Antes de dejar la gobernación, Capitanich incorporó a más de 17 mil empleados al Estado
Jorge "Coqui" Capitanich está armando una bomba de tiempo antes de su partida tras la derrota electoral que sufrió en manos de Leandro Zdero.
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Luego de los comicios donde el gobernador kirchnerista Jorge Capitanich se quedó sin reelección, el escenario político cambió ampliamente. El mandatario provincial que abandonará la gobernación en poco más de un mes, dio inicio al “operativo retirada” con el que logró este miércoles que la Cámara de Diputados local aprobara la incorporación de más de 17.500 empleados a Planta Permanente del Estado, muchos de ellos, séquitos, militantes y/o familiares de funcionarios.
Ante su inminente derrota, prevista por el escandalo que lo dejó en el centro de la polémica relacionado con el Clan Sena y el asesinato de Cecilia Strzyzowski, Capitanich anunció con dos decretos el pase a Planta Permanente de empleados públicos que han ocupado cargos transitorios, precarizados o por contrato durante su gestión.
La defensa del Jorge Capitanich: “Hablar de esos números es falso…”
Uno de estos polémicos pases es el de Liliana Spoljaric, empleada de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (SAMEEP), compañía estatal que no deposita los aportes jubilatorios que retiene a sus trabajadores, según denunciaron los indemnizados.
También se sumó Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP), que no abonó la deuda con el proveedor CAMMESA por una suma de $120 mil millones, pero los representantes de su directorio se hicieron del perdón de Capitanich porque son muy cercanos. Por ello, lograron hacerse de un lugar en la Planta Permanente con puestos sin vacantes.
Leandro Zdero, el nuevo gobernador electo de la provincia de Chaco
Al percatarse de estas y otras irregularidades en la distribución de empleo estatal, el ex diputado radical Marcelo Castelán y ex presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP), Carlos Guido Leúnda, presentaron dos medidas cautelares que paralizaron la medida.
Con esta solicitud, el juez Civil y Comercial N° 17 de Resistencia, Orlando Beinaravicius, dio lugar el 11 de octubre pasado a las medidas cautelares presentadas por los ciudadanos y suspendió los decretos firmados por Capitanich. “La normativa afectaría no solo el derecho a trabajar del recurrente o acceder a un lugar en la administración pública mediante concursos públicos de oposición y antecedentes, sino también su derecho a recibir un trato igualitario por parte de la Administración”, fundamentó el letrado.
Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco
Y aseveró que “si no se suspende en forma inmediata los efectos de los decretos cuestionados podría adquirir firmeza el acto administrativo atacado y comenzará a producir sus efectos en favor de los agentes que sean designados -en principio- irregularmente”.
Aunque esto no generó que Capitanich diera marcha atrás. Por el contrario, llevó su operativo retirada a la Legislatura provincial y pidió que se trate de manera inmediata antes del cambio de mando. Finalmente, este miércoles el oficialismo obtuvo quórum y logró imponer el plan del gobernador. De esta manera, quedó oficializado el pase de 17.500 empleados al Estado.
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aceptó la renuncia de Diego Andrés Hoffmann al cargo de coordinador de la Unidad Médica Presidencial, el equipo que atiende la salud del jefe de Estado. La decisión quedó plasmada en la Resolución 505/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Rige desde el 1° de octubre. La norma no explicó los motivos de la salida ni designó un reemplazante.
—La Resolución 505/2026, con la firma de Karina Milei, data del 3 de noviembre y recién se publicó dos días después; Hoffmann había sido designado por el Decreto 389 del 7 de mayo de 2024
La firma de la hermana del Presidente respondió al organigrama, ya que la Unidad depende de la Secretaría General. Según los considerandos, Hoffmann presentó su dimisión mediante una nota administrativa. Las áreas competentes no formularon objeciones. Los informes del expediente indicaron que no registra deudas ni cargos pendientes de rendición patrimonial, y la Subsecretaría Legal informó que no está vinculado a sumarios en trámite. También se ordenó a la Dirección General de Administración el pago de su liquidación final.
