Alberto Fernández | “A veces no tengo en cuenta que soy el presidente”
Tras el escándalo por el OlivosGate, el mandatario brindó nuevas declaraciones. "El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto", señaló.
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Tras el escándalo por los festejos de cumpleaños en la Quinta de Olivos, el presidente, Alberto Fernández, aseguró hoy lunes en La Matanza que “nunca” va a tener que “pedir disculpas por haberme arrodillado ante el FMI y haber endeudado a los argentinos, ni por haber cerrado los ministerios de Educación, Salud y Trabajo, ni por haber creado una mesa judicial que persigue y hostiga a los opositores”.
“En la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida que no se debía haber organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas yo dije que esto no debió pasar y pedí disculpas. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa”, agregó el jefe de Estado.
Continuó diciendo que “algunos leyeron miserablemente mis sinceras palabras de arrepentimiento y dijeron que le eché la culpa a mi compañera (en referencia a Fabiola Yáñez). El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto”.
“Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran”, subrayó.
En su discurso, remarcó que “Yo debí disculparme por una cena que no debió hacerse hecho y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo”.
“Fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero nunca ustedes me van a escuchar tener que pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo”, remató.
Al finalizar su discurso, el Presidente señaló: “Voy a utilizar hasta el último día de mi mandato para que todos nos pongamos de pie y todo recuperemos el trabajo que teníamos. Voy a trabajar hasta el último día para que vivamos la vida que queremos, la vida que nos merecemos”, concluyó.
Las declaraciones políticas del presidente fueron dadas en contexto de la inauguración del Centro Universitario de la Innovación (Cudi) en la localidad de González Catán.
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La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.
Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.
Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.
El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, GermánGaravano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.
La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.
La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.
Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanosJuan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.
En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.
Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana EsterLlanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.
Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.
“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.
En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.
Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.
“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.
Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.
El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.
El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.
En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.
EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)….
El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.
En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.
Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.
LA DENUNCIA DE JUEZ
“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.
Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.
En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
