Río Negro | La ruptura en el Frente de Todos divide en tres a la coalición peronista
El Frente de Todos rionegrino se disputa el podio del 2023 y cuestionan a Juntos Somos Río Negro por la crisis económica que afecta a nivel nacional.
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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes de la Argentina y desplazó a los accidentes de tránsito, que históricamente habían ocupado ese lugar en la franja de 15 a 34 años. La conclusión surgió de un informe del Observatorio de Política Criminal que analizó estadísticas oficiales desde 2017 hasta 2025 y detectó un crecimiento sostenido del fenómeno.
Según el último reporte del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, 5.209 personas se quitaron la vida en 2025. La cifra representó un aumento del 22,6% respecto de 2024 y llevó la tasa a 11,8 víctimas cada 100.000 habitantes, un registro sin precedentes en la historia argentina. El año pasado se dio, además, el mayor salto interanual de la serie, al menos desde 2017: la tasa venía de 9,7 en 2024.
El director del Observatorio, el abogado Ariel Larroude, tradujo la magnitud del número durante la presentación del informe: “El año pasado, se quitaron la vida 5209 personas. Esto equivale a 14 casos por día o uno cada dos horas. Es muchísima gente que optó por quitarse la vida, lo que es un problema social y de salud pública mayúsculo. Entre los 20 y 34 años, una franja etaria económicamente productiva, es en la que se está viendo un fuerte impacto. ¿Qué está pasando en ese grupo que está optando por quitarse la vida?”.
[Ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina tiene 20 páginas y se presentó en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Larroude, además de dirigir la ONG, es director del posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
— (IZQUIERDA) Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal junto a Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Nuestro país padece la crisis de salud mental “más grave de su historia. Es de tal magnitud que en 2025 se dio la mayor tasa de suicidios desde que se tiene registro”, sostuvo Larroude.
El informe tomó como punto de partida 2017, cuando se registraron 3.304 suicidios, con una tasa de 8,2 cada 100.000 habitantes. El cotejo con los 5.209 de 2025 arrojó un aumento del 57,6% en la cantidad de casos, o del 43,9% si se contempla el crecimiento poblacional de esos años.
Los jóvenes, el grupo que más crece
El reporte más reciente del SNIC no incluye el desagregado por edad, pero los datos de 2024 permiten dimensionar el peso de los más jóvenes. Ese año, sobre un total de 4.249 víctimas, 561 personas de entre 20 y 24 años se quitaron la vida; 567 de entre 25 y 29, y 486 de entre 30 y 34. A ellas se sumaron las víctimas adolescentes, de 15 a 19 años. La sumatoria arrojó que el 45,3% del total nacional de 2024 correspondió a adolescentes y personas en su juventud temprana.
Entre los adolescentes de 15 a 19 años la tendencia se mantuvo pareja a lo largo de los años —con un pico de 432 casos en 2018 y un promedio cercano a los 380 anuales— e incluso bajó un 20% en 2024. Los datos de 2025 separados por edad todavía no están disponibles.
Consultado sobre el rol de los jóvenes entre las víctimas, Larroude fue categórico: “La franja de 20 a 34 es la más complicada”.
La “transmutación” de la violencia
El informe planteó un contrapunto entre dos formas de violencia letal. Mientras la tasa de homicidios dolosos bajó de 5,2 cada 100.000 habitantes en 2017 a 3,6 en 2025, la de suicidios siguió el camino inverso hasta ubicarse en 11,8, más de tres veces por encima. El equipo del Observatorio describió el proceso como una “transmutación de la violencia letal” hacia la autoinfligida, aunque aclaró que no se trata de las mismas personas ni de que un fenómeno reemplace al otro.
“Lo que tratamos de mostrar es que, si bien se puede ‘celebrar’ que Argentina bajó mucho los homicidios, hay una trasmutación de la violencia, que pasó de ser interpersonal a personal”, explicó. Y amplió: “Si bien no se cruzan esas variables, en el sentido de que de ninguna manera son las mismas personas las que cometían homicidio y ahora deciden quitarse la vida, es una fotografía del arquetipo de cómo está configurada la violencia en América Latina y en el país. Esto te obliga a intervenir como Estado”.
