Río Negro | La ruptura en el Frente de Todos divide en tres a la coalición peronista
El Frente de Todos rionegrino se disputa el podio del 2023 y cuestionan a Juntos Somos Río Negro por la crisis económica que afecta a nivel nacional.
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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.
“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.
La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó.
Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular.
La interpelación al ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik, terminó este miércoles en un papelón político dentro de la Legislatura chaqueña, cuando diputados de la oposición peronista abandonaron el recinto y dejaron sin quórum la misma sesión especial que habían impulsado para cuestionarlo.
La jornada se desarrolló en medio de gritos, acusaciones, interrupciones y cruces entre legisladores del oficialismo y del peronismo. Dudik se presentó para responder un cuestionario de 70 preguntas vinculado al conflicto por el Fondo Estímulo Productivo (FEP), pero la exposición quedó trunca cuando la propia oposición dejó caer la sesión.
Desde el oficialismo remarcaron que el funcionario asistió en tiempo y forma y que se mostró dispuesto a responder todos los planteos. “Venía respondiendo todo y dio precisiones técnicas sobre cada uno de los puntos planteados, pero la oposición decidió no quedarse para continuar”.
El episodio más tenso se produjo cuando el diputado opositor Santiago Pérez Pons se acercó hasta el lugar donde se encontraba el ministro y le dejó sobre la mesa un cartel con la consigna: “Devuelvan el Fondo Estímulo”. La escena escaló rápidamente cuando el legislador oficialista Iván Gyoker se levantó de su banca, tomó el cartel y lo arrojó al piso, en medio de gritos cruzados dentro del recinto, en una postal del desorden que dominó la sesión.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la sesión. Durante su exposición, Dudik buscó explicar el funcionamiento del FEP, su composición y los motivos de la readecuación impulsada por el Ejecutivo. “De ninguna manera estamos en contra del FEP. Es una ley y estamos dispuestos a cumplirla”, sostuvo el ministro, quien incluso utilizó una pizarra para detallar que el adicional se financiaba con el 80% de la recaudación del organismo, proveniente de habilitaciones, multas forestales, permisos e inspecciones.
Según indicó, hasta diciembre el fondo alcanzó cerca de $1.000 millones mensuales y permitió que algunos trabajadores percibieran ingresos totales superiores a $2,5 millones, entre salario y adicional. También explicó que el FEP se distribuyó entre unos 570 empleados y afirmó que, tras advertencias de Hacienda, se detectaron irregularidades en su financiamiento. Señaló que se utilizaban conceptos que no corresponden, como los Fondos de Bosques, que calificó como intangibles, y aportes del convenio de corresponsabilidad gremial que se transfieren a Nación.
Dudik sostuvo que tomó decisiones en base a dictámenes de organismos de contralor del Poder Ejecutivo. “Yo tomé decisiones en base a dictámenes de los organismos de contralor del Poder Ejecutivo, entre ellos la Fiscalía de Estado y la Contaduría General de la Provincia. Hay un informe contundente de la Contaduría donde me indicaban la necesidad de readecuar los conceptos para calcular el fondo”, afirmó.
El funcionario alcanzó a responder cerca del 30% del cuestionario antes de que la sesión se frustrara. Luego cuestionó con dureza a la oposición por haber impulsado la convocatoria y no sostenerla hasta el final. “Es lamentable que suceda esto. Me parece que lo que buscaron ellos en todo momento es justamente un golpe de efecto que nada tiene que ver con beneficiar a los empleados del Ministerio”.
En la misma línea que “siempre estuve predispuesto a informar porque es una decisión de parte del gobernador; no es solo informar a los diputados, sino al pueblo del Chaco”.
Desde el bloque oficialista apuntaron directamente contra Pérez Pons, a quien responsabilizaron por la fallida convocatoria. “Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”. Además, cuestionaron la contradicción del bloque opositor: “Piden informes, reclaman transparencia y después no van a trabajar. Le mienten al vecino de la provincia”.
Cuando la sesión ya se encaminaba al colapso, reapareció la presidenta de la Cámara, Carmen Delgado, que reclamó a la oposición que volviera a ocupar sus bancas para sostener el número. “¿Dónde están los 16? Siéntense los 16 y van a tener quórum conmigo. Ustedes pidieron la interpelación”.
Sin embargo, ante la ausencia de varios legisladores opositores en una Cámara dividida en partes iguales, la interpelación se dio por finalizada en medio del desorden.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
El discurso oficial del Gobierno de Javier Milei se construyó sobre una premisa innegociable: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” y “el que las hace, las paga”, con un combate sin cuartel contra la corrupción de la “casta”. Sin embargo, cuando la denuncia surge desde las entrañas de las Fuerzas que el propio Presidente prometió reivindicar, la respuesta no es la investigación, sino el castigo.
El cabo Miguel Ángel Montiel no es un teórico de la política; es un efectivo que, tras nueve años de servicio, decidió encadenarse a metros de la oficina presidencial para exponer una red de “planillas fantasma” y desvío de fondos en la Superintendencia de Transporte de la PFA. Lo hizo a cara descubierta, con su uniforme y la honestidad de quien ya no tiene nada que perder.