— Diego Hoffmann
Cerca del Gobierno aclararon que la salida no alcanzó a la conducción del área: “renunció un coordinador que depende del jefe (Martelletti). Lo sabíamos hace unos días“, deslizó una fuente oficial a Infobae. El titular de la Unidad desde agosto de 2025, Cristian Luis Martelletti, sigue en funciones y, en este momento, acompaña a Milei en España. En el oficialismo definieron el puesto vacante como de menor jerarquía y señalaron que podría ocuparlo alguien del equipo de Martelletti.
Según la versión oficial, hace algunas semanas, en su visita anterior a Madrid, Milei sufrió un “accidente doméstico” al salir de la bañadera y el golpe le dejó un hematoma en el cuello que debió cubrir con un vendaje.
Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, Hoffmann integró la Unidad desde 2016, cuando la gestión de Mauricio Macri lo designó médico asistente, y continuó en el equipo durante la presidencia de Alberto Fernández. Cubrió además guardias de Cardiología en el Hospital Fernández y acumuló más de una década en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Con Milei en el poder, el Decreto 389/2024 lo designó coordinador desde el 8 de marzo de ese año.
La vicepresidente Victoria Villarruel firmó el pasado viernes el decreto presidencial del Senado 0630/2026, que creó un Programa de Alivio Financiero para los empleados endeudados de la Cámara alta. Podrán pedir un adelanto de haberes a tasa cero, de hasta tres sueldos netos de octubre, para cancelar por completo lo que deben.
En los fundamentos de la norma, Villarruel escribió que la situación económica del país llevó a las familias a usar más el crédito para pagar gastos corrientes y aumentó sus obligaciones mensuales. Para respaldarse citó al Banco Central. A diciembre de 2025, 20,3 millones de personas, el 54,7% de los adultos, tenían algún tipo de financiamiento, y el saldo promedio por deudor llegó a su máximo desde enero de 2020. En junio de 2026, el 12,8% de los créditos a familias tenía pagos atrasados. En las fintechs, las emisoras de tarjetas y otros prestamistas no bancarios, la cifra fue del 26,9% en febrero.
Diputados depende de Menem y lo votan ellos. Los senadores se votan ellos sus aumentos. No soy senadora y no intervengo en sus dietas. En lo que sí intervengo ahorramos 30.000 millones de pesos. Un saludo.
El anuncio cayó mal en X y Villarruel contestó sin anestesia: “Cuesta entender lo que leen”. A quien le pidió frenar los aumentos de los legisladores le recordó que Diputados depende de Martín Menem y que los senadores votan sus propias dietas. “No soy senadora y no intervengo en sus dietas”, aclaró. Según afirmó, en lo que sí controla ahorró 30.000 millones de pesos.
Viven en Narnia. No tienen idea evidentemente de lo difícil que se hace alquilar, trasladarte a tu trabajo y comer o mantener un hijo con un sueldo promedio de 1 millón o 2 en el mejor de los casos. Salgan del tupper.
Un docente de Entre Ríos que dijo cobrar $700.000 reclamó el alivio para sí mismo. “¿Te pensás que el Senado está en otra galaxia?”, le devolvió la vicepresidente, que aseguró que algunos empleados de la Cámara ganan cifras parecidas. “Viven en Narnia”, les disparó a otros usuarios, a quienes acusó de ignorar lo que cuesta alquilar, viajar al trabajo, comer o criar un hijo con uno o dos millones de sueldo. “Salgan del tupper”, remató.
El texto es claro para que interpretes cualquier cosa. Se ahorraron 30.000 millones de pesos y damos un alivio que será devuelto con sus propios haberes. Lo que sea de mi destino no es tu preocupación, pero si es mi preocupación que los trabajadores que del Senado dependen tengan…
“¿El empleado endeudado de mantenimiento qué casta es?”, preguntó ante quienes le reprocharon sumar privilegios. También defendió al personal de limpieza, a los choferes y a los custodios del Congreso frente a los que los llamaron ñoquis. A un usuario que calificó de ilegal la medida le contestó que “ilegal es otra cosa” y que quien trabaja en el Estado también es profesional, padre o madre de familia, inquilino y estudiante. Y redobló: “No todos llegan fifándose a alguien o siendo pariente de”.
