Río Negro | La ruptura en el Frente de Todos divide en tres a la coalición peronista
El Frente de Todos rionegrino se disputa el podio del 2023 y cuestionan a Juntos Somos Río Negro por la crisis económica que afecta a nivel nacional.
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El panorama peronista en Río Negro viene perdiendo adeptos y rompe con lo establecido, que venía en unión desde hace muchos años. El Frente de Todos (FdT), a nivel provincial, se encuentra dividido en tres, donde por una parte están los allegados al clan de Martín Soria, por el otro a La Cámpora y partidos peronistas echados por este último.
Por una tercera vía, partidos chicos que unen pequeñas organizaciones barriales y dirigentes de poco peso, como Magdalena Odarda o Nicolás Rochas. Buscando así sobrevivir a lo que será un detonante 2023.
Los que quieren proscribir a @CFKArgentina necesitan sembrar odio, violencia política y desesperanza. Pero el pueblo siempre está, y hoy salió a la calle, una vez más, a defender la Democracia. pic.twitter.com/8hS5SFp2Ca
Este fin de semana se concretó una nueva reunión que congregó a sectores del PJ, como la unidad básica Tres Banderas con la participación del legislador sorista Pablo Barreno, Convocatoria 2023 (la concejal Zulma Romero), el Movimiento Evita (representada por las ex diputadas nacionales Silvia Horne y Ayelén Sposito), el Frente Grande (Julio Accavallo), el ParTE (con la ex senadora Magdalena Odarda y su presidente Ernesto Montecino Odarda) y el Partido del Trabajo y del Pueblo (Raúl Rajneri).
Estas “fuerzas” de poco margen, ratificaron “la necesidad de ampliar y fortalecer el espacio del Frente de Todos como alternativa electoral para el 2023”, acordando “mantener un encuentro programático” el 24 de septiembre en Roca.
Reunión de ciertos sectores peronistas en Río Negro
En un comunicado, esas fuerzas cuestionan al gobierno de Juntos Somos Río Negro (JSRN) como “responsable de la debacle financiera que nos endeuda por generaciones, seguidor de las recetas neoliberales, que priorizaron los negocios al desarrollo, que desalienta la producción y el empleo, y después las políticas de dan sustentabilidad del uso de los recursos naturales y a la justicia distributiva”.
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En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
En una entrevista exclusiva con el periodista Eduardo Prestofelippo (conocido popularmente como “El Presto”), la concejal del PRO en Villa Gesell Clarisa Armando, reveló en el programa de streaming Canal EY!, durante el segmento Perdón X La Vehemencia, que el intendente Gustavo Barrera percibe “cerca de $20 millones” mensuales.
“Gana más que el presidente”, afirmó Armando, agregando que “él y todos los funcionarios tienen una herramienta que se llama los adicionales, que duplica, en algunos casos al 200%, el 150%, en otros el 100%, el sueldo base. Ningún funcionario se deja de cobrar el adicional por función. Y el intendente lo cobra, cobra por representarnos un adicional, por función completa, por la representación que tiene porque viaja.”
El líder comunal Barrera, del partido kirchnerista de Unión por la Patria (UxP), y que gobierna el municipio desde 2014, es decir, lleva más de 12 años al frente de la localidad. Este dato es central, ya que la oposición usa su larga gestión para señalarlo como el principal responsable del deterioro financiero acumulado.
La acusación de que Barrera cobra alrededor de $20 millones por mes circuló en ese contexto político, en el que la discrepancia reclama que se publiquen los sueldos de toda la planta política. Armando también denunció que el intendente “fue acomodando a cada uno de los militantes que responden al intendente Barrera, por encima de todos los empleados de carrera del municipio”.
“Es una locura lo que te estoy diciendo, pero es real. Y lo hacen por decreto. O sea, él mismo firma su aumento. Él mismo le firma el aumento, el adicional, a sus funcionarios. Si vos, o cualquier vecino que se meta y pueda ver los decretos que están publicados, esos decretos figuran cuando descaradamente se lo cobran”, recalcó Armando.
