Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado

Jorge "Coqui" Capitanich está armando una bomba de tiempo antes de su partida tras la derrota electoral que sufrió en manos de Leandro Zdero.

02/11/2023

Luego de los comicios donde el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se quedó sin reelección, el escenario político cambió ampliamente. El mandatario provincial que abandonará la gobernación en poco más de un mes, dio inicio al “operativo retirada” con el que logró este miércoles que la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17.500 empleados a Planta Permanente del Estado, muchos de ellos, séquitos, militantes y/o familiares de funcionarios.

Ante su inminente derrota, prevista por el escandalo que lo dejó en el centro de la polémica relacionado con el Clan Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Capitanich anunció con dos decretos el pase a Planta Permanente de empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión.

https://x.com/jmcapitanich/status/1720069166663668147?s=20

La defensa del Jorge Capitanich: “Hablar de esos números es falso…”

Uno de estos polémicos pases es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores, según denunciaron los indemnizados.

También se sumó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no abonó la deuda con el proveedor CAMMESA por una suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio se hicieron del perdón de Capitanich porque son muy cercanos. Por ello, lograron hacerse de un lugar en la Planta Permanente con puestos sin vacantes.

*Leandro Zdero, el nuevo gobernador electo de la provincia de Chaco*

Al percatarse de estas y otras irregularidades en la distribución de empleo estatal, el ex diputado radical Marcelo Castelán y ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda, presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.

Con esta solicitud, el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich. “La normativa afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración”, fundamentó el letrado.

*Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco*

Y aseveró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.

Aunque esto no generó que Capitanich diera marcha atrás. Por el contrario, llevó su operativo retirada a la Legislatura provincial y pidió que se trate de manera inmediata antes del cambio de mando. Finalmente, este miércoles el oficialismo obtuvo quórum y logró imponer el plan del gobernador. De esta manera, quedó oficializado el pase de 17.500 empleados al Estado.

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El malestar social alcanzó un récord negativo en febrero

Redacción 9 de marzo de 2026

El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.

El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.

De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.

El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.

La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.

El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.

La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.

El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.

Guerra en Medio Oriente | Más del 60% de los argentinos dice no sentirse representado por la postura “SIONISTA” de Milei

Redacción 13 de marzo de 2026

El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.

El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.

El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.

En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.

La postura del gobierno

Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.

Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.

El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.

Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.

CÓRDOBA: El PAMI adeuda $303 millones por prestaciones médicas a jubilados y escala la presión sobre la conducción libertaria

Joaquín Horacio Herrera 17 de marzo de 2026

Alrededor de casi 30 comunas de la provincia de Córdoba denunciaron que arrastran atrasos en los pagos por más de $303.273.148 en el Programa de Atención Médica Integral para jubilados (PAMI), con demoras que superan los seis meses.

La deuda, según los afectados consultados, se suma a créditos impagos anteriores con farmacias y prestadores, y empieza a afectar la provisión de medicamentos y la continuidad de prestaciones básicas para jubilados y pensionados.

Los locales describen la situación como “insostenible”, luego de haber hecho reclamos formales y pedidos de intervención han quedado sin respuesta. La ausencia de respuestas públicas de quien es el director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local (UGL) III de PAMI en Córdoba desde febrero de 2024, Marcos Patiño Brizuela, representando a La Libertad Avanza (LLA) y reemplazando a Olga Riutort. Es el responsable de la gestión de la obra social local junto al integrante del mismo bloque que maneja el sistema de medicinas por medio del poder judicial, Gabriel Bornoroni.

Los municipios cordobeses actúan como prestadores temporales del PAMI en zonas sin médicos de cabecera, atendiendo consultas médicas a jubilados en sus centros de salud. Por cada consulta, el PAMI paga unos $3.000. Esta espiral se agrava por problemas similares con farmacias en Córdoba, donde las deudas alcanzan miles de millones y amenazan cierres.

Desde el PAMI ya habían afirmado que “tanto la dispensa como la provisión de medicamentos” para sus afiliados “no corre ningún riesgo”. Según explicaron, el conflicto se originó a partir de un supuesto “malentendido” derivado de una comunicación interna del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, dirigido por Germán Daniele, en la que se señalaba que no estaban llegando las notas de crédito emitidas por los laboratorios.

