Río Negro | La ruptura en el Frente de Todos divide en tres a la coalición peronista
El Frente de Todos rionegrino se disputa el podio del 2023 y cuestionan a Juntos Somos Río Negro por la crisis económica que afecta a nivel nacional.
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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia.
“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.
Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
Detrás de los ataques opera una filial del Estado Islámico que ya acumuló 1.749 víctimas en 2025 y busca erradicar la presencia cristiana en la región. Amnistía Internacional denunció crímenes de guerra y de lesa humanidad, y responsabilizó al “desinterés de la política internacional” por la escalada.
El legislador del PRO reveló que el propio oficialismo le había ofrecido ese lugar, pero, a último momento, Karina Milei lo dejó en manos de su armador bonaerense. Detrás del cortocircuito asoma la pulseada de la hermana presidencial con Santiago Caputo.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