En síntesis, la crítica no sería solo al número del sueldo en sí, sino a la opacidad con que se maneja la nómina política en una administración que dice no tener dinero.
La crisis financiera de Villa Gesell es real y está documentada. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, el municipio perdió $3.653 millones en recursos, resultado de una caída de $2.903 millones durante 2025 y otros $750 millones en los primeros meses de este año. A eso se suma un fuerte incremento de la deuda municipal, que pasó de $39 millones en 2014 a casi $10.000 millones en 2025, lo que representa un aumento del 25.000%, según un informe del bloque PRO en el Concejo Deliberante.
“También le cobra a los vecinos cuando tiene que viajar a otro lado en representación del municipio. Se llaman gastos por representación y lo cobra todos los meses”, indicó Armando.
Barrera atribuye la crisis principalmente al recorte de coparticipación por parte del gobierno nacional del presidente Javier Milei y la caída de la actividad económica. La contraposición, en cambio, destaca que el deterioro comenzó antes y es producto de una administración deficiente durante 12 años.
Bajo la administración de Javier Milei, el Ministerio de Defensa ha trazado una línea de prioridades que hoy arroja un saldo de muerte puertas adentro de los cuarteles. Mientras la gestión actual, encabezada por Carlos Presti, sostiene la millonaria inversión para la adquisición de los cazas F-16 —un proceso iniciado por su antecesor, Luis Petri—, la realidad del personal subalterno es de una indigencia planificada.
La “soberanía” que el Gobierno promociona en redes sociales choca de frente con la miseria salarial y el vaciamiento de la obra social militar, una decadencia que se aceleró durante la etapa de Petri y que hoy Presti administra entre el silencio y la desidia. Para el poder político, en este escenario, el capital humano de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha pasado a ser material de descarte.
Como venimos informando en Data 24 desde hace varios años, la crisis del sistema de salud militar no es una novedad, sino una agonía denunciada de forma sistemática. El reciente portazo de Sergio Maldonado, quien renunció a la presidencia de la flamante OSFA tras apenas un mes en el cargo, terminó de exponer la inviabilidad de una estructura asfixiada por deudas y pujas internas. Su salida, precipitada tras el impacto del caso del suboficial Velázquez, confirma que el cambio de nombre de IOSFA a OSFA no fue más que un maquillaje administrativo que no logró frenar el vaciamiento iniciado bajo Luis Petri. Esta renuncia no hace más que ratificar las advertencias que este portal viene realizando sobre un “limbo sanitario” que hoy deja a miles de familias sin el derecho básico a la atención médica.
Unos sonrientes Javier Milei —a bordo de un F16—, Luis Petri y Karina Milei.
La ola de suicidios que el poder silencia
La crisis de salud mental en las Fuerzas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema que empuja a sus hombres al límite. En los últimos seis meses, una serie de suicidios ha sacudido la estructura de mandos, exponiendo la falta total de contención y la asfixia económica que sufren los cuadros.
El 10 de mayo de 2026, Alejandro David Diarte, de 28 años y perteneciente a la Gendarmería Nacional, fue hallado sin vida tras días de búsqueda en General Acha, La Pampa. Su muerte es el reflejo del aislamiento y la precariedad económica extrema que enfrentan los efectivos destinados en zonas remotas, donde el sueldo no alcanza para sostener el desarraigo.
El descargo de Cinthia Diarte, hermana de Alejandro David Diarte, Gendarmería Nacional.
El 7 de mayo de 2026, Gustavo Daniel Aquino, de 28 años, integrante del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto en su domicilio en Tartagal. Oriundo de Formosa, se quitó la vida en un contexto de soledad y desesperación, tras verse imposibilitado de afrontar los costos básicos de vida lejos de su familia.
Gustavo Daniel Aquino, Gendarmería Nacional Argentina.
En enero de 2026, se registró la muerte de Diego Matías Kalilec, un joven de 21 años perteneciente a la Gendarmería Nacional en Santiago del Estero. Kalilec tomó la decisión fatal agobiado por una situación de vulnerabilidad financiera total, donde el haber mensual resultaba insuficiente para cubrir el alquiler de una vivienda digna y los gastos de subsistencia mínimos.