Sostuvo además que el programa alcanza a casos puntuales y a salarios medios y bajos. Según afirmó, la reducción de 1.200 empleados también generó ahorro. A un usuario que cuestionó los ataques contra los empleados públicos le dijo que las entidades de bien público siguen siendo necesarias. “El odio que leo en ciertos mensajes habla mal de lo que dicen defender”, escribió.
Podrán acceder los trabajadores de planta permanente y temporaria. El adelanto servirá para saldar deudas con los sindicatos Asociación del Personal Legislativo (APL), Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), y con bancos públicos y privados o entidades habilitadas por el BCRA. También cubre deudas con billeteras virtuales y plataformas de pago que prestan dinero (Proveedores de Servicios de Pago, PSP) y con fintechs y emisoras de tarjetas (Proveedores No Financieros de Crédito, PNFC/OPNFC). Quedan afuera los créditos prendarios, que tienen un vehículo como garantía, y los hipotecarios.
La inscripción cierra el 20 de noviembre. Para anotarse hay que presentar una constancia del acreedor con el capital, los intereses, la tasa, los plazos, el estado de la deuda y el monto necesario para cancelarla. Los beneficiarios devolverán solo lo que recibieron, sin intereses ni costos financieros, en hasta nueve meses. Según Villarruel, el programa se pagará con el ahorro y los recuperos de la administración del Senado.
Con una carta dirigida al Presidente y una tesis incómoda para cualquier gobierno, el legislador Eugenio Casielles volvió a poner en el aire este domingo Proyecto C. El regreso del ciclo giró alrededor de un fenómeno que atraviesa a casi todas las gestiones: la obsecuencia que rodea a los líderes una vez que llegan al poder y la pérdida de criterio que suele venir con ella.
El estreno llevó por título “El rey está desnudo”, una referencia directa al viejo cuento del emperador al que nadie se animaba a decirle la verdad. La elección no fue casual y marcó el tono de una emisión que, con distintos invitados, volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: qué le pasa a quien manda cuando a su alrededor solo quedan voces que asienten.
En la sección Carta al presidente, Casielles le habló de frente a Javier Milei y condensó su planteo en una sola frase: “El problema no es equivocarse: es obligar a todos a aplaudir”. La crítica, sin embargo, no se quedó en la Casa Rosada. El legislador repartió responsabilidades y alcanzó también al kirchnerismo, al que le atribuyó su cuota de culpa en el “fanatismo” que domina la escena política.
¿Qué pasa cuando nadie se anima a decirle al poder lo que no quiere escuchar? En el tercer capítulo de PROYECTO C, “El rey está desnudo”, ponemos el foco en la obsecuencia: los que aplauden todo, los que callan para conservar su lugar y los que confunden lealtad con obediencia.
Para darle sustento al debate, el programa sumó la mirada de Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, quien analizó cómo el poder transforma a las personas que lo ejercen y de qué manera la adulación termina por erosionar cualquier forma de liderazgo.
Más tarde, la Mesa Picante reunió a Natalia Volosin, doctora en Derecho y periodista, y a Tatiana Scorciapino, periodista de C5N. En ese tramo, la conversación giró hacia la figura de Karina Milei y su influencia en las decisiones del Gobierno. Casielles fue tajante al describir el destino de quienes se animaron a desafiar a la hermana del Presidente, y no se excluyó de la lista: “Los que fueron contra ella perdieron todos, incluyéndome”.
El celular que quedó cargando anoche en la mesa de luz, las zapatillas que se pagaron en seis cuotas, el café del desayuno, la banana de la vianda del chico, la tele que llegó justo para el Mundial, las lucecitas que en unas semanas van a colgar del arbolito y un largo etcétera. Casi todo lo que un argentino tiene entre manos hizo escala en la Aduana. Cada uno de esos productos aguardó su turno en algún puerto, aeropuerto o paso de frontera hasta que un agente le dio el visto bueno.
Es un trabajo crítico, y durante décadas se pagó como tal. Los aduaneros estuvieron siempre un escalón por encima del resto de los estatales, con sueldos que eran motivo de orgullo y una caja complementaria propia que les permite a sus jubilados acercarse al 82% móvil. Hoy son unos más del montón, y aquella caja, que funcionaba como bandera del sector, tampoco es lo que era.