La reacción del Ejecutivo fue un silencio ensordecedor.Ni Karina Milei, ni la ministra Alejandra Monteoliva, ni la hoy senadora Patricia Bullrich —quien históricamente se embanderó en la defensa de la “familia uniformada”— se dignaron a cruzar la calle para escuchar al denunciante. En lugar de una citación para auditar las cajas negras de la fuerza, Montiel recibió un mensaje mafioso: una “zona liberada” en su domicilio de Burzaco, donde una operación de inteligencia disfrazada de robo le arrebató las pruebas (pendrives, fotos, documentos y su notebook) que sustentaban su denuncia, bajo la vigilancia previa de drones que nadie pudo —o quiso— explicar.
Montiel esposado a las rejas de la Casa Rosada.
Entre el patrullero, el taller y la prohibición
La degradación de las Fuerzas de Seguridad no comenzó ayer, pero bajo la gestión actual ha alcanzado niveles de cinismo inéditos. Montiel confesó recientemente en una entrevista televisiva lo que es un secreto a voces en los pasillos de las comisarías: un sueldo de $850.000 tras casi una década de servicio no alcanza para sostener a una familia. Para poner un plato de comida en la mesa, el cabo debe sacarse el uniforme y ponerse el overol demecánico, realizando “changas” extrasque completen el salario que el Estado le mezquina.
Esta realidad de “policías pluriempleados” choca de frente con una burocracia estatal que parece ensañarse con el eslabón más débil. Mientras el Gobierno se jacta de una filosofía liberal que defiende la libertad de trabajo, a los efectivos se les persigue y prohíbe generar ingresos extra a través de aplicaciones de transporte o delivery como Uber, Pedidos Ya o Rappi.
Es la cumbre de la humillación: el Estado les otorga salarios por debajo de la línea de pobreza, les quiebra la obra social (dejando a miles de familias sin cobertura médica digna) y, al mismo tiempo, les cierra la puerta a cualquier salida laboral honesta para sobrevivir. A quien se atreve a reclamar por esta miseria planificada, como hizo Montiel el pasado 2 de abril, la institución le responde con la persecución de su propia cúpula, tratándolo como a un delincuente por el solo hecho de querer ganar el dinero que el propio Ministerio de Seguridad no le garantiza.
Montiel junto a una madre y su hijo en la movilización frente al Edificio Centinela.
Danann y el peso de la traición electoral
El sentimiento de desamparo que recorre las filas de la fuerza encontró su voz política en el acto frente al edificio Centinela. Fue Emmanuel Danann quien, con la contundencia que el momento exigía, puso nombre y apellido al malestar de miles de uniformados.
Como señaló Danann en su discurso, este gobiernose embanderó con la defensa de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para ganar votos, asegurando que el apoyo sería total. Sin embargo, en la práctica, la realidad es diametralmente opuesta. No sólo se mantienen salarios de miseria, sino que se ha permitido el vaciamiento de la obra social (IOSFA / OSPFA), dejando a los efectivos y sus familias en un estado de vulnerabilidad absoluta ante cualquier problema de salud.
La traición es doble porque no sólo es económica, sino moral. El mileísmo, que se jacta de combatir a los “corruptos”, ha decidido amparar a las cúpulas denunciadas mientras utiliza el aparato de inteligencia para perseguir a los que, como Montiel, se atreven a señalar dónde se fuga el dinero. La reivindicación prometida resultó ser un espejismo: el apoyo del Estado hoy no es para el policía que arriesga la vida en la calle, sino para el sistema que garantiza que nada cambie.
Junto a Miguel Montiel, Emmanuel Danann en el discurso que dio el 2 de abril.
Operación de inteligencia y amenazas a la familia
La persecución contra Montiel no sólo es política, es quirúrgica y mafiosa. El ingreso a su domicilio en Burzaco el pasado 12 de febrero no tuvo las características de un robo común. El uso de drones para vigilancia previay la permanencia de los delincuentes dentro de la casa, incluso al notar que se trataba de la vivienda de un policía, delatan una operación de inteligencia. El objetivo fue claro: sustraer una notebook, fotos, dos pendrives y la documentación probatoria de la corrupción denunciada. Si fuera un “robo al voleo”, ¿a qué delincuente puede interesarle robar pendrives, fotos y documentación?
Al cabole habrían mandado a robar las pruebas, pero además le dejaron un mensaje claro: su familia está marcada. El asedio ha escalado hasta las amenazas directas contra su entorno, una táctica de terrorismo institucional para quebrar la voluntad de quien decidió no ser cómplice.