Diego Matías Kalilec, Gendarmería Nacional Argentina.
El 17 de diciembre de 2025, el atleta y suboficial principal Juan Javier Pereyra, de 48 años y con casi tres décadas de servicio en el Ejército Argentino, fue hallado muerto en el Casino de Suboficiales de Monte Caseros. Pereyra se suicidó acosado por un cuadro de estrés crónico derivado de deudas acumuladas y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros bajo la actual escala salarial de la fuerza.
Juan Javier Pereyra, Ejército Argentino.
Finalmente, el 16 de diciembre de 2025, el soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, miembro del Ejército Argentino, designado en la custodia de la Quinta de Olivos, se quitó la vida en su puesto de guardia. Si bien fue víctima de una red de extorsión carcelaria, su carta de despedida dejó en claro que la falta de recursos para sostener a su familia lo llevó a un estado de desesperación psicológica irreversible.
Rodrigo Andrés Gómez, Ejército Argentino.
El abandono médico y el vaciamiento de la salud militar
El colapso de la obra social no es sólo una crisis de números y déficits acumulados durante las gestiones de Luis Petri y el actual ministro Carlos Presti; es una sentencia de muerte para quienes dependen del sistema de salud estatal. Bajo la gestión de Javier Milei, el derecho a la vida de los uniformados ha quedado supeditado a una administración que prioriza el equilibrio fiscal sobre la provisión de insumos básicos y tratamientos oncológicos para las Fuerzas.
https://www.youtube.com/watch?v=8qtpwb8R3zQ
Informe de El Presto sobre este tema.
El 1 de mayo de 2026, el suboficial mayor retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en San Juan. Este caso no se encuentra en el apartado anterior ya que la decisión de este jubilado fue el acto final de desesperación ante la interrupción de su tratamiento oncológico; la obra social, en pleno proceso de transición bajo el Decreto 88/2026, cortó las prestaciones por falta de pago a los proveedores, dejando a un veterano de la fuerza sin los medicamentos paliativos que necesitaba para sobrevivir.
Carlos Héctor Velázquez, Ejército Argentino.
El 23 de abril de 2026, falleció el sargento primero de la Gendarmería Nacional, Darío Molina, de 40 años, tras contraer hantavirusen el norte del país. Su muerte expone la negligencia criminal de una conducción que no proveyó los equipos de protección personal mínimos para zonas de riesgo y que, ante la emergencia, se encontró con una red sanitaria militar desmantelada y sin capacidad de respuesta inmediata.
Darío Molina, Gendarmería Nacional.
El 9 de marzo de 2026, el cabo de la Gendarmería Nacional, Mauro Agustín Ponte, de 26 años, murió en un hospital de Orán, Salta, también víctima de hantavirus. Su familia denunció un abandono de persona liso y llano por parte de la fuerza y del Ministerio: Ponte no recibió el suero necesario a tiempo y, según testimonios, el Estado no cubrió la medicación básica de urgencia, obligando a sus allegados a intentar costear de forma particular lo que la obra social ya no garantiza.
Mauro Agustín Ponte, Gendarmería Nacional.
El agujero negro de la caja y el peligro de saber demasiado
Detrás de cada certificado de defunción hay una firma administrativa. La degradación del sistema de salud militar encuentra su justificación técnica en un déficit que ya supera los $300.000 millones. Bajo el Decreto 88/2026, el Gobierno Nacional selló la disolución del IOSFA para dar paso a una transición hacia las nuevas entidades (OSFA y OSFFESEG), pero este limbo legal de 365 días se ha convertido en una trampa mortal: el Estado ha utilizado este periodo para interrumpir pagos a prestadores y farmacias, dejando a miles de afiliados en un vacío prestacional absoluto mientras se decide el destino de los fondos.