En términos reales, cobran la mitad que a fines de 2023. Aun así, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), que conduce Daniel Mallotti, encontró motivos para descorchar, como si la crisis salarial ocurriera en otro país. El 5 de junio reunió a entre 600 y 700 personas en el Salón Fresno de Parque Norte para celebrar el Día del Aduanero, con catering de lujo, champagne francés marca Pommery en las mesas principales y el recital de la banda Volcán como frutilla del postre.
La postal admite una comparación incómoda. A la entrega de los Martín Fierro, la gala más ostentosa de la televisión, suelen asistir entre 600 y 650 invitados. El gremio aduanero, en plena malaria salarial, montó una noche de la misma escala, a la altura de las que suele darse el círculo rojo.
Para el afiliado, la entrada fue casi simbólica: $15.000 por persona, un monto que difícilmente cubra una noche con catering, burbujas importadas y banda en vivo. El resto sale de algún lado, y la caja del sindicato se alimenta de lo que descuenta todos los meses del recibo de cada afiliado: 1,5% de cuota social y otro 1,5% para “fines sociales”. Por la vía del descuento, la fiesta la termina pagando el propio empleado.
Este medio accedió a algunos recibos de sueldo de agentes aduaneros de distintas categorías, con dos liquidaciones de cada uno. Para medir el deterioro alcanza con mirar un solo renglón, el básico de convenio, que es el sueldo base de cada categoría y sobre el que se calculan todos los demás adicionales. En el escalafón aduanero, cuanto más bajo es el número, más alto es el cargo.
— La multitudinaria fiesta en Parque Norte
Contra qué medirlos está claro. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la inflación acumulada fue del 221,6%, según el INDEC. Dicho en criollo, lo que costaba $100 al principio del período hoy cuesta $322. Cualquier sueldo que no se haya más que triplicado quedó atrás.
El primer recibo es de un jefe de categoría 2, de las más altas del escalafón. En diciembre de 2023 su básico era de $185.000; en abril de 2026, de $310.000. La suba fue del 67%, menos de un tercio de lo que treparon los precios. Para conservar su poder de compra debería cobrar hoy cerca de $600.000. Perdió el 48% de su salario real.
Un escalón más abajo, en la categoría 6, la película se repite al milímetro. El básico pasó de $131.000 a $219.000, otra vez un 67% de aumento, cuando para empatarle a la inflación hacía falta llegar a $422.000. La pérdida vuelve a ser del 48%. Que dos categorías distintas hayan recibido exactamente el mismo porcentaje deja en claro que los aumentos llegaron por planilla, parejos para todos.
— El enigmático spot publicitario de la próxima fiesta de SUPARA
El tercer caso es el más engañoso. Pertenece a un agente que en diciembre de 2023 recién arrancaba, en su primer año y en la categoría de ingreso, con un básico de $53.000. Hoy, ya en la categoría 16, cobra $137.000. A simple vista es un salto del 157% que casi le triplica el sueldo. Sin embargo, ni crecer en la carrera le alcanzó para correr a la par de los precios: necesitaría $171.000 para comprar lo mismo que el día que entró. Quedó un 20% abajo.
Medido en lo que se puede comprar, ninguno de los tres cobra hoy lo que cobraba a fines de 2023.
Ese deterioro avanzó sin que el gremio levantara demasiado la voz. Mallotti heredó la conducción tras la muerte de Carlos Sueiro, que manejó el SUPARA durante cuatro décadas, y la revalidó en las elecciones de agosto de 2025 con el 55% de los votos. En público habla de contrabando, de modernización y de una “Aduana fuerte”. Del sueldo de sus representados, poco y nada. Entre los trabajadores circula una lectura más amarga: el técnico de carrera va camino a cobrar algo parecido a un plan social por ir a trabajar.
La invitación de junio cerraba con el lema “En la unidad está la respuesta”. Para los afiliados que todavía esperan una sobre sus sueldos, el sindicato ya tiene la próxima convocatoria: la fiesta de fin de año, anunciada para el 4 de diciembre.