El alambre por donde ingresaron los delincuentes: cortadoUna de las puertas forzadasLa habitación revuelta, la campera de la PFA a la vista
En paralelo, el asedio continuó en el plano administrativo con una desprolijidad que roza el absurdo. La Subinspector Celia Rejas —como encargada— y los cabos Álvaro Cabrera y Luis Andrada —como testigos— se presentaron para notificar al denunciante de resoluciones que exponen el apuro de la cúpula por desplazarlo. En un acto de negligencia documental, las actas oficiales registran periodos de “disponibilidad” fechados erróneamente en 2025, un yerro técnico que demuestra cómo se están armando expedientes a contrarreloj para intentar dar un barniz de legalidad a la persecución.
En un video publicado el martes 7 de abril en su Instagram, Montiel dijo: “hoy tuve la agradable visita, e inesperada, de mis camaradas de la comisaría Belgrano Norte, para notificarme. Me hicieron firmar tres actas de notificaciones […] están analizando qué es lo que van a hacer: si me van a echar de la policíao si continúo en servicio pasivo”.
La maniobra final es la más perversa: la patologización del reclamo. Apenas Montiel expuso las cajas negras de la fuerza, el sistema respondió pasándolo a revista de forma inmediata. Ahora que el cabo sumó a su denuncia el reclamo por mejoras salariales y el estado terminal de la obra social, la institución activa el protocolo del silencio: dicen que “está loco”. La revisión de la Junta Médica para evaluar su “aptitud psicofísica” no es un examen de salud, es el mecanismo histórico para declarar “no apto” al que señala la suciedad, buscando quitarle el uniforme y la credencial para silenciar su testimonio mientras el Estado le respira en la nuca a su familia.
Como parte de este desarme simbólico, la cúpula le exigió la entrega inmediata de su uniforme y equipo. Sin embargo, Montiel se negó rotundamente a ceder sus atributos de mando, ya que aún posee estado policial. Sabe que el objetivo… de esta intimación es despojarlo de su identidad policial para que no pueda aparecer uniformado en videos o ante la prensa, intentando restarle peso a su denuncia. A pesar de que ya le han prohibido formalmente presentarse en eventos públicos y medios de comunicación, el cabo resiste: entiende que el uniforme no le pertenece a la cúpula que lo persigue, sino al juramento que ellos mismos traicionaron.
Video subido por Miguel Montiel a sus redes sociales explicando la entrega de notificaciones.
La persecución contra Montiel saltó de la calle a la pantalla de televisión. El miércoles 8 de abril, el cabo se presentó uniformado en el piso de Crónica TV, en una visita gestionada por Emmanuel Danann y Augusto Grinner, para exponer ante todo el país lo que el Ministerio de Seguridad intenta ocultar. Con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder, Montiel adelantó lo que era un secreto a voces: que su expulsión de la fuerza era cuestión de horas.
Su capacidad de anticipación fue milimétrica. Sólo 12 horas después de su aparición televisiva, la cúpula policial envió a su domicilio el acta de defunción de su carrera policial. Al momento de estampar la firma en el acta que pretende silenciarlo, el cabo, retirado del Ejército, dejó un mensaje de puño: “En disconformidad. ¡Viva la Patria!”.
El cementerio de la desidia y el grito de “los buenos”
La crisis que atraviesan las Fuerzas de Seguridad no es sólo administrativa o salarial; es una tragedia humanitaria que se mide en vidas perdidas. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal construido, en parte, sobre el hambre de quienes arriesgan la vida, la realidad en las barriadas del conurbano y el interior del país es desoladora. Los suicidios de tres efectivos policiales en los últimos días—en Temperley, Entre Ríos y Merlo— son el síntoma terminal de un sistema que asfixia al personal, les quiebra la salud mental y les quita la cobertura médica básica.
Montiel, visiblemente afectado por la pérdida de sus pares mientras él mismo resiste el asedio oficial, fue tajante al referirse al agente de la PFA que se quitó la vida: “Quería […] mandarle mis condolencias a los familiares de mi camarada fallecido en el día de ayer, que sepan que no están solos“, frase que no es sólo un pésame, sino además una denuncia contra la soledad a la que el Estado arroja a sus efectivos. El cabo, que hoy debe trabajar como mecánico para subsistir, sintetizó el sentimiento de quienes aún honran el uniforme a pesar de la cúpula:“los de azul son los buenos”.
María Belén Ferreyra Suicidada el 28 de marzoDaniela Giuliana Lezcano Balzer Suicidada el 2 de abrilJuan Antonio Laundolfi Suicidado el 6 de abril
La resistencia del cabo Montiel ha dejado al descubierto la grieta que separa el relato oficial de la cruda realidad de las comisarías: mientras en los despachos gubernamentales se celebran los números macroeconómicos, en la calle los efectivos enfrentan el desamparo de una obra social quebrada, salarios que no cubren la canasta básica y un sistema que, lejos de proteger al honesto, parece diseñado para silenciarlo bajo amenazas y amonestaciones.
El caso de Montiel no es un hecho aislado, sino el espejo de una Fuerza que exige a gritos ser dignificada antes de que el silencio y la desidia se sigan cobrando vidas.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
La Justicia homologó en reserva un convenio con el empresario británico y cerró la demanda estatal que buscaba anular la venta de tierras en una zona estratégica de frontera.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