En este clima de opacidad y descalabro institucional, se destaca el caso de Matías Esequiel Carballo, de 42 años y Primer Alférez de la Gendarmería Nacional, graduado de la Licenciatura en Tecnologías Digitales, quien falleció el 15 de abril de 2026. A diferencia de los casos anteriores, la muerte de Carballo permanece bajo una densa nebulosa investigativa; como perito especializado en delitos complejos y rastreo de activos en causas de alto impacto, como la de “Adhemar Capital”, su deceso en medio del colapso de las Fuerzas genera sospechas sobre presiones institucionales inconfesables. Su partida no sólo representa una pérdida humana, sino el silenciamiento de un técnico clave en un momento donde la transparencia de las cajas oficiales es más cuestionada que nunca.
Matías Esequiel Carballo, Gendarmería Nacional.
La deuda moral de una soberanía de cartón
La situación descripta no es una fatalidad del destino, sino la consecuencia directa de una hoja de ruta política que ha decididoqué vidas valen y cuáles son prescindibles. Mientras Javier Milei y el ministro Carlos Presti exhibenuna gestión enfocada en el reequipamiento de alto perfil, el capital humano que debe operar ese despliegue se desmorona en la indigencia salarial y el desamparo sanitario. La transición forzada por el Decreto 88/2026 ha demostrado que el ajuste fiscal en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se está pagando con certificados de defunción.
La asfixia presupuestaria ha llegado al extremo de poner en venta el patrimonio histórico de la familia militar.Como se denunció en Data 24, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsa un plan para rematar 44 inmuebles que pertenecían al IOSFA y a las propias Fuerzas, con el objetivo de cubrir parte de la deuda millonaria que hoy paraliza el sistema de salud. La lista de propiedades en revisión incluye activos estratégicos como la sede central del instituto, la Policlínica General Omar Actis y hoteles emblemáticos en Mar del Plata, La Falda y Villa General Belgrano. Esta medida, que implica la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es vista dentro de los cuarteles como un doble agravio: tras el desmantelamiento de la cobertura médica, ahora el Gobierno avanza sobre los bienes construidos con el aporte de generaciones de uniformados, liquidando activos para financiar una crisis que la propia administración no ha sabido resolver.
El Presidente Javier Milei junto al por entonces Ministro de Defensa, Luis Petri.
El Estado argentino, que exige a sus uniformados un juramento de entrega hasta perder la vida, hoy les devuelve la espalda cuando esa vida depende de una quimioterapia o de un gabinete de asistencia psicológica. La decadencia del IOSFA, iniciada bajo la gestión de Luis Petri y profundizada en la actualidad, es el testimonio de un sistema que ha quebrado su contrato más básico con quienes portan el arma de la Nación.
Sin una corrección urgente en las prioridades de gasto y una auditoría real sobre el destino de los fondos de salud, la lista de víctimas seguirá creciendo bajo el silencio cómplice de las oficinas de Defensa. La pregunta que queda flotando en los cuarteles es tan simple como devastadora: ¿quién estará dispuesto a dar la vida por un país que, cuando llega la enfermedad o la angustia, los trata como material de descarte?
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
El discurso de la “nueva política” y la superioridad moral de La Libertad Avanza enfrenta su hora más oscura en la provincia de Buenos Aires. El foco de la tormenta se posa sobre Sebastián Acuña, quien fuera designado para liderar la rama juvenil del partido en territorio bonaerense. Lejos de representar una renovación, Acuña arrastra un prontuario de militancia en el peronismo que la cúpula partidaria decidió ignorar al momento de otorgarle la lapicera.
Acuña admitiendo ser “orgullosamente peronista”
Sin embargo, lo más grave no es su genealogía política, sino las graves acusaciones que pesan sobre su integridad. Según registros y testimonios, Acuña estaría involucrado en una serie de episodios de presuntos acoso que incluirían el envío de mensajes inapropiados a menores de edad. La acusación adquiere una dimensión institucional sistémica al trascender que el dirigente habría utilizado su posición de poder para ofrecer cargos públicos y lugares privilegiados en la estructura partidaria a cambio de favores sexuales.
Estas denuncias exponen una matriz de comportamiento que la militancia mileísta solía denunciar en las filas del kirchnerismo. El caso de Acuña no parece ser un hecho aislado de conducta privada, sino la consecuencia directa de un armado territorial que, en su afán por llenar casilleros, terminó por importar las peores prácticas de la denominada “casta” peronista.