Un grupo de suboficiales del Ejército Argentino presentó una carta dirigida al presidente Javier Milei, recibida en la Casa Rosada el pasado 9 de octubre para reclamar representación en la conducción de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), antes el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
“Nunca nos contestó, nosotros insistimos e hicimos dos notas más, o sea, le mandamos tres notas, nunca nos contestó”, destacó el suboficial mayor Ramón Oscar Corradini ante la falta de respuesta del Estado, advirtiendo que recurrirán a la Justicia.
Los militares sostienen que constituyen una parte mayoritaria de los afiliados y que, pese a contribuir económicamente al funcionamiento de la institución, no cuentan con representación propia en su directorio.
La normativa actual reserva lugares por fuerza y para el personal civil, pero no garantiza una representación específica de los suboficiales, aunque tampoco les prohíbe integrar el directorio.
De acuerdo a lo trascendido, la carta solicita una audiencia con Milei para plantear la incorporación de suboficiales a la conducción y al control de gestión de la obra social. La misma está firmada por los suboficiales mayores Hugo O. Cattoni (magíster en psicogerontología) y Héctor V. Martínez (abogado y suboficial mayor retirado), que se presentan en nombre de un equipo con profesionales, veteranos de Malvinas y familiares.
El reclamo de los suboficiales busca garantizar su participación en la conducción del traspaso económico a la nueva obra social, supervisar el destino de los recursos y presentar propuestas para mejorar las prestaciones médicas destinadas a las familias militares.
Dentro de las Fuerzas Armadas existen dos categorías principales de personal militar, los oficiales y los suboficiales, con funciones y escalas jerárquicas diferentes. Los primeros integran la estructura de mando y ocupan grados como teniente, capitán, mayor, coronel o general, según la fuerza.
Por su parte, los suboficiales desempeñan tareas operativas, técnicas, logísticas y administrativas, además de asumir responsabilidades en la supervisión del personal. Pese a que ambos sectores cumplen funciones esenciales para el funcionamiento de las instituciones militares, sus carreras profesionales y niveles de responsabilidad se organizan distintamente.
La iniciativa no se limita a exigir un lugar en el directorio, sino que también cuestiona el sistema de representación. Aunque los cargos se distribuyen entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la normativa no garantiza una representación específica para los suboficiales, quienes consideran necesario tener voz propia en las decisiones que afectan su cobertura de salud.
— En octubre de 2026, el Gobierno nacional disolvió el IOSFA y puso en marcha su liquidación oficial debido a una crisis financiera y una deuda acumulada de más de $210.000 millones
“No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación y la posibilidad de aportar nuestra experiencia al servicio de una institución que también sentimos propia”, expresaron los suboficiales.
El 68% de los afiliados
Corradini, en diálogo con el medio Realpolitik, sostuvo que los suboficiales constituyen entre el 65% y el 68% del padrón y utiliza esa proporción como argumento para reclamar lugares propios en el directorio, enumeran las notas presentadas en 2024 y 2025, durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Carlos Presti, que entonces conducía el Ejército, lo sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025.
“Somos el 68% del padrón, no puede ser que no tengamos un par de suboficiales dentro del directorio para que controlen nuestras cosas”, afirmó Corradini vía WhatsApp.
— El teniente general Carlos Alberto Presti, actual Ministro de Defensa de la Nación Argentina
Ese porcentaje debe tratarse como una afirmación de los reclamantes, no como una estadística oficial corroborada, ya que se requiere verificación mediante los registros de afiliación y precisar qué se está contando, como los titulares o todos los beneficiarios, personal activo o también retirados y el padrón del antiguo IOSFA o de la nueva OSFA. La distinción es relevante porque la reforma separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a Gendarmería y Prefectura.
“Los oficiales, por más amigos que alguno tenga, ellos no quieren que nosotros estemos en esto, porque como hay mucho dinero, nosotros no podemos estar según ellos”, expresó Corradini, al cuestionar la presunta resistencia de sectores de la oficialidad a incorporar suboficiales en la conducción de la obra social.
