Una encuesta registró un amplio rechazo a la nominación de Ariel Lijo
El 80% de las personas informadas sobre la candidatura de Lijo para la Corte rechaza su nominación, según una consultora. El magistrado enfrenta cuestionamientos en el Senado mientras su aprobación se limita principalmente a los simpatizantes del oficialismo.
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Un relevamiento de Synopsis expuso que la nominación del juez federal ArielLijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuesta por el presidente Javier Milei, generó rechazo significativo. Las encuestas realizadas por la consultora (realizada entre el 8 y el 14 de agosto) reflejan que la mayoría de los encuestados desaprueba la candidatura de Lijo, reflejando desconfianza hacia su figura en un contexto de tensión política y judicial.
Los datos revelados indican que, entre las personas informadas sobre el tema, un 80,4% rechaza la postulación de Lijo para el máximo tribunal del país, mientras que solo un 19,6% la aprueba. Este nivel de desaprobación es particularmente notable en comparación con una encuesta previa —realizada en abril— donde el rechazo alcanzaba el 75% entre quienes conocían la propuesta.
Desde la consultora afirman que este dato sugiere que la controversia en torno a Lijo aumentó a medida que más personas se enteran de su nominación.
Entre la totalidad de los encuestados (considerando tanto a aquellos que están informados como a los que no) el rechazo se sitúa en un 50,4%, mientras que un 37,3% de los consultados admitió no estar al tanto de la situación o no conocer al magistrado.
La encuesta también examinó cómo varía la opinión sobre Lijo según la preferencia política de los encuestados, especialmente entre quienes votaron en las elecciones de 2023. Los votantes de Javier Milei, por ejemplo, son los más inclinados a apoyar la nominación, con un 48,9% a favor. En contraste, solo el 13,9% de los votantes de Patricia Bullrich aprueba a Lijo, mientras que el rechazo entre los seguidores de Sergio Massa es casi unánime, alcanzando un 98,2%.
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La Cámara de Diputados sancionó este martes 1 de octubre la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones para cargos nacionales, una iniciativa que implica un importante cambio en el sistema electoral y que se verá desde los comicios legislativos de 2025.
El proyecto, que impulsaron en conjunto La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica (CC), cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones. Unión por la Patria, por su parte, se inclinó por el rechazo, tal como había anunciado. El Frente de Izquierda se abstuvo.
¿DE QUÉ SE TRATA LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL?
La iniciativa propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten.
Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío. El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo. En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica. Por otro lado, no habrá un casillero específico para el voto en blanco. Y si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción “No presenta candidato”.
La BUP tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa). En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.
Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.
LOS PUNTOS A FAVR DE LA BUP, SEGÚN CIPPEC
Si bien hubo mayoría de votos a favor, hay diversas posturas respecto de los puntos a favor y en contra de esta medida. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) celebraron la decisión y destacaron los beneficios de una propuesta por la que vienen empujando para su implementación.
SEGÚN CIPPEC, LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA BUP SON:
La distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado. Esto garantiza el acceso a una oferta electoral completa en todo el territorio mientras se desarrolla la jornada electoral.
Asegura equidad. Cada boleta contiene la oferta electoral completa y es diseñada por la autoridad electoral, que aplica los mismos criterios de diseño y presentación para todas las listas por igual.
Brinda una mejor experiencia al electorado. En Santa Fe (2015), el 94,5% de los y las votantes aseguró que el uso de boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria y el 92,3% calificó el sistema como “muy bueno o bueno”.
“Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto genera desventajas para algunos partidos con dificultades para custodiar y asegurar la disponibilidad de boletas en todas las mesas”, destacaron desde la institución.
“Además, la boleta partidaria puede resultar compleja para quienes emiten un voto cruzado (apoyar diferentes partidos para distintos cargos en juego). En la mayoría de las democracias del mundo se utiliza la boleta única de papel (BUP) en la que se presentan las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado“, agregaron.
Por eso, consideraron que la BUP “equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes. A diferencia de la boleta partidaria, la boleta única permite que quienes votan tengan todas las opciones en un único papel y puedan elegir la que prefieren marcándola. Esto evita la complejidad y los errores potenciales que surgen con el corte de boleta partidaria”.
En Córdoba, Santa Fe y Mendoza implementan esta forma de votar, con una evaluación positiva de los y las electores/as: en Santa Fe (2015), el 94,51% aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria“.
En las últimas horas, Patricio SalvadorZain, hijo del analista político JorgeAsís, ha vuelto a ser el centro de la atención pública, esta vez por un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, Zain expresa de manera violenta su postura sobre los recientes enfrentamientos entre libertarios y militantes kirchneristas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde referentes de La Libertad Avanza intentaron realizar una actividad que terminó trasladándose a otro sitio tras escraches y agresiones.
