreto profesional, prohibición de difundir imágenes de usuarios sin consentimiento— incluye también la difusión de fotos, vídeos o audios tomados en el ámbito laboral sin autorización institucional, e incluso el uso de imágenes de las propias instalaciones del hospital. A su vez, prohíbe filmar dentro del establecimiento, dentro o fuera del horario laboral, sin autorización.
Esta última parte es la que generó el escándalo, siendo que mientras existe un marco legal legítimo para proteger la intimidad clínica de los pacientes (el cuidado de datos personales), extender esa protección a las imágenes de las instalaciones del hospital —cocinas, techos, depósitos de residuos— no protege a nadie en particular, sino que impide que se documenten problemas de infraestructura, higiene y seguridad que no involucran identidad de pacientes. Casos similares de esta institución ya habían llegado a medios locales, con empleados denunciando amenazas para “ocultar la crisis sanitaria”.
Vale contextualizar que Kreplak y Kicillof ya enfrentaron otras denuncias sobre gestión sanitaria provincial este año, incluyendo un caso de ambulancias sin entregar en otro hospital bonaerense, y que Kreplak es hermano del juez federal que investiga el caso del fentanilo contaminado, lo que en 2025 generó tensión política adicional con la Casa Rosada.
Esto muestra que la cartera de Salud bonaerense atraviesa un momento de controversia pública alta, en el que hechos como el de Melchor Romero se vuelven parte de un patrón más amplio de cuestionamientos a la administración bonaerense.
La disputa entre Nación y Provincia por el financiamiento de la salud
Para entender por qué esta crisis se atribuye a la “gestión de Kicillof” hay que ubicarla dentro de la disputa política y presupuestaria entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional del presidente Javier Milei en torno al financiamiento del sistema sanitario. Nicolás Kreplak, expuso en 2026 que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional se redujo un 40% respecto de 2023, y que un ajuste adicional de $63.000 millones afectó partidas de vacunas, medicamentos e insumos. De acuerdo a esos datos, la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales del conurbano bonaerense se ubica entre el 80% y el 90%, y las internaciones totales en hospitales públicos aumentaron un 35% entre 2023 y 2025.
Durante mayo de 2026, la Provincia denunció un nuevo recorte de fondos nacionales para salud, incluyendo partidas para fortalecimiento de sistemas provinciales, medicamentos e insumos médicos, en un contexto de crecimiento del 12% en la demanda hospitalaria desde que asumió Milei. Kicillof, por su parte, ha responsabilizado reiteradamente al gobierno nacional por lo que calificó de “catástrofe sanitaria”, señalando la caída de la coparticipación y el recorte de transferencias como causas centrales de la falta de recursos en los hospitales provinciales.
Al mismo tiempo, la Provincia le reclama a la Nación deudas millonarias vinculadas a hospitales de gestión compartida, mientras Nación responde que es la Provincia la que mantiene deudas con esos mismos hospitales por más de $507.000 millones.
Detrás de los 800 mil dólares frenados en Aeroparque hubo más de diez viajes previos con maletas que sí llegaron a destino, un noveno pasajero ligado a la inteligencia chavista que los grandes medios pasaron por alto y una ruta del dinero que terminaba en cuentas suizas.
La carencia alimentaria fue el rubro que más empeoró y ya son uno de cada cuatro los hogares porteños que redujeron porciones, cambiaron lo que comen o saltean comidas. En los hogares con chicos la privación estructural trepa al 20,6%.
El guía de montaña Julián Pajarola denunció que le cerraron el paso al cerro Ezpeleta, en una parcela de 1.672 hectáreas a nombre de Gernot Langes-Swarovski.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