Para dimensionar la comparación, el autor recordó que el pico de homicidios dolosos asociados a la narcocriminalidad en Rosario a lo largo de una década fue de 24 muertes cada 100.000 habitantes, apenas por encima de la tasa provincial de suicidios más alta del país. También señaló que la cifra actual supera a la de otros momentos críticos: durante la crisis socioeconómica de 2001 se registraron 8,4 suicidios cada 100.000 habitantes. La comparación regional ubicó a la Argentina en el segundo lugar entre las tasas más altas, detrás de Uruguay y por delante de Chile.
“Estar frente a la tasa nacional de suicidios registrada más alta de la historia argentina, que esta tasa esté cuadruplicando la tasa de homicidios dolosos, que haya jurisdicciones tan comprometidas y que, para este año, tengamos el presupuesto de salud mental más bajo de los últimos años nos da una pauta de que este fenómeno social no está siendo observado”, afirmó.
El mapa provincial, (muy) dispar
Detrás del promedio nacional se esconden realidades muy distintas. La tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes quedó casi emparejada con la de la provincia de Buenos Aires (11,9), donde reside cerca del 40% de la población. Pero varias jurisdicciones treparon muy por encima.
Entre Ríos encabezó el ranking con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes y una variación del 81,1% entre 2017 y 2025. La siguieron San Luis (18,9, con un salto del 152,6% en el período), Salta (17,4, con 26,6%), Santa Cruz (16, con 24,4%) y Catamarca (14,2, con 55,3%). En el extremo opuesto, las tasas más bajas correspondieron a Río Negro (6,5), Neuquén (7,8), Corrientes (8), la Ciudad de Buenos Aires (8) y Misiones (8,7). De ese grupo, solo Neuquén redujo su número de casos.
Un caso aparte fue el de La Rioja, la provincia con mayor contraste del período: pasó de 13 víctimas en 2017 a 50 en 2025, un aumento del 284,6% en nueve años.
El autor insistió en leer las tasas junto con los números absolutos. “Las tasas permiten comparar poblaciones de distinto tamaño, pero deben leerse junto con los casos absolutos”, planteó. En esa clave, la provincia de Buenos Aires concentró 1.977 hechos en 2025, el 38% del total nacional, seguida por Santa Fe (461), Córdoba (371) y Entre Ríos (288). En conjunto, esas cuatro jurisdicciones reunieron cerca de 6 de cada 10 casos del país. El propio SNIC advirtió, de todos modos, que el fuerte aumento bonaerense —del 55,4% respecto de 2024— respondió en parte a mejoras en los sistemas de carga provinciales y al cruce con registros de defunciones, por lo que no recomendó comparaciones interanuales para esa jurisdicción.
Un subregistro enorme
Una particularidad argentina es que las cifras de suicidio no provienen del Ministerio de Salud, sino del de Seguridad. Los datos surgen del SNIC y de la base pública del Sistema de Alerta Temprana de Suicidios (SAT-SS), que administra la cartera de Seguridad y que cargan las policías provinciales y las fuerzas federales.
La brecha con el registro sanitario es enorme. El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, informó 748 suicidios entre las semanas epidemiológicas 1 y 52 de 2025. Los reportes provinciales que recoge el SNIC, en cambio, superaron los 5.200. En Salud reconocen que se trata de cifras “en construcción”: el suicidio se incorporó a la lista de eventos de notificación obligatoria recién en 2023, lo que todavía provoca demoras en los reportes provinciales. Para Larroude, la información del SNIC es “más robusta” por el cotejo policial y judicial al momento de la carga.
En la Argentina, aunque el suicidio no constituye un delito, se registra en las estadísticas criminales desde la década del 60.
El reclamo por la emergencia en salud mental
El informe remarcó que 2025 fue uno de los años con más bajo porcentaje de ejecución del presupuesto de salud mental: 31,2%, incluso por debajo del 36% de 2017.
“Estamos pidiendo que se declare la emergencia en salud mental para que estas jurisdicciones tengan intervención del estado nacional y se les asignen más recursos: más psicólogos, más expertos en salud mental”, planteó Larroude, que subrayó la necesidad de instalar el tema en la agenda pública.
Entre los factores que, a su criterio, inciden en el fenómeno, mencionó lo que definió como “el triángulo histórico estudiado por la psicología. La ansiedad, la depresión y el aislamiento. Pero lo que también se ve en los jóvenes es un fuerte problema de consumo elevado de estupefacientes”. En ese punto aportó datos de la Sedronar: “Argentina tiene una tasa elevada de consumo de marihuana y cocaína en su población económicamente activa: 28 y 5 personas cada 100.000, respectivamente, las consumieron alguna vez en el último año. Es un montón y se ha triplicado en los últimos años”.