Pese a estos cuestionamientos, la presentación mantiene un tono institucional y reclama una mayor participación de los suboficiales en las decisiones administrativas. “Hemos realizado nuestros aportes y sostenido económicamente nuestra obra social, con la legítima expectativa de participar en las decisiones que hacen a su presente y a su futuro”, señalaron los firmantes.
— La transición de IOSFA a OSFA no puede llevar más de 365 días
El artículo 11 del Anexo I del DNU 88/2026 establece que OSFA sea administrada por un directorio de cinco integrantes titulares, cada uno con un suplente de los cuales dos son propuestos por el Ejército, uno por la Armada, otro por la Fuerza Aérea y el restante representa al personal civil. Todos son designados y pueden ser removidos por el ministro de Defensa.
Sin embargo, la normativa no garantiza un lugar específico para los suboficiales, aunque tampoco les impide formar parte de la conducción, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
“Si el señor presidente no nos contesta, ya directamente estamos muy asesorados con este tema, vamos a ir a la Justicia, porque tenemos derechos, camaradas”, indicó Corradini.
En marzo, el Gobierno anunció una primera conformación integrada por los generales de brigada retirados Sergio Maldonado y Omar Horacio Domínguez, el capitán de navío Gustavo Rubén Rivas y el comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. Posteriormente, en mayo, el ministro Presti designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente del organismo, tras la renuncia de Maldonado. De esta manera, los representantes militares designados inicialmente pertenecían al cuerpo de oficiales, sin participación de suboficiales.
La crisis que agrava el reclamo
La disputa sobre representación ocurre sobre una crisis financiera documentada, no solamente sobre diferencias internas. Un acta del directorio de IOSFA correspondiente a enero de 2025 consignó una deuda acumulada de $113.000 millones al cierre de 2024 y registró explicaciones sobre disponibilidades y dificultades administrativas para su utilización.
Ese mismo documento mencionó $45.000 millones en una cuenta bancaria al cierre de 2024, por lo que no corresponde utilizar la cifra de deuda, aislada, como si describiera por sí sola toda la situación patrimonial o equivaliera automáticamente al déficit neto.
— El General de Brigada Pablo Guillermo Plaza, actual presidente de OSFA
En octubre de 2026, el Gobierno anunció un proceso de cancelación de una deuda superior a $200.000 millones, junto con pagos de reintegros y negociaciones para reconstruir la red de prestadores. El 1 de octubre, Defensa anunció que OSFA asumía plenamente la atención del personal militar y sus familias, y que comenzaba una recuperación progresiva de las prestaciones mediante pagos y nuevos acuerdos con prestadores. También informó un primer lote de más de 10.000 reintegros por más de $5.000 millones.
El compromiso se produjo después de que Gonzalo Secchi reemplazara a Ariel Guzmán al frente de la administración del IOSFA. El escrito que Guzmán entregó a su sucesor advertía sobre transferencias de recursos incompletas, dificultades financieras y problemas para garantizar la continuidad de las prestaciones médicas. El informe también señalaba que Pablo Plaza, presidente de OSFA, había solicitado extender el convenio de atención con IOSFA debido a que la nueva obra social todavía no contaba con contratos vigentes debidamente aprobados para asegurar la cobertura de sus afiliados.
Otro elemento del conflicto es la infraestructura que pasa —o no— a la nueva entidad. La investigación citada informa comunicación oficial del 14 de octubre que ordenaba iniciar el cierre de 31 farmacias propias y tramitar la baja de sus habilitaciones, con el argumento de que OSFA no había solicitado su transferencia.
Un eventual planteo de fondo podría discutir si el diseño vigente satisface los derechos de participación y las garantías de igualdad que invoquen los interesados. El artículo 14 bis de la Constitución contempla la administración del seguro social por los interesados con participación estatal, siendo que el régimen de OSFA exige prestaciones no inferiores al Programa Médico Obligatorio y acceso igualitario a su programa asistencial.
Cerca de 80 intendentes de la provincia de Córdoba se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para exigir soluciones a la falta de pagos del PAMI, que mantiene una deuda acumulada desde hace más de 13 meses por prestaciones médicas.
“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, sostuvo el intendente de la localidad de Idiazábal, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia.