En el video publicado en su cuenta de Instagram, Zain lanzó declaraciones incendiarias, diciendo: “Ojalá los caguen decapitando en el patio del rectorado… hijos de re mil puta, no deberían poder salir a la calle nunca más”. Además, respondió provocativamente a las amenazas recibidas por parte de seguidores libertarios: “Entre ayer y hoy recibí un montón de mensajes de liberpijis diciendo que me cuide. Estuve todo el día en la calle y todavía no vino nadie a cagarme a trompadas”.
Contexto: La visita frustrada de libertarios a la UNLP
El video se enmarca en los incidentes ocurridos en la Universidad Nacional de La Plata, donde una charla organizada por La Libertad Avanza fue suspendida y trasladada fuera de la casa de estudios debido a un escrache de militantes kirchneristas. El evento, que contaba con la presencia de figuras como el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y los diputados Agustín Romo y Santiago Santurio, generó tensiones que rápidamente se trasladaron a las calles de La Plata.
La manifestación consideró la actividad como una provocación, especialmente luego de que el presidente Javier Milei vetara la ley de Financiamiento Universitario. La suspensión del acto no evitó que los ánimos se desbordaran, llevando a enfrentamientos verbales y físicos entre militantes libertarios y manifestantes en pleno centro de la ciudad.
Reacciones de Zain y su polémico historial
No es la primera vez que Zain, astrónomo de 33 años y docente en la UNLP, protagoniza un escándalo. En marzo de 2021, fue duramente criticado tras recibir la vacuna contra el COVID-19 en medio del escándalo de las vacunas VIP, que beneficiaron a personas cercanas al poder mientras médicos y ancianos seguían esperando su turno.
En aquel entonces, Zain, becario del CONICET y profesor en una de las carreras con menos alumnos de la universidad, fue acusado de utilizar sus contactos para acceder a la vacuna de forma privilegiada, lo que generó indignación en las redes sociales. Las críticas no tardaron en lloverle, y nuevamente, su figura quedó envuelta en la polémica.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
Jujuy se convirtió en la cuarta provincia argentina en reglamentar el cobro de la atención médica a extranjeros, después de que lo hicieran este año Salta, Santa Cruz y Mendoza.
La Legislatura de Jujuy reglamentó la ley 6.116, que en 2019 había creado el Sistema de Seguro de Salud para Personas Extranjeras, pero que luego entró en un parate debido al acuerdo que Argentina y Bolivia habían firmado sobre asistencia sanitaria recíproca.
“Esta aprobación era un paso necesario para la atención sanitaria provincial. Ya había una ley que se había aprobado en 2019 y que en ese momento había generado un debate importante, con sus alcances y límites. Había quedado pendiente el hecho deponerla en práctica”, explicó el diputado Omar Gutiérrez, presidente de la Comisión de Salud en la legislatura jujeña.
“Esa misma ley establecía una base de reciprocidad, por ejemplo con Bolivia. Llegamos a varios acuerdos, pero pasado el tiempo, los mismos no se cumplieron. Eso generó una situación de desigualdad muy fuerte. Hemos visto acá el problema que genera a las provincias como Jujuy que sus ciudadanos tengan que aportar de forma indirecta, mediante el sistema solidario basado en la recaudación de impuestos públicos, para sostener la salud pública. Eso no sucede con los turistas extranjeros o residentes ocasionales”, detalló Gutiérrez.
Ahora, el gobernador Carlos Sadir tendrá la responsabilidad de definir los tiempos para poner en vigencia esta medida, que busca asegurar el financiamiento del sistema de salud sin afectar la capacidad de atención en Jujuy.
EL SISTEMA DE SALUD DE JUJUY ATENDIÓ A 70.000 CIUDADANOS EXTRANJEROS EN 20 MESES
Ministro de Salud de Jujuy informó que el Sistema de Salud público en esa provincia lleva atendidos alrededor de 70 mil ciudadanos extranjeros en los últimos 20 meses y que Bolivia país dejó de cumplir con el convenio de reciprocidad médica firmado en el 2019 .
En este sentido el titular de la cartera sanitaria recordó que la provincia “fue pionera en poner el tema en agenda”, incluso resaltó que tiene una la Ley de “cobro de seguro extranjero, salvo que haya una reciprocidad”. El funcionario indicó que “durante el Gobierno del Presidente Macri y Evo Morales en Bolivia, se logró la reciprocidad”, y señaló que “incluso desde el punto de vista legal está vigente, pero sucedió que Bolivia dejó de cumplir recientemente tras el intento de Golpe de Estado en ese país“.
El funcionario señaló que en la provincia, la atención a ciudadanos extranjera “es significativa” y detalló “estamos hablando casi de 70.000 consultas de ciudadanos boliviano, que no tienen doble nacionalidad, puntualmente durante el período 2023 y lo que va del 2024”. Entre las atenciones indicó que se incluyen, trasplantes, tratamientos oncológicos, y afirmó que “puntualmente en el hospital Jorge Uro de La Quiaca se atienden partos y cesáreas”.
https://youtu.be/wwcSH8KAo8U
Por tal demanda, el Ministro de la provincia consideró que “hay que tratar de recuperar eso y para recuperarlo hay que hacer la acción de cobro” y analizó que “Argentina no está planteando la acción de cobro y yo creo que se debería tomar una decisión unificada a nivel país”.