A ello sumó “la ludopatía, otro factor importante”, y vinculó el cuadro con la coyuntura económica: la falta de empleo formal y, sobre todo, la crisis de endeudamiento, que golpea con dureza a los jóvenes y a los adultos mayores, los primeros y los últimos estratos de la sociedad.
El conflicto vendría gestándose cuando unas 500 personas ingresaron a un conjunto de viviendas inconclusas del barrio Doctor Montaña y Pirayuí, en la zona sur de la capital de Corrientes. Las primeras informaciones hablaban de aproximadamente 150 unidades ocupadas ilegalmente. En el lugar intervinieron la Policía de Corrientes, representantes del INVICO y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N.º 5, encabezada por el fiscal Ángel Machado.
“Terminó el operativo de forma exitosa y sin lamentar víctimas, fue todo de forma pacífica”, afirmó Machado a la radio Sudamericana. “La respuesta de las personas fue que nunca les dan una vivienda o un terreno y que venían a ocupar porque decían que no tenían dueño. Les hice saber que esa no es la forma ni la vía, el Estado no puede avalar este tipo de comportamientos”, añadió.
Algunas de esas viviendas ya tenían beneficiarios o preadjudicatarios que llevaban años esperando su terminación. Por eso también se acercaron al predio personas que reclamaban que las casas que les habían asignado no fueran ocupadas por terceros. La Fiscalía buscó evitar que ambos grupos se enfrentaran y, después de una negociación, quienes habían ingresado a las viviendas se retiraron.
Pero ahí no terminó el conflicto. Un segundo grupo se desplazó hacia los terrenos vacíos ubicados detrás del complejo. El fiscal Machado sostuvo que se trataba de unas 15 hectáreas vinculadas a la Municipalidad y al Fideicomiso Santa Catalina. La cobertura del medio LT7, a cargo del cronista de exteriores Roberto Ojeda, dijo que los ocupantes limpiaron la vegetación del terreno, encendieron quemas y describió entre 150 y 200 personas delimitando sectores mediante alambres, trapos y otros elementos, con la aparente intención de establecer parcelas.
La Policía de Corrientes desplegó entonces un importante operativo con efectivos de la comisaría jurisdiccional, grupos especiales y autoridades de la Dirección de Seguridad Metropolitana al mando del Comisario General José Mario Galarza. Entre los argumentos expuestos ante el móvil de LT7, las familias manifestaron que recurren a esta medida empujadas por la crisis económica, la falta de empleo y la imposibilidad de afrontar costos de alquiler que superan los 400.000 pesos.
“La grave necesidad habitacional que hay no quita que haya personas malintencionadas que se puedan aprovechar de esa necesidad para fomentar este tipo de cuestiones”, subrayó Machado.
Durante la noche se produjeron incidentes. Hubo efectivos policiales lesionados y móviles dañados por piedras. El operativo se interrumpió temporalmente, entre otras razones por la presencia de menores, y durante la mañana siguiente unos cien policías realizaron un nuevo procedimiento que terminó con el despeje de los terrenos sin nuevos enfrentamientos.
“La gente dice que la Policía les reprimió, pero el informe que yo tengo es que no hubo represión. Cuando la gente empezó a tirar piedras, la Policía se replegó y trató de salvaguardar su integridad y obviamente también los móviles”, explicó Machado.
El punto central es que las viviendas no aparecieron abandonadas de un día para otro, siendo que el complejo tiene una historia que se remonta a 2017. Durante la intendencia de Fabián Ríos se comenzó la construcción de 200 viviendas mediante el programa nacional Techo Digno, en el sector de Santa Catalina lindante con Doctor Montaña. En aquel momento se había anunciado que 150 serían destinadas a trabajadores municipales y otras 50 a familias con integrantes con discapacidad. La obra tenía originalmente un plazo previsto de diez meses.
En 2017, documentación y reportes de la época situaban el avance aproximadamente en el 16% de su construcción. El presupuesto había sido readecuado de unos $61.4 millones a $122.7 millones de entonces y se habían girado anticipos nacionales por alrededor de $30.4 millones. Esas cifras son nominales de 2017 y, debido a la inflación acumulada, no sirven para compararlas directamente con valores actuales.