Los mandatarios locales denuncian que la reciente reducción del Plan Remediar, que limitó la oferta de 128 a solo 6 medicamentos, impacta gravemente la atención primaria de la salud, obligando a los municipios a cubrir estos servicios con recursos propios.
Respecto del transporte, los intendentes exigen una distribución más equitativa de los subsidios nacionales, proponiendo que, si el Gobierno Nacional elimina el impuesto al combustible, ellos reducirán un 35% el valor del boleto de transporte público.
— A la derecha, el intendente municipal de Idiazábal, localidad ubicada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia
La Comisión de Asuntos Municipales presidida por Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, reunió a intendentes y representantes de distintos municipios del país para analizar el funcionamiento del Programa Remediar, la situación del transporte público y la implementación de un régimen federal de áreas metropolitanas.
Durante el encuentro participaron los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; y Rosario Romero, de Paraná, junto con otras autoridades municipales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Según informó la Municipalidad de Córdoba, la jornada contó con la participación presencial y virtual de más de 80 representantes de ciudades pertenecientes a siete provincias argentinas.
Para entender mejor la cuestión, el Programa Remediar nació en 2002, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, para facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de centros de atención primaria. Su funcionamiento se apoyaba en una compra nacional centralizada y en la distribución de botiquines a establecimientos públicos del primer nivel de atención. Ese primer nivel es el de las salitas y centros de salud donde se atienden problemas frecuentes, se realizan controles y se sostienen tratamientos sin recurrir inicialmente a un hospital de mayor complejidad.
— La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Carolina Basualdo
El programa no consistía en entregar dinero al paciente para comprar cualquier producto en una farmacia, sino que su instrumento principal era proveer medicamentos al sistema público. Como referencia histórica, el informe oficial de gestión de 2021 registraba más de treinta millones de tratamientos distribuidos a 8.109 centros e instituciones.
La modificación relevante es la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario IvánLugones el 14 de octubre y publicada el 15 de octubre de 2026. La norma derogó la Resolución 3424/2021 y aprobó un nuevo listado orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. También estableció que ese listado funciona como referencia para compras centralizadas, planificación logística y provisión a establecimientos públicos de atención primaria.
Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas en el Programa Remediar, particularmente la sustitución del listado amplio de medicamentos por otro concentrado en seis principios activos destinados a tratamientos de salud vascular. Sin embargo, la modificación normativa no permite determinar por sí sola el alcance del recorte presupuestario ni establecer cuántos tratamientos dejaron efectivamente de distribuirse en los centros de atención primaria.
— Mario Lugones, médico cardiólogo y actual Ministro de Salud de la Nación Argentina
En relación con el PAMI, los jefes comunales denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas realizadas por establecimientos municipales que mantienen convenios con el organismo. El reclamo apunta a la cancelación de deudas por servicios que, según sostienen, ya fueron brindados a los afiliados, y no exclusivamente a la asignación de nuevos subsidios o recursos extraordinarios.
“Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”, expresó Pablo Vassia sobre los intendentes que no han abandonado a los adultos mayores. En ese contexto, Passerini aseguró que estaría dispuesto a reducir un 35% el precio del boleto del transporte público urbano si el Gobierno nacional eliminara el Impuesto a los Combustibles.
Respecto del transporte público, las autoridades municipales cuestionaron la eliminación de las compensaciones generales destinadas a las empresas del interior del país, mientras continúan vigentes distintos mecanismos de asistencia nacional para servicios bajo jurisdicción federal, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, corresponde diferenciar los subsidios directos a las empresas, los descuentos sociales financiados mediante el sistema SUBE y las obligaciones económicas que asumen las distintas jurisdicciones, dado que responden a esquemas de financiamiento diferentes.
¿Qué cambió en octubre?
El listado de medicamentos contempla seis principios activos destinados principalmente a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se encuentra el ácido acetilsalicílico, utilizado para prevenir determinados eventos cardiovasculares en pacientes con indicación médica, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina se emplean para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.
Por su parte, el candesartán y el ramipril están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y determinadas enfermedades cardiovasculares. A estos se suma la hidroclorotiazida, un medicamento diurético que contribuye al control de la presión arterial mediante la eliminación de sodio y agua del organismo.