Por otra parte, el Ministro de Salud de la provincia indicó que otro de los temas que deberían plantearse a nivel nacional “son las acciones sanitarias conjuntas”. En este sentido explicó que la provincia lleva adelante y plan de vacunación contra las enfermedades transmisibles, por lo que consideró que en este marco las acciones deberían llevarse de manera conjunta con los países limítrofes para prevenir las enfermedades”.
Cabe recordar que en febrero de 2019 la Legislatura de Jujuy aprobó una ley que permite al sistema de salud público provincial cobrar por la atención médica brindada a extranjeros que se encuentren en la provincia de manera transitoria, es decir, turistas o personas sin residencia. La norma creó un “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”, es decir, un seguro que las personas no residentes deben pagar y que funcionará durante 30 días.
La ley prevé tres excepciones en las cuales no sería necesario que las personas extranjeras paguen por usar el sistema de salud: cuando el país de origen de la persona tenga convenio de reciprocidad en materia de salud con la Argentina, cuando el extranjero pueda acreditar residencia permanente en la provincia o el país y, finalmente, cuando se trata de una urgencia “que implique riesgo vital o secuela funcional grave para una persona”.
Este miércoles, la legislatura provincial tratará la reglamentación de un proyecto de ley que fue aprobado en el año 2019 (Ley 6116) que crea el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Personas Extranjeras”. La reglamentación nunca llegó a ser ejecutada debido a convenios de ayuda mutua en cuestiones de salud entre el gobierno argentino y su par boliviano.
Sin embargo, en los últimos años quedó en evidencia que Bolivia no cumplió con su parte del acuerdo, factor que motivó a los legisladores jujeños a impulsar esta ley, que establece un régimen que garantice la prestación del servicio público provincial a personas extranjeras no residentes que permanecen transitoriamente en la provincia, para ello se le faculta al Poder Ejecutivo la determinación de los montos a cobrar según el tipo de prestaciones que se den.
La normativa aclara que, en casos de emergencia médica, cuando la vida del paciente esté en peligro, la atención será garantizada sin que el pago sea un condicionante previo. Esto implica que los hospitales y centros de salud podrán asistir a los pacientes extranjeros en situaciones críticas sin demoras, pero se buscará, posteriormente, recuperar los costos de atención a través del propio paciente o su país de origen.
El éxito de esta medida en la vecina provincia de Salta —la asistencia a hospitales públicos por parte de extranjeros cayó un 80% y significó un ahorro de 60 millones de pesos en seis meses— es otro de los motivos considerados. Mencionada provincia norteña eliminó la gratuidad en marzo del corriente año.
Esto permitirá tener un sistema de salud más eficiente y equitativo, donde las personas que pagan sus impuestos puedan acceder a este servicio, y aquellos que no, deban pagar respectivamente por el servicio que se les brinda.
Se espera que en la legislatura se apruebe este proyecto y quede en manos del gobernador Carlos Sadir, quien decidirá en qué momento se reglamenta esta ley y cuáles serán los montos a cobrar respectivamente.
La provincia de Salta reafirmó su decisión de cobrar la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales, a pesar del pedido del consulado boliviano para revisar la medida. La cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, solicitó al gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, que se consideren nuevos convenios para establecer un arancel diferencial para los bolivianos, argumentando que reciben numerosas quejas por el reciente cobro. Sin embargo, Valenzuela indicó que la solicitud “estaba fuera de lugar” y no podía prosperar.
El cobro a extranjeros fue implementado por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificado por la Legislatura salteña. La medida busca cubrir los costos de atención médica, aplicando tarifas para tratamientos específicos y cirugías, mientras que las emergencias que comprometan la vida siguen siendo gratuitas. Valenzuela también informó que, tras la implementación de los aranceles, la cantidad de pacientes extranjeros se redujo drásticamente, pasando de 300 a solo 5 personas por semana en su hospital.
En el departamento de Orán, fronterizo con Bolivia, la medida permitió ahorrar 60 millones de pesos en el área de salud en lo que va del año. “Mientras esté vigente la medida, no tenemos otra alternativa que hacer cumplir la ley”, subrayó el responsable del hospital local, respaldando la aplicación de la Ley Provincial 8.421.
La política de cobro fue impulsada después de que varios argentinos fallecieran en Bolivia al ser rechazados por no poder cubrir los costos médicos. Esto llevó al Gobierno de Salta a revisar los convenios de reciprocidad con Bolivia. “Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, denunció el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
Los aranceles fijados en abril incluyen $100.000 por día de internación, $250.000 por terapia intensiva y $245.000 por parto. Estas cifras fueron actualizadas en un 20% en el segundo semestre del año, y se espera que la medida siga vigente a pesar de las peticiones del consulado boliviano.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.