El origen de la parálisis fue una denuncia por el uso de los propios fondos nacionales enviados para la construcción, difundida mediáticamente bajo el título “el cartel más caro del mundo” en plena campaña electoral de 2017. Aunque las denuncias de corrupción fueron finalmente desestimadas por la Justicia, la combinación de ese proceso judicial y los sucesivos cambios de gestión dejó la obra sin avances durante casi una década.
El cambio de administración municipal tampoco resolvió definitivamente el problema. En octubre de 2018, ya bajo la intendencia de Eduardo Tassano, el Municipio anunció que había destrabado inconvenientes administrativos y firmó acuerdos con tres constructoras para reanudar las 200 viviendas.
Un año después, sin embargo, el problema continuaba. En agosto de 2019, en el Concejo Deliberante, la entonces concejal Magdalena Duartes reclamó información sobre el avance de las 200 casas y sostuvo que pedidos anteriores no habían recibido respuesta y que las obras permanecían prácticamente en el mismo estado.
En agosto de 2020 se produjo otro acontecimiento importante. Se realizó mediante Lotería Correntina el sorteo de 100 viviendas entre trabajadores municipales, al que se habían inscripto alrededor de 700 agentes. En aquel momento, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (AOEM) informaba que ese grupo de unidades tenía aproximadamente un 75% de avance.
En 2021 el propio Municipio ratificó esas adjudicaciones y sostuvo que los cien trabajadores ya tenían reconocida administrativamente la asignación de las unidades. Además, existía el compromiso de avanzar posteriormente con otras 50 viviendas para municipales.
Sin embargo, para 2023 las casas seguían sin entregarse. Funcionarios municipales reconocían entonces que algunas unidades tenían alrededor del 60% de ejecución y explicaban que se había esperado financiamiento nacional del programa Reconstruir que finalmente no llegó, por lo que nuevamente se había detenido la obra.
— El grupo de vecinos y adjudicatarios manifestándose con documentos en alto en las inmediaciones de las viviendas inconclusas
Finalmente, el 26 de marzo de 2026, el Concejo Deliberante aprobó transferir al INVICO las obras correspondientes a las 200 viviendas para intentar destrabar su finalización. Es decir, apenas seis meses antes de la ocupación de septiembre todavía se estaba modificando institucionalmente quién debía encargarse de terminar un proyecto iniciado nueve años atrás, y ahora tras la toma el organismo anticipó a los preadjudicatarios que una parte de las casas podría entregarse en noviembre.
¿Fue un hecho planificado?
El propio Machado dijo que todavía no podía determinar si la concentración había surgido espontáneamente. Confirmó, aún así, que la Fiscalía investigaría publicaciones y convocatorias difundidas en redes sociales.
El negociador policial Alejandro Bottini reconoció que se trataba de un caso donde “hay grupos de personas que van juntas, que alguien los lidera”, y que se logró dialogar con dos personas que representaban al grupo. La causa quedó abierta precisamente para identificar a los instigadores a partir del relevamiento de imágenes y grabaciones.
“En Facebook vimos que estaban avisando que había lugar y vinimos”, relataron ante los efectivos desplegados en la zona varias de las personas que ocuparon las obras sin terminar.
En los días siguientes a que la investigación avanzara. Para el 18 de septiembre ya había dos personas investigadas por presunta instigación. En el segundo allanamiento se secuestraron teléfonos celulares, una computadora portátil, un router y otros dispositivos para realizar peritajes. Las fuentes judiciales y policiales sostienen que uno de los investigados habría difundido videos convocando a familias a ocupar viviendas y terrenos. Esa es por ahora una hipótesis de la causa.
La diferencia jurídica tampoco es menor. El artículo 181 del Código Penal castiga determinadas formas de usurpación de inmuebles, mientras que el artículo 209 contempla como delito separado la instigación pública a cometer un delito determinado. La legislación vigente prevé para la usurpación, según el supuesto, entre seis meses y tres años de prisión, mientras que la instigación prevista por el artículo 209 tiene una escala de dos a seis años.
El propio INVICO ha señalado recientemente una demanda de alrededor de 30.000 inscriptos en la provincia. Paralelamente el Censo 2022, por su parte, registró que el 11.5 % de la población correntina que vivía en viviendas particulares residía en alquileres y que solo el 62.1 % de la población que habitaba vivienda propia contaba con documentación de esa propiedad.