Desde el PAMI aseguraron que el cronograma de pagos se viene cumpliendo con normalidad y precisaron que las liquidaciones se realizan regularmente durante la última semana de cada mes.

Un relevamiento preliminar sobre la situación financiera revela que, al menos en 29 comunas, la deuda acumulada asciende a $303 millones. Especialistas advierten que el monto podría duplicarse una vez que se incorporen los datos de más de un centenar de localidades que aún no han presentado o consolidado sus cifras.

Entre los casos más significativos aparece el municipio de Inriville, que encabeza el listado con una deuda estimada en $94.048.540. Le sigue Capilla del Monte, con compromisos impagos por $32.811.083. También figuran Serrano, con alrededor de $25 millones de adeudados; Pincén, con $22.472.231; y Charras, donde el monto pendiente alcanza los $11.349.049.

El rol de Bornoroni

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario en Diputados y referente de LLA en Córdoba, es acusado por “no atender llamadas” de intendentes. Su estudio jurídico (Bornoroni y Asociados) influye en la gestión del PAMI provincial, con su socio Marcos Brizuela como titular local, lo que genera reclamos directos.

Su otro confidente es Andrés Bauzá, el hijo de Eduardo Bauzá, el exprimer jefe de Gabinete del expresidente Carlos Menem. Andrés es hoy el delegado provincial de la ANSES, pero no es el único cargo que Bornoroni obtuvo. A Cargo del PAMI local puso a Brizuela.

“Nos dicen que van a pagar a fin de mes, pero ya se acumulan seis vencimientos impagos. Si esto no cambia, cientos de farmacias podrían dejar de atender a los afiliados”, subrayó Germán Daniele, agregando que “el sistema está colapsado”.

Sin pagos, municipios podrían cortar atención a jubilados, rompiendo la red de salud primaria en pueblos remotos y afectando a los más vulnerables. Esto refleja un “descalabro” nacional de deudas del PAMI bajo el gobierno del presidente Javier Milei, con riesgos de quiebre en servicios esenciales.

La deuda

Anteriormente, en agosto del 2024, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba dió a conocer que el PAMI mantenía una deuda cercana a los $12.000 millones con las farmacias de la provincia.

Según Germán Daniele, la suma afectaba ya a casi 1.800 establecimientos distribuidos a lo largo del territorio provincial. “Esa deuda es real”, afirmó en su momento, y advirtió que la mora compromete la sustentabilidad de muchos prestadores locales.

“El que la está padeciendo es el jubilado, que va a su farmacia de barrio, de cercanía, y no encuentra la medicación porque la farmacia no puede reponer su stock porque la droguería le cortó la cuenta por falta de pago”, demandó Germán Daniele.

Aunque la deuda disminuyó $11.697 millones, el monto a saldar aún persiste, sobre todo para quienes son “PAMI dependientes”.

Devolviendo favores: los beneficios estatales de Milei para blindar por décadas a su amigo Eduardo Elsztain

Augusto Grinner 10 de marzo de 2026

El búnker del Libertador y el financiamiento

La relación entre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.

Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.

La construcción del candidato

Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.

Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.

Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.

Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”

La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.

Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.

A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.

Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.

El botín minero y el escudo del RIGI

Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura” considerado una rareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.

Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.

La Argentina S.A.

La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.

El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegio estatal que redefine los cimientos de la economía nacional.

*Por Augusto Grinner

Chubut aprobó la Ficha Limpia pesquera y reclamó la baja de retenciones

Redacción 3 de marzo de 2026

Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.

Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.

En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.

Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.

Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.

Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.

LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%

En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.

En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.

También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.

Apoyados por la policía, bolivianos usurparon 2.500 hectáreas argentinas para hacer contrabando

Augusto Grinner 3 de marzo de 2026

La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.

El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores

En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.

La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.

Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.

Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero

El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río “a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.

La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.

Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte

La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.

Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.

Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.

La respuesta del Estado Argentino

Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.

Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal. El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.

Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.

HUMOR por Argüelles

TWEET DEL DÍA

Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
— Ceferino Reato (@ceferinoreato) February 23, 2026

Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado

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