De esta manera, los seis principios activos se concentran en la atención de afecciones cardiovasculares, aunque presentan diferentes aplicaciones terapéuticas. La controversia planteada por los intendentes gira en torno a la reducción de la variedad de medicamentos contemplados en el Programa Remediar y sus posibles consecuencias sobre el acceso gratuito a tratamientos para otras enfermedades en los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, quedaron únicamente medicamentos para la hipertensión. La orientación es vascular y cardiovascular, e incluye tratamientos para el colesterol y prevención de ciertos eventos, además del control de la presión arterial.
El listado anterior contemplaba 128 medicamentos, de acuerdo a las fuentes institucionales. El nuevo concentraría la referencia nacional en seis principios activos. Es una reducción muy pronunciada del alcance terapéutico. La Municipalidad de Córdoba expresa esa contracción como una caída del 95.3% en la variedad contemplada. La resolución no dispondría expresamente la eliminación de Remediar. Lo que hace es derogar el listado anterior y sustituirlo por otro mucho más acotado, preservando además una referencia a otros listados nacionales vigentes, ofreciendo una justificación sanitaria y una justificación sobre la distribución de responsabilidades.
En lo sanitario, el Ministerio sostiene que las enfermedades vasculares representan una carga muy elevada de mortalidad, discapacidad e internaciones, y que corresponde fortalecer la detección y el tratamiento de sus factores de riesgo. Por eso vincula la nueva nómina con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y con criterios de eficacia, seguridad y relación entre costos y resultados.
En lo institucional, plantea que la política nacional de medicamentos tiene un papel estratégico y complementario, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservan responsabilidades primarias en la prestación de servicios y provisión de medicamentos para otras condiciones. El desacuerdo no consiste necesariamente en negar la importancia de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, sino es si resulta adecuado fortalecer esa prioridad sustituyendo un listado amplio, y cómo se garantiza la continuidad de los demás tratamientos.
Lo que preocupa a los municipios
Entre los medicamentos que son excluidos del nuevo listado están metformina, levotiroxina, amoxicilina y salbutamol, utilizados para condiciones distintas de las contempladas por la nueva nómina vascular. La Municipalidad de Córdoba señala que la modificación desplaza hacia provincias y municipios la necesidad de abastecer tratamientos para diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia e infecciones, entre otros.
El problema presupuestario entiende que el centro de salud podría seguir recibiendo al paciente, pero ya no recibe determinados medicamentos desde la Nación, y alguien debe reemplazar esa provisión. Las alternativas son comprar con fondos locales, obtenerlos mediante otro programa o dejar una necesidad sin resolver; cuál de ellas ocurre debe comprobarse en cada localidad.
En Córdoba capital, el municipio informó dos indicadores relevantes. La participación de Remediar en su provisión gratuita de medicamentos pasó del 65.3% al 25.7% entre 2025 y 2026, y la demanda de su sistema público aumentó un 29% desde 2024. “El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, afirmó Pablo Vassia.
Conforme a sus declaraciones, presentaron un reclamo formal y recibieron una promesa de comenzar a regularizar los pagos desde junio y, al momento que se escribe esta información, no habían recibido las transferencias comprometidas. Los intendentes afirman que continuaron atendiendo a los afiliados con recursos municipales. En la documentación pública no aparece una liquidación consolidada que permita establecer cuánto se adeuda a los municipios cordobeses, a cuáles y por qué períodos, ni una respuesta específica del PAMI que permita contrastar cada punto del reclamo.
El Sindicato Único del Personal Aduanero, que conduce Daniel Mallotti, ya anunció otra celebración para diciembre y casi no habla de salarios. Desde fines de 2023, los básicos subieron 67% y los precios, 221%.
Camioneros exige un 15% extra para los choferes que trasladan ganado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el más grande del país, o un segundo empleado en cada camión. “Si no aceptamos nos van a obligar. La personalidad de Moyano la conocemos todos”, se quejaron los transportistas, que anticiparon fletes hasta un 20% más caros.
Su gobierno habría pagado de más por caños que vendía una empresa representada por su primo y que, según un informe técnico, sirven para cloacas y pueden ser tóxicos.
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