Los datos de un informe sobre déficit habitacional en Argentina ubican al aglomerado de la provincia de Corrientes con cerca de 35.800 hogares en situación deficitaria, la mayoría por debajo o cerca de la línea de pobreza, y con coberturas locales revelando que aproximadamente unas 90 mil familias no cuentan con un techo propio. Sectores políticos marcaron el episodio como parte de un patrón recurrente y lo calificaron como una “guerra de pobres contra pobres”, ya que enfrentó a familias sin vivienda con los adjudicatarios legítimos que también reclamaban sus casas.
La propia Fiscalía reconoció esta doble dimensión. Machado sostuvo que la necesidad habitacional y el derecho a una vivienda digna no estaban en discusión, pero señaló que esa necesidad no habilitaba jurídicamente la ocupación de bienes pertenecientes a terceros. También dejó abierta la posibilidad de que personas hubieran aprovechado esa necesidad para organizar las ocupaciones, cuestión que continúa bajo indagación.
— Uno de los hombres supuestamente vinculado con la causa por la usurpación masiva de terrenos en el barrio Dr. Montaña
Además de las 200 viviendas municipales de Techo Digno iniciadas en 2017, el INVICO desarrolló posteriormente proyectos de integración socio-urbana. Por ejemplo, en 2022 licitó otras 50 viviendas del sector norte mediante un proyecto financiado con un préstamo del BID, con un presupuesto oficial de $283.5 millones a valores de septiembre de 2021. Es una obra diferente de las 200 viviendas municipales originales.
Después del conflicto de septiembre de 2026, el INVICO informó también que trabaja en la recuperación de 26 viviendas y que proyecta intervenir otras 26, dentro de una urbanización que incluye 76 viviendas ya entregadas, 13 en ejecución y otras 13 proyectadas. Esos números corresponden a una intervención integral más amplia en Doctor Montaña y no deberían equipararse automáticamente con las 200 casas municipales de Techo Digno sin documentación que establezca esa correspondencia.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego presentó ante la Legislatura el proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027, una iniciativa que fija gastos por $2.743.395 millones y un déficit financiero de $137.955 millones. Dentro de ese esquema, el Estado provincial reservó $298.631 millones —casi $300.000 millones— a los llamados “gastos figurativos”, movimientos de fondos que la administración pública realiza dentro de sí misma.
Los gastos figurativos son las transferencias que una repartición del Estado envía a otra dentro del mismo sector público: figuran como gasto en el organismo que gira los recursos y como “contribución figurativa” en el que los recibe. El proyecto lo deja a la vista, porque frente a los $298.631 millones de gastos figurativos previó un monto idéntico de contribuciones figurativas, su contrapartida de financiamiento. Las dos puntas se compensan al consolidar las cuentas y no incrementan el gasto total de la provincia. La mayor parte, unos $293.232 millones, corresponde a la Administración Central, y se reparte entre $287.475 millones para transacciones corrientes y $11.155 millones para transacciones de capital.
El resultado financiero negativo de $137.955 millones prácticamente triplica el desequilibrio calculado para 2026, estimado en $49.192 millones, un salto del 180,4%. El cálculo oficial previó recursos por $2.605.439 millones frente a erogaciones por $2.743.395 millones, una brecha equivalente al 5% del gasto total. A eso se suma un resultado económico negativo de $54.651 millones, porque los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir las obligaciones ordinarias del Estado. La administración justificó el rojo en la rigidez del gasto público —salarios, servicios esenciales y transferencias concentran el grueso de las erogaciones— y en la quita de partidas y programas que la Nación financiaba con anterioridad.
En qué crece y en qué se recorta el gasto
El gasto global trepó a $2,74 billones, contra los $2,28 billones contemplados para 2026, una expansión nominal del 20,2%. Las partidas de personal crecieron 20% interanual y los bienes de consumo e insumos, 18,75%. Los servicios no personales y operativos, en cambio, se redujeron 8,89%. En conjunto, el gasto operativo registró un incremento del 12,84%. En la distribución por finalidad, los Servicios Sociales quedaron como el principal destino de los fondos: concentran el 63,11% del presupuesto total, la porción ligada a la atención directa de las necesidades de la población.