Tuit de la designación de Acuña como coordinador de la juventud de LLA en PBA
Violencia armada y pasado barrabrava en PBA
El entramado territorial en el conurbano bonaerense, específicamente en la estratégica Tercera Sección Electoral, expone una de las contradicciones más crudas de la estructura liderada por Sebastián Pareja. El coordinador de esta zona, Fabricio Martínez, no es un cuadro formado en las ideas de la libertad, sino un personaje cuya trayectoria está ligada al kirchnerismo y a la militancia de choque de Guillermo Moreno, caracterizada por métodos de acción directa que hoy conviven con la retórica oficialista.
Cuando el coordinador de LLA, Fabricio Martínez, militaba a Guillermo Moreno.
Martínez, identificado como mano derecha de Pareja y asiduo acompañante de altas figuras del Ejecutivo en actos públicos, carga con un historial que desafía cualquier filtro de idoneidad. En 2022, su vehículo personal fue blanco de un ataque de 35 disparos, un episodio vinculado a las internas del submundo político bonaerense. Lejos de ser un hecho aislado, en 2023 protagonizó otro incidente de gravedad al efectuar disparos desde el interior de un colectivo.
Con un pasado vinculado a las barrabravas y sin registrar actividad laboral formal desde el año 2007, su ascenso a la coordinación de una sección electoral clave demuestra que, para el armado bonaerense, el prontuario y la capacidad de despliegue territorial pesan más que la propuesta.
Sebastián Pareja y Fabricio Martínez juntos, en un acto de LLA.
Esta lógica de reclutamiento se extiende a figuras con representación en el Congreso, como es el caso de la diputada nacional Andrea Vera. Hija de Ramón “Nene” Vera, suinscripción en el PJ bonaerense comandado por Máximo Kirchner no fue impedimento para ocupar una banca nacional en nombre de la libertad.
El esquema se completa con personajes como Agustín Álvarez, quien realizó un salto sin escalas desde la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois a la coordinación de la agrupación del “Nene” Vera. El patrón es innegable: en la Tercera Sección, el cambio no es una cuestión de ideas, sino de reciclar fuerzas de choque y militancia del kirchnerismo y el peronismo ortodoxo.
Álvarez con GraboisÁlvarez con Vera
El caso de Tigre es, quizás, el más obsceno. Diversas investigaciones y el comportamiento legislativo posterior confirmaron que el armado local de LLA fue una concesión directa a Malena Galmarini y Sergio Massa. No fue una coincidencia: en las PASO y las Generales de 2023, la boleta de Milei fue cuidada en el conurbano por fiscales del kirchnerismo, bajo la orden de garantizar que el libertario creciera lo suficiente como para dañar a Juntos por el Cambio.
Galmarini y Massa
Esta simbiosis electoral explica por qué, tras el triunfo, la estructura de LLA en distritos como Pilar y San Martín se transformó en un apéndice del oficialismo K. En Pilar, los concejales libertarios votaron a favor del “impuestazo” del intendente Federico De Achával, mientras que en San Martín el bloque mileísta se mostró funcional a la gestión del kirchnerista Fernando Moreira, sucesor de Katopodis.
Esta realidaddesarticulala narrativa que la militancia de redes. La fábula de que “los kukas en el partido son culpa exclusiva de Sebastián Pareja” se cae por su propio peso: Pareja sólo opera en la provincia de Buenos Aires, pero el patrón de reciclaje de cuadros peronistas, comunistas y massistas se repite de forma federal —desde Formosa hasta el Gabinete nacional con Daniel Scioli—. El silencio absoluto de la militancia tuitera ante el rol de Karina Milei, jefa directa de Pareja y armadora nacional, evidencia un blindaje selectivo. El engaño a la militancia rasa fue total: mientras ellos fiscalizaban con esperanza, la cúpula firmaba listas donde la “casta” se aseguraba la continuidad bajo el ala del león.
