Río Negro | La ruptura en el Frente de Todos divide en tres a la coalición peronista
El Frente de Todos rionegrino se disputa el podio del 2023 y cuestionan a Juntos Somos Río Negro por la crisis económica que afecta a nivel nacional.
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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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Juan Carlos Valiente, excombatiente de la Guerra de Malvinas y militante de La Libertad Avanza en Chaco, presentó una denuncia penal contra la cúpula provincial del partido por una presunta estafa y retención indebida de 15 mil dólares. Habría sido usado para afrontar el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires destinado al entonces diputado nacional electo Carlos García.
“Le facilité, le presté por un mes. Hace exactamente dos años y medio le presté una suma de dinero en efectivo. La charla era devolución al mes siguiente, a lo sumo dos meses. A partir de eso, se borraron”, afirmó Valiente al medio Alerta Urbana.
Los denunciados son Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, y Jorge Alfredo Moreno, tesorero de la agrupación, imputados por los delitos previstos en los artículos 172 (estafa) y 173 inciso 2 (retención indebida) del Código Penal.
— Alfredo “Capi” Rodríguez en los estudios de la emisora LT16am950
Según la denuncia, Valiente entregó ese dinero en efectivo el 22 de diciembre de 2023 bajo la modalidad de préstamo, con la promesa de devolución en un plazo máximo de dos meses. El excombatiente relató que aceptó prestar el dinero porque confiaba en los referentes partidarios, quienes le habrían asegurado que recibirían aportes privados para cubrir gastos de la actividad política y así devolverle la suma.
Este tipo de denuncia se encuadra en la figura penal conocida como “retención indebida”, que no requiere una intimación formal para configurarse, siendo que basta con que el que recibió la cosa bajo obligación de devolverla, conociendo esa obligación, no la restituya en el plazo pactado.
“Me cagó”, destacó Valiente y agregó que “¿cómo alguien puede quedarse con la plata que uno le prestó de corazón, sin pedir intereses, solamente para darle una mano?”. “Era mi ahorro como Veterano de Malvinas”, añadió.
Este episodio se suma a una serie de medidas judiciales que ya venían golpeando a la conducción de LLA Chaco, lo que ayuda a entender el contexto de desconfianza en el que se inscribe la denuncia de Valiente.
— Alfredo Moreno
La Justicia Federal de Resistencia procesó en diciembre de 2025 a Alfredo “Capi” Rodríguez por falsedad ideológica de documentos públicos, tras detectar al menos 65 fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas. La pesquisa apuntó además al uso de bases de datos de ANSES y PAMI para inflar el padrón partidario.
“Es un impresentable, es un ladrón pequeño. Es un delincuente. El que estafa es un delincuente. A mí me estafó”, sostuvo Valiente, cuando se le preguntó por su opinión actual del dirigente libertario.
En paralelo, el fiscal Patricio Sabadini investiga si Rodríguez exigía “retornos” o un porcentaje del salario a trabajadores de PAMI y ANSES bajo amenaza de despido, como mecanismo de financiamiento paralelo del partido.
La causa también derivó en un allanamiento a Sakura Turismo, empresa vinculada a Jorge Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco y tesorero de LLA. En agosto de 2025, la Justicia secuestró computadoras y documentación en el marco de esa investigación.
— Juan Carlos Valiente. veterano de Guerra de Malvinas e integrante de la Comisión Directiva de LLA Chaco
A la interna partidaria se sumó otro frente de conflicto con la vicepresidenta de la fuerza, Ileana Aguirre, quien había sido expulsada por la conducción de Rodríguez en agosto de 2025. Sin embargo, en diciembre la Justicia Electoral anuló esa sanción por entender que el órgano que la dictó carecía de competencia y la restituyó en el cargo. Aguirre fue asu vez una de las primeras en denunciar públicamente que Rodríguez y Moreno administraban los llamados “aportes voluntarios” del partido.
“Todo el partido sabe que me deben los 15.000 dólares. Que venga cualquiera y me diga en la cara que no es verdad”, resaltó Valiente, subrayando que durante todo este tiempo reclamó el dinero mediante conversaciones personales, mensajes de WhatsApp, intimaciones y hasta con una carta documento sin ninguna respuesta.