El programa macroeconómico del Ejecutivo tomó como referencia una inflación interanual del 21,5% a diciembre de 2027, un crecimiento del Producto Bruto del 3,2% y un dólar oficial de $2.017. La pauta salarial fijó como techo la masa de haberes de diciembre de 2026 con un incremento vegetativo del 4%, sin ajustes automáticos por la suba de precios.
En materia de empleo público, el texto autoriza 18.400 cargos entre la administración general y el sistema educativo: 11.450 puestos de planta permanente y no permanente, 700 autoridades superiores y 6.950 cargos docentes, además de un cupo de 1.008.000 horas cátedra. El proyecto suspendió para 2027 la cobertura de las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2026 y de las que se generen durante el ejercicio, con la salvedad de que el Ministerio de Economía podrá autorizar excepciones para servicios prioritarios.
En paralelo, creó un régimen de retiro voluntario para el personal permanente con al menos diez años de antigüedad, con un cupo del 5% de los cargos y la eliminación definitiva de las vacantes liberadas. Quedaron afuera del régimen los médicos, los policías y los agentes penitenciarios. El documento asignó $38.351,8 millones al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), con un tope de 2.050 beneficiarios, y fijó 266 beneficiarios para la Pensión de Guerra de los veteranos de Malvinas.
El proyecto reordena la carga tributaria sobre los sectores productivo y financiero. Desde el 1 de enero de 2027, la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) suspenderá las bonificaciones de hasta el 15% que beneficiaban a los contribuyentes cumplidores en Ingresos Brutos, de modo que el sector comercial deberá tributar el 100% de la alícuota general; la Agencia reintegrará además un 4,20% de la recaudación incremental a la Tesorería provincial. En los yacimientos de hidrocarburos, en cambio, el gravamen de Ingresos Brutos bajará del 3% al 1,5%. Las actividades de apoyo a la pesca pasarán del 0,75% al 5% conjunto y los servicios agropecuarios pagarán una alícuota consolidada del 5%.
El esquema destina un 7% de la recaudación total de Ingresos Brutos al Fondo para la Atención de Personas sin Cobertura Social antes del reparto hacia los municipios, lo que reduce los recursos coparticipables locales. En Sellos, la modificación eliminó la alícuota para los contratos de vivienda única y familiar y aplicó una tasa del 15 por mil a los alquileres comerciales.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó definitivamente el pasado miércoles, con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, la derogación de la Ley 4.506, la norma que desde 1965 garantizaba una pensión vitalicia a quienes ocuparon la gobernación y la vicegobernación de la provincia. La votación puso fin a un régimen que llevaba 61 años de vigencia y que figuraba entre los más antiguos vinculados a la dirigencia política entrerriana.
La ley derogada establecía una prestación equivalente al 75% de la remuneración correspondiente al cargo. Por ello, quien había ejercido los cargos conservaba, hasta el final de su vida, tres cuartas partes del sueldo que percibía en funciones, sin que mediara ninguna otra condición que el haber ocupado ese lugar.
La iniciativa que terminó con ese esquema fue enviada por el Ejecutivo provincial en enero de 2024, apenas iniciada la gestión del gobernador Frigerio. El proyecto atravesó el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura, recibió modificaciones en el Senado y volvió a la Cámara baja.
— Gabriela Lena, diputada provincial
Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora de Entre Ríos que completarán su mandato sin adquirir el derecho a cobrar el beneficio previsto por la legislación, que ahora quedó sin efecto.
En una publicación en redes, el mandatario ubicó la medida dentro de la política general de la administración: “Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos. Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.
— Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión
La eliminación de las pensiones vitalicias se inscribe en una agenda que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.
En ese período, la gestión redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones de personal y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina estatal, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.
La ocupación de viviendas y terrenos reavivó un conflicto por un complejo de 200 casas iniciado hace 9 años y que nunca se terminó. La Fiscalía investiga posibles convocatorias por redes sociales para la usurpación de tierras.
Putin liberó de derechos de exportación al trigo, la cebada y el maíz para auxiliar a los productores, golpeados por el derrumbe de los precios internos y el bloqueo logístico en el Mar Negro.
El consorcio de Walter Román y Mauricio Filiberti compite solo contra Roggio por el 90% de la empresa. Otra rama de la familia ya integra la concesión de la Hidrovía, y firmas del grupo aportaron fondos a La Libertad Avanza en 2025.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