Sebastián Pareja con Sebastián Acuña, el coordinador de la juventud de LLA
El mapa del reciclaje
La supuesta limpieza de la política argentina se transformó en un operativo de reciclaje a gran escala. A continuación, el detalle de algunos delos nombres dekirchneristas y comunistas que la militancia de redes intenta ocultar, pero que hoy manejan las cajas y las bancas de La Libertad Avanza:
· Santiago Viola(nacional): Apoderado del partido y Viceministro de Justicia. Fue el abogado defensor de la familia de Lázaro Báez en la Causa Vialidad. Su salto de defender al cajero del kirchnerismo a manejar la Justicia nacional es la contradicción ética más grave del Gobierno.
· Daniel Scioli(nacional): Ex vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de Buenos Airescon CFK, candidato presidencial del kirchnerismo en 2015 y funcionario de Alberto Fernández hasta fines de 2023. Tras décadas de ser el emblema del sistema, hoy ocupa un lugar de privilegio en el Gabinete libertario como Secretario de Turismo y Ambiente.
Alberto Fernández, Daniel Scioli y Nicolás Maduro.
·José “Pepe” Scioli(nacional): Fue el armador político y jefe de campaña de Daniel Scioli durante sus años en el Frente para la Victoria, presidiendo la Fundación DAR, el “think tank” que diseñaba las políticas públicas del kirchnerismo de cara a 2015. Actualmente, opera como un operador en las sombras dentro de la estructura libertaria, coordinando vínculos políticos que el oficialismo prefiere no publicitar.
· Nicolás Scioli(nacional): Fue vicepresidente del Grupo Provincia durante la gestión de su hermano en Buenos Aires y funcionario de carrera del sciolismo kirchnerista. En la actualidad, ha dejado la función pública directa para convertirse en un armador territorial de LLA en la Zona Norte (especialmente en Tigre), donde incluso ha inaugurado locales partidarios junto a Daniel Scioli, promoviendo el “cambio” bajo el sello de Milei en distritos clave.
· Leila Gianni (nacional / PBA): Hasta noviembre de 2023 apoyaba abiertamente a Sergio Massa; en apenas semanas, pasó de la militancia kirchnerista a ser la cara mediática de Capital Humano y ahora representante legislativa del mileísmo en La Matanza.
Leila Gianni militando a Néstor y Cristina, hoy referente y concejal de LLA en La Matanza.
· Gerardo Werthein (nacional): Excanciller. Fue un aliado estratégico del kirchnerismo: en 2011 apoyó públicamente la reelección de Cristina Kirchner y su holding creció bajo el amparo de las concesiones estatalesdurante la gestión K.
Tuit de Werthein apoyando a Cristina Fernández en el “vamos por todo” del 54%, en 2011.
· Guillermo Francos (nacional): Se desempeñó como representante de la Argentina ante el BID durante la gestión deAlberto Fernández, cargo al que renunció para sumarse al equipo de Javier Milei. Tras haber ocupado la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente ejerce como Asesor Ejecutivo del Gobierno Nacional, manteniendo su rol de estratega y articulador político en la mesa chica de la Presidencia.
Francos junto a Eduardo “Wado” de Pedro, fundador de La Cámpora
· Yanina Martínez(nacional): Ex subsecretaria de Turismo. Fue el máximo exponente de la continuidad albertista dentro de La Libertad Avanza, ocupando el mismo cargo que tuvo durante toda la gestión de Alberto Fernández hasta su eyección del Gobierno en enero de 2025.
Martínez caminando abrazada a Alberto Fernández
· Pilar Ramírez (CABA): Legisladora porteña, presidente de LLA de CABA y figura de máxima confianza de Karina Milei. Fuefuncionaria del gobierno de Alberto Fernández hasta mediados de 2022 y, apenas meses después, ya revistaba en las filas de LLA. Se le señala por su cercanía histórica con el entorno de Julio De Vido y Mariano Recalde, habiendo sido funcionaria kirchnerista entre 2008 y 2016 en Aerolíneas Argentinas.
Mariano Recalde (fundador de LLA), Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de LLA de CABA)
· Andrea Freguia(CABA): Legisladora porteña de LLA. Su currículum político la ubica como ex asesora y jefa de despacho de la exsenadora nacional kirchneristaMaría Laura Leguizamón, confirmando que la “casta” legislativa solo cambió de despacho.