No obstante, se le preguntó al mismo destinatario al que iba destinado el dinero Carlos García, y este negó haber recibido tal suma para solventar su estadía en Buenos Aires. La nota se produjo días después de las declaraciones realizadas por Valiente y en esta ocasión García contó que, al asumir su banca, permaneció durante varios meses en el departamento de una familia amiga y que posteriormente alquiló por sus propios medios distintas viviendas.
¿Por qué importa el rol de los involucrados?
Alfredo “Capi” Rodríguez no es solo el presidente de LLA en Chaco, es además Director Regional de ANSES para las cuatro provincias del NEA, un cargo público que la Justicia investiga por su presunta utilización para fines partidarios. Jorge Alfredo Moreno, el tesorero denunciado, ocupa en paralelo el cargo de coordinador administrativo de PAMI Chaco, y ya figuraba como parte del “círculo cercano” de Rodríguez en la causa por afiliaciones apócrifas antes de esta por los 15 mil dólares.
— Diputado nacional chaqueño por LLA, Carlos García junto a Karina Milei
Valiente es una voz activa entre los veteranos chaqueños que reclaman que se distinga a quienes efectivamente combatieron en Malvinas de aquellos “movilizados” que permanecieron en el continente. Junto a otros excombatientes, Valiente sostiene que el padrón oficial de la provincia incluye a 3.700 personas reconocidas, cuando solo unas 1.000 habrían estado realmente en las islas durante el conflicto de 1982. En julio de 2026, ese mismo grupo de veteranos presentó ante la Justicia Federal de Resistencia —a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la misma magistrada que procesó a “Capi” Rodríguez— un pedido para investigar la atribución indebida de títulos y honores reservados a los verdaderos combatientes.
La denuncia de Valiente se produce en un momento de fuerte tensión interna en el armado libertario chaqueño, que ya venía siendo señalado por sectores del propio partido —incluidos más de 300 afiliados que en 2025 pidieron la intervención del distrito por el manejo “autocrático” y “de facto” de Rodríguez. El caso también se da en paralelo a una interna nacional de LLA entre los sectores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina bajo la órbita de Karina Milei, los Menem y el ministro de Economía Santiago Caputo, que ha expuesto tensiones similares de manejo de fondos y estructuras partidarias en otras provincias, como La Pampa.
La Municipalidad de Allen (Río Negro) publicó en el Boletín Oficial la ordenanza que dispuso la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román, dirigente de La Libertad Avanza. Con esa difusión, la medida adquirió plena vigencia administrativa y comenzó a correr el plazo que fijó la propia norma: al quinto día entrará en vigor, por lo que este viernes el jefe comunal deberá dejar el cargo.
La Ordenanza N.º 044/2026, aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada de manera tácita, apartó a Román de sus funciones “hasta tanto recaiga sentencia definitiva” en la causa penal en la que fue imputado por presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Durante ese período, el intendente no percibirá dieta, remuneración, salario ni ningún otro concepto económico derivado del ejercicio del cargo.
La norma determinó que el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, ejercerá de manera provisoria el Poder Ejecutivo municipal, con todas las atribuciones previstas por la Carta Orgánica, hasta que cese la suspensión o exista una resolución definitiva. En paralelo, el edil Guillermo Pennesi, de Juntos Somos Río Negro, asumió la presidencia del cuerpo legislativo.
La medida se sustentó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita al Concejo a suspender de manera preventiva a los funcionarios imputados en causas penales. El texto la definió como una decisión de carácter transitorio y precautorio, orientada a preservar el normal desarrollo de la investigación judicial. Según el dictamen legal, la permanencia de Román en el cargo podía afectar testimonios pendientes, pericias contables y otros elementos claves del proceso.
La ordenanza aclaró, además, que si el intendente resulta absuelto tendrá derecho a ser restituido de manera automática, con todas sus funciones y derechos políticos.
El texto dispuso que la suspensión es de ejecución y aplicación inmediata una vez notificado el Poder Ejecutivo municipal, y ordenó comunicarla al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral Municipal, a la Fiscalía de Estado de Río Negro y a los organismos administrativos correspondientes. También declaró la nulidad de todos los actos, resoluciones o disposiciones que se dicten en contradicción con lo establecido mientras dure el apartamiento, y advirtió sobre eventuales responsabilidades penales para los funcionarios o agentes que ejecuten o refrenden decisiones contrarias a la norma.
Román rechazó la medida y denunció un “golpe institucional”. Aseguró que el Concejo excedió sus atribuciones al disponer su apartamiento antes de que existiera una sentencia firme. “Voy a defenderme en la Justicia porque esta suspensión es ilegal”, sostuvo tras conocerse la votación. También negó haber cometido delitos y afirmó que la investigación respondía a intereses políticos orientados a desplazarlo del poder.
El jefe comunal de Allen construyó su perfil público lejos del espacio con el que alcanzó notoriedad. Desarrolló toda su carrera profesional en la Policía de Río Negro, sobre todo en el área de seguridad vial, donde llegó al rango de comisario. Tras retirarse de la fuerza alrededor de los 40 años, fundó una academia de conducir, actividad que sostuvo durante varios años antes de dedicarse de lleno a la política. Su debut electoral se produjo en 2019 bajo el sello de la Unión Cívica Radical, cuando resultó elegido concejal de Allen, el mismo cargo desde el que hoy impulsaron su suspensión. Con el tiempo se distanció del radicalismo y se sumó al universo libertario, hasta convertirse en el primer intendente de La Libertad Avanza en Río Negro y vicepresidente del partido a nivel provincial. Era un alfil de otra controversial figura libertaria: la diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde.
La causa que motivó el apartamiento gira alrededor del manejo de fondos públicos durante su gestión. Los investigadores analizan contrataciones, movimientos presupuestarios y decisiones administrativas, en una pesquisa que continúa en etapa de instrucción, bajo la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti, y sin una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal.
Uno de los focos de los cuestionamientos fue el gasto destinado a la Fiesta Nacional de la Pera, para la que el municipio desembolsó alrededor de 576 millones de pesos, según el Tribunal de Cuentas local, en medio de las restricciones presupuestarias de la comuna.
Ese señalamiento se apoyó en un informe del Tribunal de Cuentas de Allen que expuso las cuentas de la gestión entre 2024 y 2025. De acuerdo con ese documento, el municipio destinó cerca de 877 millones de pesos a cuatro festivales locales mientras acumulaba una deuda con proveedores cercana a los 3.000 millones. El gasto de la Fiesta Nacional de la Pera 2025 representó un salto superior al 4.000% frente a los poco más de 14 millones erogados un año antes para el mismo evento.
Varias de esas críticas apuntaron, precisamente, al manejo del gasto público, uno de los ejes centrales del discurso con el que Román llegó al gobierno municipal.
La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) yatrepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.
La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.
Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.
El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.
El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.
— Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA
Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.
El crecimiento hasta julio de 2026
Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.
Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.
El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.
Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada,la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.
La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.
La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.
Cinco corredores estratégicos que conectan el Área Metropolitana, zonas productivas bonaerenses y destinos del interior pasaron a gestión privada. La concesionaria Corresur asumió la operación de una red de 1.325 kilómetros que incluye las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226.
El cambio responde a la Red Federal de Concesiones Viales impulsada por el Gobierno nacional para modificar el esquema de operación y mantenimiento. El modelo elimina los subsidios estatales para la gestión cotidiana y obliga a las empresas a asumir el riesgo operativo bajo estándares de seguridad y servicio.
Uno de los cambios con mayor impacto para los usuarios será la modernización del sistema de cobro de peajes. Desde el inicio de la concesión, las estaciones de peaje dejarán de aceptar pagos en efectivo de forma definitiva y funcionarán sólo mediante medios electrónicos y automáticos.
La primera etapa del plan abarcará las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo. Los conductores deberán abonar obligatoriamente a través de TelePASE, tarjetas de crédito o débito, con tecnología contactless (sin contacto) o mediante códigos QR vinculados a billeteras virtuales habilitadas.
Cabina de Telepase + pago electrónico (tarjetas, celulares con NFC, etc.).
Inversión y tarifas bajo la lupa
La empresa privada avanzará con un plan de recuperación vial que incluye tareas de bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, fresado, reparación de banquinas, renovación de señalización y reemplazo de elementos de seguridad. Las obras prioritarias comenzarán en sectores de las rutas 205, 226 y 3, con intervenciones previstas inicialmente sobre 431 kilómetros de la traza, sumado a trabajos de mantenimiento en iluminación, semaforización, alcantarillas y puentes.