· Ramón “Nene” Vera(PBA): Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Histórico dirigente del kirchnerismo bonaerense, incluso candidato, que hoy funge como uno de los pilares del armado oficialista en el conurbano.
Vera en su candidatura a intendente K, 2019
· Andrea Vera(PBA): Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires e hija de Ramón Vera. Su origen político está directamente ligado al PJ bonaerense de Máximo Kirchner, partido al que estuvo afiliada hasta poco antes de “hacerse libertaria”.
Alejandro Carrancio(PBA): Diputado provincial y pieza clave del armado de Sebastián Pareja. Proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, donde fue concejal en Mar del Plata. Tras años de articular con el kirchnerismo local, hoy es el encargado de negociar con la política tradicional bonaerense bajo el sello de la “libertad”.
Carrancio muy feliz junto a Sergio Massa
· Lilia Adela Bolukalo Lemoine(PBA): Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y flamante presidente de la Comisión de Juicio Político. Se hicieron públicas sus declaraciones celebrando el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, admitiendo ser socialista, votante de Luis Zamora, elogiando a Myriam Bregman, pidiendo que ganara un presidente socialista, e incluso insultando a Agustín Laje por “ser muy de derecha”.
Lemoine admitiendo ser pro-CFK, socialista, pro-aborto y más
· Pablo Ansaloni(PBA): Diputado Nacional con un extenso recorrido por el sindicalismo y el Partido Fe. Fue diputado del kirchnerismo hasta 2023.
· Manuel Quintar(Jujuy): Diputado Nacional que ingresó a las listas libertarias tras un largo recorrido por el kirchnerismo jujeño, donde fue candidato y también alguiencercano a Milagro Sala.
Quintar junto a Milagro SalaHistoria de Quintar y su candidatura K
· Lisandro Almirón(Corrientes): Diputado Nacional por Corrientes, dirigente con pasado en múltiples armados de la política correntina que, siendo concejal kirchnerista hasta 2023, encontró en el sello de Milei la vía para instalarse en el poder nacional.
Malena Galmarini (esposa de Massa) y AlmirónFlyer de la candidatura K de Almirón
· Atilio y Pablo Basualdo(Formosa): El primero, Diputado Nacional yex intendente kirchnerista; el segundo (su hijo), intendente de Las Lomitas. Ambos provienen del riñón directo de Gildo Insfrán, el gobernador más cuestionado por el propio Milei durante la campaña.
Atilio Basualdo y Gildo InsfránAtilio Basualdo y Gildo InsfránPablo Basualdo y Gildo Insfrán
· Cristian Castellano(Formosa): Ex referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Comunista Revolucionario, perteneciente a Unión por la Patria. Un cuadro de extrema izquierda que encontró refugio en LLA como plataforma de oportunidad, candidateándose como diputado provincial, pero alejándose de LLA en marzo de 2026.
Castellano entrevistado por Canal 7 de FormosaCastellano con la remera de la CCC
· Diego Hartfield (Misiones): Diputado nacional. El extenista se sumó a LLA tras un pasado de militancia kirchnerista: en 2015 fue candidato a concejal suplente por el Frente Renovador de la Concordia, dentro del Frente para la Victoria. Existen registros de él haciendo la “V” con los dedos y criticando duramente a Mauricio Macri por la represión de piquetes, evidenciando un perfil ideológico opuesto al que hoy dice representar.
Diego Hartfield cuando expresaba que “Perón Vuelve”
· Tomás Ise Figueroa(Santiago del Estero):Presidente de LLA en su provincia y excandidato a Senador nacional. Antes de ser el referente libertario local, fue el segundo mayor aportante privado de la campaña deAlberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 con una cifra que, ajustada por inflación, hoy equivale a casi $83.000.000. Además, fue asesor de Gerardo Zamora y del kirchnerismo durante varios años.
Figueroa aportando $1.778.400 en 2019 a CFK; hoy serían casi $83 millones
· Sonia Limache(PBA): Referente de LLA de Quilmes que, meses antes de ser ungida por LLA, se mostraba en videos y fotos con Mayra Mendoza y Axel Kicillof.