El Estado nacional continuará fijando las tarifas de los peajes mediante una actualización trimestral basada en los datos de la inflación. En las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, el último ajuste elevó la tarifa para automóviles de hasta dos ejes y 2,10 metros de altura a $1.300 en horario normal y $1.500 en hora pico, un costo que impactará sobre una red estratégica que conecta el Área Metropolitana con zonas industriales, centros logísticos y destinos turísticos provinciales.
El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.
Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.
Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.
La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.
Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.
Manotazos de ahogado
No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.
Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.
El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.
El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.
Todos los hombres de Chávez
Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto: “el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.
— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)
Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.
La ruta del dinero
Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.
Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:
Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.
Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.
Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.
El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país.
(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.
b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.
c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.
Según un informe oficial dado a conocer recientemente, la administración de Axel Kicillof destinó más de 1.265 millones de pesos al pago de intereses moratorios, generados por la cancelación fuera de término de facturas de proveedores y certificados de obra. La cifra surge del fallo con el que el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la Tesorería General bonaerense, conducida desde entonces por David René Jacoby, tristemente célebre por su procesamiento en la causa del dólar futuro.
No se trata de una inversión, una obra pública ni una mejora en los servicios provinciales. Son recursos que el Estado bonaerense debió desembolsar exclusivamente porque pagó tarde. En otras palabras, más de 1.265 millones salieron de las arcas públicas para cubrir el costo financiero de la propia ineficiencia administrativa.
El informe señala que los intereses fueron generados por facturas de proveedores y certificados de obra abonados después de sus vencimientos. El organismo de control revisó una muestra equivalente al 78,15 por ciento del total y no detectó errores materiales en las liquidaciones. Sin embargo, que los intereses hayan sido correctamente calculados no responde la pregunta central: por qué la gestión de Kicillof dejó vencer esas obligaciones y quién permitió que la mora alcanzara semejante dimensión.
La responsabilidad política recae sobre el gobierno de Kicillof, mientras que la administración financiera estuvo a cargo del tesorero general David Jacoby. Pese al volumen del gasto improductivo, el fallo no identifica el detalle de los organismos que demoraron los pagos, a los proveedores beneficiados por los intereses ni a los funcionarios responsables de la cadena administrativa.
El silencio resulta especialmente grave porque el dinero pagado en concepto de mora podría haberse destinado a hospitales, escuelas, seguridad o infraestructura. Mientras, el gobierno provincial denuncia restricciones presupuestarias y reclama mayores recursos, su propia Tesorería reconoce que más de mil millones terminaron absorbidos por atrasos administrativos.
— David René Jacoby
La situación coincide, además, con una fuerte ampliación del presupuesto de la Tesorería. Los créditos para gastar pasaron de 1.522 millones a 6.695 millones de pesos, luego de una incorporación superior a los 5.173 millones. El presupuesto definitivo terminó siendo más de cuatro veces superior al originalmente previsto.
Una auditoría incompleta
El fallo también admite que los auditores no pudieron acceder a las bases de datos de los contratos de servicios celebrados por la provincia bajo la ley 14.815. Esa limitación impidió completar el análisis destinado a detectar incompatibilidades entre la planta de personal de la Tesorería y los contratos de servicios provinciales. Pese a ello, el Tribunal resolvió aprobar la rendición.
El resultado expone una combinación tan inquietante como insólita: una Tesorería que pagó una fortuna por intereses, una auditoría que no pudo acceder a toda la información y una resolución aprobatoria que no individualizó responsabilidades.
La gestión Kicillof deberá explicar ahora qué dependencias originaron las demoras, cuánto recibió cada proveedor, qué obras acumularon intereses y qué medidas adoptó David Jacoby para evitar que la mora siguiera drenando recursos públicos. Hasta entonces, el dato permanece: la provincia pagó más de 1.265 millones por llegar tarde.
Las dudas crecen ante la expansión de contratos con hiperescaladores y la ausencia de mapeo oficial que permita saber qué información circula por servidores extranjeros, bajo qué jurisdicción queda y qué ocurre ante filtraciones.
El reclamo fue presentado por Juan Carlos Valiente, quien asegura haber entregado el dinero como préstamo con la promesa de devolución de dos meses durante la campaña política de 2024.
La firma Unity Marine prevé producir 50.000 toneladas anuales de salmón alrededor de la isla Soledad, en aguas que la Argentina reclama como propias y donde el negocio podría equivaler al 11% del PBI isleño.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