Limache caminando abrazada a Mayra Mendoza
· Sebastián Pareja(PBA): Senador provincial y armador central de LLA en Buenos Aires. Pese a ser el arquitecto del espacio en el distrito, su pasado lo ubica financiando al kirchnerismo: en 2011 fue aportante oficial de la fórmula Cristina Kirchner – Amado Boudou. En aquel entonces aportó $1.000, una cifra que, ajustada por inflación a valores de hoy, representaría aproximadamente $500.000.
El aporte de Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou
Este inventario de nombres, que abarca desde la estratégica Buenos Aires hasta los rincones más profundos del interior federal, termina con la mentira del “error de armado”.No es una infiltración accidental ni una falla de Sebastián Pareja, quien sólo tiene jurisdicción en territorio bonaerense.
El hecho de que personajes con estos prontuarios ocupen cargos en el Gabinete nacional y en provincias donde Pareja no tiene poder de decisión, confirma que se trata de un plan de ocupación sistémico. Es una política de reciclaje diseñada y avalada por la conducción nacional de La Libertad Avanza —comandada por la hermanísima, Karina “El Jefe” Milei—, que utilizó la esperanza de la militancia como combustible para devolverle el poder a la misma “casta” que prometió combatir.
La “tábula rasa” como salvoconducto para los mismos de siempre
La Libertad Avanza llegó a las elecciones generales de 2023 con una promesa que resonó en todo el país: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Sin embargo, tras el resultado de octubre, esa máxima fue descartada en favor de una supervivencia política inmediata que aplicó un giro de 180º, pasando a proponer lo opuesto a lo prometido. Para justificar el desembarco masivo de cuadros que hasta horas antes eran enemigos acérrimos (como la Bullrich que Milei llamaba “terrorista asesina de niños”), el oficialismo aplicó —y distorsionó— la expresión de “tábula rasa” (que, en filosofía e historia, no describe un “borrón y cuenta nueva”).
En la práctica, la “tábula rasa” no fue un llamado a la unidad nacional, sino un “indulto” arbitrario para que militantes y ex funcionarios de Alberto y Cristina Fernández, barrabravas, abusadores, comunistas y massistasse pusieran la peluca sin rendir cuentas por su pasado. Se utilizó un concepto filosófico para blanquear lo que, en términos llanos, es un travestismo de la casta hacia la nueva caja estatal.
Bullrich, semanas antes de convertirse en la “Súper Ministra”
La trampa institucional
Para el votante que hoy se siente estafado, la realidad institucional ofrece un panorama desolador. Existe una confusión generalizada sobre el poder de remoción de los cargos electivos: a diferencia de un funcionario designado por decreto —a quien se puede remover con una firma—, a un diputado, senador o concejal no se lo puede “echar” por haber mentido sobre su ideología o por volver a sus raíces peronistas apenas asume.
Una vez que un candidato cruza el umbral de la elección, la banca le pertenece al individuo y no al partido. La cúpula nacional, con Karina Milei a la cabeza, era plenamente consciente de esto: sabían que una vez adentro, el daño al electorado sería irreversible, pero el beneficio para la estructura de poder sería total. El engaño se completó usando el eslogan de la “Argentina distinta” para pavimentar el regreso triunfal de “los mismos de siempre”.
El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
Cayeron 27 personas, se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana y pasta base, armas de fuego, 14 motos y cinco autos. En la Villa 31, Zavaleta, Fraga y el Barrio 15 clausuraron búnkeres narcos y levantaron paredes para impedir que vuelvan a operar.
Mientras Javier Milei y el Ministerio de Defensa priorizan la compra de aviones caza F-16, una ola de suicidios y muertes de miembros de las Fuerzas por falta de cobertura médica desnudó el vaciamiento de la obra social militar. Nombres, apellidos y las pruebas de un sistema que hoy trata a los uniformados como material de descarte.
Trabajan con chalecos antibalas vencidos hace más de diez años, en garitas con olores cloacales y roedores, y cumplen recargos de 12 horas sin cobrar. Presentaron una denuncia ante el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
